Un ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) admitió a trámite cuatro acciones de inconstitucionalidad para anular la extensión de mandato del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla.
Las demandas fueron presentadas por el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.
El ministro Fernando Franco dio entrada a las demandas, pero rechazó conceder una suspensión para impedir la toma de protesta de Bonilla, argumentando que no está cuestionado la legitimidad de la victoria electoral de Bonilla ni los dos primeros años de su mandato, sino la reforma posterior a la Constitución local para extenderlo a cinco años.
“No es necesario que la presente acción de inconstitucionalidad se resuelva antes de que el próximo titular del Ejecutivo del Estado de Baja California rinda la respectiva protesta para asumir el cargo, pues la norma impugnada continuará surtiendo sus efectos y, por tanto, la sentencia respectiva aún tendrá objeto de pronunciamiento”, explicó Franco.
El ministro dio al Congreso de Baja California y al Ejecutivo estatal sólo seis días naturales para contestar la demanda, así como diez días al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que le entregue su opinión sobre el caso.
Para invalidar la reforma a un artículo transitorio de la Constitución estatal será necesario el voto de al menos ocho de los 10 ministros en funciones.
INE pide al Tribunal aclarar periodo de protesta
El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que aclare el periodo por el que tomaría protesta Jaime Bonilla.
“Se trata de un primer recurso legal para salvaguardar la voluntad ciudadana expresada en las urnas el 2 de junio pasado y la certeza del proceso electoral, indica el documento.
En su recurso, el INE establece que es necesaria la intervención de la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, “porque se han puesto en entredicho los alcances de la participación política de la ciudadanía, produciéndose un entorno de incertidumbre incompatible con el carácter democrático y republicano de los gobiernos electos popularmente”.
Indica que se considera procedente la acción declarativa, ya que están presentes los siguientes elementos: una situación que produzca incertidumbre o falta de seguridad en un posible derecho. y la posibilidad de que con esa situación se afecte o perjudique en cualquier modo el derecho.
En la Legislatura pasada en Baja California se aprobó que el gobierno de Bonilla, que inicia en noviembre, dure cinco años.
Lo anterior, aunque al acudir a las urnas para la elección de gobernador se había informado a los ciudadanos que el periodo sería de dos años, para armonizar o empatar la fecha de sus comicios locales con las elecciones federales de 2021.
Ante las críticas, el nuevo Congreso de Baja California aprobó realizar una consulta, donde se pregunte a la gente si está de acuerdo con la reforma que amplió el gobierno de Bonilla.
De los 2 millones 811 mil 75 electores que integran la lista nominal del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), solo el 1.9% participó en la consulta sobre la ampliación de mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla, según informó el Congreso de Baja California.
El actual mandatario estatal, Francisco Vega, descalificó la consulta organizada por el Congreso de Baja California al considerar que carece de validez, y confió en que haya una respuesta definitiva en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
