Con la aprobación de la nueva Ley General de Educación, en el Congreso, el pasado 25 de septiembre, se concretó la desaparición del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) y con la publicación de los lineamientos del programa la Escuela es Nuestra, el 3 de octubre, es un hecho que la responsabilidad de construir y mejorar los planteles pasará a los padres de familia.
El punto más delicado de que se vayan a transferir los recursos para mantenimiento, rehabilitación y construcción de espacios en las escuelas a un comité conformado principalmente por madres, padres y tutores -explica Thamara Martínez Vargas, coordinadora de Educación y Finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP)– es que puede ponerse en riesgo la calidad de esa infraestructura.
“Esto es tan delicado, dice la analista, que había un instituto (el INIFED) dedicado a vigilar esa calidad, porque es un espacio donde están alumnos, docentes y todo el personal de los planteles”.
Además, agrega, “cuando se hace obra pública se tienen que llevar una serie de procesos, licitaciones, por ejemplo, para entregar los contratos en base a precio y calidad, si esto no sucede en el caso de la infraestructura educativa, y no está claro si se hará, nos podría costar el doble la obra o la reparación”.
Martínez Vargas también señala que otorgar a los padres los subsidios para esto da paso a la discrecionalidad. “Se van a transferir a personas que no están especializadas en el manejo de recursos públicos y que no tienen porque desempeñar esa labor, eso abre un espacio a la discreción en el uso de los mismos, aunque no se haga con mala intención”.
Diputados de oposición han señalado la misma inquietud, al menos en el caso del riesgo que con lleva para la comunidad escolar que la infraestructura resulte de mala calidad.
Durante la discusión para la aprobación de la Ley General de Educación, la diputada Cynthia López Castro (PRI) señalo que 60% de las escuelas dañadas en los sismos de 2017 se autoconstruyeron. “Con la desaparición del Inifed se elimina toda normatividad y supervisión para la construcción de los planteles”, afirmó.
Avanza AMLO en entregar recursos a los padres
El pasado 3 de octubre se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los lineamientos del programa la Escuela es Nuestra, en este se entregarán recursos de manera directa a los padres de familia para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de los planteles.
Durante su conferencia de prensa matutina de este viernes 4 de octubre, en Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció la puesta en marcha del programa, que pretende rehabilitar 173 mil 742 primarias del país.
El mandatario federal explicó que en una primera etapa se apoyará a 103 mil 268 escuelas y después a otras 69 mil 474, aunque no se precisaron las fechas de cierre de una e inicio de la otra. La inversión total será de 20 mil millones de pesos, 50% será federal y 50% de los estados.
La Escuela es Nuestra estará a cargo de la SEP, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, pero le ayudará la de Bienestar, para levantar, registrar, verificar y validar información de las asambleas escolares y los comités encargados de mejorar la infraestructura y el equipamiento de los planteles.
En la introducción de los lineamientos del programa se justifica la transferencia del subsidiario directo a los padres, porque “una buena parte de los recursos destinados para la dignificación de los planteles educativos del país se ejercieron (en las administraciones pasadas) en procesos poco transparentes”.
Ante esto, el Gobierno Federal ha decidido emprender el programa La Escuela es Nuestra, con el fin de entregar directamente recursos presupuestales a las comunidades escolares.
La mayor prioridad para recibir el subsidio lo tendrán las escuelas públicas, ubicadas en localidades con un grado de marginación muy alto, con población indígena y que sean de organización completa (con un salón y profesor por grado escolar) y de estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Puebla y el Estado de México; después se considerará a las de estas mismas zonas pero multigrado, y así irán bajando en la escala de prioridad de acuerdo al grado de marginación.
Los montos del subsidio dependerán del número de beneficiarios: de 0 a 50 alumnos, se otorgarán 150 mil pesos; de 51 a 150, 200 mil y los de 151 alumnos y más obtendrán 500 mil pesos.
Será un Facilitador Autorizado (persona designada por alguna de las dependencias participantes en el programa: SEP, Bienestar, Conafe, autoridades educativas federales) quien, asistido por la autoridad escolar, apoyará la convocatoria a una asamblea para designar a los integrantes del Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP), al que se le transferirán los recursos y las obligaciones del programa.
Los lineamientos señalan que esto se hará al inicio del ciclo escolar, pero la oficina de comunicación de SEP explicó a Animal Político que para este ciclo se permitirá que se instalen las asambleas “un poco después”.
Estas estarán integradas por madres, padres de familia y/o tutores, docentes, directivos y alumnos a partir de 4to. grado de primaria. Todos deben pertenecer al plantel, pero cualquier persona de la comunidad interesada en aportar podrá asistir como invitado.
Los miembros de la asamblea podrán presentar sus candidaturas a cada uno de los puestos del CEAP. Cada miembro deberá ser elegido por una mayoría de votos. La votación será a mano alzada.
El comité quedará conformado por: presidente, secretario, tesorera, dos vocales y un estudiante invitado de 4º grado en adelante, con voz pero sin derecho a voto. Las posiciones principales sólo podrán ocuparlas padres de familia o tutores, las autoridades escolares participarán solo como secretario técnico o vocales.
Los integrantes de la asamblea y comité no tendrán ninguna retribución por su participación, esta será a título honorífico. El presidente, que en todos los casos será un padre o madre de familia, tendrá entre sus obligaciones: coordinar un plan de trabajo y gestionar o contratar la supervisión técnica certificada que garantice la realización de los trabajos en el caso de obras mayores.
También deberá representar legalmente a la comunidad en la firma de contratos para la construcción de obras mayores, hacer la solicitud de fianzas y otros trámites, así como asegurar, con la asistencia de la tesorera, la integración del expediente de comprobación de gasto, y coordinar la atención de los requerimientos de información.
La tesorera, figura escrita así en femenino en los lineamientos, quizá porque Andrés Manuel López Obrador ha expresado su deseo de que en la mayoría de los casos sea una madre de familia, será, junto con el presidente del CEAP, la encargada de abrir una cuenta bancaria para la administración de los recursos.
La asignación de recursos a cada CEAP seleccionado se determinará en función de la disponibilidad presupuestal y la matrícula, señalan los lineamientos del programa.
La SEP promoverá la participación de los gobiernos estatales, para que efectúen una aportación similar a la del gobierno federal, en caso de que éstos no participen, la federación otorgará hasta el 50% del monto máximo establecido.
En todo el proceso, señaló la oficina de comunicación de SEP, coadyuvarán las autoridades escolares de cada entidad. “La autoridad educativa local aporta la información de las escuelas que pueden ser beneficiarias del programa y validará que los planteles estén en operación y cumplan los requisitos”.
Para la ejecución de los planes, los CEAP contarán con guías y manuales técnicos, en los que se incluirá la obligación de contar con la participación de profesionales certificados y acreditados responsables de la supervisión técnica que garanticen la seguridad estructural de las obras mayores a realizar.
Para esto deberá recurrir a organismos públicos estatales de infraestructura física educativa, municipios, cámaras de la construcción, o con profesionales habilitados para tal efecto, siempre y cuando no se destine más del 2.5 % del total del proyecto a este fin.
Todos los gastos se deberán comprobar a través de facturas que cumplan con la normatividad aplicable, si esto no es posible, se deberá presentar al menos un recibo simple.
Los integrantes de los CEAP deberán presentar bimestralmente ante la Asamblea Escolar, un informe con el Control de Gastos de los avances de la ejecución del Plan de Trabajo y publicar esto en el periódico mural de los planteles. A su vez, la SEP gestionará su publicación en la página de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
