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Cuartoscuro

Función Pública investiga a 10 superdelegados por posible uso irregular de programas sociales

"Estas denuncias están siendo trabajadas con autonomía técnica y de gestión", dijo la secretaria de la Función Pública, al comparecer en la Cámara de Diputados.
Cuartoscuro
24 de octubre, 2019
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Diez de los llamados superdelegados estatales están siendo investigados luego de que fueran presentadas 12 denuncias en su contra, por presunto uso irregular de programas sociales, informó la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, al comparecer en la Cámara de Diputados.

“Hasta ahora las entidades federativas cuyos delegados son denunciados son los de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, y estamos abiertos a cualquier otra denuncia que llegue”, expresó Sandoval.

“Estas denuncias están siendo trabajadas con autonomía técnica y de gestión, que corresponde a nuestros Órganos Internos de Control (OIC); las más importantes han sido asumidas por mí y también los OIC están trabajando para procesar denuncias que se generen sobre nuestros delegados estatales”, agregó.

A los estados mencionados se suma el caso de Jalisco, donde enfrenta un proceso el ahora exdelegado Carlos Lomelí. De acuerdo con Reforma, Lomelí compareció este jueves, debido a las investigaciones que hay sobre contratos de sus empresas con el gobierno.

Sandoval, ante legisladores, también informó que están en marcha las siguientes auditorías: a programas de apoyo a hijos de madres trabajadoras, al de atención a personas con discapacidad, al de ayuda para personas adultas mayores, Sembrando Vida y la actuación de los llamados Servidores de la Nación.

Señaló que se combate la impunidad “sin filias, ni fobias”, y se investiga lo mismo a servidores públicos de la administración actual, que a aquellos que tenían abiertos procesos en gobiernos anteriores “y a los que estamos obligados también a terminar sus procesos”.

Asimismo, indicó que en la Función Pública “no hay intocables, ni perseguidos”, y aclaró que se han impuesto casi tres mil sanciones a los servidores públicos, entre las que destacan 925 inhabilitaciones, 179 destituciones y 256 sanciones económicas.

Dijo que dentro de la transformación instrumentada en la dependencia ya se tienen los primeros resultados, pues las auditorías a programas de desarrollo y operación regional han permitido observar más de 46 mil millones de pesos que los estados y municipios deberán justificar “o reintegrar a la Federación”.

Dijo que las auditorías de obra pública han determinado 119 observaciones por más de 17 mil millones de pesos, y subrayó que más de 16 mil millones de pesos se concentran en 69 observaciones vinculadas al llamado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con sede en Texcoco.

Entérate: Programas sociales del gobierno de AMLO seguirán sin reglas de operación en 2020

El pasado 22 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un memorándum a todos los servidores públicos  el país, donde les pidió abstenerse por completo de actuar en asuntos partidistas, porque de lo contrario serán sancionados y deberán renunciar a su cargo.

El mandatario mexicano publicó en redes sociales el documento, en el que recuerda que el fraude electoral está tipificado como delito grave, y les pide no incurrir en injerencias y uso de recursos públicos, como ocurrió en el pasado.

“De modo que nosotros, por ningún motivo podemos actuar de la misma manera. No es congruente, moral, ni legal mantener estas deleznables prácticas políticas. Nada de partido de Estado”, advirtió.

“Les recuerdo que uno de los propósitos fundamentales de la Cuarta Transformación es hacer realidad una auténtica democracia. Desterrar la simulación y las marrullerías. Ser izquierda significa ser honestos, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, agregó.

López Obrador dijo que, si bien reconoce que los servidores públicos son mujeres y hombres de convicciones, “tengo el deber de comunicarles que se les pedirá la renuncia al cargo a quienes lleven a cabo cualquier práctica antidemocrática”.

“Asimismo, le recuerdo que el fraude electoral, por iniciativa nuestra, ya está tipificado en la Constitución como delito grave. Estoy seguro que todos sabemos actuar con rectitud y dignidad”.

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los superdelegados investigados por la Secretaría de la Función Publica serán castigados si se demuestran los delitos por los que son acusados.

Consideró que los superdelegados investigados podrían separarse del cargo solo si la Secretaría de la Función Pública lo solicita.

Con información de Reforma (suscripción necesaria) y Notimex

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Getty Images

Familia LeBarón: qué se sabe de la comunidad mormona que perdió a 9 de sus integrantes en un ataque

Se establecieron en México en los 1920 después de separarse de la iglesia mormona en EU y prosperaron con la producción de nueces en una zona que ahora es controlada por grupos afiliados a carteles de la droga.
Getty Images
5 de noviembre, 2019
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Coche calcinado

Reuters
La familia dijo que fue “una masacre”.

“Esta es una zona de guerra y desde hace tiempo estamos pidiendo ayuda”.

Así lo dijo este martes Julián LeBarón al informar a los medios sobre la emboscada que mató a al menos nueve miembros de su familia, la mayoría niños.

Los hechos ocurrieron en el límite de los estados de Chihuahua y Sonora, en el norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos.

La “masacre”, como la describió Julián LeBarón a los medios, ocurrió cuando tres mujeres que viajaban en tres vehículos con 14 niños fueron emboscadas por un comando armado. Al menos nueve personas murieron, entre ellos seis niños, y ocho menores lograron escapar.

Las mujeres se estaban trasladando desde un asentamiento en la localidad de Bavispe, en el estado de Sonora, hasta otro en La Mora, en Chihuahua.

Era un viaje que realizaban rutinariamente, según LeBarón, porque en ambas localidades están establecidos miembros de la familia que forman parte de la Colonia LeBarón, una rama fundamentalista de mormones que se estableció en la zona en los 1920.

También es una región de las sierras de Sonora y Chihuahua donde operan carteles de narcotraficantes.

Y en años recientes algunos miembros de la familia LeBarón se han visto enfrentados con habitantes de comunidades locales por el uso del agua en la región.

funeral de Le Barón

Getty Images
La familia LeBarón fue víctima de la violencia del crimen organizado en 2009 con el secuestro y asesinato de Benjamín LeBarón.

Tal como le dijo Julián LeBarón a Radio Fórmula, hasta ahora no se sabe quiénes eran los hombres armados que perpetraron el ataque.

“No sabemos, aquí operan los carteles y todo tipo de matones”, declaró.

Quiénes son los LeBarón

La comunidad fue establecida en la zona alrededor de 1924 por Alma Dayer LeBarón con varios miembros de su familia.

LeBarón se separó de la organización en Estados Unidos y emigró a México.

Dos de sus hijos, Joes y Ervil LeBarón fundaron en 1955 la Iglesia del Primogénito de la Plenitud de los Tiempos y la comunidad, que prosperó en la región principalmente con la producción de nueces, vivió de forma aislada en la zona manteniendo el inglés como principal idioma.

Fue en 2009 cuando el nombre LeBarón llegó a los titulares de los medios mexicanos junto con los graves problemas de inseguridad por el crimen organizado en la zona.

Primero fue el secuestro de Erick LeBarón, de 17 años, por cuya liberación se exigió un millón de dólares.

La comunidad de los LeBarón anunció públicamente su decisión de no pagar el rescate y se manifestó tanto en medios nacionales como internacionales contra la creciente inseguridad de la región durante la llamada “guerra contra las drogas” que declaró el entonces presidente Felipe Calderón.

Así lograron que el joven fuera liberado. Pero meses después Benjamín, el hermano de Erick, y Luis Widmar Stubbs, otro miembro de la comunidad, fueron secuestrados y posteriormente asesinados.

Los responsables colocaron una manta frente a sus casas en la que indicaban que el asesinato era en respuesta al activismo de la familia contra la inseguridad.

Desde entonces los habitantes de la colonia LeBarón pidieron la creación de una policía civil para protegerse de los grupos criminales.

La medida fue apoyada inicialmente por algunos funcionarios públicos pero posteriormente fue rechazada.

Investigación

Tal como le dijo Julián LeBarón a Radio Fórmula, antes de los hechos de este lunes la familia había tenido amenazas.

“Se denuncio que hubo amenazas y le informamos a las autoridades (federales). Hubo la denuncia y estas son las consecuencias”, declaró LeBarón.

No se sabe, sin embargo, quiénes pueden ser los responsables.

Momentos después de los enfrentamientos entre el cartel de Sinaloa y la policía.

AFP
México ha vivido hechos particularmente violentos en las últimas semanas.

Una teoría es que las mujeres y los niños, que viajaban en vehículos SUV similares a los que usan los grupos de crimen organizado, fueron confundidos con grupos rivales.

La zona en el norte de México es disputada por dos grupos rivales, La Línea, que tiene vínculos con el cartel de Juárez, y “Los Chapos” que son parte del cartel de Sinaloa.

Ambos grupos se disputan la ruta de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Pero los miembros de la familia LeBarón también se han visto involucrados en enfrentamientos con agricultores locales.

En 2018 algunos miembros de la familia tuvieron una fuerte confrontación con ejidatarios que protestaron por lo que dijeron era el uso excesivo de agua de la comunidad LeBarón que estaba plantando cada vez más árboles de nogal que requieren una gran cantidad de agua para su producción.

Los reclamos de los ejidatarios, que comenzaron desde 2013, indicaron que esa “sobrexplotación del agua” había dejado sin el líquido a las comunidades aledañas.

Según informó entonces la revista Proceso, “los encargados y empleados del rancho (de los LeBarón) recibieron a los inconformes con disparos de arma de fuego e hirieron a un hombre en la rodilla”.

Los gobiernos de Chihuahua y Sonora emitieron una declaración conjunta indicando que se lanzó una investigación para esclarecer los hechos y que se enviaron fuerzas de seguridad adicionales a la zona.

Los violentos hechos del lunes han provocado una fuerte respuesta en redes sociales tanto en México como Estados Unidos ante lo que muchos ven como la creciente violencia en el país.

“El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que ha adoptado una política de no violencia y no confrontación con los poderosos carteles del país, pero sus críticos lo acusan de carecer de una estrategia de seguridad coherente”, señala Will Grant, corresponsal de la BBC en México.

“La presión sobre el gobierno está creciendo después de un episodio vergonzoso el mes pasado, cuando la policía en Sinaloa liberó al Ovidio Guzmán López, ‘El Ratón’, hijo del narcotraficante preso Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’, luego de que sus hombres los superaran”, añadió.


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