Desde el mes de enero, cuando Estados Unidos comenzó su política de devolución de solicitantes de asilo a México, miles de personas han sido obligadas a esperar su proceso de asilo en territorio mexicano. Un informe elaborado por la Coalición Pro Derechos de los Migrantes, con el apoyo de American Friends Service Committee, oficina regional de América Latina y El Caribe (ASFC LAC) en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), trata de perfilar quiénes son los retornados, de dónde vienen, por qué huyeron y si se respetaron sus derechos.
El programa Remain in Mexico (Quédate en México), promovido por el presidente Donald Trump bajo el nombre de Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) comenzó a aplicarse el 30 de enero en Tijuana, Baja California. Desde entonces se ha extendido a otras ciudades como Mexicali, Juárez (Chihuahua), Nuevo Laredo y Matamoros (Tamaulipas).
Uno de los grandes problemas, reporta el informe, es que ni las autoridades estadounidenses ni las mexicanas han hecho público cuántas personas fueron devueltas desde enero. Animal Político ha solicitado estos datos en reiteradas ocasiones al Instituto Nacional de Migración (INM), sin obtener respuesta.
“No se cuenta con el número exacto de personas solicitantes retornadas a México debido a la poca transparencia de las autoridades. Sin embargo, distintas fuentes señalan que, de enero a agosto de 2019, los números oscilaron entre los 31 mil a 35 mil”, dice el informe.
A través de encuestas realizadas a 360 solicitantes de asilo en albergues de Mexicali y Tijuana, el estudio elabora el perfil de la persona obligada a esperar en México: se trata de una mujer, guatemalteca u hondureña, de entre 26 y 45 años, con estudios primarios, que trabajaba antes de tratar de llegar a Estados Unidos y que teme por su vida en su país de origen.
Las encuestas revelan que el 55% de las personas devueltas son mujeres, por un 45% de hombres.
Sobre la edad, siete de cada diez encuestados estaban entre los 26 y los 45 años, mientras que el 16% tenían entre 19 y 25. El 15% eran menores de edad.
Casi la mitad de los retornados procede de Guatemala (46%), mientras que el 43% es originario de Honduras. Muy por detrás aparecen El Salvador (5,6%) y Nicaragua (3,6%) como principales expulsores de población.
La mayoría de encuestados hablaban español como lengua materna, aunque un 7.5% emplea idiomas mayas.
En relación a los estudios, el 40% de los encuestados había cursado la primaria, mientras que un 30% alcanzó la secundaria. Con bachiller cursado estaba el 16% de los retornados.
“El 72.3 % se encuentra en los niveles más básicos de estudios (primaria y secundaria). Si a esto se agrega que la población es mayoritariamente joven, puede hablarse de personas que han visto canceladas las oportunidades de desarrollo en sus países de origen al no tener acceso a estudios ni a trabajos bien remunerados”, dice el documento.
El informe pregunta también sobre el desempeño de la persona antes de iniciar su ruta a Estados Unidos. Las respuestas revelan que casi siete de cada diez trabajaban en su país de origen, que casi el 20% eran amas de casa y que solo un 10% estudiaba, por un exiguo 2.6% de desempleados.
“Si bien prácticamente el 70% de la población retornada manifestó que trabajaba en su país de origen, es importante destacar que, frecuentemente, las personas encuestadas indicaban que los salarios que percibían por sus actividades eran muy insuficientes para cubrir sus necesidades básicas y las de la familia, motivo que también las llevó a migrar, además de las condiciones de inseguridad y violencia”, apunta el documento.
Uno de cada cuatro encuestados era agricultor y el 22% era obrero, lo que conforman los dos sectores económicos más presentes entre los solicitantes de asilo encuestados.
Violencia y pobreza, las razones que los hacen huir
La violencia y la pobreza son las dos grandes razones que hacen huir a los centroamericanos. Según esta encuesta, el 46% de los solicitantes de asilo que respondieron aseguraron haber huido porque su vida corría peligro, mientras que un 26´7% asegura que fue la pobreza lo que le obligó a hacer las maletas. Otras razones son la violencia en el país (13%), violencia “intrafamiliar” (6,7%), desempleo (6,1%) o persecución política (1,9%).
Si se pregunta por las razones de pedir asilo en Estados Unidos, las respuestas apenas varían y un 52% afirma que su vida o la de su familia corría peligro.
El 97% de los encuestados pidieron asilo por primera vez, mientras que un 3% dijo que ya lo había intentado en ocasiones anteriores.
La gran mayoría, un 95%, no conocía el inglés, pero sí tiene redes de apoyo: un 75% tiene familiares en Estados Unidos.
La encuesta también analiza el tránsito por México. Resulta relevante que casi siete de cada diez consultados tenían miedo de atravesar el país con destino a Estados Unidos. La inseguridad era la razón principal para el 48%, mientras que el resto apelaba a motivos similares como la violencia (11,3%) o el miedo a ser secuestrado (6%).
El informe señala que casi cuatro de cada diez encuestados se sintieron discriminados en México. Y pone como ejemplo las movilizaciones de vecinos de Mexicali que protestaban contra los planes de construir un albergue.
Los temores de los solicitantes de asilo van en consonancia con sus vivencias. De este modo, cuatro de cada diez encuestados aseguraron haber sufrido algún tipo de daño en México. La mayoría de ellos, el 70%, dijo haber sido asaltado. El 55% señaló al crimen organizado como responsable del ataque, el 23’5% apuntó a otros grupos criminales y más de un 20% culpó a cuerpos policíacos. Es decir, una de cada cinco agresiones contra migrantes las perpetran funcionarios policiales, según recoge el documento.
El informe evidencia la diferencia entre el tiempo que transcurre para solicitar el asilo en Estados Unidos y el que Washington obliga a permanecer en México para resolver el caso. Según la encuesta, la mayoría de solicitantes (un 89%) estuvo entre uno y diez días en Tijuana o Mexicali antes de pedir asilo en el norte. Sin embargo, este tiempo se multiplica cuando reciben la cita con el juez: aproximadamente la mitad tuvo que esperar entre uno y tres meses, un 42% entre tres y seis meses y apenas un 6% más tiempo.
Resulta relevante que el 33% refiere no haber sido informado de que sería devuelto a México. Algo que se explica cuando se observa que cerca del 70% asegura haber firmado papeles en inglés que no comprendía.
Al llegar a México, seis de cada diez aseguraron que ningún oficial mexicano les entrevistó y la mitad dijo que tampoco hubo autoridades que les informasen sobre la opción de albergues o refugios.
La mitad de los encuestados aseguró que su plan mientras espera era trabajar en México, aunque un 97% dijo no tener ninguna garantía de obtener empleo.
“Lo que se constata con el programa “Remain in Mexico”, es que las prácticas observadas se contraponen completamente al derecho de asilo que tienen las personas extranjeras en Estados Unidos y a un trato digno en territorio mexicano. Los protocolos parecieran estar creados para desanimar a las personas para que eventualmente desistan del proceso de manera voluntaria. También están diseñados para disuadir la conformación de nuevas caravanas de población centroamericana con rumbo hacia los Estados Unidos”, dice el documento.
Entre las recomendaciones formuladas por las ONG están la transparencia hacia los datos, programas específicos de apoyo a los retornados, así como a las organizaciones de la sociedad civil, planes de protección para los menores y “se debe crear un programa de regularización permanente para las personas retornadas que decidan quedarse en México y diseñar políticas de sensibilización entre la población mexicana para evitar reacciones xenófobas, como las que ya están ocurriendo”.
