Función Pública investiga a 10 superdelegados por posible uso irregular de programas sociales
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Cuartoscuro

Función Pública investiga a 10 superdelegados por posible uso irregular de programas sociales

"Estas denuncias están siendo trabajadas con autonomía técnica y de gestión", dijo la secretaria de la Función Pública, al comparecer en la Cámara de Diputados.
Cuartoscuro
24 de octubre, 2019
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Diez de los llamados superdelegados estatales están siendo investigados luego de que fueran presentadas 12 denuncias en su contra, por presunto uso irregular de programas sociales, informó la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, al comparecer en la Cámara de Diputados.

“Hasta ahora las entidades federativas cuyos delegados son denunciados son los de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, y estamos abiertos a cualquier otra denuncia que llegue”, expresó Sandoval.

“Estas denuncias están siendo trabajadas con autonomía técnica y de gestión, que corresponde a nuestros Órganos Internos de Control (OIC); las más importantes han sido asumidas por mí y también los OIC están trabajando para procesar denuncias que se generen sobre nuestros delegados estatales”, agregó.

A los estados mencionados se suma el caso de Jalisco, donde enfrenta un proceso el ahora exdelegado Carlos Lomelí. De acuerdo con Reforma, Lomelí compareció este jueves, debido a las investigaciones que hay sobre contratos de sus empresas con el gobierno.

Sandoval, ante legisladores, también informó que están en marcha las siguientes auditorías: a programas de apoyo a hijos de madres trabajadoras, al de atención a personas con discapacidad, al de ayuda para personas adultas mayores, Sembrando Vida y la actuación de los llamados Servidores de la Nación.

Señaló que se combate la impunidad “sin filias, ni fobias”, y se investiga lo mismo a servidores públicos de la administración actual, que a aquellos que tenían abiertos procesos en gobiernos anteriores “y a los que estamos obligados también a terminar sus procesos”.

Asimismo, indicó que en la Función Pública “no hay intocables, ni perseguidos”, y aclaró que se han impuesto casi tres mil sanciones a los servidores públicos, entre las que destacan 925 inhabilitaciones, 179 destituciones y 256 sanciones económicas.

Dijo que dentro de la transformación instrumentada en la dependencia ya se tienen los primeros resultados, pues las auditorías a programas de desarrollo y operación regional han permitido observar más de 46 mil millones de pesos que los estados y municipios deberán justificar “o reintegrar a la Federación”.

Dijo que las auditorías de obra pública han determinado 119 observaciones por más de 17 mil millones de pesos, y subrayó que más de 16 mil millones de pesos se concentran en 69 observaciones vinculadas al llamado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con sede en Texcoco.

Entérate: Programas sociales del gobierno de AMLO seguirán sin reglas de operación en 2020

El pasado 22 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un memorándum a todos los servidores públicos  el país, donde les pidió abstenerse por completo de actuar en asuntos partidistas, porque de lo contrario serán sancionados y deberán renunciar a su cargo.

El mandatario mexicano publicó en redes sociales el documento, en el que recuerda que el fraude electoral está tipificado como delito grave, y les pide no incurrir en injerencias y uso de recursos públicos, como ocurrió en el pasado.

“De modo que nosotros, por ningún motivo podemos actuar de la misma manera. No es congruente, moral, ni legal mantener estas deleznables prácticas políticas. Nada de partido de Estado”, advirtió.

“Les recuerdo que uno de los propósitos fundamentales de la Cuarta Transformación es hacer realidad una auténtica democracia. Desterrar la simulación y las marrullerías. Ser izquierda significa ser honestos, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, agregó.

López Obrador dijo que, si bien reconoce que los servidores públicos son mujeres y hombres de convicciones, “tengo el deber de comunicarles que se les pedirá la renuncia al cargo a quienes lleven a cabo cualquier práctica antidemocrática”.

“Asimismo, le recuerdo que el fraude electoral, por iniciativa nuestra, ya está tipificado en la Constitución como delito grave. Estoy seguro que todos sabemos actuar con rectitud y dignidad”.

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los superdelegados investigados por la Secretaría de la Función Publica serán castigados si se demuestran los delitos por los que son acusados.

Consideró que los superdelegados investigados podrían separarse del cargo solo si la Secretaría de la Función Pública lo solicita.

Con información de Reforma (suscripción necesaria) y Notimex

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Países como Colombia o México 'no tienen alternativa' a seguir con la guerra contra las drogas: expresidente Rafael Pardo

El colombiano Rafael Pardo fue uno de los políticos que tuvo que lidiar con la lucha contra el tráfico de narcóticos, una guerra dirigida por Estados Unidos que, según él, países como Colombia o México no tienen otra opción que acoger.
21 de junio, 2021
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Han pasado 50 años y la guerra contra las drogas sigue sin ganarse.

Este mes se cumple medio siglo desde que el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, declarara una lucha frontal contra el tráfico ilegal de estupefacientes.

Una política interna de Washington que marcó profundamente a Colombia, México y otros países de América Latina.

El político colombiano Rafael Pardo es quizá una de las personas que más de cerca vivió esa guerra en la región.

Con 30 años entró al gobierno como consejero de paz y entre 1991 y 1994 fue ministro de Defensa durante el gobierno de César Gaviria.

Desde ahí tuvo que enfrentar al poderoso cartel de Medellín, al mando de Pablo Escobar. En esos años el narco fue detenido como parte de una amnistía, se escapó de la cárcel y mantuvo una lucha violenta contra el Estado que dejó cientos de víctimas y terminó con su muerte en 1993.

Rafael Pardo

AFP
Rafael Pardo ha sido miembros del establecimiento político durante décadas en Colombia, pero además ha sido escritor de varios libros, entre ellos “La guerra sin fin”.

Pardo luego fue periodista, candidato a la presidencia y a la alcaldía de Bogotá, ministro de Trabajo y ficha clave del proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Su libro “Guerra sin fin” sobre el tráfico de narcóticos se publicó el año pasado por la editorial Planeta.

A propósito del aniversario del anuncio de Nixon, Pardo habló con BBC Mundo.


Usted hizo parte fundamental del establecimiento político que luchó contra el narco durante décadas. ¿Cree que se equivocaron en algo?

En los años 80 ya había pasado el boom de la marihuana y empezaba el de la cocaína. Los carteles estaban en auge. Hoy ya no existen. Pablo Escobar y su cartel de Medellín ya no están y el cartel de Cali fue extraditado.

Cuando era ministro de Defensa, entre el 91 y el 94, fumigamos la amapola y Colombia hoy es un productor marginal de ese producto base para la producción de heroína.

La prioridad era librarnos de narcoterrorismo y nos libramos.

¿Tenían o tienen países como Colombia o México una opción distinta a seguir y apoyar la política antidrogas de Washington?

Nuestros países no tenían ni tienen alternativa a seguir con la guerra contra las drogas.

Es clave, antes y ahora, estar en sintonía con Estados Unidos, porque su influencia nos marca en todo sentido: económico, militar y político.

Y en este gobierno (de Estados Unidos) de Joe Biden no se muestra ningún signo de cambio.

¿Qué impacto tuvo el narcotráfico en la economía colombiana?

La revaluación del peso es uno, y eso le restó competitividad a la economía legal, porque quitó los incentivos para exportar. Colombia sería un país más próspero si no hubiera narcotráfico.

El dólar callejero está tradicionalmente más bajo que el dólar en las casas de cambio o en los bancos.

Pero además hay un efecto cultural. La riqueza fácil, la idea de que todo vale para enriquecerse, marcó a este país. Hasta en los colegios hay cierta admiración por los narcos.

El narcotráfico ha sido una desgracia para Colombia.

Campesino cocalero

AFP

Sabemos que no solo en Colombia, sino en Perú y México, importantes dirigentes políticos recibieron dinero de esa industria. ¿Hasta qué punto el narcotráfico se convirtió en un eje de la política?

Hay un ejemplo en Colombia que prefiero no nombrar. Mejor sí lo nombro: Ernesto Samper (presidente entre el 94 y el 98 cuya campaña presidencial recibió dineros del narco).

¿Quién se ha beneficiado de la guerra contra las drogas?

Los narcos y las agencias antidrogas.

En Colombia se han intentado todo tipo de estrategias para sustituir cultivos ilegales por legales. Pero ¿tiene sentido seguir insistiendo en esas estrategias mientras las drogas sean el negocio más rentable para un campesino?

Sustituir es la opción más sostenible para los campesinos, que son el eslabón más débil, el que menos gana. No hay un solo campesino rico. Solo sobreviven.

Las ganancias no están ahí, sino en los intermediarios.

Pero ¿sustituir es mejor opción que legalizar?

No es tan sencillo. Hay que atacar los problemas que sustentan las actividades de drogas: pobreza, informalidad, exclusión.

Luego romper el prohibicionismo con políticas de descriminalización a pequeñas dosis y de salud pública que ataquen la adicción.

Eso debe ir de la mano de cooperación internacional, porque un país productor no supera este trauma solo.

Guerra contra las drogas

AFP

¿Cuánta responsabilidad se le puede atribuir al narcotráfico en la persistencia de problemáticas como la criminalidad, la sobrepoblación carcelaria o la corrupción en América Latina?

La criminalidad está altamente relacionada con la droga.

La sobrepoblación carcelaria tiene que ver con jóvenes que en su mayoría son acusados de tráfico de drogas.

La corrupción en sentido estricto no tiene que ver con drogas, pero la cultura del “todo vale” es un incentivo para la corrupción.

¿Qué opina de la iniciativa del gobierno de Iván Duque de volver a hacer aspersiones con glifosato para erradicar cultivos de coca?

Estoy a favor de la aspersión para el cultivo de amapola, que es una mata más débil. Pero la coca es más fuerte. La amapola requiere de una aspersión mientras que la coca requiere múltiples aspersiones.

Estados Unidos, que ha estado 19 años en Afganistán, no ha fumigado nunca. Probablemente en Afganistán no tienen en cuenta los efectos cancerígenos, sino que reconocen que la efectividad no está probada.

Considerando los afectos cancerígenos del glifosato, el proyecto de Duque es una locura.

Primero porque su efectividad es nula. Segundo porque va a generar una agitación social en las zonas productoras.

Y tercero porque va a repercutir en costosas demandas legales al presidente, al ministro de Defensa y, en últimas, al Estado.

Es más fácil y más barato sustituir.


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