Diez de los llamados superdelegados estatales están siendo investigados luego de que fueran presentadas 12 denuncias en su contra, por presunto uso irregular de programas sociales, informó la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, al comparecer en la Cámara de Diputados.
“Hasta ahora las entidades federativas cuyos delegados son denunciados son los de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, y estamos abiertos a cualquier otra denuncia que llegue”, expresó Sandoval.
“Estas denuncias están siendo trabajadas con autonomía técnica y de gestión, que corresponde a nuestros Órganos Internos de Control (OIC); las más importantes han sido asumidas por mí y también los OIC están trabajando para procesar denuncias que se generen sobre nuestros delegados estatales”, agregó.
A los estados mencionados se suma el caso de Jalisco, donde enfrenta un proceso el ahora exdelegado Carlos Lomelí. De acuerdo con Reforma, Lomelí compareció este jueves, debido a las investigaciones que hay sobre contratos de sus empresas con el gobierno.
Sandoval, ante legisladores, también informó que están en marcha las siguientes auditorías: a programas de apoyo a hijos de madres trabajadoras, al de atención a personas con discapacidad, al de ayuda para personas adultas mayores, Sembrando Vida y la actuación de los llamados Servidores de la Nación.
Señaló que se combate la impunidad “sin filias, ni fobias”, y se investiga lo mismo a servidores públicos de la administración actual, que a aquellos que tenían abiertos procesos en gobiernos anteriores “y a los que estamos obligados también a terminar sus procesos”.
Asimismo, indicó que en la Función Pública “no hay intocables, ni perseguidos”, y aclaró que se han impuesto casi tres mil sanciones a los servidores públicos, entre las que destacan 925 inhabilitaciones, 179 destituciones y 256 sanciones económicas.
Dijo que dentro de la transformación instrumentada en la dependencia ya se tienen los primeros resultados, pues las auditorías a programas de desarrollo y operación regional han permitido observar más de 46 mil millones de pesos que los estados y municipios deberán justificar “o reintegrar a la Federación”.
Dijo que las auditorías de obra pública han determinado 119 observaciones por más de 17 mil millones de pesos, y subrayó que más de 16 mil millones de pesos se concentran en 69 observaciones vinculadas al llamado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con sede en Texcoco.
El pasado 22 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un memorándum a todos los servidores públicos el país, donde les pidió abstenerse por completo de actuar en asuntos partidistas, porque de lo contrario serán sancionados y deberán renunciar a su cargo.
El mandatario mexicano publicó en redes sociales el documento, en el que recuerda que el fraude electoral está tipificado como delito grave, y les pide no incurrir en injerencias y uso de recursos públicos, como ocurrió en el pasado.
“De modo que nosotros, por ningún motivo podemos actuar de la misma manera. No es congruente, moral, ni legal mantener estas deleznables prácticas políticas. Nada de partido de Estado”, advirtió.
“Les recuerdo que uno de los propósitos fundamentales de la Cuarta Transformación es hacer realidad una auténtica democracia. Desterrar la simulación y las marrullerías. Ser izquierda significa ser honestos, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, agregó.
López Obrador dijo que, si bien reconoce que los servidores públicos son mujeres y hombres de convicciones, “tengo el deber de comunicarles que se les pedirá la renuncia al cargo a quienes lleven a cabo cualquier práctica antidemocrática”.
“Asimismo, le recuerdo que el fraude electoral, por iniciativa nuestra, ya está tipificado en la Constitución como delito grave. Estoy seguro que todos sabemos actuar con rectitud y dignidad”.
En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los superdelegados investigados por la Secretaría de la Función Publica serán castigados si se demuestran los delitos por los que son acusados.
Consideró que los superdelegados investigados podrían separarse del cargo solo si la Secretaría de la Función Pública lo solicita.
Con información de Reforma (suscripción necesaria) y Notimex
