El caso Karime Macías: De qué la acusan, las pruebas en su contra y cuándo llegaría a México
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El caso Karime Macías: De qué la acusan, las pruebas en su contra y cuándo llegaría a México

Bajo su gestión el DIF de Veracruz mandó más de 400 millones a empresas fantasma, pero la indagatoria solo comprende la cuarta parte de ese monto.
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30 de octubre, 2019
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La investigación por la cual México solicitó a Reino Unido la extradición de Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, señala que bajo su gestión como presidenta del DIF estatal el organismo entregó 112 millones de pesos a seis empresas fantasma por servicios que no se llevaron a cabo, y que fue ella quien ordenó que se agilizaran esos pagos.

El documento de la acusación, del que Animal Político tiene copia, señala que esto es equiparable a un delito de fraude específico cometido en agravio del erario público, y que ameritaría para Karime Macías una pena que va de los 5 a los 12 años de prisión, en caso de que sea encontrada culpable.

Entérate: Detienen en Reino Unido a Karime Macías, pero podrá seguir su proceso libre con pago de fianza, según sus abogados

La carpeta de investigación que dio pie a la orden de aprehensión girada en contra de Macías el 25 de mayo de 2018 por un juez de Veracruz, fue integrada por el Ministerio Público bajo la gestión del entonces fiscal del estado, Jorge Winckler.

En aquel momento la Fiscalía informó que se había corroborado un daño patrimonial a las finanzas públicas, como resultado de una serie de contratos que el DIF local entregó a seis empresas que no tenían ninguna capacidad material ni humana para entregar los productos.

“Los contratos fueron para la supuesta adquisición de equipo médico, multivitamínicos, sistema de captación de agua, sistema de purificación pluvial, sanitario biodegradables, artículos electrodomésticos, paquetes escolares y otros, sin que existan datos o evidencia alguna de que estos hayan sido entregados a la población vulnerable que debiera atender esta dependencia”, declaró Winckler tras anunciar la orden.

Entre las pruebas que sustentan la referida investigación se encuentran copias de los contratos firmados con seis proveedores: Grupo Balcano SA de CV; Prefraco SA de CV; Abastecedora Romcru SA de CV; Centro de Recursos de Negocios CERENE SA de CV; Ravsan Servicios Múltiples SA de CV; y ANZARA SA de CV, todas ellas empresas ya catalogadas por el SAT como simuladores de operaciones. Es decir, compañías fantasma.

Además la Fiscalía cuenta con la declaración ministerial del exdirector del DIF Juan Antonio Nemi Dib, quien sostuvo que recibió supuestas instrucciones verbales de Macías para acelerar los pagos a las mencionadas empresas.

En agosto pasado Animal Político reveló la nota diplomática que México envió al Reino Unido, para pedir la extradición de Macías. El documento confirma que la petición obedece a la orden de aprehensión girada por el juez de Veracruz, por el mencionado delito.

Aunque la orden de aprehensión se giró desde mayo de 2018, la misma fue enviada al Reino Unido hasta octubre, y posteriormente se le hicieron varias correcciones, lo que provocó que el proceso se retrasara. Fue apenas la semana pasada cuando autoridades británicas citaron finalmente a Macías a comparecer, para ser notificada del proceso.

Caso débil y sin sustento: defensa

El equipo de defensa de Karime Macías, encabezado por los abogados Marco del Toro y Pablo Campuzano, sostuvo que la acusación en contra de su clienta es débil y carece de fundamento, por lo que adelantaron que de momento no piensan aceptar la extradición a México, y pelearán en los tribunales británicos para que la misma no se consume.

En México los abogados han intentado promover diversos recursos para anular la orden de aprehensión girada en mayo de 2018. A principios de octubre un juez rechazó conceder una demanda de amparo, pero los litigantes promovieron un recurso para que sea un tribunal federal el que revise el caso.

Los argumentos centrales de la defensa se enfocan en que la Fiscalía de Veracruz intenta imputar a Macías hechos en los que no tuvo participación, pues los contratos presuntamente irregulares no fueron firmados por ella, toda vez que el cargo de presidenta del DIF era honorífico y no tenia participación en decisiones administrativas.

Los abogados subrayaron además que el testimonio de Nemi Dib en contra de Macías carece de validez, pues el mismo exfuncionario promovió posteriormente una queja ante la Comisión de Derechos Humanos local, acusando que fue obligado y supuestamente torturado para inculpar a Macías.

Finalmente la defensa sostiene que el caso no tiene coherencia, pues se señala a la esposa de Javier Duarte de ordenar pagos a empresas sin que quede claro cómo es que ella se pudo beneficiar de eso.

Pagos fantasma fueron mucho mayores

La acusación que dio pie a la orden de aprehensión sostiene que el DIF de Veracruz entregó a seis empresas fantasma pagos por 112 millones de pesos, sin embargo, una investigación periodística de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad comprobó que los pagos fueron mayores.

La revisión de contratos y facturas obtenidos vía transparencia permitió identificar que el DIF Estatal dispersó 415 millones de pesos a un total de 33 empresas, entre ellas las seis señaladas en la acusación de la Fiscalía estatal.

Todas estas empresas forman parte de una misma red de 400 empresas fachada o de papel creadas por un despacho de contadores encabezado por Víctor López Gachuz, y que en total recibió más de 3 mil 600 millones de pesos provenientes de una decena de dependencias distintas en la administración de Javier Duarte.

Algunas de esas empresas no solo fueron utilizadas para recibir contratos sino también para triangular recursos y enviarlos a diversos fines. Por ejemplo, se comprobó que una empresa de esta red inyectó ilegalmente recursos en 2012 a la campaña del entonces candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto.

El caso federal pendiente

Desde hace tres años la entonces PGR tiene abierta una carpeta de investigación federal por presunto enriquecimiento ilícito y fraude fiscal en contra de Karime Macías, que hasta la fecha no ha sido enviada ante un juez.

Lo anterior pese a que a través de diversos peritajes especializados en materia de contabilidad y evolución patrimonial se detectaron por lo menos 20 millones de pesos en cuentas bancarias relacionadas con Macías y sus familiares, que no tendrían una justificación en algún tipo de actividad lícita.

En diciembre de 2018 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público Federal por este caso, requisito indispensable para que la investigación pudiera ser judicializada por tratarse de delitos fiscales. Pero hasta ahora no se ha informado de algún avance en torno al caso.

Una situación distinta es la de Mónica Macías Tubilla, hermana de Karime Macías, a quien sí se le giró una orden de aprehensión por el delito de defraudación fiscal por un monto que superaría los tres millones de pesos, e incluso se solicitó su localización a través de una ficha roja de INTERPOL. Las autoridades aun no han confirmado si esta orden ya pudo ser cumplimentada.

La extradición… ¿para cuándo?

Especialistas en Derecho internacional consultados por Animal Político indicaron que si la defensa de Karime Macías pretende combatir la solicitud de extradición – como sus abogados prevén hacerlo – el procedimiento judicial en el Reino Unido podría tomar de tres a seis meses antes, de que se tome una determinación.

La forma en que debe llevarse a cabo el procedimiento está regulado por un tratado de extradición que México y el Reino Unido firmaron desde el Siglo XIX (1887), pero que continúa vigente hasta la fecha.

Una de las particularidades que tiene el tratado específico entre ambos países es que contempla la valoración de las pruebas por parte de la autoridad que debe entregar a la persona fugitiva (en este caso el Reino Unido), para determinar si las mismas son suficientes y sustentan la apertura del procedimiento penal. Si dichas pruebas se consideraran insuficientes, la extradición podría ser negada.

Ayer se dio a conocer que mientras se desarrolle el juicio de extradición Macías podrá permanecer en libertad pero bajo diversas restricciones de movimiento. Cabe recordar que la esposa de Javier Duarte vive en el país británico desde hace mas de dos años y, en su momento, tramitó una solicitud de asilo político.

Las condiciones del tratado de extradición entre ambos países pueden consultarse en este link.

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Los controvertidos planes de Reino Unido para enviar a Ruanda a solicitantes de asilo

Algunos solicitantes de asilo que llegan en embarcaciones pequeñas serán enviados al país africano como parte de un programa de prueba de US$150 millones.
14 de abril, 2022
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Algunas personas que buscan asilo en Reino Unido serán trasladadas a Ruanda -a más de 6.500 km de distancia- para ser procesadas en el país africano, según los nuevos planes del gobierno británico.

El controvertido programa forma parte de las nuevas y severas medidas del gobierno para reducir el número de migrantes que llegan al país en pequeñas embarcaciones por el Canal de la Mancha.

La ministra del Interior, Priti Patel, se encuentra en la nación africana para firmar el acuerdo de US$150 millones que involucra probar el esquema con hombres solteros que llegan a Reino Unido y serán enviados a Ruanda.

En un discurso el jueves el primer ministro británico, Boris Johnson, confirmó el programa diciendo que era necesario “para salvar innumerables vidas” y evitar que “los traficantes de personas” conviertan el océano en un “cementerio acuático”.

Indicó que bajo el nuevo esquema cualquier persona que llegue ilegalmente a Reino Unido podría ser “reubicada” en Ruanda.

“Esta política no tiene límites”, indicó. Y agregó que Ruanda ha aumentado su capacidad de acoger personas a decenas de miles en los últimos años.

“No podemos mantener un sistema ilegal paralelo”, dijo Johnson. “Nuestra compasión puede ser infinita, pero nuestra capacidad para ayudar a las personas no lo es”.

Se sabe que el año pasado, 28.526 personas cruzaron el Canal en botes pequeños, comparado con 8.404 en 2020.

Un 600 cruzaron el Canal el miércoles y, según Johnson, la cifra podría alcanzar 1.000 al día en las próximas semanas.

La BBC vio el alojamiento en el que serán ubicados los solicitantes de asilo, que se cree que tiene espacio para unas 100 personas a la vez y para procesar hasta 500 al año.

“Impracticable y poco ético”

El nuevo programa ha sido extensamente criticado tanto por grupos humanitarios, que calificaron los planes de crueles, como por los partidos de oposición que dicen que será “”impracticable, poco ético, exorbitante e ineficaz”.

BBC

BBC

Los partidos de oposición también han dicho que el costo anual del plan completo sería mucho más alto que el pago inicial de US$150 millones y expresaron su preocupación por el historial de derechos humanos de Ruanda.

El editor de asuntos nacionales de la BBC, Mark Easton, informando desde Ruanda, explicó que el gobierno enfrenta obstáculos legales y costos sustanciales para lanzar el plan.

Los detalles precisos del plan aún no se han confirmado, pero dijo que el programa de prueba se limitaría en su mayoría a hombres solteros que las autoridades británicas consideran que son inadmisibles.

Según la propuesta, Ruanda asumiría la responsabilidad de las personas que hacen el viaje de más de 6.500 km, las sometería a un proceso de asilo y, al final de ese proceso, si tienen éxito, tendrán alojamiento a largo plazo en Ruanda.

El gobierno de Ruanda indicó que los migrantes tendrán “derecho a la protección total bajo la ley de Ruanda, igualdad de acceso al empleo e inscripción en los servicios de atención médica y social”.

El Ministerio del Interior del Reino Unido cree que la ley de asilo existente será suficiente para implementar el plan, pero quedan dudas sobre la legalidad del esquema.

Priti Patel en Ruanda

PA Media
La ministra del Interior, Priti Patel, (centro) llegó a Ruanda para firmar el acuerdo de US$150 millones.

También se han planteado dudas sobre el historial de derechos humanos del gobierno de Ruanda y su presidente, Paul Kagame.

Varios de sus críticos han muerto o han sido víctimas de intentos de asesinato, pero Ruanda siempre ha rechazado las sugerencias de que su gobierno ha estado involucrado.

También se han planteado preocupaciones sobre la condena por acusaciones de terrorismo de Paul Rusesabagina, quien fue representado en la película de Hollywood Hotel Ruanda por su papel en la salvación de más de 1.000 personas durante el genocidio en ese país en 1994.

El año pasado, el propio gobierno de Reino Unido expresó su preocupación en Naciones Unidas por las “continuas restricciones a los derechos civiles y políticos y la libertad de prensa” en Ruanda, y pidió investigaciones independientes sobre “acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, muertes bajo custodia, desapariciones forzadas y tortura”.


Un plan extremadamente controvertido

Análisis de Mark Easton, editor de asuntos nacionales, BBC

La asociación con Ruanda es la pieza central de una extensa campaña política más amplia para hacer frente a lo que ha sido una humillación para los ministros que prometieron que Brexit significaría poder controlar las fronteras de Reino Unido.

En cambio, un número récord de solicitantes de asilo ha estado apareciendo en embarcaciones frente a los acantilados blancos de Dover.

Este año se han visto 4.578 llegadas y parece que será un nuevo récord.

Sin embargo, es probable que enviar solicitantes de asilo a Ruanda resulte muy controvertido y legalmente complicado.

Los críticos apuntan al pobre historial de derechos humanos de Ruanda. El año pasado, el Reino Unido exigió en la ONU que se investigaran los presuntos asesinatos, desapariciones y torturas.

Los ministros tendrán que explicar por qué Ruanda es el lugar adecuado para confiar la protección de los derechos humanos de los solicitantes de asilo vulnerables que esperaban que Reino Unido los protegiera.


migrantes

Getty Images
Decenas de miles de migrantes podrían ser enviadas a Ruanda.

Activistas de derechos humanos destacan el impacto negativo en los derechos humanos de los refugiados, el costo del esquema y cuestionan si éste podrá lograr sus objetivos.

Enver Solomon, director ejecutivo del Refugee Council, dijo que la propuesta no aborda las razones por las que las personas desesperadas viajan a Reino Unido.

Amnistía Internacional Reino Unido describió el plan como una “idea sorprendentemente mal concebida” que desperdiciaría dinero público.

La secretaria de cultura del Partido Laborista de oposición, Lucy Powell, dijo que su partido aboga por “medidas aburridas” como restricciones a los traficantes de personas que promocionan negocios en internet.

El Partido Demócrata Liberal señaló que el gobierno estaba “cerrando la puerta” a los refugiados, mientras que Ian Blackford, del Partido Nacional Escocés, describió el plan como “absolutamente escalofriante”.

¿Es legal enviar solicitantes de asilo a Ruanda?

El gobierno británico quiere introducir nuevas leyes, bajo el Proyecto de Ley de Nacionalidad y Fronteras, para facilitar que el Reino Unido envíe refugiados a otro país para que se procese su solicitud de asilo.

Pero el país debe ser “seguro” y Reino Unido también firmó dos tratados internacionales clave que garantizan los derechos de los refugiados:

  • La Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados, que protege a las personas de ser enviadas a un país donde se enfrentan a graves amenazas a la vida o la libertad.
  • El Convenio Europeo de Derechos Humanos que establece que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.

Entonces, si existe el riesgo de que una persona sea maltratada en Ruanda, no podría ser enviada allí.


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