El esposo de Laura era un reconocido científico del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav). Hace unos meses murió y su viuda no solo ha tenido que lidiar con la pérdida, sino con no poder cobrar la pensión, seguro de vida y ahorros a los que tiene derecho, porque el organismo le ha puesto trabas burocráticas para entregarle los documentos que necesita.
El problema es que para la institución no basta que Laura (nombre ficticio para preservar su identidad) estuviera registrada como beneficiaria o que haya presentado su acta de matrimonio. Ni siquiera ha bastado con el testamento que la nombra heredera de todos sus bienes. El Cinvestav le exige que acuda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje —encargada de resolver conflictos laborales— para conseguir un laudo (resolución judicial) que la nombre beneficiaria legal.
Un trámite para el que forzosamente tiene que contratar un abogado que le va a cobrar el 15% del finiquito que reciba.
Pero además de ese dinero, que entregaría el Cinvestav, le queda pendiente la solicitud de pensión que como académico en una institución pública le corresponde del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el reclamo de sus ahorros del Fondo de Vivienda Fovissste, de la cuenta AFORE, y del seguro de vida. Sabe que algunos de estos trámites podría hacerlos directamente ante las instituciones correspondientes, pero necesita la “hoja única de servicios”, el documento con la historia laboral del trabajador, que el Centro de Investigación se ha negado a expedir hasta que esté el laudo.
Esto va en contra de lo que establecen las propias leyes. El artículo 6 de la Ley del ISSSTE enuncia: “En todo tiempo, las dependencias y entidades deberán expedir los certificados e informes que les soliciten tanto los interesados como el Instituto y proporcionar los expedientes y datos que el propio Instituto les requiera de los trabajadores, extrabajadores, jubilados y pensionistas, así como los informes sobre aportaciones y cuotas y designarán a quienes se encarguen del cumplimiento de estas obligaciones”.
En cambio, no solo no le han dado a Laura los papeles que solicitó, sino que el personal de Recursos Humanos le aseguró que no puede hacer los trámites sola, sino que necesita un abogado para todos (pese a que el propio ISSSTE ha dicho lo contrario), y le advirtió que tiene que ser un abogado especializado en los procedimientos del Cinvestav, por lo que ahí mismo se lo recomendaron.
No es la única en esta situación. La hija de otro investigador fallecido, Mónica (nombre cambiado por temor a que le obstaculicen aún más los trámites), se queja de la falta de información clara.
A su familia primero la apuraron para entregar el certificado de defunción y presentar el acta de matrimonio de su madre; luego las ayudaron a escribir un oficio para comunicar la muerte, dirigido a Sergio Fabián Tavera, subdirector de Recursos Humanos; pero después nadie les contestaba en esa área.
“Esta persona nos mencionó que necesitábamos un abogado para obtener el pago por finiquito, porque ese procedimiento se hace a través del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Eso fue muy sorprendente, porque no hay conflicto, se nos hizo muy raro”, cuenta en entrevista con Animal Político.
“De acuerdo a lo que nos dijo, no podemos ir directamente al ISSSTE a tramitar nada, porque ellos como jefe, patrón, tienen que mandar el papeleo al ISSSTE para que entonces ya empiece los trámites tanto de la pensión como del retiro. Pero no sabemos si ya lo hicieron, desde cuándo, o cuál es el procedimiento. No sabemos nada, no hay información, ni en internet…”
Ni siquiera les dieron el nombre de la aseguradora que tienen contratada, MetLife, hasta que llamaron para avisar que ya tenían un abogado.
Para Laura también ha sido un camino tortuoso saber qué hacer. Llevó el acta de matrimonio y de defunción, como le pidieron, pero durante meses no ha recibido ninguna respuesta. Se ha presentado en las instalaciones y la persona que la atiende del departamento de recursos humanos le dice que no le puede dar la hoja única porque son las órdenes que tiene. Ha buscado comunicarse por varias vías con directivos del organismo, pero no le contestan.
A una amiga suya de plano se le ocurrió pedir el documento como solicitud de información, a lo que el Cinvestav respondió que por tratarse de datos personales, tendría que presentar un documento que acredite su interés legítimo.
“Por lo menos ya me contestaron”, exclama, después de meses de intentos fallidos por teléfono para obtener alguna orientación.
También acudió a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para ver si le podían dar los datos sobre el seguro de vida al que tiene derecho, pero le dijeron que no aparecía el nombre de su marido, por lo que le preocupa que no hayan estado al día sus papeles en el Cinvestav.
Ella al menos tiene paciencia porque cuenta con ingresos propios y el apoyo económico de sus hijos. Pero Mónica está desesperada porque su mamá está sola y dependía del sueldo de su esposo.
Su temor es que, desde el principio, la jefa del departamento donde trabajaba su padre les advirtió que los trámites iban a tomar tiempo, porque un trabajador no académico murió en enero y la familia todavía no recibe el pago del seguro.
Animal Político pudo conocer la historia de al menos otra viuda que está desde principios de año en la misma situación, esperando que Conciliación y Arbitraje expida el laudo. Ante ello, se pidió al Cinvestav versión sobre las dificultades que están enfrentando las familias para obtener los beneficios tras la muerte de un académico o trabajador, pero hasta el momento de esta publicación no hubo respuesta.
Ese organismo tiene que publicar edictos sobre el fallecimiento, para que si hay otro interesado que considere que tiene derechos sobre la muerte de esa persona, pueda acudir a reclamarlos. Pero las viudas tampoco saben si la Junta ya lo hizo o qué falta.
El laudo no siempre fue un requisito del Cinvestav. Según le han contado a Laura y a Mónica, esto empezó hace un par de años, después del caso de un hombre que tras fallecer, una segunda familia quiso reclamar la pensión.
