Amparo obliga a CDMX a decretar alerta de género; violencia es del régimen anterior, señala Sheinbaum
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Amparo obliga a CDMX a decretar alerta de género; violencia es del régimen anterior, señala Sheinbaum

El amparo para que se declare la Alerta de Violencia de Género en CDMX fue concedido por un juez federal, luego de que la CONAVIM se negara a decretarla en noviembre de 2018.
Cuartoscuro
16 de septiembre, 2019
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Un juez federal concedió un amparo, a favor de dos organizaciones de la sociedad civil, que obliga a la Secretaría de Gobernación a emitir una Alerta de Violencia de Género (AVG) para la Ciudad de México a más tardar el próximo 30 de septiembre.

El amparo indirecto 968/2019-I, concedido por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, establece que, aunque en noviembre de 2018 la Comisión Nacional de Víctimas (CONAVIM) determinó que no era necesario declarar la AVG en la capital, y que el gobierno local se encontraba trabajando para erradicar la violencia contra las mujeres, “no existe evidencia alguna de que se hayan cumplido la mayoría de los indicadores” establecidos por un grupo de trabajo en esta materia.

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Por ello, consideró que “es contradictorio que… la CONAVIM concluya que el gobierno de la Ciudad de México ha emprendido acciones relevantes para la implementación de las propuestas realizadas por el grupo de trabajo y que no se actualizan elementos suficientes para declarar procedente la AVG, mientras que a la vez reconoce que existen acciones pendientes para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres”.

En el amparo, se señala que tan solo en el primer semestre de 2019, en la Ciudad de México fueron denunciados 26 delitos de feminicidio y 99 homicidios dolosos contra mujeres.

Asimismo, se registraron 306 llamadas de emergencia “reales” para denunciar abuso sexual, 645 de acoso u hostigamiento sexual, 405 de violación, 8 mil 824 por violación de pareja y 45 mil 376 de violación familiar.

La solicitud de una Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México fue presentada por organizaciones sociales desde el 7 de septiembre de 2017, en un contexto que ubicó a la Ciudad de México en primer lugar en mayor proporción de violencia contra las mujeres.

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“De lo anterior se advierte que en la Ciudad de México existe un contexto de violencia feminicida, lo cual no es un hecho controvertido”, determinó el juez.

Violencia de género, “del régimen anterior”

Tras darse a conocer el amparo para que se declare la AVG en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, emitió un posicionamiento en el que reitera la posición de la CONAVIM, de la improcedencia de la Alerta en la capital, pues “no puede basarse en los resultados y el entorno del régimen anterior”, y sostuvo que esta no es una herramienta que mejore la situación de violencia per se.

En un comunicado, la mandataria recordó que en junio de 2019, la CONAVIM declaró que “el actual gobierno de la Ciudad de México -a diferencia del anterior- ha emprendido acciones… que contribuyen a la prevención, atención, sanción y erradicación de violencia contra las mujeres”.

Como parte de las acciones relevantes en esta materia, Sheinbaum destacó la instalación de un nuevo Centro de Justicia para las Mujeres, la creación de la Fiscalía Especializada para la investigación del Delito de Feminicidio, así como una “amplia estrategia de capacitación a personal ministerial, pericia, de seguridad y atención a víctimas en materia de derechos humanos y perspectiva de género”.

También indicó que, desde abril de 2019, 70 Ministerios Públicos cuentan con una abogada de la Secretaría de las Mujeres para asesorar en la presentación de denuncias por violencia de género y familiar, que la Red de Mujeres por la Igualdad y la No Violencia lleva a cabo acciones territoriales de organización comunitaria por la igualdad, y la creación de 77 Unidades Territoriales de Atención y Prevención a la Violencia de Género.

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Finalmente, dijo que se han emprendido acciones para mejorar la seguridad en el transporte público, las calles, de justicia expedita en Ministerios Públicos, en la atención a víctimas, así como la realización de campañas publicitarias que promueven el cambio de comportamiento para prevenir la violencia.

Para el gobierno capitalino, la Alerta de Violencia de Género no ha tenido los resultados esperados en los estados y municipios donde se ha declarado, por lo que, señala, en la Ciudad de México no se requieren de medidas urgentes, sino de “una atención integral y permanente que erradique de fondo las causas y entornos involucrados”.

A pesar del descontento expresado, la jefa de Gobierno convocó a la CONAVIM, al Instituto Nacional de las Mujeres, a otras instituciones y a organizaciones civiles “para que conjuntamente redefinamos medidas efectivas asociados a la Alerta de Violencia de Género, a la luz de los pocos resultados donde ha sido declarada”.

Sobre la postura de la jefa de Gobierno, la mamá de la víctima de feminicidio Lesvy Berlín Osorio, Araceli Osorio, dijo en conferencia de prensa que a ella no le corresponde determinar la emisión de la AVG en la ciudad, sino a la Secretaría de Gobernación federal, y le pidió “en nombre mío, de mi hija y de varias familias, que no interfiera en esta decisión”.

Este lunes, Araceli señaló que, aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum ha anunciado diferentes acciones en materia de combate a la violencia contra las mujeres, ella y otros familiares de víctimas siguen sin tener acceso a la justicia.

Por su parte, la directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, MAría de la Luz Estrada, junto con la abogada Paloma Nava del Centro Fray Francisco de Vitoria, organizaciones que interpusieron el amparo, invitó a la jefa de Gobierno a “que acepte que se decrete la Alerta y se evalúe” para que rinda resultados.

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Las organizaciones hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que “escuche a las mujeres, que tenga una reunión de las organizaciones peticionarias y expertas en por qué no ha servido la Alerta de Violencia de Género”, que no ha dado resultado “porque las autoridades no quieren hacer investigaciones de fondo y dar seguimiento a las medidas”.

Actualmente, la AVG ha sido declarada en el Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit y Puebla.

Sin embargo, otros siete estados (Guanajuato, Baja California, Querétaro, Sonora, Tabasco y Tlaxcala) han solicitado que se emita, y sus solicitudes han sido rechazadas.

Animal Político consulto a la Secretaría de Gobernación sobre este tema, dependencia que comentó que tienen 10 días para emitir una postura oficial.

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Coronavirus: por qué México es el país de América Latina que menos dinero ha gastado durante la pandemia de COVID-19

Al comparar los paquetes de estímulo fiscal aplicados en la región, México aparece en el último lugar de la lista. ¿Cuáles son las razones de esta decisión?
13 de mayo, 2021
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México siguió el camino de la austeridad fiscal durante la pandemia de COVID-19. Un camino que ni siquiera el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado.

A diferencia de lo que hizo al desatarse la crisis financiera de 2008, el FMI esta vez se mostró a favor del endeudamiento de los gobiernos para hacer frente a la recesión, excepto en aquellas economías cuyas arcas fiscales están secas o no tienen ninguna capacidad de conseguir recursos en los mercados financieros.

“Para detener el declive de la actividad económica y el aumento de la pobreza, México se beneficiaría de un mayor apoyo fiscal temporal a corto plazo”, señala un informe del organismo publicado en octubre del año pasado, en el cual recomienda gastar entre 2,5% y 3,5% del Producto Interno Bruto, PIB.

“México tiene cierto espacio fiscal y disfruta de un cómodo acceso al mercado que podría utilizarse durante estos tiempos difíciles”, agrega el documento.

Y en febrero de este año, Alejandro Werner, quien era director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, dijo que un aumento del gasto fiscal “obviamente hubiese beneficiado a la población” y habría evitado que empresas medianas se fueran a la quiebra.

Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió mantener el cinturón bastante apretado y gastó un 0.7% del Producto Interno Bruto en medidas de estímulo fiscal, la cifra más baja de todos los países latinoamericanos.

Arturo Herrera, secretario de Hacienda, defendió la política del gobierno hace unas semanas argumentando que, en comparación con otras economías de América Latina, México tendrá una posición macroeconómica y fiscal mucho más fuerte cuando termine la crisis, gracias a la decisión de no contratar deuda adicional y generar buenas expectativas ante los inversores.

Agregó que en los próximos meses, la herramienta fiscal y financiera más importante será la campaña de vacunación, la cual tendrá un efecto positivo en la economía.

Y en enero de este año argumentó que el gobierno no contrató más deuda porque el marco legal del país no se lo permite.

“Había cuestiones legales ligadas, en el caso de México, se tiene una ley muy antigua en la cual se prohíbe el uso de deuda pública para otra cosa que no sea infraestructura pública“, dijo Herrera en un foro organizado por la calificadora de riesgo crediticio Fitch Ratings.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Getty Images
El gobierno de López Obrador argumenta que no contrató más deuda porque el marco legal del país no se lo permite.

En otra ocasión, Herrera dijo que mientras los países desarrollados pagan una tasa de interés cercana a cero por la emisión de deudas, México, en cambio, tiene que pagar un 4.25% por los préstamos.

BBC Mundo contactó a la Secretaría de Hacienda, pero no recibió respuesta.

Fue un error

“El nivel de gasto fue bajísimo, fue un error”, dice Héctor Villareal, profesor del Tec de Monterrey y director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP.

Aunque reconoce que el gobierno creó algunos programas para combatir la pandemia, Villareal sostiene en diálogo con BBC Mundo que muchas medidas fueron financiadas con ajustes en otros rubros de las finanzas públicas.

Funcionarios del gobierno han argumentado que fue necesario tener un criterio fiscal prudencial en caso de que la crisis se prolongara por más tiempo.

Dinero mexicano

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“En teoría tenemos un gobierno de centro izquierda, pero que en términos de deuda se comporta como un gobierno conservador”, dice Héctor Villareal.

Con una deuda pública cercana al 60% del PIB, mucho menor que la de Argentina y Brasil, la decisión fue, aparentemente, no correr riesgos.

“En teoría tenemos un gobierno de centro izquierda, pero que en términos de deuda se comporta como un gobierno conservador“, apunta Villareal.

“Combatir la pobreza y la desigualdad”

Aunque la economía cayó un 8.2% el año pasado y la pobreza se disparó a más de la mitad de la población, hay expertos que han destacado las decisiones tomadas por el gobierno.

“La política de México frente a la pandemia ha sido importante porque uno de los objetivos de este gobierno ha sido combatir la pobreza y desigualdad”, dijo en marzo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal.

“Antes de la pandemia el gobierno empezó a preocuparse por los pobres, se adelantaron y se expandieron las transferencias monetarias”, agregó.

Proteger las finanzas públicas

José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) considera que “la respuesta fue limitada” en los apoyos fiscales.

“No hubo movimiento en las tasas impositivas o en transferencia de subsidios, o mecanismos que facilitaran el financiamiento en el sector privado”.

Hombres caminando

Getty Images
La economía de México cayó 8,2% el año pasado y la pobreza se disparó a más de la mitad de la población.

Aunque reconoce que hubo programas de transferencias directas a micronegocios, le dice a BBC Mundo que “no se aplicó un programa contracíclico en materia fiscal”.

“Si bien el gobierno tiene un profundo sentido social, en materia fiscal en realidad es un gobierno muy ortodoxo y más tendiente hacia lo liberal”, dice el investigador.

Según De la Cruz, estaba claro que, por su dimensión, la crisis iba a generar un costo importante y por eso la mayoría de los países trató de suavizar el impacto.

En el caso de México, argumenta, la decisión fue evitar que las finanzas públicas terminaran pagando el costo de la crisis.

“La mayor parte del costo social y económico terminó siendo pagado por la sociedad“, apunta.

Argumenta que un millón de empresas tuvieron que cerrar y al menos dos millones de personas no han logrado recuperar sus empleos, una situación que desde su perspectiva, podría haberse mitigado.

“El costo político”

En eso coincide Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, CEEY.

De la Torre cuenta que uno de los argumentos del gobierno para evitar el aumento del nivel de deuda fue que en rescates financieros previos los beneficios fueron aprovechados por la clase empresarial y no por los más vulnerables.

Mujer cocinando

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Pese a la gran recesión que experimentó el país en 2020, las proyecciones económicas apuntan a un rebote en el crecimiento cercano al 5% este año.

“Me parece que ese argumento es muy débil”, le dice a BBC Mundo.

Para De la Torre, aunque en el pasado pudo haber desviaciones de los recursos fiscales, “también es cierto que esos recursos apoyaron al conjunto de la economía y evitaron un colapso mayor”.

Pero, a su juicio, hay una razón más de fondo que explica por qué las ayudas fiscales fueron las más bajas de América Latina.

“Habría existido un gran costo político si el gobierno, después de endeudarse, hubiese tenido que realizar una reforma fiscal profunda para pagar las deudas”, advierte.

Como esas reformas o ajustes, suelen provocar un descontento generalizado, agrega, optó por evitar ese costo político.

El experto cree que el gobierno hizo un balance y determinó que el costo político actual, de no haber aumentado las ayudas fiscales, tiene un costo político más disperso en un gran número de personas, generalmente poco organizadas.

“Es un costo que estaría parcialmente justificado por un factor externo, que en este caso sería la pandemia y sus secuelas”.

Si el objetivo era mejorar el bienestar de la población y aumentar las posibilidades de una recuperación económica, agrega, “había que endeudarse, gastar, y después hacer una reforma fiscal, incurriendo en un costo político”.

Pese a la gran recesión que experimentó el país en 2020, las proyecciones del gobierno y de organismos internacionales señalan que este año se producirá un rebote y el crecimiento estará cercano al 5%.

Mientras la vacunación avance y no se produzca una nueva ola de contagios, los expertos creen que este año debería marcar una clara recuperación, siguiendo la tendencia global.

Lo que no se va a recuperar muy rápidamente son las secuelas sociales de la pandemia que, al igual que en el resto de los países de la región, requerirán varios años antes de regresar a los niveles de bienestar previos.


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