La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados prepara el dictamen sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020. Hasta el próximo 5 de noviembre incorporará propuestas de alcaldes, expertos y legisladores para mejorarlo. Con ese objetivo se organizó también un ejercicio de parlamento abierto.
Este 23 de octubre se abordó el tema de desarrollo social. Diversos especialistas alertaron que lo enviado por la Secretaría de Hacienda como parte del paquete económico 2020 en lo relacionado a programas sociales es “regresivo”, “opaco”, “inviable” e “injusto”.
Enrique Díaz Infante, director del Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), señaló que el PEF 2020 es regresivo porque no se está invirtiendo suficiente en capital físico ni social, es decir en la formación de las capacidades humanas, en educación y salud, ni en infraestructura.
En cambio, aseguró, es un presupuesto que tiene incremento en el pago de deuda y en pago de pensiones, que pasan de 3.4 puntos porcentuales del PIB a 4.1 en 2020. En cambio en salud se va a gastar 2.5%, en infraestructura 2.7% del PIB, en educación 5%.
“Estos porcentajes son la mitad de lo que se gasta en los países de la OCDE, entonces ¿cómo vamos a generar crecimiento, cómo vamos a hacer que mejoren las condiciones de la gente?”, preguntó Díaz Infante.
La forma en la que se están manejando las pensiones es la parte más regresiva. “No puede ser que se le destine más a deuda y a pensiones, casi el doble, y que se invierta menos en la salud y educación de los jóvenes, en dejarles infraestructura. Es una injusticia intergeneracional. Habría que repensar esto”.
Ante la dinámica demográfica, recomendó, “es necesario aumentar la edad de retiro, subir el monto de las aportaciones obligatorias y realizar una Reforma Hacendaria que dé sostenibilidad al sistema de pensiones”.
En el tema de salud, Judith Méndez, coordinadora de Salud y Finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaría (CIEP), destacó que el presupuesto que se proyecta asignar al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) en 2020 es una cuarta parte de lo que en realidad se necesita para una iniciativa así.
Este sistema, explicó, pretende atender a toda la población que no tiene seguridad social y a la población más vulnerable, más de 75 millones de personas, de manera ilimitada, sin que exista ningún tipo de cuota o retribución por los servicios. Además, se pretende que los trabajadores del Insabi tengan una plaza permanente y dejar el esquema de honorarios.
La finalidad de la iniciativa es buena, dice Méndez, un sistema que se enfoque en la población sin seguridad social es necesario. “Pero, con qué dinero se va a financiar un sistema de salud para más de la mitad de la población nacional, si tenemos un espacio fiscal en contracción, que al menos desde 2016 ha pasado de 6.6% del PIB a 2.4%”.
Se ha definido, agregó la especialista, que se van a asignar 40 mil millones de pesos para el Insabi a partir de su creación, esto viene de lo que era el Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular. “Pero esta fuente de financiamiento no es recurrente, es un fondo que se va a poder usar solo una vez”.
El CIEP ha publicado un documento donde señala que el Insabi podría costar desde 162 mil millones de pesos, en el escenario más conservador, hasta más de 900 mmdp. “Lo que se está proyectando asignar para 2020, los 40 mmdp, no será suficiente. Se necesitaría cuatro veces ese presupuesto para llegar a un primer escenario”.
Sociedad debe exigir reglas de operación
El proyecto de Presupuesto que ha llegado a la Cámara de Diputados para su aprobación propone gastar 402 mil millones de pesos en programas de subsidios que no están obligados a contar con reglas de operación, alertó Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.
Esto es grave, agregó, porque no es factible que un subsidio sin este tipo de reglas use el presupuesto de manera transparente, eficaz, eficiente, económica y honrada, como ordena el artículo 134 de la Constitución.
Las reglas de operación establecen criterios de eficiencia operativa, como calendarios de ejecución de gasto, mecanismos de coordinación con los gobiernos locales, herramientas digitales para procesar la información de su operación, explicó. “A eso estamos renunciando si no hay estas reglas y también a criterios de efectividad, como los de perspectiva regional”.
Con ella coincidieron el resto de los ponentes. Campos solicitó entonces a la Comisión de Presupuesto, que va a preparar el dictamen del PEF, considerar el cambio en la clasificación de los programas (de U a S) para que todos cuenten con reglas de operación.
Incluso México Evalúa y otras organizaciones hicieron pública una carta que enviaron este 23 de octubre a Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados e integrante de Morena.
En ella le piden a la Cámara de Diputados, y en especial a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que en cumplimiento de sus atribuciones incluya en el PEF 2020 la obligación de que todos los programas de subsidios y transferencias de recursos a la población se encuentren sujetos a reglas de operación.
Ramírez Cuellar, que estaba presente en la sesión de parlamento abierto, evitó precisar si la presidencia de la Comisión de Presupuesto o la mayoría de Morena en la Cámara tomará alguna acción al respecto. En su lugar pidió a la sociedad civil presionar para que los programas sociales tengan estas reglas.
“Queremos plantearles un esfuerzo público abierto, como campaña, para que nos obligaran a los diputados, a las diputadas a establecer reglas de operación en los programas. Hemos cursado ya una etapa de aprendizaje y de entrega de miles de millones de pesos sobre la base de lineamientos, desde el decreto de presupuesto de 2019 algunos insistíamos que teníamos la madurez suficiente para que los programas tuvieran reglas, sin embargo se resolvió no ponerlas y la sociedad debe ahora ejercer una presión muy fuerte para que las tengan en 2020”.
En entrevista con Animal Político, la diputada Sonia Rocha, integrante de la mesa directiva de la Comisión de Presupuesto y del PAN, aseguró que la llamada de auxilio a la sociedad por parte de Ramírez Cuellar obedece a que “los diputados de Morena, el grupo mayoritario, no tienen decisión propia. Hoy todo se planea desde otro poder que es la presidencia de la República, y por eso piden auxilio”.
