A un año del asesinato del defensor rarámuri Julián Carrillo, su familia sigue desplazada
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A un año del asesinato del defensor rarámuri Julián Carrillo, su familia sigue desplazada

Decenas de familias huyen de la comunidad Coloradas de la Virgen, en Chihuahua. El homicidio debilitó a la comunidad, que lucha contra la tala ilegal y la minería.
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Julián Carrillo, de 54 años, defensor rarámuri de la comunidad Coloradas de la Virgen, Chihuahua, fue asesinado hace exactamente un año. 

Su muerte fue la última de una serie de homicidios en los que se ensañaron con su familia. 

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El 5 de febrero de 2016, su hijo Víctor Carrillo fue asesinado; el 1 de julio de 2016 su sobrino, Guadalupe Carrillo Polanco; el 1 de julio de 2017 Alberto Quiñones Carrillo, otro sobrino, y el 1 de julio de 2018 su yerno, Francisco Chaparro Carrillo.

Todas muertes violentas vinculadas con la defensa del territorio. 

Julián Carrillo era, desde hacía años, uno de los principales activistas contra la tala ilegal y la minería en la sierra Tarahumara, en Chihuahua. 

Un año después del asesinato, su familia está desplazada. No pueden regresar a su comunidad ya que temen que los ataques se repitan. 

 “La Fiscalía no ha otorgado garantías a la familia para que pueda regresar a su rancho. Por el contexto de violencia tras el asesinato de Julián, fueron sacados en refugio, pero no hay garantías, por lo que siguen desplazados”, dice Ernesto Palencia, abogado del colectivo Alianza Sierra Madre que acompaña a la comunidad en Chihuahua. 

En total son 16 personas, entre la viuda de Carrillo, sus hijos, nueras y nietos. Ninguno de ellos quiso hablar para esta nota. Alegan que tienen miedo. Cinco asesinatos en cuatro años es como para aterrorizar a cualquier familia. 

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El 26 de enero, la Fiscalía General del Estado (FGE) identificó y detuvo a dos personas como presuntos autores materiales: José Feliciano R.M. y P.C.C., menor de edad. Ambos están integrados en la causa penal 28/2018 y permanecen en la cárcel desde entonces. Según explicó Palencia, la audiencia oral no ha tenido lugar todavía debido a que los abogados defensores presentaron amparos que han atrasado el proceso.

Aún con los presuntos autores materiales encarcelados, la familia Carrillo se siente intranquila. Faltan, según denuncia Palencia, los “autores intelectuales”.  

“Desde Alianza de Sierra Madre insistimos que tiene que haber una investigación amplia atendiendo al contexto y la actividad de Julián Carrillo como defensor del medio ambiente. El trato que está dando la fiscalía son investigaciones aisladas, desvinculadas unas de las otras”, dice el abogado.

“Muchas familias están fuera de la comunidad, ya que ahí opera un grupo de sicarios. Desde la muerte de Julián se han producido más asesinatos y les han despojado de todos sus bienes”, añade Isela González, de Alianza Sierra Madre. La activista denuncia el desplazamiento forzoso de decenas de familias. En concreto, González calcula que abandonaron la comunidad unas 150 personas de las 850 que la componían originalmente.

Luz Vergara, del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas a nivel federal, explica que la zona tiene unas características particulares: se trata de un área muy remota, sin acceso a bienes básicos como el agua para el riego y donde se ha desatado una ola de violencia. Dos familias, los Carrillo y otra sin identificar, se han acogido al Mecanismo. Sin embargo, el número de personas que abandonaron sus posesiones es mayor. Hay que recordar que, en el momento de su muerte, Julián Carrillo gozaba de protección a cargo del mecanismo. Esto, sin embargo, no evitó que fuese asesinado. 

Uno de los problemas a los que se enfrentan vecinos y autoridades es que el crimen organizado sigue operando en la zona. Por eso los familiares de Carrillo no pueden regresar a su casa, porque nadie garantizaría su seguridad. “Lo ideal sería un plan de retorno, pero por el momento no es posible. Mientras tanto les garantizamos condiciones dignas de vivienda, alimento y hemos buscado planes de trabajo para que puedan sentirse productivos”, dice Vergara. 

El territorio de Coloradas de la Virgen, en Chihuahua, tiene 49 mil 500 hectáreas de extensión y está compuesto por aproximadamente 50 ranchos. 

La tala ilegal en los bosques y la minería son los principales conflictos que enfrentaron sus habitantes. En 2009, el Tribunal Unitario Agrario Distrito 5 en Chihuahua paralizó los permisos que se otorgaban para la explotación de la madera. Sin embargo, la tala ilegal sigue operando. Los talamontes no operan con la lógica de los permisos. Además, existen cuatro proyectos mineros concesionados, según Isea González. “Se dieron sin garantizar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas”, afirma la activista. 

Los ataques han debilitado a la comunidad. El liderazgo que ejercía Julián Carrillo no se ha recuperado, según la activista de Alianza Sierra Madre. “Julián dejó un gran vacío. Una de sus funciones era convocar las reuniones entre la comunidad y ejercer de unión entre ellos”, explica. 

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El asesinato de los defensores y el desplazamiento de la comunidad abre la puerta a que empresas puedan irrumpir en el territorio ahora sin la oposición de los pobladores. 

El caso de Julián Carrillo forma parte de una campaña lanzada por Amnistía Internacional para denunciar los asesinatos de defensores. Graciela Martínez explica que han lanzado una petición virtual para solicitar al presidente, Andrés Manuel López Obrador, a que “se pronuncie públicamente sobre la situación y reconozca la labor de estas personas que cuidan nuestro planeta y el medio ambiente”. 

En la petición, Amnistía Internacional aboga por políticas públicas “preventivas” que “eviten nuevos asesinatos”. También confían en que México ratifique el acuerdo sellado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica. Se trata del “primer tratado en América Latina y el Caribe que incorpora disposiciones para la protección de los defensores del medio ambiente”. México es uno de los 21 firmantes, pero se necesita que el documento sea ratificado por 11 de sus signatarios para que entre en vigor. 

Estas políticas llegan tarde para Julián Carrillo, asesinado hace un año. Su familia, mientras, espera poder regresar a su rancho.

“Son gente que siempre ha estado en su comunidad. Su forma de vida está en el campo”, dice Ernesto Palencia.  

A un año del homicidio nadie garantiza que los ataques no continúen.

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Rusia y Ucrania: documentan detenciones y secuestros de civiles ucranianos en las zonas controladas por los rusos

La ONU ha identificado 36 casos de políticos, periodistas y activistas que han sido "secuestrados" en territorio ucraniano.
25 de marzo, 2022
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Los ucranianos están siendo detenidos arbitrariamente y sometidos a desapariciones forzadas en áreas controladas por Rusia, le dijo la ONU a la BBC.

La ONU verificó al menos 36 casos de detenciones de civiles, y en varios casos a las familias se les negó cualquier información sobre el destino de los detenidos.

Los ucranianos dicen que temen una creciente campaña de secuestros e intimidación, mientras que Rusia lucha por afirmar el control sobre las ciudades que captura.

Viktoriia Roshchyna, periodista, estaba trabajando en áreas ocupadas en el este del país cuando unos hombres no identificados se la llevaron el 15 de marzo.

El medio para el que trabaja, Hromadske Media, dijo que “probablemente fue detenida por el FSB”, el servicio de inteligencia interno de Rusia, según los relatos de testigos de su secuestro en la ciudad de Berdiansk.

Fue liberada seis días después cuando un video estilo rehén, aparentemente grabado bajo coacción, comenzó a circular en los medios prorrusos de Telegram. En él, Roshchyna dijo que Rusia no la había tomado cautiva y agradeció a las fuerzas de Moscú por “salvarle la vida”.

Periodistas y representantes locales

Svetlana Zalizetskaya, una periodista de la ciudad ocupada de Melitópol, acusó a las fuerzas rusas de tomar como rehén a su padre de 75 años como castigo por negarse a cooperar con la nueva administración.

Zalizetskaya, directora de la agencia de noticias local RIA Melitópol, escribió en Facebook que su padre había sido detenido después de su reunión con el líder de la ciudad instalado por Rusia. En la publicación se negó a dejar de criticar la invasión.

Dijo que recibió una llamada telefónica de sus captores, en la que su padre le informó que estaba retenido “en algún sótano” y dijo que “no sabía qué querían de él”.

Sus captores exigieron que Zalizetskaya, quien se comprometió a “contarle al mundo las atrocidades” cometidas por las fuerzas de Moscú en Melitópol, se entregase.

El Sindicato Nacional de Periodistas de Ucrania dijo que cuatro periodistas también habían sido detenidos y luego liberados en Melitópol.

El jefe del sindicato, Sergiy Tomilenko, dijo que las detenciones eran parte de “una ola de limpieza de información” que tenía como objetivo la “intimidación de periodistas y figuras públicas”.

Un portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ACNUDH), cuya misión de monitoreo en Ucrania ha estado documentando los secuestros, le dijo a la BBC que los objetivos “son en su mayoría representantes de las comunidades locales, periodistas y personas que hablaron sobre sus posiciones proucranianas“.

Pero dijeron que no pudieron evaluar si los detenidos forman parte de “listas específicas supuestamente elaboradas por funcionarios de seguridad rusos”.

En febrero, funcionarios estadounidenses enviaron una carta a la ONU advirtiendo que Rusia había elaborado una “lista de muerte” de ucranianos para ser atacados o detenidos tras la invasión del país.

Algunas fuentes han sugerido que un hackeo de una aplicación de servicios digitales de Ucrania en enero pudo haber ayudado a Rusia a identificar objetivos; mientras que el Royal United Services Institute ha especulado con que un hackeo del registro nacional de seguros de automóviles de Ucrania pudo haber permitido que los servicios de seguridad identificaran las ubicaciones de los objetivos.

Las fuerzas rusas han detenido a varios funcionarios en las partes ocupadas de Ucrania en las últimas semanas. En la ciudad sureña de Melitópol, el alcalde Iván Fedorov fue secuestrado por las tropas rusas a principios de este mes.

Al hablar sobre su detención con los medios locales, Fedorov alegó que otros detenidos en el centro al que fue llevado estaban siendo torturados.

“No me tocaron físicamente, pero créeme, siete hombres armados eran suficientes para dejar clara su posición”, dice Fedorov. “En la celda de al lado alguien estaba siendo torturado, había gritos que generaban mucha presión psicológica”.

“Tratan de acusarlos de sabotaje y apretar los dedos en la puerta para que digan de qué ejército son, pero son solo residentes locales”.

Se han producido presuntos secuestros en varias otras ciudades, incluida Nova Kajovka en el norte, donde desapareció el secretario del ayuntamiento; y en Bucha, donde el ayuntamiento local le dijo a la BBC que seis empleados fueron detenidos y luego liberados después de una redada rusa.

Advertencias a los parlamentarios

La parlamentaria ucraniana Alyona Shkrum dijo que creía que las detenciones probablemente aumentarían a medida que Rusia enfrenta una falta de cooperación y una mayor resistencia en las regiones ocupadas.

“Estoy segura de que Putin pensó que sería como en Crimea: vienen, se apoderan de los edificios administrativos y el alcalde dice ‘cooperamos, ahora seré su alcalde, ¿qué mas da?'”, le dijo a la BBC.

“No sucedió en absoluto aquí… Nadie, ni siquiera de partidos prorrusos, accedió a hacer lo que los soldados rusos querían que hicieran”.

Shkrum, una parlamentaria prooccidental, le dijo a la BBC que los servicios de seguridad ucranianos le advirtieron que probablemente estaba en una lista negra rusa y que evitara su apartamento en Kiev.

“Prácticamente hay dos listas”, dijo. “Una lista de personas para ser asesinadas, como miembros del parlamento, que en su mayoría son personas con las que (Rusia) siente que no puede cooperar. Y una lista de personas para ser tomadas como rehenes y llevadas a Moscú y obligadas a votar sobre algo”.

“También tengo sanciones en mi contra en Rusia, así que supongo que estoy en la lista para ser asesinada o capturada”, agregó Shkrum.

Vecinos temen campañas de detenciones

Los secuestros no se han limitado a figuras públicas. También se ha detenido a algunos civiles y exmiembros de las fuerzas armadas.

Mattia Nelles, un analista político ucraniano, le dijo a la BBC que su tío, exmédico del ejército ucraniano que luchó en Donbás entre 2016 y 2018, había sido atacado por soldados rusos en la ciudad oriental de Svatove”.

“Las fuerzas de seguridad de la Federación Rusa llegaron a su casa y lo buscaron”, dijo Nelles. “Por suerte, no estaba en su casa, pero los vecinos confirmaron que lo buscan”.

Nelles dijo que no estaba claro qué elementos de las fuerzas rusas estaban detrás de la ola de detenciones, pero en el caso de su tío dijo que las tropas eran una mezcla de personal del ejército y algunas otras fuerzas de seguridad. Solo podemos especular si es FSB, no llevaban insignias”.

Teme que la campaña de arrestos se itensifique en los próximos días. Observó que en las áreas del sur, como Jersón, hasta ahora “la cantidad de arrestos parece relativamente baja” y algunas de las listas parecen estar “elaboradas sobre la marcha” a medida que las fuerzas rusas identifican a los que se resisten a la ocupación.

“Los vecinos temen que estamos viendo el comienzo de una campaña sostenida”, advirtió.


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