Duarte, Karime y desapariciones, los casos clave que Winckler deja en el escritorio al ser removido como fiscal
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Cuartoscuro Archivo

Duarte, Karime y desapariciones, los casos clave que Winckler deja en el escritorio al ser removido como fiscal

Winckler fue separado del cargo de fiscal por el Congreso estatal con el argumento de que no tiene certificado el proceso de control de confianza. Sin embargo, en Veracruz más del 10% de todos los policías reprobaron ese proceso y siguen en activo.
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4 de septiembre, 2019
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Dos procesos penales en curso por presuntos hechos de corrupción en contra del exgobernador Javier Duarte; una orden de aprehensión y extradición en contra de su esposa Karime Macías por pagos a empresas fantasma; varias investigaciones por posible desaparición de personas a mano de la policía estatal, y la indagatoria por el homicidio de 30 personas en un bar de Coatzacoalcos, Veracruz.

Se trata de algunos de los casos de alto impacto investigados o promovidos por la Fiscalía General de Justicia del estado de Veracruz bajo la gestión de Jorge Winckler quien el martes, de forma sorpresiva, fue separado del cargo por la comisión permanente del Congreso de Veracruz, bajo el argumento de que no tiene acreditado el proceso de control de confianza.

La remoción del fiscal ocurre mientras la mayor parte de esos casos siguen abiertos, y en momentos clave. Por ejemplo, en el caso de Duarte está programada una audiencia para el próximo 9 de septiembre.

Por otra parte la gestión de Winckler también ha sido denunciada (principalmente por personas en contra de las cuales ha procedido) por presuntas violaciones a derechos humanos e incluso por casos presuntamente fabricados. Una de esas acusaciones promovida por el propio Javier Duarte.

A continuación Animal Político presenta algunos de estos casos de alto impacto y también la cifra de policías locales que, pese a que han reprobado el control de confianza, no han sido destituidos en la entidad, a diferencia de lo ocurrido con el fiscal.

Javier Duarte, presunta corrupción y orden por desaparición forzada

Bajo la gestión de Winckler, la Fiscalía estatal logró que jueces de Veracruz y Ciudad de México abrieran dos procesos penales en contra del exgobernador de la entidad, Javier Duarte, por cinco delitos en total relacionados con hechos de corrupción, entre ellos peculado y ejercicio indebido del servicio público.

Dichos casos están relacionados con el presunto desvío de 220 millones de pesos de fondos federales que estaban destinados a obras hidráulicas, y el presunto uso ilegal de un helicóptero oficial de la entidad en el que Duarte habría escapado del estado, luego de que se girara una orden de aprehensión en su contra en octubre de 2016.

Ambos procesos están por llegar a un punto clave. El próximo 9 de septiembre fue fijada la fecha para la audiencia intermedia en la que ambas partes, la Fiscalía y al defensa de Duarte, deberán exponer ante el juez las pruebas con las que pretenden ir a juicio.

Además la Fiscalía también obtuvo de una juez local una orden de aprehensión en contra de Duarte por el delito de desaparición forzada. Dicha orden no se ha podido cumplimentar hasta la fecha porque se requiere permiso de Guatemala (país del que fue extraditado en 2017), para que se pueda proceder en su contra por un nuevo delito.

Animal Político publicó el pasado 24 de julio que la Secretaría de Relaciones Exteriores finalmente formalizó ante Guatemala la referida solicitud, prácticamente un año después de girada la orden en contra de Duarte,

Karime Macías y los pagos a empresas fantasma

En mayo de 2018 la Fiscalía obtuvo de un juez penal una orden de aprehensión en contra de Karime Macías por el presunto delito de fraude al erario público, luego de que bajo su presidencia honoraria en el DIF de Veracruz (durante el mandado de su esposo Javier Duarte) se firmaran contratos por más de 100 millones de pesos, con empresas fantasma.

La orden de arresto derivó en una solicitud de extradición que México formalizó ante el Reino Unido (país en el que se encuentra Macías  y su familia) en noviembre de 2018, y que hasta la fecha sigue en trámite.

Policía estatal, las desapariciones forzadas

En la gestión de Winckler la Fiscalía inició más de un centenar de carpetas de investigación por el presunto involucramiento de policías estatales en casos de desaparición forzada.

Algunas de dichas investigaciones ya derivaron en resultados, como lo fue la ejecución de 19 órdenes de aprehensión en febrero de 2018 en contra de elementos de dicha corporación policial, y posteriormente el proceso penal iniciado en contra del exsecretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez.

Las indagatorias han continuado este año y apenas en agosto pasado se iniciaron tres nuevas carpetas de investigación, por la presunta implicación de elementos estatales en desapariciones, entre ellos la de dos jóvenes en Coatzacoalcos, Veracruz.

Caso Caballo Blanco, la matanza de 30 personas

Entre las investigaciones más recientes que ha iniciado la Fiscalía estatal se encuentra la que integra en colaboración con la Fiscalía General de la Republica (FGR) por el homicidio de 30 personas registrado en el centro nocturno El Caballo Blanco, el pasado 27 de agosto en Coatzacoalcos, Veracruz.

Hasta ahora no hay detenidos pero la Fiscalía sostiene que se tiene ya un móvil identificado y se tienen identificados a los probables responsables. Se ha descartado que en el caso esté implicado un sujeto de nombre Javier “N”, al que el actual gobernador de la entidad, Cuitláhuac García, señaló oficialmente como implicado en el caso.

Contra Winckler: presuntos abusos e ineficacia

Sobre la gestión de Jorge Winckler al frente de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz también pesan diversos señalamientos y denuncias, tanto por malos resultados como por violaciones a derechos humanos.

Por ejemplo, en mayo pasado la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz emitió la recomendación 25/2019, en la que concluye que uno de los testigos utilizados en la acusación por desaparición forzada en contra de Duarte habría sido sometido a posibles actos de tortura psicológica, a cambio de que rindiera una declaración incriminatoria. Por dicho caso también se presentó una denuncia en la FGR.

Por su parte el propio Javier Duarte presentó una denuncia penal, de la que Animal Político tiene copia, en la que sostiene que hubo fabricación de documentos y hasta falsificación de firmas en el caso iniciado en contra suya, por el presunto desvío de 220 millones de pesos en la Comisión Estatal del Agua.

Por otro lado recientes informes y estudios de organizaciones no gubernamentales han colocado a la Fiscalía de Veracruz entre las de peor desempeño. Por ejemplo, el informe “Hallazgos 2018: Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal” realizado por la organización México Evalúa, ubica a Veracruz como la segunda entidad del país con el mayor índice de impunidad: un 99.8% de delitos denunciados que no son resueltos.

Más de mil agentes en activo reprobados en control de confianza

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, el diputado José Manuel Pozos Castro, dijo el martes que la separación de Winckler del cargo de fiscal obedece a que no cuenta con la certificación de control de confianza que establece la Constitución y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para ingresar y permanecer en una institución de seguridad.

Pero de acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en una situación aún más grave se encuentra el 10 % de toda la fuerza activa policial de Veracruz, pues reprobaron el control de confianza pero no han sido destituidos. Se trata de poco más de mil agentes, entre policías estatales, municipales y ministeriales.

Y a ellos habría que sumar el caso de otro 25 % de los elementos en activo, cuya vigencia de los exámenes de control de confianza ya caducó y por tanto tampoco deberían estar en activo.

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AFP

Paro nacional en Colombia: decretan toque de queda en Bogotá tras nuevas protestas y saqueos

El alcalde informó, además, que unos 20.000 policías y 4.000 miembros del Ejército serán desplegados para reforzar la seguridad en la capital.
AFP
22 de noviembre, 2019
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Las autoridades de Bogotá decretaron este viernes toque de queda en tres zonas de la capital de Colombia por los “saqueos” y “actos vandálicos” registrados en una nueva jornada de protestas este viernes tras el paro nacional del jueves.

“Esta no es una marcha democrática. Aquí lo que tenemos es una minoría de delincuentes que destruye los bienes”, afirmó en conferencia de prensa el alcalde de la ciudad, Enrique Peñalosa.

El funcionario indicó que la medida abarcará las zonas de Bosa, Kennedía y Ciudad Bolívar, desde las 20:00 de este viernes (01:00 UTC del sábado) hasta las 5:00 del sábado.

El alcalde informó, demás, que unos 20.000 policías y 4.000 miembros del Ejército serán desplegados para reforzarán la seguridad en la capital.

De acuerdo con las autoridades de Bogotá, este viernes se reportaron algunos actos vandálicos en algunos sectores de la capital, como resultados de los cuales se vieron afectadas 76 estaciones y 79 autobuses del servicio de transporte conocido como Transmilenio, así como varios supermercados.

Las autoridades locales habían decretado en la mañana una ley seca en toda la ciudad que se extenderá hasta el mediodía del sábado 23 de noviembre.

El gran paro del jueves

Las protestas de este viernes en Colombia estuvieron precedidas por una jornada de manifestaciones el jueves, considerada entre las mayores en los últimos tiempos, que se saldó con al menos tres muertos y más de 250 heridos, según cifras del Departamento de Defensa.

Las marchas fueron convocadas como una iniciativa de los sindicatos para prevenir que el gobierno del presidente Iván Duque ejecute una reforma laboral y de las pensiones que consideran lesiva a los intereses de los trabajadores.

También reclaman más inversión en educación y medidas de protección efectivas para indígenas y líderes sociales, blanco de una ola de asesinatos que se ha cobrado la vida de decenas de ellos desde que Duque llegó al poder, hace 15 meses.

Las organizaciones sociales también exigen al gobierno un mayor compromiso con la implementación del acuerdo de paz con las FARC alcanzado en 2016.

Bogotá

AFP
Bogotá volvió a sentir el sonido de los cacerolazos.

A la convocatoria se sumaron numerosos sectores sociales -estudiantes, docentes, indígenas, campesinos, mujeres, grupos opositores, así como defensores de los acuerdos de paz suscritos con la exguerrilla de la FARC.

En la capital, donde la jornada terminó el jueves con un inédito cacerolazo, durante el día se registraron al igual que este viernes, algunos disturbios tanto en zonas del centro como en el noroeste.

Otros se produjeron en Cali, donde el alcalde, Maurice Armitage, decretó el toque de queda en la noche del jueves tras los actos vandálicos registrados en varios puntos de la ciudad.

Antes del paro del jueves, el gobierno implementó de forma previa una serie de medidas que incluyeron el cierre de los pasos fronterizos de Colombia con Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú y el acuartelamiento en primer grado (máxima alerta) de las fuerzas militares.

Las protestas tienen lugar poco después una encuesta de la empresa Gallup correspondiente a octubre de 2019 ubicó el nivel de desaprobación de Duque en 69%, mientras que su aprobación era de apenas 26%.


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