Un riesgo, dar a padres el dinero para la infraestructura escolar
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Un riesgo, dar a padres el dinero para la infraestructura escolar

Otorgar a los padres los subsidios para construir y mejorar los planteles da paso a la discrecionalidad, de acuerdo con la coordinadora de Educación y Finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
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8 de octubre, 2019
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Con la aprobación de la nueva Ley General de Educación, en el Congreso, el pasado 25 de septiembre, se concretó la desaparición del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) y con la publicación de los lineamientos del programa la Escuela es Nuestra, el 3 de octubre, es un hecho que la responsabilidad de construir y mejorar los planteles pasará a los padres de familia.

El punto más delicado de que se vayan a transferir los recursos para mantenimiento, rehabilitación y construcción de espacios en las escuelas a un comité conformado principalmente por madres, padres y tutores -explica Thamara Martínez Vargas, coordinadora de Educación y Finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP)– es que puede ponerse en riesgo la calidad de esa infraestructura.

“Esto es tan delicado, dice la analista, que había un instituto (el INIFED) dedicado a vigilar esa calidad, porque es un espacio donde están alumnos, docentes y todo el personal de los planteles”.

Lee: Dinero para mejorar escuelas públicas se entregará directamente a los padres: AMLO

Además, agrega, “cuando se hace obra pública se tienen que llevar una serie de procesos, licitaciones, por ejemplo, para entregar los contratos en base a precio y calidad, si esto no sucede en el caso de la infraestructura educativa, y no está claro si se hará, nos podría costar el doble la obra o la reparación”.

Martínez Vargas también señala que otorgar a los padres los subsidios para esto da paso a la discrecionalidad. “Se van a transferir a personas que no están especializadas en el manejo de recursos públicos y que no tienen porque desempeñar esa labor, eso abre un espacio a la discreción en el uso de los mismos, aunque no se haga con mala intención”.

Diputados de oposición han señalado la misma inquietud, al menos en el caso del riesgo que con lleva para la comunidad escolar que la infraestructura resulte de mala calidad.

Durante la discusión para la aprobación de la Ley General de Educación, la diputada Cynthia López Castro (PRI) señalo que 60% de las escuelas dañadas en los sismos de 2017 se autoconstruyeron. “Con la desaparición del Inifed se elimina toda normatividad y supervisión para la construcción de los planteles”, afirmó.

Avanza AMLO en entregar recursos a los padres

El pasado 3 de octubre se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los lineamientos del programa la Escuela es Nuestra, en este se entregarán recursos de manera directa a los padres de familia para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de los planteles.

Entérate: Hacienda liberará mil mdp para comprar dos estadios de béisbol en Sonora, que se convertirán en escuelas

Durante su conferencia de prensa matutina de este viernes 4 de octubre, en Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció la puesta en marcha del programa, que pretende rehabilitar 173 mil 742 primarias del país.

El mandatario federal explicó que en una primera etapa se apoyará a 103 mil 268 escuelas y después a otras 69 mil 474, aunque no se precisaron las fechas de cierre de una e inicio de la otra. La inversión total será de 20 mil millones de pesos, 50% será federal y 50% de los estados.

La Escuela es Nuestra estará a cargo de la SEP, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, pero le ayudará la de Bienestar, para levantar, registrar, verificar y validar información de las asambleas escolares y los comités encargados de mejorar la infraestructura y el equipamiento de los planteles.

En la introducción de los lineamientos del programa se justifica la transferencia del subsidiario directo a los padres, porque “una buena parte de los recursos destinados para la dignificación de los planteles educativos del país se ejercieron (en las administraciones pasadas) en procesos poco transparentes”.

Ante esto, el Gobierno Federal ha decidido emprender el programa La Escuela es Nuestra, con el fin de entregar directamente recursos presupuestales a las comunidades escolares.

La mayor prioridad para recibir el subsidio lo tendrán las escuelas públicas, ubicadas en localidades con un grado de marginación muy alto, con población indígena y que sean de organización completa (con un salón y profesor por grado escolar) y de estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Puebla y el Estado de México; después se considerará a las de estas mismas zonas pero multigrado, y así irán bajando en la escala de prioridad de acuerdo al grado de marginación.

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Los montos del subsidio dependerán del número de beneficiarios: de 0 a 50 alumnos, se otorgarán 150 mil pesos; de 51 a 150, 200 mil y los de 151 alumnos y más obtendrán 500 mil pesos.

Será un Facilitador Autorizado (persona designada por alguna de las dependencias participantes en el programa: SEP, Bienestar, Conafe, autoridades educativas federales) quien, asistido por la autoridad escolar, apoyará la convocatoria a una asamblea para designar a los integrantes del Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP), al que se le transferirán los recursos y las obligaciones del programa.

Los lineamientos señalan que esto se hará al inicio del ciclo escolar, pero la oficina de comunicación de SEP explicó a Animal Político que para este ciclo se permitirá que se instalen las asambleas “un poco después”.

Estas estarán integradas por madres, padres de familia y/o tutores, docentes, directivos y alumnos a partir de 4to. grado de primaria. Todos deben pertenecer al plantel, pero cualquier persona de la comunidad interesada en aportar podrá asistir como invitado.

Los miembros de la asamblea podrán presentar sus candidaturas a cada uno de los puestos del CEAP. Cada miembro deberá ser elegido por una mayoría de votos. La votación será a mano alzada.

El comité quedará conformado por: presidente, secretario, tesorera, dos vocales y un estudiante invitado de 4º grado en adelante, con voz pero sin derecho a voto. Las posiciones principales sólo podrán ocuparlas padres de familia o tutores, las autoridades escolares participarán solo como secretario técnico o vocales.

Los integrantes de la asamblea y comité no tendrán ninguna retribución por su participación, esta será a título honorífico. El presidente, que en todos los casos será un padre o madre de familia, tendrá entre sus obligaciones: coordinar un plan de trabajo y gestionar o contratar la supervisión técnica certificada que garantice la realización de los trabajos en el caso de obras mayores.

También deberá representar legalmente a la comunidad en la firma de contratos para la construcción de obras mayores, hacer la solicitud de fianzas y otros trámites, así como asegurar, con la asistencia de la tesorera, la integración del expediente de comprobación de gasto, y coordinar la atención de los requerimientos de información.

La tesorera, figura escrita así en femenino en los lineamientos, quizá porque Andrés Manuel López Obrador ha expresado su deseo de que en la mayoría de los casos sea una madre de familia, será, junto con el presidente del CEAP, la encargada de abrir una cuenta bancaria para la administración de los recursos.

La asignación de recursos a cada CEAP seleccionado se determinará en función de la disponibilidad presupuestal y la matrícula, señalan los lineamientos del programa.

La SEP promoverá la participación de los gobiernos estatales, para que efectúen una aportación similar a la del gobierno federal, en caso de que éstos no participen, la federación otorgará hasta el 50% del monto máximo establecido.

En todo el proceso, señaló la oficina de comunicación de SEP, coadyuvarán las autoridades escolares de cada entidad. “La autoridad educativa local aporta la información de las escuelas que pueden ser beneficiarias del programa y validará que los planteles estén en operación y cumplan los requisitos”.

Para la ejecución de los planes, los CEAP contarán con guías y manuales técnicos, en los que se incluirá la obligación de contar con la participación de profesionales certificados y acreditados responsables de la supervisión técnica que garanticen la seguridad estructural de las obras mayores a realizar.

Para esto deberá recurrir a organismos públicos estatales de infraestructura física educativa, municipios, cámaras de la construcción, o con profesionales habilitados para tal efecto, siempre y cuando no se destine más del 2.5 % del total del proyecto a este fin.

Todos los gastos se deberán comprobar a través de facturas que cumplan con la normatividad aplicable, si esto no es posible, se deberá presentar al menos un recibo simple.

Los integrantes de los CEAP deberán presentar bimestralmente ante la Asamblea Escolar, un informe con el Control de Gastos de los avances de la ejecución del Plan de Trabajo y publicar esto en el periódico mural de los planteles. A su vez, la SEP gestionará su publicación en la página de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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Rusia y Ucrania: qué se considera un crimen de guerra y puede ser Putin procesado por sus acciones

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de atacar civiles y cometer "crímenes de guerra", algo que está investigando la Corte Penal Internacional.
11 de marzo, 2022
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Ciudades ucranianas como Kiev, Járkiv, Jersón y Mariúpol han sido objeto de intensos ataques por parte de las fuerzas rusas en los últimos días.

En la última de ellas se produjo el bombardeo de una maternidad y hospital infantil este miércoles, algo que fue calificado por el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, como un “crimen de guerra”.

No fue la primera vez que Zelensky lanzó esa acusación contra Rusia. También lo hizo después de los ataques aéreos en Járkiv, que causaron la muerte de civiles.

Rusia ha negado que su ejército ataque civiles e instituciones de salud.

No obstante, tras la petición de 39 naciones, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, dijo hace unos días que se están recopilando pruebas sobre presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos por fuerzas rusas en Ucrania.

Aquí te contamos qué son los crímenes de guerra y de qué se acusa a Rusia.

¿Qué es un crimen de guerra?

Las reglas que definen un crimen de guerra figuran en el Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra, un conjunto de leyes más amplias relativas a las normas y costumbres de la guerra terrestre.

En algunos casos, también se utilizan los estatutos de órganos como las cortes penales internacionales que juzgaron crímenes en la antigua Yugoslavia y Ruanda.

Los Convenios de Ginebra son varios tratados que establecen estándares legales internacionales para el trato humano durante la guerra.

Las primeras tres convenciones protegen a los combatientes y prisioneros de guerra, mientras que la cuarta, adoptada después de la Segunda Guerra Mundial, protege a los civiles en las zonas de conflicto.

Los Convenios de Ginebra de 1949 han sido ratificados por todos los estados miembros de Naciones Unidas, incluida Rusia.

Firma de los Convenios de Ginebra

Getty Images
Los Convenios de Ginebra fueron firmados en 1949.

La definición de crímenes de guerra de la Cuarta Convención de Ginebra incluye:

  • El homicidio intencional.
  • La tortura o tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos.
  • Causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud.
  • La destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente.
  • Forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una potencia enemiga.
  • Privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente.
  • La deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal.
  • La toma de rehenes.

El Estatuto de Roma de 1998, otro importante tratado internacional relacionado con los conflictos armados, también incluye como crímenes de guerra:

  • Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades.
  • Lanzar intencionalmente un ataque a sabiendas de que causará incidentalmente la muerte o lesiones a civiles.
  • Atacar o bombardear, por cualquier medio, pueblos, aldeas, viviendas o edificios indefensos.

Además, establece que ciertos tipos de edificios, como hospitales o aquellos dedicados a la religión o la educación, no pueden ser atacados intencionalmente.

También prohíbe el uso de ciertos tipos de armas, así como gases venenosos.

¿Qué es la CPI y cómo se procesan los crímenes de guerra?

La CPI se creó en 1998 bajo el Estatuto de Roma. Es una institución independiente que procesa a las personas acusadas de los crímenes más graves contra la comunidad internacional.

Investiga crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión.

Los Estados pueden procesar a los presuntos delincuentes en sus propios tribunales. La CPI solo puede ejercer jurisdicción donde los Estados no pueden o no quieren hacerlo. Por ello, es un “tribunal de último recurso”.

El tribunal no tiene su propia fuerza policial y depende de la cooperación estatal para arrestar a los sospechosos. Las sanciones impuestas por la CPI pueden incluir penas de prisión y multas.

Rusia y Ucrania no se encuentran entre los 123 estados miembros de la corte, pero Ucrania ha aceptado su jurisdicción, lo que significa que la CPI puede investigar ciertos presuntos delitos.

Otros países destacados que no son miembros incluyen Estados Unidos, China e India.

Sala de la Corte Penal Internacional

Getty Images
La Corte Penal Internacional decidió investigar si ha habido crímenes de guerra en Ucrania.

¿Ha habido enjuiciamientos por crímenes de guerra antes?

Durante la Segunda Guerra Mundial, el asesinato de varios millones de personas, principalmente judíos, a manos de la Alemania nazi y el maltrato tanto de civiles como de prisioneros de guerra, llevaron a las potencias aliadas a procesar a las personas responsables.

Los Juicios de Núremberg entre 1945 y 1946 llevaron a la condena a muerte de diez líderes nazis. Un proceso similar comenzó en Tokio en 1948, donde siete comandantes japoneses fueron ahorcados.

Estos juicios sentaron precedente para procesamientos posteriores.

En 2012, el señor de la guerra congoleño Thomas Lubanga fue la primera persona condenada por la CPI cuando fue declarado culpable de reclutar y utilizar a niños soldados en su ejército rebelde entre 2002 y 2003. Fue condenado a 14 años.

Thomas Lubanga

Getty Images
Thomas Lubanga fue condenado por reclutar a niños soldados en la guerra del Congo

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) fue un organismo de Naciones Unidas que funcionó desde 1993 hasta 2017, creado para enjuiciar los crímenes cometidos durante las guerras de Yugoslavia.

El tribunal encontró a Radovan Karadzic, un exlíder serbobosnio, culpable en 2016 de crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad por su papel en el conflicto. Ratko Mladic, el comandante militar de las fuerzas serbias de Bosnia, también fue condenado en 2017 por los mismos delitos.

Otros tribunales ad hoc también han procesado a personas por genocidio y crímenes de lesa humanidad en Ruanda y Camboya. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue la primera institución en reconocer la violación como un medio para perpetrar el genocidio.

¿De qué se ha acusado a Rusia?

El bombardeo del miércoles sobre una maternidad y un hospital infantil en Mariúpol causó indignación internacional.

“¿Qué tipo de país es este, la Federación Rusa, que tiene miedo de los hospitales y las maternidades y los destruye?”, cuestionó Zelensky en un discurso grabado desde Kiev.

Médicos Sin Fronteras, que tiene personal destacado en Ucrania, comentó que su equipo está “horrorizado” ante el ataque.

“En una ciudad en la que el sistema sanitario está al borde del colapso, privar a la gente de la tan necesaria asistencia sanitaria es una violación de las leyes de la guerra”, agregó la organización.

Moscú también está acusada de utilizar bombas de racimo en otros ataques. Las bombas de racimo son armas que, una vez que se lanzan, dispersan municiones más pequeñas.

Están prohibidas por muchos países en virtud de la Convención sobre Municiones en Racimo de 2008, pero no en Rusia o Ucrania, que no firmaron el acuerdo.

Los grupos de derechos humanos y el embajador de Ucrania ante la ONU también acusaron a Rusia de usar bombas de vacío en un ataque contra la ciudad nororiental de Ojtirka.

Las bombas de vacío son un arma termobárica que puede causar gran destrucción al encender una nube de combustible vaporizado.

No existen leyes internacionales que prohíban específicamente su uso, pero si un país los usa para atacar a poblaciones civiles en áreas urbanizadas, escuelas u hospitales, entonces podría ser condenado por un crimen de guerra según las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907.

Un comercio en la ciudad ucraniana de Járkiv

Getty Images
La ciudad ucraniana de Járkiv ha sido atacada por las fuerzas militares rusas

El Kremlin ha negado haber cometido crímenes de guerra o haber usado bombas de racimo y de vacío. Ha descartado las acusaciones como “noticias falsas”.

El ministro de Defensa ruso, Sergey Shoigu, dijo: “Los ataques se llevan a cabo solo contra objetivos militares y exclusivamente con armas de alta precisión”.

¿Puede Putin ser procesado?

Es mucho más fácil responsabilizar de un crimen de guerra a un soldado que lo ha cometido que a los líderes que le ordenaron disparar.

Pero la CPI también puede iniciar un proceso por la ofensa de “librar una guerra agresiva”.

Ese es un crimen por invasión o conflicto injustificado, que va más allá de una justificable acción militar en defensa propia.

Un cartel con la cara de Vladimir Putin y la palabra "Asesino" pegado en la entrada de la embajada de Rusia, en Santiago Chile

EPA
Este cartel colgado en la entrada de la embajada de Rusia, en Santiago, Chile, deja claro lo que algunos piensan sobre Vladimir Putin.

Curiosamente, esa tipificación se originó en Núremberg, después de que el juez enviado por Moscú convenció a los aliados de que los líderes nazis deberían enfrentar la justicia por “crímenes contra la paz”.

Pero este es el problema: el profesor y magistrado británico Philippe Sands, un experto en ley internacional de University College London, dice que la CPI no podría procesar a los líderes rusos por esa ofensa porque dicho país no es signatario del tribunal.

En teoría, el Consejo de Seguridad de la ONU podría pedirle a la CPI que investigue esa ofensa. Pero, una vez más, Rusia podría usar su veto como uno de los cinco miembros permanentes del consejo.


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