Ricardo Salinas Pliego y Banco Azteca demandaron por “daño moral” a la revista Proceso, a dos integrantes de su equipo directivo y a un reportero por las investigaciones periodísticas en las que abordaron presuntos vínculos del empresario con la compraventa a sobreprecio de Grupo Fertinal por parte de Pemex durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Proceso informó que la demanda fue presentada el pasado 26 de agosto ante el Juzgado 62 de lo Civil en la Ciudad de México, y en ella Salinas Pliego y Banco Azteca afirman que la revista orquestó una “campaña de desprestigio en su contra”, con el fin de “sembrar en la población mexicana una idea errónea y negativa”.
Asimismo, acusaron a la publicación de difundir la noción de que “el señor Ricardo Salinas Pliego es una persona corrupta”.
De acuerdo con la revista, la demanda se presentó por el reportaje ‘Pemex-Fertinal: El Gran Fraude de Salinas Pliego”, publicado en la edición 2229 del semanario, en cuya portada aparece el rostro sonriente del empresario.
En el reportaje, Proceso señaló presuntos vínculos entre Ricardo Salinas y una red de sociedades que tuvieron acciones de Grupo Fertinal entre 2006 y 2016.
También detalló que empleados de Salinas habrían ocupado puestos clave dentro de Fertinal, mientras Banco Azteca se convirtió en su “tesorería” mediante un fideicomiso.
En su defensa, la revista informó que ha presentado “documentos que sustentan cada párrafo publicado en sus sucesivas ediciones, y contestó puntualmente a los 122 reclamos presentados por los abogados del magnate y su banco”.
En un texto publicado este lunes 21 de octubre, el semanario indicó que, a petición de los abogados del empresario, el Juzgado 62 de lo Civil en la Ciudad de México emitió una “orden de censura” para que Proceso no publicada información del juicio; sin embargo, “el mismo Poder Judicial violó la medida en el Boletín Judicial del pasado viernes 11, donde publicó los nombres de los demandantes”.
De acuerdo con la revista, a petición de los abogados de Ricardo Salinas Pliego, un juez de la Ciudad de México emitió una orden de censura previa que impide a Proceso informar sobre la demanda por “daño moral”.
En la cédula de notificación emitida el pasado 3 de septiembre, el juez Rodrigo Cortés Domínguez Toledano, titular del Juzgado 62º civil, planteó que “se previene a todas las partes incluyendo a los actores, demandados y a los que puedan llegar a tener acceso a la misma para que se abstengan de usar o divulgar la información relacionada con el presente juicio.
Ante ello, Proceso presentó cuatro amparos indirectos el pasado 30 de septiembre para suspender esta medida: argumentó que la orden judicial constituye una censura previa y viola el derecho constitucional a la libertad de expresión.
Sin embargo, el 2 de octubre, Thelma Aurora Méndez Domínguez, una funcionaria del Poder Judicial, desechó las demandas de amparo con el pretexto de que no se surtió el “principio de definitividad”, desconociendo que hay excepciones cuando hay afectaciones directas de imposible reparación a los derechos humanos como es el relativo a la libertad de expresión y su tutela prevista en el artículo 7º constitucional.
Con información de Proceso.
