Diputados de partidos políticos de oposición, como el PAN y Movimiento Ciudadano, advirtieron que el dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que da la base legal para crear el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que sustituirá al Seguro Popular, provocará opacidad en el manejo de los recursos y discrecionalidad para elegir a los beneficiarios.
La promesa del gobierno es crear un sistema universal de salud, que permita el acceso a todas las personas sin seguridad social, garantizando no solo las consultas médicas, sino también los medicamentos y otros insumos y servicios de salud.
El concepto de “progresividad” en la atención que se establece en la iniciativa, sin embargo, es una de las objeciones que hicieron diputados de oposición, como Sonia Rocha y Éctor Jaime del PAN, quien presentó varias reservas (impugnaciones) al dictamen, aunque estas fueron desechadas por la mayoría de Morena en la Comisión de Salud.
En sus argumentos, Rocha aseguró que la universalidad de la que habla la iniciativa es “una mentira… en realidad dice muy claro ahí que va a ser progresivo. Decir que será universal es un engaño a los ciudadanos, porque incluso se dice que el acceso será preferente a los grupos vulnerables, entonces no es para todos”.
Jaime enfatizó que en la iniciativa no está definida cómo será esa progresividad, ni hay un padrón de beneficiarios ni queda claro cómo se van a hacer los cálculos de asignación cuando se redistribuyan los recursos a las entidades, hayan o no firmado un acuerdo con el gobierno federal. “Parece que las autoridades actuales lo que quieren es un fondo manejado a discreción”, aseguró.
Por su parte Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano (MC), señaló que hablar de progresividad en la iniciativa es correcto porque los recursos no van a alcanzar para todos, pero este modelo de progresividad debe ser claro.
“No se precisa quiénes van a poder acceder y lo peor que le puede pasar al país es que se haga un uso clientelar de la salud”.
Jaime también pidió que se esclarezca cómo se va a financiar el acceso de esos 20 millones de personas que hoy no tienen seguridad social, si no se piensa aumentar el presupuesto para el Insabi.
Lo otro que generó una amplia discusión durante la sesión de la Comisión de Salud de este 22 de octubre fue la modificación al artículo 77 bis 29. Este se refiere a lo que con el Seguro Popular se llamaba Fondo de Gastos Catastróficos, los generados por padecimientos de alto impacto y que ahora, si la iniciativa se aprueba, se llamará Fondo para la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos.
Antes este fondo estaba reservado para la atención de 66 enfermedades catastróficas. Ahora se pretende que sus recursos se usen también para otros fines.
“Con el objetivo de apoyar la prestación de servicios y medicamentos asociados, respecto de enfermedades que provocan gastos catastróficos; las diferencias imprevistas de demanda y las necesidades de infraestructura preferentemente en las entidades federativas con mayor marginación social, se constituirá y administrará por la Federación un fondo de reserva, sin límites de anualidad presupuestal, con reglas de operación definidas por la Secretaría de Salud”, se lee en el dictamen.
Martha Tagle aseguró que este fondo no es para utilizarse en lo que quiera la autoridad. “Es ilegal que se haga eso. Este fondo se creó para un fin muy específico y usarlo en otra cosa va a generar incluso acciones de inconstitucionalidad”.
Miroslava Sánchez Galván, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados e integrante de Morena, respondió que el fondo no desaparece ni se van a afectar los recursos para atender enfermedades catastróficas.
“Sabemos que hay en ese fondo un recurso que se ha estado ahorrando y ha estado aumentando, como cuando alguien genera un ahorro que luego usa para algo que necesita, por qué no tomar entonces una parte de eso para que esto (el Insabin) pueda funcionar”.
El dictamen ya fue aprobado en lo general y en lo particular por la Comisión de Salud, por lo que ahora éste pasara al pleno de la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación.
El Insabi tendrá 40 mil millones de pesos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, el brazo financiero del Seguro Popular al que sustituye.
Entre lo aprobado quedó asentado que todas las personas residentes en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención.
El Estado deberá generar las condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médicos.
Para ser beneficiario del Insabi solo se requerirá no ser derechohabiente de la seguridad social y contar con la Clave Única de Registro de Población. En caso de no contar con ésta se podrá presentar acta de nacimiento.
El Instituto de Salud para el Bienestar y las entidades federativas celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución de la prestación gratuita de los servicios para las personas sin seguridad social. Hasta el momento, 20 estados se han adherido al acuerdo. Sobre el financiamiento, se establece que la prestación gratuita de los servicios la financiarán tanto la federación como los estados.
