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A un año del asesinato del defensor rarámuri Julián Carrillo, su familia sigue desplazada

Decenas de familias huyen de la comunidad Coloradas de la Virgen, en Chihuahua. El homicidio debilitó a la comunidad, que lucha contra la tala ilegal y la minería.
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Julián Carrillo, de 54 años, defensor rarámuri de la comunidad Coloradas de la Virgen, Chihuahua, fue asesinado hace exactamente un año. 

Su muerte fue la última de una serie de homicidios en los que se ensañaron con su familia. 

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El 5 de febrero de 2016, su hijo Víctor Carrillo fue asesinado; el 1 de julio de 2016 su sobrino, Guadalupe Carrillo Polanco; el 1 de julio de 2017 Alberto Quiñones Carrillo, otro sobrino, y el 1 de julio de 2018 su yerno, Francisco Chaparro Carrillo.

Todas muertes violentas vinculadas con la defensa del territorio. 

Julián Carrillo era, desde hacía años, uno de los principales activistas contra la tala ilegal y la minería en la sierra Tarahumara, en Chihuahua. 

Un año después del asesinato, su familia está desplazada. No pueden regresar a su comunidad ya que temen que los ataques se repitan. 

 “La Fiscalía no ha otorgado garantías a la familia para que pueda regresar a su rancho. Por el contexto de violencia tras el asesinato de Julián, fueron sacados en refugio, pero no hay garantías, por lo que siguen desplazados”, dice Ernesto Palencia, abogado del colectivo Alianza Sierra Madre que acompaña a la comunidad en Chihuahua. 

En total son 16 personas, entre la viuda de Carrillo, sus hijos, nueras y nietos. Ninguno de ellos quiso hablar para esta nota. Alegan que tienen miedo. Cinco asesinatos en cuatro años es como para aterrorizar a cualquier familia. 

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El 26 de enero, la Fiscalía General del Estado (FGE) identificó y detuvo a dos personas como presuntos autores materiales: José Feliciano R.M. y P.C.C., menor de edad. Ambos están integrados en la causa penal 28/2018 y permanecen en la cárcel desde entonces. Según explicó Palencia, la audiencia oral no ha tenido lugar todavía debido a que los abogados defensores presentaron amparos que han atrasado el proceso.

Aún con los presuntos autores materiales encarcelados, la familia Carrillo se siente intranquila. Faltan, según denuncia Palencia, los “autores intelectuales”.  

“Desde Alianza de Sierra Madre insistimos que tiene que haber una investigación amplia atendiendo al contexto y la actividad de Julián Carrillo como defensor del medio ambiente. El trato que está dando la fiscalía son investigaciones aisladas, desvinculadas unas de las otras”, dice el abogado.

“Muchas familias están fuera de la comunidad, ya que ahí opera un grupo de sicarios. Desde la muerte de Julián se han producido más asesinatos y les han despojado de todos sus bienes”, añade Isela González, de Alianza Sierra Madre. La activista denuncia el desplazamiento forzoso de decenas de familias. En concreto, González calcula que abandonaron la comunidad unas 150 personas de las 850 que la componían originalmente.

Luz Vergara, del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas a nivel federal, explica que la zona tiene unas características particulares: se trata de un área muy remota, sin acceso a bienes básicos como el agua para el riego y donde se ha desatado una ola de violencia. Dos familias, los Carrillo y otra sin identificar, se han acogido al Mecanismo. Sin embargo, el número de personas que abandonaron sus posesiones es mayor. Hay que recordar que, en el momento de su muerte, Julián Carrillo gozaba de protección a cargo del mecanismo. Esto, sin embargo, no evitó que fuese asesinado. 

Uno de los problemas a los que se enfrentan vecinos y autoridades es que el crimen organizado sigue operando en la zona. Por eso los familiares de Carrillo no pueden regresar a su casa, porque nadie garantizaría su seguridad. “Lo ideal sería un plan de retorno, pero por el momento no es posible. Mientras tanto les garantizamos condiciones dignas de vivienda, alimento y hemos buscado planes de trabajo para que puedan sentirse productivos”, dice Vergara. 

El territorio de Coloradas de la Virgen, en Chihuahua, tiene 49 mil 500 hectáreas de extensión y está compuesto por aproximadamente 50 ranchos. 

La tala ilegal en los bosques y la minería son los principales conflictos que enfrentaron sus habitantes. En 2009, el Tribunal Unitario Agrario Distrito 5 en Chihuahua paralizó los permisos que se otorgaban para la explotación de la madera. Sin embargo, la tala ilegal sigue operando. Los talamontes no operan con la lógica de los permisos. Además, existen cuatro proyectos mineros concesionados, según Isea González. “Se dieron sin garantizar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas”, afirma la activista. 

Los ataques han debilitado a la comunidad. El liderazgo que ejercía Julián Carrillo no se ha recuperado, según la activista de Alianza Sierra Madre. “Julián dejó un gran vacío. Una de sus funciones era convocar las reuniones entre la comunidad y ejercer de unión entre ellos”, explica. 

Leer más: Secuestran al hijo de Cruz Sánchez, defensor indígena en Chihuahua

El asesinato de los defensores y el desplazamiento de la comunidad abre la puerta a que empresas puedan irrumpir en el territorio ahora sin la oposición de los pobladores. 

El caso de Julián Carrillo forma parte de una campaña lanzada por Amnistía Internacional para denunciar los asesinatos de defensores. Graciela Martínez explica que han lanzado una petición virtual para solicitar al presidente, Andrés Manuel López Obrador, a que “se pronuncie públicamente sobre la situación y reconozca la labor de estas personas que cuidan nuestro planeta y el medio ambiente”. 

En la petición, Amnistía Internacional aboga por políticas públicas “preventivas” que “eviten nuevos asesinatos”. También confían en que México ratifique el acuerdo sellado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica. Se trata del “primer tratado en América Latina y el Caribe que incorpora disposiciones para la protección de los defensores del medio ambiente”. México es uno de los 21 firmantes, pero se necesita que el documento sea ratificado por 11 de sus signatarios para que entre en vigor. 

Estas políticas llegan tarde para Julián Carrillo, asesinado hace un año. Su familia, mientras, espera poder regresar a su rancho.

“Son gente que siempre ha estado en su comunidad. Su forma de vida está en el campo”, dice Ernesto Palencia.  

A un año del homicidio nadie garantiza que los ataques no continúen.

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Protestas en Chile y Ecuador: ¿en qué se parecen y diferencian las últimas revueltas sociales en estos dos países?

Con menos de dos semanas de diferencia, ecuatorianos y chilenos salieron a las calles para reivindicar el cumplimiento de sus derechos. ¿Qué tan distintas son estas protestas?
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22 de octubre, 2019
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Con menos de dos semanas de diferencia, América Latina ha sido escenario de importantes protestas en dos países separados por unos 3,000 km de distancia: Ecuador y Chile.

Ambos estallidos sociales nacieron tras decisiones puntuales del gobierno —liderado por Lenín Moreno en Ecuador y Sebastián Piñera en Chile— que provocaron una inmediata reacción de la sociedad civil.

Destrucción de locales y servicios públicos, saqueos de supermercados, pérdidas millonarias y enfrentamientos entre las policías y manifestantes han sido parte de estas manifestaciones que dejaron sumidas en el caos a ciudades enteras donde también, sin embargo, se registraron masivas marchas pacíficas y sin incidentes.

Pero ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre ambas crisis?

La génesis de todo: el transporte público

La rebelión social ecuatoriana comenzó luego de que el gobierno de ese país llegara a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener créditos por más de US$4,200 millones.

A cambio, el presidente Moreno debía lograr reducir el déficit fiscal. Para ello, anunció un “plan de austeridad” que, entre otras medidas, incluyó la eliminación de los subsidios a los combustibles vigentes en Ecuador desde hace cuatro décadas.

Al implementarse, el galón de gasolina extra pasó de costar US$1.85 a US$2.30, lo que significó un incremento de más del 120% en las bombas de gasolina y, a su vez, un alza en la tarifa del transporte público.

La reacción de los ecuatorianos no tardó en llegar y, en solo un par de horas, las manifestaciones se apoderaron de las calles de varias ciudades del país.

Solo dos semanas después, algo similar sucedería en Chile: luego de que el presidente Piñera anunciara un alza de 30 pesos en el precio del metro, centenares de chilenos iniciaron las famosas “evasiones masivas”.

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Diversas estaciones del metro en Chile fueron destrozadas tras las protestas que partieron con “evasiones masivas”.

Esto se tradujo en el levantamiento de torniquetes para ingresar a los andenes sin pagar, a lo que se sumaron ataques incendiarios a los vagones y a otras disposiciones del transporte público chileno.

Sin embargo, a pesar de que el origen de ambas protestas es similar (transporte público), para el académico de la Universidad de Cambridge y experto en movimientos sociales, Jorge Saavedra, hay una diferencia importante.

“En el caso ecuatoriano, el alza del transporte fue parte de un paquete de medidas que el FMI le pidió al gobierno de Lenín Moreno para avanzar hacia la neo liberación del país. En el caso chileno, el país ya está sumido en ese estado neoliberal”, le dice a BBC Mundo.

“Los ecuatorianos reaccionaron por el cambio de esquema de vida provocada por la decisión del FMI, mientras que en Chile ese cambio ya se provocó hace muchos años y genera tal imposibilidad de vivir que se produce una adhesión masiva en todo Chile”, agrega.

Gobiernos ceden a la presión, pero las reacciones son distintas

Esa es la razón, quizás, de por qué en el caso ecuatoriano las protestas se detuvieron casi inmediatamente después de que se estableciera una mesa de diálogo entre gobierno y líderes indígenas.

Ese día, el 13 de octubre, se acordó la derogación del decreto y con ello se acabaron las manifestaciones. La calma volvió a reinar en las ciudades de ese país.

Muy diferente es lo que está sucediendo en Chile. A pesar de que Piñera anunció el sábado la suspensión del incremento en el precio del transporte público, no se logró apaciguar en lo más mínimo a los manifestantes.

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Manifestantes salieron a las calles de distintas ciudades de Chile.

En este país, de hecho, se hizo popular un lema que resume el sentimiento popular: “No es por 30 pesos, es por 30 años”.

“Las diversas causas que hay detrás del caso chileno van mucho más allá de los 30 pesos de aumento”, le dice a BBC Mundo Nicolás Somma, profesor de sociología de la Universidad Católica de Chile y experto en movimientos sociales, participación política y protesta.

“Hay un descontento que es acumulativo y que no tiene que ver necesariamente con el precio del transporte, sino con las interacciones de la gente en su vida cotidiana, que se siente discriminada y abusada”, agrega.

Una opinión parecida tiene Jorge Saavedra. “En el caso ecuatoriano, al echar pie atrás con la medida, se entiende que no se va a seguir avanzando”.

“Pero en Chile es distinto: el listado de cosas donde hay abuso de la gente es enorme, entonces que se elimine el alza no cambia nada”, opina.

Los líderes detrás de las protestas masivas

Luego de la decisión de Lenín Moreno de terminar con los subsidios a los combustibles, diversos grupos indígenas comenzaron a marchar desde regiones a Quito, la capital de Ecuador.

Y a pesar de que las protestas las iniciaron los transportistas, fueron los indígenas quienes finalmente protagonizaron las manifestaciones masivas del país.

Esto no es nuevo: en las últimas décadas, estos grupos han sido actores políticos clave en la historia ecuatoriana gracias a su capacidad de movilización y de resistencia.

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Las protestas en Ecuador fueron lideradas por movimientos indígenas.

El caso de Chile es completamente distinto.

Las protestas chilenas no tienen un líder o un grupo específico que los representen. Al contrario, partió como un movimiento de estudiantes pero luego, con el pasar de los días, comenzaron a sumarse miles de personas de distintas edades y diferentes posiciones sociales.

Y así, hoy se ven involucrados en los cacerolazos jóvenes, ancianos, y gente de estratos altos y bajos.

“El mundo indígena ecuatoriano tiene una cultura de participación, una cultura organizativa muchísimo más fuerte que la ciudadanía común en Chile”, explica el académico Jorge Carrasco.

“Eso es clave porque a la hora de resolver y dialogar, los ecuatorianos lo pudieron hacer. En Chile, en cambio, eso no está resuelto, no se sabe cómo se puede organizar la gente o generar petitorios. Y eso es un problema”, añade.

En Ecuador el movimiento indígena ha logrado consolidar a líderes sociales capaces de aglutinar los petitorios de la sociedad, subraya Nicolás Somma.

“En Chile, en cambio, no existe un equivalente a Ecuador, ni indígena ni no indígena, que tenga esa capacidad de canalizar el descontento”, dice.

“Lo que se generó en Chile es un efecto de contagio que hizo que muchas otras personas se sumaran. Pero las demandas pueden ser muy distintas y eso se extiende como un efecto dominó que nadie puede controlar y que no tiene un director de orquesta”, añade.

Esto, dice el académico, es un gran problema para el gobierno de Piñera.

“En ausencia de las formas tradicionales para canalizar el conflicto, el gobierno tiene que resolver el problema mediáticamente y difundir un mensaje ciegamente porque no tiene a nadie al frente para negociar”.

La “mano dura” de los gobiernos

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En Ecuador, el presidente Lenín Moreno decretó estado de excepción el jueves 3 de octubre.

Si hay una similitud entre los casos de Ecuador y Chile es la “mano dura” impuesta por los respectivos gobiernos frente a las movilizaciones.

Lenín Moreno decretó estado de excepción por 60 días poco después de iniciarse el movimiento, el jueves 3 de octubre. Con esto, se desplegaron las Fuerzas Armadas por las ciudades ecuatorianas, se establecieron zonas de seguridad y se incrementó la presencia policial.

Lo mismo sucedió en Chile: a las pocas horas de recrudecerse el conflicto el pasado viernes, Piñera decretó estado de emergencia, lo que también significó el despliegue de los militares en diferentes zonas del país.

En ambos casos, los militares y policías respondieron con dureza para reprimir las manifestaciones, generándose un duro enfrentamiento con los protestantes.

Esta situación, explica Jorge Saavedra, suele ser una tónica habitual en varios lugares de América Latina.

protestas chile

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En Chile, el Ejército tomó el control de la seguridad del país.

“Si uno ve el caso de Perú, por ejemplo, en las protestas por venta y uso de empresas americanas del suelo amazónico, la movilización fue reprimida terriblemente y terminó con la masacre de Tagua en 2009. Y esto se replica en todo el continente”, afirma.

“La práctica de los gobiernos ha sido dialogar con las comunidades a través de policías y represión. Y eso no ha cambiado porque no se ha avanzado en procesos de confianza y democratización ciudadanas”, agrega.

Nicolás Somma, en tanto, asegura que “está súper estudiado que la relación entre protestas y represión no es lineal. Es decir, para que la represión pueda disminuir la protesta, es necesario llevarla a un grado extremo que es simplemente inaceptable en democracia”.

Territorio: del centro a regiones y de regiones al centro

El lugar donde se iniciaron las protestas en Ecuador y Chile es distinto.

En el caso del primero, cuando los indígenas tomaron la batuta de las protestas, repitieron la misma estrategia de movilizaciones anteriores: caminar desde sus comunidades hacia la capital, bloqueando a su vez las principales vías del país.

Con la llegada a Quito, el presidente Lenín Moreno se vio obligado a cambiar la sede del gobierno central a la ciudad de Guayaquil.

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Las protestas en Ecuador comenzaron en las comunidades indígenas y luego marcharon hacia la capital, Quito.

En cuanto a Chile, las manifestaciones comenzaron en el corazón de la capital, Santiago. Específicamente, en el interior de las estaciones de metro más emblemáticas de la ciudad.

Y a pesar de que el reclamo tenía que ver con el alza en el precio del metro (y, por lo tanto, era una problemática que solo le afectaba a los santiaguinos), con el pasar de las horas la rebelión se extendió a otras regiones.

Así, ciudades como Valparaíso, Concepción y La Serena abarrotaron sus calles de manifestaciones.

“Esta diferencia entre Ecuador y Chile deja al descubierto que finalmente en el caso chileno casi todo sucede en Santiago, es muy preponderante el rol de la capital”, explica Jorge Saavedra.

En resumen, a pesar de que hay algunas similitudes entre ambos países, también hay grandes diferencias que hacen que las manifestaciones tengan un carácter distinto.

Pero lo que sí está claro es que, con solo dos semanas de diferencia, las sociedades de Chile y de Ecuador despertaron con manifestaciones masivas que tuvieron al gobierno de Moreno en jaque y que aún tienen a Piñera sumido en una crisis que parece no tener salida.


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