Programas sociales del gobierno de AMLO seguirán sin reglas de operación en 2020
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Programas sociales del gobierno de AMLO seguirán sin reglas de operación en 2020

Aunque se esperaba que la administración federal cambiara la clasificación de sus programas bandera, no lo hizo, pese a las acusaciones de que como están generan opacidad y le abren la puerta a la corrupción.
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21 de octubre, 2019
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Los programas insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, pensión para personas con discapacidad, Producción para el Bienestar y becas para estudiantes de Educación Media Superior no tendrán reglas de operación para 2020, tal y como sucedió en este 2019.

Eso significa que no habrá los elementos suficientes para poder evaluar a su población objetivo, el mecanismo de selección de los beneficiarios, los parámetros para su operación, sus metas, resultados y forma de gastar los recursos.

Entérate: El gobierno gasta millones en programas prioritarios sin reglas de operación

De acuerdo al documento Reglas de operación de los programas del Gobierno Federal: Una revisión de su justificación y su diseño, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, estas deben contener, como mínimo: objetivos del programa, lineamientos generales, que incluyan cobertura, características de los apoyos (tipo y monto), beneficiarios, criterios y procedimiento de selección, elegibilidad, requisitos, transparencia, derechos, obligaciones y sanciones.

También deben presentar los lineamientos específicos del programa y las instancias que serán ejecutoras, normativas, de control y vigilancia; así como una matriz de indicadores, que formarán parte del sistema de monitoreo y evaluación.

“Si un programa no tiene reglas de operación es más difícil saber si se está ejecutando bien, si está llegando a la población objetivo, cómo se están gastando los recursos, etcétera”, explica Alfredo Elizondo, coordinador de Proyectos de Gesoc.

Hace un año, cuando llegó la administración federal del presidente Andrés Manuel López Obrador se crearon nuevos programas sociales. Estos no aparecieron clasificados en el anexo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, en el que se enlistan todos los sujetos a reglas de operación y que se identifican con la letra S, en su clave presupuestaria.

Los nuevos programas de la administración federal aparecieron en la estructura programática con la letra U, que identifica a los de la modalidad Otros subsidios, y que no están obligados a tener esas reglas.

Académicos, políticos e investigadores de la sociedad civil criticaron la decisión y advirtieron que eso permitiría la discrecionalidad en el uso del presupuesto para programas sociales, y podría fomentar la corrupción. Se esperaba que, ante las críticas y sin el argumento de que eran nuevos, para este 2020 sí las tuvieran.

No fue así. Los programas sociales aparecen, otra vez, como U. Lo más que tendrán son lineamientos, que no son lo mismo que las reglas de operación, aunque dependencias como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social argumenten que sí.

Estas son estrictas e incluso se someten a la aprobación de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Cofemer); los lineamientos no y tampoco están obligados a contar con metodología, procedimientos, manuales, formatos, convenios, convocatorias ni criterios de selección de beneficiarios.

“Es preocupante -dice Carlos Brown, coordinador de Justicia Fiscal de Fundar-, porque no solo es un programa o dos, es toda una nueva arquitectura de la política social de México sin reglas de operación, que además se está sustentando en esto de los censos del bienestar y una estructura paralela, sin los contrapesos para hacer una evaluación completa”.

¿Están incumpliendo la ley?

Si estos programas se quedan sin reglas de operación no caen en la ilegalidad, porque hay vacíos en la reglamentación al respecto que permiten a la administración federal decidir en forma discrecional si un programa es modalidad S o U, explica el analista de Gesoc, Alfredo Elizondo.

Así es, la Ley General de Desarrollo Social dice en su artículo 26 que el gobierno federal deberá elaborar y publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los programas de desarrollo social, incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Pero no hay ningún artículo o apartado de esta reglamentación donde se diga, tal cual, que todos los programas sociales deben tenerlas o que no pueden ponerse en una clasificación diferente a la S.

El vacío se agranda en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que en su artículo 77 establece que se señalarán en el Presupuesto de Egresos los programas a través de los cuales se otorguen subsidios, y aquellos programas que deberán sujetarse a reglas de operación.

El gobierno federal ha hecho justo eso, señalar en el anexo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación los que están bajo esta modalidad, pero omitió incluir sus programas insignia.

De dónde salen los programas modalidad U

Ni en la Ley General de Desarrollo Social ni en la de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se menciona la modalidad de programas Otros subsidios.

Pero aparecen, explica Elizondo, gracias a la Ley de Contabilidad Gubernamental. El artículo 6 define al Consejo Nacional de Administración Contable y dice que tiene entre sus facultades emitir el marco metodológico para la integración y análisis de los componentes de las finanzas públicas a partir de los registros contables y el proceso presupuestario, así como las clasificaciones de los ingresos y gastos.

Y fue el Consejo, en ejercicio de sus atribuciones, quien emitió el Acuerdo por el que se establece la clasificación programática, es decir la tipología general. Y ahí aparecen los programas clasificados como Otros subsidios o U. Pero la definición de qué son o qué clasifican es escueta. Los U, dice el acuerdo son: “para otorgar subsidios no sujetos a reglas de operación, en su caso, se otorgan mediante convenios”.

Los analistas e investigadores argumentan que usar estos recovecos y vacíos legales para no poner reglas de operación a los programas es, por lo menos, una muy mala práctica.

Si se revisan los programas de antes, de hace 10 o 5 años, que estaban clasificados como U es evidente que tenían otras características, explica Rogelio Gómez Hermosillo, experto internacional en programas sociales y coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

“Eran fondos, no entregaban subsidios a personas u hogares, sino a escuelas, unidades económicas, municipios, y eran pequeños, estaban en fase inicial (a prueba), por eso ahora no se justifica en los casos de estos programas dejarlos como U, porque los subsidios que entregan son a personas, tienen un presupuesto elevado y están en su segundo año. Pero el problema es que por el vacío legal, ya se volvió discrecional la clasificación”.

Quienes podrían cambiarla son los diputados. “Ellos tienen esa atribución y sí, sería la opción para dotar a la política social de reglas de operación”, dice Brown.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria lo avala, el artículo 77 señala que la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia.

La diputada Patricia Terrazas, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, adelanta en entrevista con Animal Político que, al menos el grupo parlamentario del PAN, partido del que ella es integrante, sí pugnará porque los programas sociales de este gobierno tengan reglas de operación.

Y lo hará vía la Comisión de Presupuesto, durante la discusión en lo particular del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Durante la discusión del dictamen, se presentará una reserva sobre la clasificación U de estos programas, explica Terrazas.

Las reservas son propuestas de modificación, adición o eliminación de uno o varios artículos incluidos en el proyecto.

En la discusión en lo particular, en comisiones, se abordan aparte los artículos, fracciones o incisos que los miembros del pleno quieran impugnar; y se podrá reservar para votar en un solo acto.

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Pedro Castillo: de qué acusa exactamente la Fiscalía al presidente de Perú y qué pasa ahora

La Fiscalía utilizó una figura especial para acusar al mandatario ante el Congreso, lo que podría desencadenar su salida del poder.
12 de octubre, 2022
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La Fiscalía de Perú acusó formalmente, a través de una denuncia constitucional, al presidente Pedro Castillo de liderar una organización criminal en el seno de su gobierno.

Según la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, la investigación ha revelado indicios de que Castillo es el cabecilla de una red responsable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Benavides también dijo que se estaba produciendo “una feroz obstrucción a la justicia” desde esa red supuestamente “enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”.

El presidente Castillo replicó en una rueda de prensa con medios internacionales que “no hay ningún fundamento real” y “esas acusaciones son orquestadas”. Reiteró que probará su inocencia y aseguró que se ha puesto en marcha “una nueva modalidad de golpe de estado en Perú”.

La Fiscalía presentó formalmente la acusación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, a quien según el Ministerio Público corresponde ahora pronunciarse, aunque el gobierno acusa a la fiscal Benavides de intentar una maniobra inconstitucional para sacar a Castillo del poder.

La acusación formal al presidente supone un nuevo capítulo en la crisis política peruana y abre una nueva etapa de incertidumbre sobre el futuro del mandatario.

Pero, ¿cuáles son los hechos que se le imputan y que podrían costarle el cargo?

Investigaciones preliminares

La Fiscalía llevó a cabo este martes varios registros en viviendas supuestamente relacionadas con la trama investigada, entre ellos el de la hermana del presidente en San Juan de Lurigancho, un populoso barrio de Lima.

La fiscal Benavides aseguró que los investigadores encontraron “muy graves y reveladores indicios” de la supuesta existencia de la red criminal en el Gobierno, aunque no dijo cuáles..

El Presidente expresó su indignación por Twitter “La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre”.

La Fiscalía ha abierto seis investigaciones preliminares sobre Castillo en el poco más de un año que lleva de presidente y la acusación constitucional presentada el viernes supone la culminación a meses de titulares sobre supuestas irregularidades e ilícitos cometidos por su entorno.

Ya en mayo se había emitido orden de busca y captura contra dos sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, que desde entonces continúan huidos de la justicia, y su cuñada, Yenifer Paredes, a la que según el mismo cuenta ha criado como su hija, quien fue encarcelada el 31 de agosto por su supuesta pertenencia a la red liderada por Castillo.

El exsecretario y los sobrinos de Castillo, en la imgen oficial donde se ofrece una recompensa por ellos.

Mininter Perú
El Ministerio del Interior ofrece una recompensa por los sobrinos y el exsecretario de Castillo (izq.).

Denuncia constitucional

Las investigaciones en curso en la Fiscalía son diversas y algunas interconectadas., pero ninguna ha superado la fase preliminar.

De acuerdo con la Constitución peruana, el Presidente solo puede ser acusado por traición a la patria, por impedir la celebración de elecciones, disolver el Congreso indebidamente o impedir que se reúna, así como imposibilitar el funcionamiento de los órganos electorales.

Sin embargo, la Fiscalía asegura que el procedimiento especial de denuncia constitucional permite determinar si las personas que tiene inmunidad (como el primer mandatario y los congresistas) cometieron delitos en el ejercicio de sus funciones, entre ellos abuso de autoridad o corrupción.

Una vez formulada la acusación por esta vía, para salir adelante requiere del voto de más de la mitad de los congresistas. De ser aprobada en el Congreso, la fiscal de la Nación podrá formular una demanda penal contra Castillo ante la Corte Suprema de Justicia.

El gobierno asegura que la iniciativa va contra la Constitución.

Suspicacia por un ministerio

El Ministerio de Transportes ha sido objeto preferente de las investigaciones. Según la Fiscalía, Castillo y su ex ministro de Transportes, Juan Silva, también huido, favorecieron a determinados empresarios en la concesión de contratos públicos a cambio de pagos irregulares.

Para otro exministro de Transportes de Castillo, Geiner Alvarado, la Fiscalía pidió una medida de impedimento de salida del país, también por su supuesta pertenencia a esta banda, de la que formaría parte también los sobrinos fugados de Castillo.

Los sobrinos se habrían lucrado con la concesión del proyecto para la construcción de un puente en el norte del país. En el mismo procedimiento está imputado Bruno Pacheco, ex secretario de Castillo al que se le intervinieron US$20.000 en el cuarto de baño de su despacho en el Palacio de Gobierno.

Obras bajo sospecha en su tierra

De acuerdo con el relato de la Fiscalía, la red presuntamente liderada por Castillo también habría buscado lucrarse con contratos públicos del Ministerio de Vivienda en su provincia natal, Chota.

Fue este asunto el que llevó a prisión a su cuñada, Yenifer Paredes, que fue vista en una grabación difundida por el programa Cuarto Poder gestionando la realización de obras de saneamiento en un municipio chotano acompañada del empresario local Hugo Espino.

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo

Congreso de la República del Perú
Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo

El papel de “Los Niños”

Entre los registros llevados a cabo el martes estuvo el de los despachos de 6 congresistas del partido Acción Popular conocidos en los medios locales como “Los Niños” y a los que la Fiscalía sitúa también como miembros de la organización criminal de Castillo.

Se trata de Raúl Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinoza Vargas, Ilich López Ureña y Elvis Vergara Mendoza.

Informaciones publicadas en los medios peruanos indican que lo que puso a la Fiscalía sobre aviso de los supuestos tratos delictivos de Castillo con “los Niños” fue el testimonio de la empresaria Karelim López Arredondo, que señaló que todos ellos formarían parte de la red corrupta del Ministerio de Transportes.

La empresaria se acogió a la figura de la colaboración eficaz con la justicia para obtener beneficios procesales en un caso en el que ella también está implicada.

Los congresistas se habían caracterizado por votar a favor de los intereses de Castillo en el Congreso pese a pertenecer a una bancada rival.

Ascensos en la Policía y Fuerzas Armadas

Aunque la fiscal Benavides no lo mencionó como uno de los asuntos que sustentan su acusación constitucional contra el presidente, se sabe que la Fiscalía también investiga el papel de Castillo en supuestas irregularidades en el ascenso de altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía.

La Fiscalía considera que Castillo, junto con un exministro de Defensa, Walter Ayala, y su exsecretario personal, Bruno Pacheco, habrían solicitado el ascenso de varios oficiales al grado de general y habrían intentado recibir dinero a cambio de esos ascensos.

Castillo fue citado a declarar por este asunto el pasado 4 de agosto y prefirió acogerse a su derecho a no declarar.

La salida del ministro de Interior

La salida del gobierno del ministro del Interior Mariano González se convirtió en un nuevo expediente judicial contra Castillo.

González declaró a los medios tras haber sido cesado que lo fue en represalia por haber asignado a los policías más competentes a la división encargada de localizar a huidos como los sobrinos de Castillo.

“Cae de maduro que se está cuestionando poner a los mejores profesionales para búsqueda de prófugos”, dijo entonces González.

Para la Fiscalía esto podría constituir un delito contra la administración de justicia por parte del Presidente.


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