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Colectivo #NoMásDerroches pide a la Corte atraer el caso de Santa Lucía; ve presiones de AMLO

“La presión que el Gobierno Federal ha ejercido en tiempos recientes sobre el Poder Judicial de la Federación lastima la independencia judicial y el principio de división de poderes”, señala el colectivo.
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8 de octubre, 2019
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Luego de que un juez federal revocó una de las siete suspensiones que impedía la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, el colectivo #NoMásDerroches solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer el litigio sobre este caso ante las “presiones del Ejecutivo y la volatilidad e irregularidad en las decisiones de jueces y magistrados”.

#NoMásDerroches considera que el asunto dará oportunidad a la SCJN de pronunciarse respecto a si se debe o no suspender el inicio de obras públicas importantes, pues consideran que es evidente que no cumplen con los requisitos legales; si en el juicio de amparo el Poder Judicial está facultado para proteger a la Hacienda Pública y para velar que el gasto se ejerza con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

También que se pronuncia sobre si debe permitirse “el peligroso precedente de privilegiar la seguridad nacional en obras públicas cuando esté en riesgo el derecho a la vida, a la integridad personal y a un medio ambiente sano”, señala.

Lee: Juez falla a favor de Sedena y revoca una de las suspensiones que impedía construir aeropuerto de Santa Lucía

La solicitud fue presentada ante la Suprema Corte el 7 de octubre en donde se informan las suspensiones definitivas que aún se encuentran vigentes y se solicitará la atracción del recurso que se interpondrá en contra de la suspensión revocada este martes.

“La presión que el Gobierno Federal ha ejercido en tiempos recientes sobre el Poder Judicial de la Federación lastima la independencia judicial y el principio de división de poderes”, señala el colectivo en un comunicado.

Te puede interesar: Amparos contra Santa Lucía son un “sabotaje legal”, ya es como deporte nacional: AMLO

“En repetidas ocasiones, el Presidente de la República ha calificado de corruptos a jueces y magistrados, y ha amenazado con “exhibir” a quienes han otorgado suspensiones en contra de la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía. Además, prácticamente a diario, como lo han constatado los medios de comunicación, funcionarios militares acuden al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México”.

“Ante esta intervención desmedida, el Juez Quinto ha modificado su criterio y, a pesar de que otorgó en un inicio suspensiones en contra de la construcción del aeropuerto, ahora niega las mismas con base en “nuevas” reflexiones jurídicas”, detalla.

Lee: Sedena busca decretar Santa Lucía como instalación estratégica para evitar amparos que frenan la obra

Una de las suspensiones fue otorgada porque Sedena considera que el proyecto aeroportuario es una “instalación estratégica”. Es decir, estima que es válido el inicio de la construcción del aeropuerto por “seguridad nacional” a pesar de que aún no existen estudios en materia de seguridad aérea y factibilidad aeronáutica, costo-beneficio, de impacto arqueológico-cultural y de impacto social.

“¿No debería considerarse de “seguridad nacional” que un aeropuerto que recibirá a millones de pasajeros al año cuente con todos los estudios y permisos que exigen las leyes antes del inicio de la construcción de tan estratégica obra?”, cuestiona el colectivo.

#NoMásDerroches interpuso varios juicios de amparo para que el Poder Judicial de la Federación revise la legalidad del nuevo proyecto.

#NoMásDerroches está integrado por Causa en Común, Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C. (COMEXDH), Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Consejo General de la Abogacía Mexicana, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), entre otras organizaciones, y diversos despachos de abogados y cientos de ciudadanos.

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Risperdal, el fármaco por el que Johnson & Johnson deberá pagar millones a un joven a quien le crecieron los pechos

Un jurado en EE.UU. determinó que la farmacéutica deberá pagar US$8.000 millones a un hombre de 26 años a quien le crecieron los senos tras tomar un fármaco comercializado por una de sus subsidiarias.
9 de octubre, 2019
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La farmacéutica Johnson & Johnson fue sentenciada a pagar US$8.000 millones en concepto de daños a un hombre que la acusó de no advertir que uno de sus fármacos antipsicóticos podía provocar un aumento en el tamaño de los pechos en hombres.

El jurado de una corte de Filadelfia, en Estados Unidos, falló a favor de Nicholas Murray, de 26 años, cuyo caso es uno de miles de ese tipo aún pendientes en dicho estado.

Los abogados del joven argumentaron que Janssen Pharmaceuticals, una subsidiaria de J&J, había priorizado sus ganancias por encima de la salud de los pacientes en la promoción de su medicamento Risperdal, cuyo compuesto activo es al risperidona.

J&J dijo que apelará el fallo, que considera “extremadamente desproporcionado”.

La farmacéutica también ha sido llevada ante la justicia por sus implantes de mallas vaginales y por su talco para bebés, que de acuerdo a miles de demandas contendría asbestos, algo que la empresa niega.

Esto se suma a la batalla legal que también enfrenta por su rol en la crisis de adicción a los opioides en el país.

A principios de este año, la multinacional fue ordenada a pagar US$572 por su participación en la intensificación de la crisis de adicción a los opioides en Oklahoma.

Y, recientemente, la empresa llegó a un acuerdo por el que se comprometió a pagar US$20,4 millones en dos condados en el estado de Ohio por el mismo tema.

Efectos colaterales adversos

De acuerdo a la demanda presentada por Murray, el joven desarrolló pechos después de que sus médicos le recetaran la droga en 2003.

Esta condición se conoce como ginecomastia.

Johnson y Johnson

Getty Images
No es la primera vez que la empresa se enfrenta a la Justicia por uno de sus productos.

Un psicólogo le prescribió este medicamente tras diagnosticar al niño con un trastorno del espectro autista.

El Risperdal está aprobado para el tratamiento de la esquizofrenia y el desorden bipolar, pero los médicos pueden prescribirlo legalmente para cualquier condición que vean conveniente.

La compañía dice que confía en que el fallo será revocado, y señala que la corte evitó que su equipo legal presentara “evidencia clave” sobre el etiquetado del medicamento.

J&J está enfrentando una serie de demandas en cortes estatales por no advertir de forma adecuada sobre los efectos colaterales del Risperdal, incluyendo los tribunales de Pensilvania, California y Misuri.

Un jurado le otorgó a Murray US$1,75 millones en compensaciones en 2015 después de determinar que la compañía fue negligente al no advertir a los consumidores sobre los riesgos.

Una corte de apelaciones respaldó el veredicto el año pasado, pero redujo el monto de la indemnización a US$680,000.


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