Policías que antes protegían a jueces ahora cuidarán a periodistas y activistas amenazados
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Policías que antes protegían a jueces ahora cuidarán a periodistas y activistas amenazados

El Mecanismo de Protección firmará la próxima semana un convenio con el gobierno de la Ciudad de México para que periodistas y activistas que huyeron de sus estados por la violencia puedan acceder a programas de empleo, salud y educación.
Cuartoscuro Archivo
Por Manu Ureste y Francisco Sandoval
3 de octubre, 2019
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Policías de la Secretaría de Seguridad Pública, que antes protegían a jueces y a empresarios privados, serán ahora escoltas de periodistas y defensores de derechos humanos amenazados y agredidos por su labor en México.

Así lo dio a conocer en entrevista con Animal Político Aarón Mastache, titular del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, quien detalló que, desde el pasado miércoles y hasta el próximo mes de diciembre, harán la transición.

“Son policías que vienen de proteger a jueces, a gente del Poder Judicial, y también a empresarios privados”, explicó Mastache, quien calificó el cambio como “muy positivo”, puesto que los nuevos escoltas “están más capacitados” en labores de seguridad y tienen “mejor equipamiento” que los agentes privados.

“Este cambio va a aportar mucho al Mecanismo -subrayó el funcionario-. Los escoltas de Seguridad Pública están más entrenados y, además, en un caso de riesgo latente, tiene más posibilidad de contactar directamente a las autoridades locales, estatales o federales, para interactuar rápido y darle al beneficiario una mayor protección”.

Mastache señaló además que al interior del Mecanismo ya se está dando capacitación en respeto a los derechos humanos a los nuevos escoltas, con la colaboración de la Embajada de Suecia.

Buena medida… con condicionantes

Organizaciones defensoras de la libertad de expresión, como Artículo 19, calificaron este cambio de escoltas en el Mecanismo como una buena medida, “siempre y cuando se cumplan varios condicionantes”.

Y esos condicionantes, planteó en entrevista Leopoldo Maldonado, subdirector regional de Artículo 19, son que el Servicio de Protección Federal cumpla con las promesas planteadas a la Junta de Gobierno del Mecanismo, como que va a fortalecer las medidas de admisión y las evaluaciones de control a sus escoltas, “para garantizar la confianza en quienes van a integrar este cuerpo de policía”, y el monitoreo constante de los nuevos elementos que sustituirán a los 70 escoltas privados que, entre 2012 y marzo de este año, el Mecanismo destinó para proteger a periodistas y activistas.

Maldonado planteó que los escoltas de la empresa privada que actualmente da servicios al Mecanismo de Protección, RCU Sistemas S. A. de C. V., han sido objeto de quejas por parte de algunos de los beneficiarios del programa.

Por lo que, “dada la mala experiencia”, dijo que no ven con malos ojos que el Estado mexicano asuma, “o más bien reasuma”, la función de garantizar la seguridad de los periodistas y defensores de derechos humanos.

No obstante, periodistas que son beneficiarios de medidas de protección mostraron su reticencia por el cambio de escoltas privados a agentes de seguridad pública.

“No me parece una medida acertada, sobre todo porque hay que tener en cuenta que el gobierno y las policías públicas son nuestros principales agresores”, dijo en entrevista Omar Bello, reportero guerrerense que lleva dos años en el Mecanismo y es vocero de la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados.

Y las cifras de organizaciones como el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), que hizo una encuesta a 220 periodistas y defensores de derechos humanos, y publicó este informe en septiembre del año pasado, le dan la razón.

El informe del Casede señaló que los principales agresores de periodistas, por encima incluso de grupo del crimen organizado y la delincuencia, son funcionarios públicos.

El 40% de los comunicadores encuestados dijo que sufrió al menos una agresión de funcionarios, principalmente de policías estatales o municipales. Les siguen, con el 37%, el crimen organizado; y el 16% la policía federal o el Ejército.

“Además, si con los escoltas privados ya nos sentíamos vigilados por el Gobierno, ahora con escoltas de Seguridad Pública pues mucho más”, añadió Omar Bello, quien dijo que el cambio de escoltas le parece una medida de austeridad del nuevo Ejecutivo federal para ahorrarse el dinero de contratar a guardias privados.

“Un nuevo proyecto de vida”

Aaron Mastache también adelantó en la entrevista con este medio que en la próxima semana firmará un convenio de colaboración con el gobierno de la Ciudad de México, con el objetivo de que el Mecanismo no solo sea una herramienta de “reacción” a las agresiones a periodistas y activistas, sino que también incluya otras medidas de atención integral; una de las demandas más insistentes de los beneficiarios y de organismos internacionales de derechos humanos, como la ONU, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sobre este punto cabe señalar que actualmente en la Ciudad de México se refugian 50 periodistas y activistas de derechos humanos, que tuvieron que desplazarse desde diferentes puntos de la República porque fueron agredidos o amenazados.

Su situación, como expuso Animal Político en este reportaje, es complicada: sin empleo, desplazados de sus estados, y pendientes de un botón de pánico del que no se despegan. Por ello, Mastache dijo que para atender esta situación el convenio con el gobierno capitalino busca que los periodistas y activistas de derechos humanos desplazados puedan acceder a los programas sociales de la ciudad.

Los beneficiarios, por ejemplo, podrán acceder a las ofertas de trabajo que anuncia el gobierno de la ciudad; podrán tener atención médica y medicamentos gratuitos; y tendrán prioridad para inscribir a sus hijos en las escuelas cercanas a donde vivan, aunque el curso ya esté iniciado.

“Los beneficiarios del Mecanismo no tienen ahora mismo esa posibilidad: muchos de ellos salieron huyendo de sus estados porque son amenazados y cuando llegaron aquí de un día para otro pues no les dieron la oportunidad de inscribir a sus hijos en las escuelas, porque ya no había cupo con el curso empezado”, puntualizó Mastache, quien recalcó que con el nuevo convenio buscan ofrecer “un nuevo proyecto de vida” a los beneficiarios del Mecanismo de Protección.

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Corea del Norte: Kim Jong-un admite que el brote de COVI-19 es un gran desastre

El líder de Corea del Norte culpa del brote a la incompetencia burocrática y médica.
14 de mayo, 2022
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El brote de Covid-19 que se propaga rápidamente en Corea del Norte es un “gran desastre” para el país, dijo su líder, Kim Jong-un, según los medios estatales.

Kim anunció una batalla total para abordar la propagación del virus durante una reunión de emergencia.

La medida se produce después de que se confirmaran los primeros casos, aunque los expertos creen que el virus probablemente ha estado circulando durante algún tiempo.

Se teme que un brote importante pueda tener consecuencias nefastas en Corea del Norte.

Su población, de 25 millones, es vulnerable debido a la falta de un programa de vacunación y un sistema de salud deficiente.

Y el sábado, los medios estatales informaron que ha habido medio millón de casos de fiebre inexplicable en las últimas semanas. El país tiene una capacidad limitada para hacer test de Covid-19, por lo que la mayoría de los casos no están confirmados.

La cifra marcó un aumento importante en los números dados unos días antes, lo que podría proporcionar alguna indicación de la escala del brote en Corea del Norte.

“La propagación de la epidemia maligna es agitación que ha caído sobre nuestro país desde la fundación”, dijo Kim, citado por la agencia oficial de noticias KCNA.

Culpó de la crisis a la incompetencia burocrática y médica, y sugirió que se pueden aprender lecciones de la respuesta de países como China.

La imagen muestra a Kim Jong Un en una reunión

EPA
Kim Jong-un convoca una reunión de respuesta a Covid el 12 de mayo

Los medios estatales informan que 27 personas han muerto desde abril después de sufrir fiebre.

Los informes no dicen si dieron positivo por Covid, aparte de una muerte en la capital, Pyongyang, que se confirmó que era un caso de la variante Omicron.

El reconocimiento sin precedentes marcó el final de dos años de afirmaciones de Corea del Norte sobre estar libre de Covid-19.

El reservado país rechazó las ofertas de la comunidad internacional de suministrar millones de dosis de AstraZeneca y de fabricación china el año pasado. En cambio, afirmó que había controlado la Covi-19 al sellar sus fronteras a principios de enero de 2020.

El país comparte fronteras terrestres con Corea del Sur y China, que han luchado contra fuertes brotes. China ahora está luchando por contener una ola de Omicron con bloqueos en sus ciudades más grandes.

En una reunión que delineó las nuevas reglas de Covid-19, se vio a Kim usando una máscara facial en la televisión.

Ordenó controles de virus de “máxima emergencia”, que parecían incluir órdenes de cierres locales y restricciones de reunión en los lugares de trabajo.

Corea del Sur ha dicho que ofreció ayuda humanitaria después del anuncio del 12 de mayo, pero Pyongyang aún no ha respondido.


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