Julián Carrillo, de 54 años, defensor rarámuri de la comunidad Coloradas de la Virgen, Chihuahua, fue asesinado hace exactamente un año.
Su muerte fue la última de una serie de homicidios en los que se ensañaron con su familia.
El 5 de febrero de 2016, su hijo Víctor Carrillo fue asesinado; el 1 de julio de 2016 su sobrino, Guadalupe Carrillo Polanco; el 1 de julio de 2017 Alberto Quiñones Carrillo, otro sobrino, y el 1 de julio de 2018 su yerno, Francisco Chaparro Carrillo.
Todas muertes violentas vinculadas con la defensa del territorio.
Julián Carrillo era, desde hacía años, uno de los principales activistas contra la tala ilegal y la minería en la sierra Tarahumara, en Chihuahua.
Un año después del asesinato, su familia está desplazada. No pueden regresar a su comunidad ya que temen que los ataques se repitan.
“La Fiscalía no ha otorgado garantías a la familia para que pueda regresar a su rancho. Por el contexto de violencia tras el asesinato de Julián, fueron sacados en refugio, pero no hay garantías, por lo que siguen desplazados”, dice Ernesto Palencia, abogado del colectivo Alianza Sierra Madre que acompaña a la comunidad en Chihuahua.
En total son 16 personas, entre la viuda de Carrillo, sus hijos, nueras y nietos. Ninguno de ellos quiso hablar para esta nota. Alegan que tienen miedo. Cinco asesinatos en cuatro años es como para aterrorizar a cualquier familia.
El 26 de enero, la Fiscalía General del Estado (FGE) identificó y detuvo a dos personas como presuntos autores materiales: José Feliciano R.M. y P.C.C., menor de edad. Ambos están integrados en la causa penal 28/2018 y permanecen en la cárcel desde entonces. Según explicó Palencia, la audiencia oral no ha tenido lugar todavía debido a que los abogados defensores presentaron amparos que han atrasado el proceso.
Aún con los presuntos autores materiales encarcelados, la familia Carrillo se siente intranquila. Faltan, según denuncia Palencia, los “autores intelectuales”.
“Desde Alianza de Sierra Madre insistimos que tiene que haber una investigación amplia atendiendo al contexto y la actividad de Julián Carrillo como defensor del medio ambiente. El trato que está dando la fiscalía son investigaciones aisladas, desvinculadas unas de las otras”, dice el abogado.
“Muchas familias están fuera de la comunidad, ya que ahí opera un grupo de sicarios. Desde la muerte de Julián se han producido más asesinatos y les han despojado de todos sus bienes”, añade Isela González, de Alianza Sierra Madre. La activista denuncia el desplazamiento forzoso de decenas de familias. En concreto, González calcula que abandonaron la comunidad unas 150 personas de las 850 que la componían originalmente.
Luz Vergara, del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas a nivel federal, explica que la zona tiene unas características particulares: se trata de un área muy remota, sin acceso a bienes básicos como el agua para el riego y donde se ha desatado una ola de violencia. Dos familias, los Carrillo y otra sin identificar, se han acogido al Mecanismo. Sin embargo, el número de personas que abandonaron sus posesiones es mayor. Hay que recordar que, en el momento de su muerte, Julián Carrillo gozaba de protección a cargo del mecanismo. Esto, sin embargo, no evitó que fuese asesinado.
Uno de los problemas a los que se enfrentan vecinos y autoridades es que el crimen organizado sigue operando en la zona. Por eso los familiares de Carrillo no pueden regresar a su casa, porque nadie garantizaría su seguridad. “Lo ideal sería un plan de retorno, pero por el momento no es posible. Mientras tanto les garantizamos condiciones dignas de vivienda, alimento y hemos buscado planes de trabajo para que puedan sentirse productivos”, dice Vergara.
El territorio de Coloradas de la Virgen, en Chihuahua, tiene 49 mil 500 hectáreas de extensión y está compuesto por aproximadamente 50 ranchos.
La tala ilegal en los bosques y la minería son los principales conflictos que enfrentaron sus habitantes. En 2009, el Tribunal Unitario Agrario Distrito 5 en Chihuahua paralizó los permisos que se otorgaban para la explotación de la madera. Sin embargo, la tala ilegal sigue operando. Los talamontes no operan con la lógica de los permisos. Además, existen cuatro proyectos mineros concesionados, según Isea González. “Se dieron sin garantizar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas”, afirma la activista.
Los ataques han debilitado a la comunidad. El liderazgo que ejercía Julián Carrillo no se ha recuperado, según la activista de Alianza Sierra Madre. “Julián dejó un gran vacío. Una de sus funciones era convocar las reuniones entre la comunidad y ejercer de unión entre ellos”, explica.
El asesinato de los defensores y el desplazamiento de la comunidad abre la puerta a que empresas puedan irrumpir en el territorio ahora sin la oposición de los pobladores.
El caso de Julián Carrillo forma parte de una campaña lanzada por Amnistía Internacional para denunciar los asesinatos de defensores. Graciela Martínez explica que han lanzado una petición virtual para solicitar al presidente, Andrés Manuel López Obrador, a que “se pronuncie públicamente sobre la situación y reconozca la labor de estas personas que cuidan nuestro planeta y el medio ambiente”.
En la petición, Amnistía Internacional aboga por políticas públicas “preventivas” que “eviten nuevos asesinatos”. También confían en que México ratifique el acuerdo sellado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica. Se trata del “primer tratado en América Latina y el Caribe que incorpora disposiciones para la protección de los defensores del medio ambiente”. México es uno de los 21 firmantes, pero se necesita que el documento sea ratificado por 11 de sus signatarios para que entre en vigor.
Estas políticas llegan tarde para Julián Carrillo, asesinado hace un año. Su familia, mientras, espera poder regresar a su rancho.
“Son gente que siempre ha estado en su comunidad. Su forma de vida está en el campo”, dice Ernesto Palencia.
A un año del homicidio nadie garantiza que los ataques no continúen.
