Desaparición de poderes en Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz: ¿se puede o no hacer y qué pasaría?
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Desaparición de poderes en Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz: ¿se puede o no hacer y qué pasaría?

De acuerdo con especialistas, la solicitud de desaparición de poderes en tres estados está fundamentada en interpretaciones de la ley, pues las situaciones por las que lo piden no ameritan que se tome esta decisión.
Cuartoscuro
4 de octubre, 2019
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El pasado 23 de septiembre, senadores del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una solicitud de desaparición de los poderes en Veracruz por los altos niveles de inseguridad, lo que tuvo como respuesta que la bancada de Morena pidiera la misma declaratoria para Guanajuato y Tamaulipas.

Pero, ¿Pueden los senadores desaparecer los poderes?

De acuerdo con la Fracción V del Artículo 76 de la Constitución, la desaparición de los poderes en los estados es una facultad exclusiva del Senado. En la Ley Reglamentaria de la cámara Alta se establecen cinco supuestos por los que se puede tomar la determinación.

Los supuestos en los que se basa el argumento de los senadores para pedir la desaparición de poderes en los tres estados fueron:

-Que los titulares de los poderes quebrantaren los principios del régimen federal, que según el abogado constitucionalista Alfonso Herrera podrían ser situaciones como la rebelión de las fuerzas estatales contra el gobierno federal o un intento de independencia de la federación por parte del estado;

-Que los titulares estuvieren imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos o con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico;

Y para el caso de Veracruz:

-Que promovieren o adoptaren en forma de gobierno o base de organización política distintas a las fijadas en los Artículos 40 y 115 de la Constitución General de la República.

Estos Artículos establecen que la República debe estar compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y que adoptarán la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división y de su organización política y administrativa el municipio libre.

En los tres casos, el argumento principal de los senadores que pidieron la desaparición de poderes es la inseguridad que se vive en esos estados y que los gobernadores actuales no han podido resolver.

Sin embargo, tal como consideraron los abogados constitucionalistas Alfonso Herrera García y Omar Rafael Ruíz Charre, la situación de inseguridad a la que aluden los legisladores en sus solicitudes no está contemplada dentro de los supuestos de la Constitución o la Ley Reglamentaria, por lo que sus argumentos son solo una interpretación de la norma, motivada por cuestiones políticas.

“Podríamos considerar que si un supuesto no encaja razonablemente a los supuestos legales se podría estar hablando de una politización de la ley, porque quienes interpretan pertenecen a fracciones políticas. Desde ese punto, si la aplicación no es nítida, quienes impulsan la acción están incurriendo en una politización del sistema, con lo cual se convierte en una acción ilegítima”, explicó en entrevista con Animal Político Alfonso Herrera, doctor en derecho constitucional y profesor en la Universidad Panamericana.

La falta de claridad en los supuestos que contempla la Ley Reglamentaria “deja la subjetividad de interpretar qué se entiende por situaciones o conflictos causados o propiciados por los titulares y que impidan la plena vigencia del orden jurídico, que lo convierte en una canasta en la que pueden entrar una infinidad de cuestiones que puede proponer el partido en el poder conforme convenga a sus propios intereses” abundó al respecto Omar Rafael Ruíz Charre, maestro en derecho y profesor de la FES Aragón.

¿Qué argumentan los senadores solicitantes?

Para el caso de Guanajuato, los senadores de Morena señalan que, por lo menos desde hace cinco años existe una “grave crisis de violencia e inseguridad, en donde los pobladores han visto como día con día se deteriora cada vez más las condiciones de vida, sin que se advierta la presencia ni la acción del gobierno de la entidad para brindar protección a las personas”.

“Estamos ante una real ausencia del estado de derecho”, afirman.

Esta “situación de caos ha sido propiciada por las propias autoridades estatales, que sin duda afectan la vida del Estado e impiden a todas luces la plena vigencia del orden jurídico, actualizándose así las causales de desaparición de poderes previstas en las fracciones I y III del artículo 2º de la Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76 de la Constitución”.

En la solicitud de Tamaulipas, la bancada de Morena justifica su solicitud “en que la tasa de los índices delictivos aumentó de manera inmensa desde que en 2016 Francisco García Cabeza de Vaca asumió su mandato como gobernador del estado”.

“Actualmente, Tamaulipas es una de las entidades federativas más violentas del país, donde sus habitantes se encuentran en un estado de vulnerabilidad sin precedentes debido a que, por un lado, deben enfrentar los estragos causados por el crimen organizado, y por el otro, están expuestos frente a los cuerpos de seguridad que las autoridades estatales utilizan de manera injustificada para reprimirlos”, señalan.

Por ello, consideran que “el actuar errático de las autoridades locales en Tamaulipas hacen evidente la incapacidad de gobierno estatal para garantizar la seguridad de sus habitantes y la paz en su territorio, han transgredido el orden constitucional y quebrantado el Estado de Derecho”.

Como fundamento jurídico, indican que el Artículo 76 de la Constitución establece como facultad exclusiva del Senado “V. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa, que es llegado el caso de nombrarle un titular del poder Ejecutivo provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales de la entidad federativa”.

En el caso de Veracruz, los senadores del PAN acusan que los diputados locales se excedieron en sus atribuciones porque primero intentaron enjuiciar al exfiscal Jorge Winckler sin fundamentos y que posteriormente, debido a que no lo lograron, lo separaron del cargo sin fundamento, a pesar de que en diciembre de 2016 fue electo para un periodo de 9 años.

“Es de advertirse que desde el año 2018 diferentes actores políticos han hecho declaraciones a los medios de comunicación con la firme intención de desacreditar el trabajo de Winckler y tratar de destituirlo de manera ilegal”, señalan.

De acuerdo con los legisladores, “la diputación permanente de Veracruz no es la autoridad competente ni competente ni formal, ni materialmente, para la aplicación de una medida cautelar consistente en la separación del cargo temporal del fiscal General del estado, máxime que dicha medida es inexistente en el ordenamiento jurídico local y federal, ya que la única manera de separarlo del cargo es el juicio político, de acuerdo con la ley vigente al momento de su toma de protesta”.

Sin embargo, de acuerdo con el doctor Herrera García, los hechos que están utilizando los senadores para pedir la desaparición de poderes, en los tres casos, no son tan extraordinarios como para amerita dicha determinación.

“Lo que se está presentando en los estados en los que actualmente se está impulsando el tema no se encuentra a cabalidad dentro de los supuestos que establece la ley para ponerse una declaratoria como esta, es decir, no se está presentando una crisis institucional de tal gravedad a la que se refiere la Constitución, como para que el Senado pueda tener pie para aceptarla”, explicó.

“La mera remoción de un funcionario, como hicieron en Veracruz con el fiscal, no coincide con ninguno de los supuestos que establece la ley, y tampoco la seguridad”, dijo.

En opinión del académico, existen otras figuras constitucionales que podrían ser más acordes a las situación de violencia en los estados, “por ejemplo, el Artículo 29 de la Constitución establece la suspensión de derechos, cuando el presidente de la república considere que en una determinada zona del país se tiene que hacer frente a una situación de Estado de Emergencia”.

“Esta figura ha sido reconocida por el derecho internacional como una que puede utilizarse para salvaguardar los sistemas jurídicos y políticos de los países, incluidas algunas regiones. Yo creo que el tipo de situaciones de inseguridad en el país más bien podrían estar actualizando un supuesto como el artículo 29, pero los costos políticos de aplicarlo son algunos que no quieran correrse, específicamente por el presidente y las cámaras que tienen que aprobar la declaración”, señaló.

¿Cuál es el procedimiento y requisitos para desaparecer los poderes?

Para dar luz verde a la desaparición de poderes basta con que los senadores aprueben, primero en comisiones, y luego en el pleno, las solicitudes planteadas.

“Ni la Constitución ni la Ley Reglamentaria establecen procedimientos en los que participen los poderes locales, lo que hace de esta facultad una facultad unidireccional, o sea, que basta que el Senado vote para que se emita la declaratoria”, indicó Herrera García.

De acuerdo con el constitucionalista, ni en las comisiones del Senado ni en el pleno debe efectuarse un trabajo de investigación riguroso para probar que la situación de los estados amerita desaparecer los tres poderes.

“Lo que dice la Ley es que las solicitudes pasarán a comisiones, donde se determinará que pase a pleno. Tampoco las comisiones deben hacer un gran trabajo de investigación, basta con la apreciación de los legisladores. La Ley solo señala esta decisión como facultad de los senadores”, explicó.

Aunque según el abogado esto tiene una razón, y es “que se trata de lo que en principio se conoce como una ‘cuestión política’, es decir, que no es una actuación que deba ceñirse en principio a una valoración de estándares legales, sino que corresponde a cada legislador en su propia convicción decidir”.

Por ello, bastaría con que la mayoría calificada del Senado -dos terceras partes del pleno- vote a favor de las solicitudes para que se determine la desaparición de los poderes.

¿Qué pasaría si desaparecen los poderes?

Los abogados Alfonso Herrera y Rafael Ruíz coincidieron en que si el Senado aprueba la desaparición de poderes en Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz, los estados podrían interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tendría que evaluar la situación en cada caso y emitir una sentencia definitiva sobre la determinación de los legisladores.

En el caso de que el Senado determine que han desaparecido los poderes, la Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76 de la Constitución señala que se procederá a formular la declaratoria y nombrar a un gobernador provisional, que será elegido de una terna enviada por el presidente de la República.

Si el presidente no envía la terna, el Senado hará la designación de entre la terna que su Directiva someta a su consideración.

El gobernador provisional deberá convocar, dentro de los tres meses siguientes a su llegada al cargo, a elecciones de gobernador y de integrantes del Congreso local.

También deberá designar a los magistrados provisionales del Tribunal Superior de Justicia, quienes podrán ser confirmados cuando tomen posesión de su cargo los nuevos diputados locales, electos de acuerdo a la convocatoria que emita el Congreso.

En el caso de que el gobernador provisional incumpla cualquiera de estas obligaciones, su designación se revocará y el Senado hará un nuevo nombramiento.

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Reuters

5 claves para entender la confusión sobre la cifra de muertos por COVID en México

Es una de las preguntas más repetidas en México desde la llegada del COVID-19: ¿son realmente las muertes por coronavirus muchas más de las que reporta y a qué se debe esa discrepancia de datos?
Reuters
6 de julio, 2020
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Es una de las preguntas más repetidas en México desde la llegada del coronavirus: ¿son realmente las muertes por COVID-19 muchas más de las reportadas oficialmente?

El gobierno ha recibido duras y repetidas acusaciones de querer ocultar la magnitud real de la pandemia.

Las autoridades lo niegan e insisten en que sus cifras oficiales solo reflejan las víctimas diagnosticadas con un test de la enfermedad. Por lo tanto, reconocen que por fuera se quedan todas las que fallecieron sin habérseles hecho la prueba.

Estas discrepancias entre el número total de muertes registradas en pandemia y las atribuidas oficialmente al coronavirus no son un fenómeno exclusivo de México.

Pero las críticas de quienes no creían en el balance oficial —30.639 muertos hasta la madrugada de este lunes— en un país de más de 125 millones habitantes llevaron al gobierno a encargar la revisión de miles de defunciones sospechosas en los últimos meses para tratar de arrojar algo de claridad.

Los resultados de estas análisis aún no se conocen, pero se da por hecho que el aumento en los números puede ser considerable.

El subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, reconoció la semana pasada que las muertes totales durante el brote podrían haber sido hasta el triple del balance habitual en años anteriores.

Hugo López-Gatell

Gobierno de México
Hugo López-Gatell es la cara visible del gobierno de México frente a la pandemia.

Estas son 5 claves para entender qué hace tan difícil conocer el balance real de víctimas por COVID-19 en México y si sus discordancias en los datos son mayores a las de otros países azotados por la pandemia

1. Las muertes sin diagnóstico de COVID-19

Al igual que muchos países, México solo contabiliza oficialmente las muertes por coronavirus que fueron confirmadas con pruebas de laboratorio.

Ello deja fuera del balance a miles que fallecieron antes de que se les tomara la muestra, ya sea porque llegaron muy graves al hospital o porque su empeoramiento fue muy rápido. Algo que también se ha visto en otros países como Ecuador o Brasil.

Esto fue más frecuente al inicio de la pandemia. “Al principio no se les practicaba la prueba porque, una vez ya fallecidos, no se creía importante para el reporte”, reconoce Gabriel O’Shea, secretario de Salud del Estado de México, el más poblado del país.

Eso, más las carencias y el desconocimiento general sobre cómo gestionar el nuevo coronavirus en sus inicios se tradujeron en miles de certificados de defunción con diagnósticos incorrectos.

“Muchas unidades médicas ni siquiera tenían acceso a las pruebas porque aún no se había establecido una red de laboratorios o porque no se contaban con insumos para la toma de muestras”, asegura el doctor Malaquías López, vocero de la Comisión COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Muestras de covid

Reuters
A muchos de los fallecidos por coronavirus en México al inicio de la epidemia no se les practicaba la prueba, lo que impidió confirmar su diagnóstico.

“Al principio no sabíamos ni cómo llenar ese certificado de defunción. El doctor decía: ‘Mi paciente se murió con estos síntomas, ¿qué pondré si no tengo el examen de laboratorio? Pues le pondré neumonía atípica'”, dice Gabriel O’Shea en entrevista con BBC Mundo.

Esto cambió, dice, con el lineamiento técnico sobre cómo certificar las muertes que el gobierno publicó con base en las recomendaciones de la OMS a mediados de abril, un mes y medio después de detectarse el primer contagio en el país.

También ayudó el cambio de estrategia y la decisión de realizar pruebas PCR a todos los pacientes de COVID-19, incluso después de fallecer, siempre que resulte posible.

Pero, para entonces, los registros ya se habían llenado con actas de defunción que mostraban diagnósticos confusos como “probable COVID, “sospechoso de COVID”, las citadas “neumonías atípicas” o conceptos similares, a falta de poder confirmarse sin la prueba de laboratorio.

Mujer a la que le toman una muestra

AFP
En la actualidad, la prueba de COVID-19 se realiza a pacientes tanto vivos como muertos, cuando las circunstancias permiten aún recoger la muestra.

Investigaciones periodísticas han resaltado el alto número de estos diagnósticos poco claros y muchos acusaron a las autoridades de querer maquillar la realidad, algo que el gobierno niega.

Las acusaciones de falta de transparencia sí llevaron al Ejecutivo a anunciar, a inicios de junio, la creación de una comisión técnica para analizar esas actas de defunción para determinar “la mortalidad no observable” y sumar sus datos al balance de muertes reportadas.

Sus conclusiones, al igual que las de un grupo de expertos similar creado específicamente para Ciudad de México, se darán a conocer próximamente y alterarán sin duda la huella oficial conocida hasta ahora de lo que el coronavirus ha supuesto en el país.

2. Las muertes en casa

Otro de los desafíos para tener diagnósticos de COVID-19 confirmados oficialmente se da en el caso de las personas que mueren mientras son llevadas al hospital o en su propia casa.

Pese a que no suponen un porcentaje muy elevado del total de afectados, tomar una muestra útil en estas personas para enviar al laboratorio puede seguir resultando difícil.

“Cuando el médico acude a la casa y sospecha de una posible muerte por COVID, debe pedir a la jurisdicción que vaya a recoger la muestra. Pero esta se debe tomar poco después del fallecimiento y no horas después para que sirva para llevar control”, subraya O’Shea, quien también resultó contagiado con el virus hace unas semanas.

Laboratorio de covid/19 en Mexico

AFP
Las muestras deben ser recogidas poco después del fallecimiento para poder ser analizadas en los laboratorios de COVID-19, lo que no siempre es posible cuando la persona muere en su casa.

Estos casos son más complicados por el hecho de que ni el propio médico que acude a la casa ha podido ver por sí mismo los síntomas del paciente, sino que se remite a las explicaciones de los familiares.

“A veces, solo te saben decir que por la mañana empezó a arrojar muchas flemas y al mediodía ya había muerto en casa. Entonces tenía un problema pulmonar, pero si esa persona tenía 85 o 90 años, ¿puedo yo decir que fue COVID? Se vuelve difícil”, le dice López a BBC Mundo.

El experto cree que el número de muertes en casas se puede ver acentuado por el hecho de que en México “hay segmentos de la población que no reconocen ninguna fuente formal de atención médica y no saben a dónde dirigirse”.

“No sabemos a dónde van estas personas cuando algo les sucede. O no buscan la atención, o lo hacen en algún servicio privado de bajo costo que no tiene capacidad ni los mecanismos para notificar algún problema”, agrega.

3. El exceso de muertes

El exceso de muertes es el número de fallecimientos ocurridos en esta pandemia por encima del promedio de muertes registradas en el mismo período de años anteriores.

Con base a este cálculo que López-Gatell reconoció la semana pasada al diario The Washington Post que la cifra general de muertos en Ciudad de México podría haber sido el triple de lo habitual, lo que después dijo que podría ocurrir también en todo el país.

Se contempla que la mayoría de este exceso de muertes corresponda a víctimas de covid-19 no registradas, aunque también incluiría fallecidos por otras causas.

Según O’Shea, en el Estado de México no se registró exceso de mortalidad por otras enfermedades, pero sí se dispararon los casos por causas respiratorias.

“En 2018 tuvimos reporte de 1,300 fallecidos por neumonía; 2,185 en 2019 y ahora en 2020 ya tenemos 7,924”, enumera con datos hasta el viernes 3 de julio.

Entierro en el Estado de Mexico.

Getty Images
Cerca de 8.000 actas de defunción sospechosas serán analizadas en el Estado de México para determinar si se debieron al covid-19.

Equipos de epidemiólogos revisan este alto número de neumonías para concluir si fueron o no debidas al covid.

Pero, basado en la positividad de casos vista en la evolución de esta pandemia, el secretario de Salud mexiquense calcula que “seguramente el 50% (de los 7,924) serán casos de covid”.

Estos se sumarían entonces a las más de 4,600 muertes confirmadas hasta ahora en el estado. Es decir, que la cifra actual de muertos en el Estado de México casi se duplicaría.

De nuevo, el exceso de muertes no es un fenómeno exclusivo de México sino identificado en buena parte del mundo durante esta pandemia.

Una investigación de la BBC sobre una treintena de países identificó al menos 130.000 personas fallecidas durante este período al margen de las muertes reconocidas como coronavirus.

Pero O’Shea sí señala un factor que puede contribuir a un mayor exceso de muertes en México respecto a otros países y a que la fase de máxima transmisión se haya convertido en “meseta” y los casos no acaben de disminuir visiblemente tras varias semanas.

“Aquí (en el estado de México) tenemos el primer y nada honroso lugar en obesidad, y también en pacientes diabéticos sin medicamento y sin control: cinco millones de los 13 que viven en el país”, recuerda.

“Es muy diferente la epidemiología de un mexicano que la de un noruego. Por estas comorbilidades de diabetes, hipertensión y obesidad es que el virus es más agresivo y, por ende, tenemos mayor mortalidad en nuestro país”.

4. La demora en los resultados de los tests

En este punto de la pandemia, el doctor López de la UNAM cree que el actual “cuello de botella” a la hora de tener mayor claridad sobre los casos es el rezago en la obtención de los resultados de las pruebas de laboratorio.

Así, en los datos que el gobierno publica diariamente, se observa cómo gran número de las nuevas muertes no ocurrieron realmente en las pasadas 24 horas, sino semanas o incluso meses antes.

Muestra

AFP
El retraso a la hora de analizar las muestras de posibles casos de covid-19 hace que algunos de los positivos se confirmen días o semanas después.

Ello dificulta enormemente el seguimiento epidemiológico y el conocer cuándo realmente la curva de casos comenzará a bajar, ya que las confirmaciones de las muestras de casos sospechosos recogidas hoy tardarán días o semanas en llegar.

Algo similar ocurrió en abril en Ecuador, cuando en un día duplicó su número oficial de contagios debido a la obtención de miles de resultados de pruebas retrasadas.

Y aunque en México se fueron abriendo laboratorios estatales para procesar las pruebas después de que inicialmente solo se realizaran en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) de la capital, el alto número de tests aún mantiene saturados los sistemas.

"Ahora, el cuello de botella está en el tiempo que se tarda en regresar el resultado de las pruebas de covid-19 desde el laboratorio"", Source: Malaquias López, Source description: Profesor de Salud Pública y vocero de la Comisión Covid-19 de la UNAM., Image: Malaquías López, profesor de Salud Pública y vocero de la Comisión Covid-19 de la UNAM.

En el Estado de México, según su titular de Salud, se está a la espera de conocer el resultado de unas 4.000 pruebas de las 2,000 que se realizan diariamente.

O’Shea calcula que, actualmente, los resultados de los tests realizados en su estado demoran hasta una semana en ser publicados, frente a “los 15 o 20 días, o incluso un mes” que pueden llegar a tardar en laboratorios federales como el Indre, asegura.

5. La necesidad o no de contabilizar todas las muertes

Al igual que las autoridades federales, el secretario de Salud del Estado de México niega tajantemente tener interés en ocultar las muertes reales por COVID-19 y atribuye las discrepancias en los datos a los factores ya mencionados.

“Yo no veo el fin o la utilidad de que yo, como doctor, pudiera querer esconder o no informar de los casos. No veo que estemos luchando por tener un último o segundo lugar, de eso no se trata”, dice O’Shea.

“Al contrario, estaré muy feliz el día en que tenga la letalidad definitiva en mi estado, para ver cómo afectó a los mexiquenses. El índice de muertos que deje la pandemia es muy importante saberlo, el registro es vital para saber el comportamiento de este virus”.

Cementerio en Mexico.

Reuters
Expertos discuten sobre si registrar el 100% de muertes por COVID-19 es imprescindible o no para diseñar las estrategias sanitarias frente a la pandemia.

Pero López-Gatell insistió en los últimos días en que no es necesario tener una contabilidad completa de indicadores como las muertes para reconocer los patrones de ocurrencia de la enfermedad y poder así actuar frente a su propagación.

Y aunque subrayó no querer decir que no sea importante contabilizar todos los eventos, sobre todo los fallecimientos, aseguró que no es objetivo de ningún sistema de vigilancia epidemiológica contabilizar todos los casos.

“En ningún país del mundo se tiene un número del tamaño real de la epidemia”, dijo en varias ocasiones, y recordó cómo en Estados Unidos sus autoridades sanitarias reconocieron que la epidemia podría ser diez veces mayor.

"Yo no veo el fin o la utilidad de que yo, como doctor, pudiera querer esconder o no informar de los casos. No veo que estemos luchando por tener un último o segundo lugar"", Source: Gabriel O´Shea, Source description: Secretario de Salud del Estado de México., Image: Gabriel O´Shea, secretario de Salud del Estado de México.

Su planteamiento recuerda al utilizado para defender el método Centinela, empleado al inicio de la epidemia en México para contabilizar los casos con un sistema de muestreo similar al de las encuestas.

El Centinela permitía tener un estimado de casos de COVID-19, aunque lejos del número real, al considerarse que no era necesario para plantear las estrategias sanitarias, lo que provocó enfrentamientos entre defensores y críticos de este método.

“El argumento que se dio para usar el Centinela se basaba en la creencia de que estábamos ante una enfermedad casi idéntica a la influenza, con una variación muy predecible en términos de estacionalidad y de la cantidad de personas que pueden llegar a tener alguna forma grave”, dice López.

Con la influenza se considera pertinente enfocarse en ofrecer atención hospitalaria a los casos graves, pensando que todos los demás “se curarían solos”. Así que resulta suficiente con tener una idea del número de contagios, pero sin saberlo con exactitud.

“Cuando llegó el COVID a México se pensó que se podría tratar igual que la influenza, y creo que fue un error fatal, un error monumental por el que ahora ya no hay manera de reconstruir la realidad y conocer exactamente el alcance de la enfermedad”, concluye el experto de la UNAM.

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