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Alberto Pradilla

¿Qué pasó con los migrantes que llegaron a México hace un año en la caravana?

No hay datos sobre cuántos de los integrantes de la caravana lograron su objetivo o cuántos fueron deportados. Es imposible hacer estadísticas sobre qué ocurrió con cada uno de ellos.
Alberto Pradilla
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Si le preguntas a Ayyi Collins, hondureño de 22 años, sobre qué es lo mejor que ha hecho en su vida, te responde sin pensarlo: “la caravana”.

Y eso que Ayyi es de los que no lograron su objetivo tras su larga marcha centroamericana que entre octubre y noviembre de 2018 atravesó México con destino a Estados Unidos.

El joven caminó durante mes y medio junto a sus compañeros. Pidió raite, subió en camiones, durmió a la intemperie. Pasó hambre, frío, sueño, calamidad. Estaba a puntito de lograrlo. Pero cuando se encontraba a un paso del sueño americano, cuando ya pisaba tierra californiana, cuando creía atravesar los primeros metros del éxito, fue interceptado por una patrulla fronteriza.

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No hay datos sobre cuántos de los integrantes de la caravana lograron su objetivo o cuántos fueron deportados. Según estimaciones del Colegio de la Frontera del Norte (Colef), una institución con base en Tijuana, Baja California, a esta ciudad llegaron unas diez mil personas que integraban las marchas de octubre y noviembre de 2018.

Es imposible hacer estadísticas sobre qué ocurrió con cada uno de ellos. Algunos pidieron asilo. Otros cruzaron de forma irregular y se convirtieron en indocumentados en Estados Unidos. A otros, como a Ayyi, los atraparon, los encerraron y les deportaron.

Según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en el año fiscal de 2018 fueron deportados 28,218 hondureños, 15,455 salvadoreños y 50,319 guatemaltecos. Solo los mexicanos superan a los centroamericanos en número de expulsiones, con 141,45 retornados. Es decir, en un año Estados Unidos expulsó a más mexicanos que guatemaltecos, hondureños y salvadoreños juntos.

Los datos de 2019 todavía no son públicos y ahí aparecería gente como Ayyi, detenido en 2018 pero deportado meses después.

El joven recuerda perfectamente el momento en el que fue interceptado.

“No moverse. Mi perro va a morderlos. ¿Usted tener papeles?”, le dijo el agente norteamericano.

Para cuando se dio cuenta, el pobre Ayyi ya estaba rodeado: perros, agentes, vehículos policiales y hasta un dron. Todo el despliegue que la mayor potencia del mundo es capaz de exhibir para frenar el camino de un grupo de centroamericanos cansados, hambrientos y enfermos.

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Sería el mes de diciembre cuando Ayyi fue atrapado y encerrado en la “hielera”, los centros de detención del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. De ahí, a una cárcel en Adelanto, California, donde permaneció dos meses. Y de ahí, de vuelta a Honduras, a El Progreso Yoro.

A pesar de todo, Ayyi asegura que mereció la pena.

“Es una aventura que nunca se olvida, todos los días me acuerdo, las personas que conocí, las que me enseñaron, a las que les enseñé. Hubo días tristes, alegres, cansados, fuertes. Pero fue un tiempo lleno de historias, aventuras y retos”, dice, por teléfono, desde su humilde casita ubicada en Progreso, Yoro, un municipio del norte de Honduras, a 30 minutos de San Pedro Sula. Él reside en el barrio de San Jorge, una zona humilde y con fama de peligrosa. En todos los barrios hay alguien que manda y, en el caso de San Jorge, es la Mara Salvatrucha, la MS-13, la pandilla que rivaliza con el Barrio 18 y que opera en Guatemala, El Salvador, Honduras, sur de México y Estados Unidos.

Hace exactamente un año, miles de centroamericanos atravesaban México, convertidos en un campo de refugiados itinerante. Ayyi Collins era uno de ellos. Él no tuvo suerte. Lo atraparon cuando ya tenía la miel en los labios. Otros, sin embargo, tocaron el cielo con sus propias manos y se encuentran en Estados Unidos. Algunos se quedaron a medio camino y han convertido México en su hogar, aunque siempre con la vista puesta en cruzar al gabacho.

“Me quiero marchar”, dice Ayyi. Saber que no lo quieren en Estados Unidos no es motivo suficiente como para no pensar en buscar una mejor vida.

Desde que lo deportaron, el joven hondureño lo ha intentado todo. Buscó trabajo en Honduras, pero a los tres meses tenía la maleta nuevamente hecha. Con dos intentos fallidos de alcanzar el Norte (el primero abortado por un secuestro a manos del crimen organizado en Tamaulipas y el segundo, el de la caravana, frenado por la Border Patrol), Ayyi optó por cambiar de rumbo. Y miró hacia el sur, hacia Costa Rica. Allí llegó con una visa de turista y ganas de trabajar. Pero tampoco tuvo éxito. Pasó por un carwash y vendió frutas, pero cuando venció el plazo de tres meses se regresó a Honduras.

Actualmente trabaja como taxista.

Ser taxista en Honduras es una profesión de alto riesgo.

Entre enero y julio de 2019, un total de 18 taxistas fueron asesinados según el Comisionado de los Derechos Humanos, que reportó 75 muertos en ataques al transporte público.

A los taxistas en Honduras, Guatemala o El Salvador, los extorsionan. Y, si no pagan, los matan. Eso lo sabe bien Ayyi. “Es peligroso, pero la vida es un riesgo”, dice, riendo. Luego asegura que algo ha cambiado en su zona, que ya no se rentea a su gremio. Una buena noticia, al menos.  Su gran preocupación es el salario. Asegura que hay días en los que trabaja 14 horas y apenas llega con diez dólares en el bolsillo. “Trabajo para comer”, dice, frustrado.

Es un tipo optimista, Ayyi. Pero está decepcionado. Dice que quiere progresar, que quiere un empleo, que quiere vivir tranquilo. Por eso sabe que su futuro no está en Honduras. Solo es cuestión de tiempo que vuelva a intentar huir.

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Lo deportaron por considerarlo “líder” de una caravana

Walter Pomilio Coello tiene 42 años y una vida de trotamundos. Dos veces residió en Estados Unidos y dos veces tuvo que regresar a Honduras: la primera por su propio pie y la segunda deportado. Dicen que a la tercera va la vencida, pero se le resiste a este hombre de Tegucigalpa que trabajaba como taxista, pero se hartó de pagar extorsión a las pandillas.

Walter es uno de los tipos que conoce bien la caravana porque estuvo desde el principio. No logró su objetivo de alcanzar el norte. Fue deportado a Honduras por las autoridades mexicanas. Recurrió su proceso y, a pesar de tener una alerta migratoria, actualmente reside en Tijuana, donde trabaja en una filial de Samsung.

Su historia es la de un tipo obligado a escapar al que el camino convirtió en activista. La deportación por parte de México, el precio que tuvo que pagar por ese compromiso.

Él fue uno de los primeros 200 que se reunieron en la estación de San Pedro Sula aquel 12 de octubre en el que nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Estaba harto de pagar extorsión, que en Honduras se conoce como “impuesto de guerra”. No es que pagase una, ni dos, ni tres. Es que pagaba cuatro cuotas diferentes a cuatro grupos delictivos distintos: Mara Salvatrucha, Barrio 18, Los Chirizos y los 12 Templarios. Las dos primeras son las grandes pandillas que operan en Honduras, Guatemala, El Salvador, sur de México y Estados Unidos. Los segundos, grupos locales que también matan, secuestran, extorsionan y trafican.

Entérate: 979 migrantes africanos que el gobierno considera “apátridas” piden ser regularizados

Tanto le exprimieron que Walter decidió marcharse, por no pasar doce horas al volante para pagar a otros tipos para que no lo mataran. Además de migrantes, se implicó en tareas de organización de esa caótica serpiente que fue la caravana. En concreto, en la seguridad: tratar de ordenar a miles de hombres, mujeres y niños cansados, decepcionados, deshidratados, enfermos y procedentes de una de las partes del mundo con mayores índices de violencia.

Walter.

“La caravana fue algo maravilloso, una experiencia única en la vida, poder ayudar a la gente, a las madres con niños, a los ancianos. Es bonito, una aventura. Uno sufre, pero gracias a Dios a los lugares que llegamos fuimos bien atendidos”, dice.

Hace un año todos relatamos el penoso tránsito de la marcha de los pies doloridos. Ahora, sin embargo, sus participantes recuerdan la épica, el apoyo mutuo, los buenos momentos.

La historia de Walter comenzó a torcerse en enero, con la primera caravana del año. En aquel momento el gobierno de Andrés Manuel López Obrador todavía fomentaba el espejismo de una gestión “ordenada” de la migración con la entrega de más de 13,000 tarjetas de visitante por motivos humanitarios en la segunda quincena del mes. Walter fue uno de los beneficiados.

El objetivo seguía siendo Estados Unidos y tener tarjeta legal no significaba disponer de los medios para atravesar México. Así que cientos de centroamericanos quedaron dispersos, en su mayoría en Chiapas.

Walter asegura que él trataba de colaborar con ellos, preparando comidas y organizando con otros voluntarios. Hasta que el 8 de febrero fue arrestado en Ciudad Hidalgo, en la frontera entre Guatemala y México, por agentes de la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración. Lo mantuvieron incomunicado una semana en la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula, hasta que fue trasladado a Ciudad de México. De ahí, en un avión, deportado a San Pedro Sula, donde llegó sin la posesión más preciada para un migrante que quiere moverse por México: su tarjeta de visitante por motivos humanitarios, que algún funcionario se la arrebató y no se la regresó jamás.

Dice Walter que los agentes le aseguraron que lo tenían que devolver porque tenía cuentas pendientes con la justicia en Honduras. Pero que, al llegar a la comisaría de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), los agentes le miraron con cara rara, preguntándole que por qué estaba allí si nadie le estaba buscando. Así que dio media vuelta y regresó a México.

Actualmente se encuentra en Tijuana, trabajando. Además, sigue tratando de regularizar su situación. Se queja de que le impusieron una alerta migratoria por considerarle un “líder” de la caravana, pero él niega todo, asegura que es un taxista que quiso llegar a Estados Unidos por tercera vez y que, en el camino, se dedicó a apoyar a otros.

A pesar de la deportación, está agradecido con México. “Gracias a Dios, le doy gracias a México, no he tenido problemas con las autoridades”, dice. Asegura que el salario en Tijuana rinde más que lo que ganaba en Tegucigalpa pero que, sobre todo, lo que ganó fue tranquilidad.

Quién sabe si volverá a intentar cruzar a Norteamérica. Al menos, ahora, está a salvo.

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Reuters

5 claves que explican por qué Evo Morales fue forzado a dejar la presidencia de Bolivia

Pese a haberse proclamado vencedor de los comicios del pasado 20 de octubre, Evo Morales tuvo que renunciar a su cargo de presidente tras casi 14 años en el poder. El mandatario estuvo bajo fuerte presión de líderes de la oposición y sus seguidores que denunciaron que hubo fraude electoral.
Reuters
11 de noviembre, 2019
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Evo Morales pasó en menos de tres semanas de declararse ganador de las elecciones a denunciar un golpe de Estado y renunciar a la presidencia de Bolivia.

“Ha habido un golpe cívico, político y policial”, denunció el presidente en el mensaje televisivo en el que anunció su dimisión.

La decisión se produjo unas horas después de que el comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, general Williams Kaliman, sugiriera al mandatario que diera un paso al lado para desbloquear la crisis política.

Para los militares no parecía suficiente que el presidente llamara a nuevas elecciones tras las irregularidades detectadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) en su auditoría.

Y es que la profunda crisis política que vive Bolivia tuvo su detonante en el escrutinio de las elecciones, el 20 de octubre.

Esa noche, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendió por sorpresa el conteo rápido con el 83% escrutado y con una tendencia que apuntaba a que iba a haber segunda vuelta entre el mandatario boliviano y el candidato opositor, Carlos Mesa.

Al día siguiente, ese conteo rápido, denominado Transmisión Rápida de Resultados Preliminares (TREP), se reactivó con un 95% de avance y con Morales ganando en primera vuelta por un estrecho margen.

Morales

AFP
Morales anunció su renuncia en una declaración televisada junto a su vicepresidente.

Las sospechas que habían suscitado los extraños movimientos del TSE llevaron a la oposición a clamar un “fraude descarado”.

Incluso las misiones de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea pidieron que hubiera segunda vuelta.

Pero Morales insistió en que él había ganado las elecciones y, en respuesta a las manifestaciones de la oposición, llamó a sus seguidores a “defender la democracia” en las calles y frenar un “golpe de Estado”.

Eso sí, también aceptó que la OEA hiciera una auditoría del escrutinio.

1. La auditoría

En pleno escrutinio el mismo día de la votación y con la oposición ya hablando de fraude, la propia misión de observadores de la OEA apuntó a la interrupción del conteo como una de las “sustanciales deficiencias” que minaban la “necesaria credibilidad y transparencia”.

El gobierno le pidió a la OEA una auditoría para despejar cualquier duda. Y hay que recordar que el candidato opositor, Carlos Mesa, quien denunciaba “fraude descarado”, rechazó en todo momento las condiciones en las que el organismo iba a revisar el escrutinio.

Mesa quedó en segundo en los comicios del 20 de octubre y desde el primer momento aseguró que Morales no alcanzó la diferencia necesaria para derrotarlo en primera vuelta.

Una casilla de votación en Bolivia.

AFP
La OEA dijo que hubo “irregularidades” en el recuento de votos iniciado la noche de la elección, el 20 de octubre.

La auditoría resultó devastadora para el gobierno. La OEA determinó que era estadísticamente improbable que Morales hubiese ganado por el margen de 10% que necesitaba para evitar una segunda ronda electoral.

La OEA asegura también que encontró actas físicas con alteraciones y firmas falsificadas. En el informe de 13 páginas se señala que en muchos casos no se respetó la cadena de custodia de las actas y que hubo manipulación de datos.

Morales respondió este domingo con una declaración ante la prensa en la que, sin mencionar a la OEA y sin señalar la fecha, llamó a nuevas elecciones.

Pero unas horas después, y con la presión de las Fuerzas Armadas en su contra, decidió dimitir.

2. El ejército y la policía en contra

En esa renuncia también parece clave el pronunciamiento del general Williams Kaliman, en nombre del alto mando de las Fuerzas Armadas bolivianas.

Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”, decía Kaliman en un comunicado.

La solicitud a Morales, decía la nota, fue formulada tomando en cuenta “la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la condición política del Estado”.

William Kaliman

Reuters
El general William Kaliman (centro) es el jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia.

Al posicionamiento de los militares a favor de la renuncia del presidente hay que sumar que desde el viernes pasado, cuando estaban a punto de cumplirse tres semanas de violencia en las calles, comenzó a extenderse por el país un “motín policial”.

Los agentes de diversas unidades, primero en Cochabamba (centro) y luego en todas las capitales departamentales, comenzaron a declararse en rebeldía uniéndose así a las protestas contra el gobierno.

Y aunque a diferencia de otros gobiernos “en problemas” en la región, Morales sigue disfrutando de un enorme poder de movilización entre sus bases, sin policía en las calles y sin apoyo de los militares, el presidente quedó en una situación de evidente debilidad.

En distintos departamentos de Bolivia, los policías decidieron amotinarse en contra del gobierno.

Getty Images
En distintos departamentos de Bolivia, los policías decidieron amotinarse en contra del gobierno.
Policías amotinados en La Paz

Reuters
En la capital de Bolivia, La Paz, también hubo amotinamiento de policías durante el fin de semana.

3. Presión en la calle

La oposición a Morales apostó desde el primer momento a la movilización callejera para forzar la mano del presidente.

Con huelgas y paros por todo el país, Bolivia se convirtió en una gran batalla campal entre partidarios del presidente y sus detractores.

La paralización del conteo rápido de resultados la noche de las elecciones disparó las manifestaciones de calle.

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La paralización del conteo rápido de resultados la noche de las elecciones disparó las manifestaciones de calle.

Pero a diferencia de las crisis políticas que vivió el país durante el mandato de Morales, las protestas se hicieron fuertes esta vez en la ciudad de La Paz, otrora uno de los bastiones de Evo.

Universitarios y clases medias salieron noche tras noche a enfrentarse a la policía y a los poderosos sindicatos y “movimientos sociales” (entre ellos mineros y cocaleros) llegados a la sede de gobierno para defender al presidente.

Los heridos han sido centenares. Aunque solo se han reportado tres muertos, algo que parece poco dada la intensidad de la violencia de los enfrentamientos y teniendo en cuenta que los mineros usan dinamita en la protesta.

Así, un presidente que llegó al poder hace casi 14 años tras una larga trayectoria de protestas como líder de los sindicatos de productores de hoja de coca, se vio cercado por quienes pasaron de reclamarle una segunda vuelta ante Carlos Mesa a exigir su renuncia.

4. Radicalización de la oposición

Y es que la oposición hacía tiempo que había dejado atrás la exigencia de una segunda vuelta entre Morales y Mesa y venía pidiendo la renuncia del mandatario.

El endurecimiento de las posturas de la oposición vino de la mano del creciente protagonismo del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

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El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, exige la renuncia del gobierno y del Congreso.

Con Camacho llevando la voz cantante, los opositores ya no se conformaban ni siquiera con la renuncia de Morales.

Y más tras conocerse la auditoría. Camacho pasó a exigir entonces exigen que dimitieran el presidente y todo su gobierno, también los senadores y diputados, además de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional.

Todo, para dejar el país en manos de una junta de notables que designe un nuevo TSE que celebre nuevas elecciones en un plazo de 60 días.

“La OEA nos ha demostrado que el fraude era tan obvio que por la resistencia del pueblo boliviano, no podía ocultarlo. El presidente Evo Morales ha cometido delitos”, dijo Camacho este domingo.

5. La re-re-reelección

Y si se puede decir que las denuncias de fraude y las protestas se dispararon con el escrutinio electoral, la crisis política que vive Bolivia tiene un trasfondo mucho mayor y que pasa por el mero hecho de que el presidente fuera candidato a la reelección, otra vez.

Morales gobierna Bolivia desde el 22 de enero de 2006. La Constitución boliviana dispone que solo dos mandatos presidenciales continuos son permitidos, pero Morales ya iba por el tercero.

El 20 de octubre, el presidente buscaba asegurarse un cuarto mandato que le habría permitido gobernar hasta 2025.

Evo Morales.

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Pese a perder el referéndum para buscar un cuarto mandato, Morales logró luz verde del Tribunal Constitucional para postularse de nuevo.

Para lograr estos fines, el presidente tuvo que cobijarse en fallos del Tribunal Constitucional para habilitarse como candidato.

Y es que el 21 de febrero de 2016, más de la mitad del país votó en contra de una posible nueva reelección del dirigente cocalero.

Gracias al Tribunal Constitucional y al reconocimiento del Tribunal Supremo Electoral, ambas entidades acusadas en Bolivia de ser funcionales al gobierno, Morales logró ser candidato una vez más.

Las protestas empezaron hace tres semanas, pero ya se veía venir que este nuevo intento de reelección iba a ser el más difícil que afrontaría desde su primera victoria presidencial hace 14 años.

Lo que no muchos vaticinaban era un desenlace como el que ahora Bolivia entera presencia con la caída de Morales.


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