Tribunal ordena reaprehensión de los 7 militares implicados en el caso Tlatlaya; acusan a tres de homicidio
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Tribunal ordena reaprehensión de los 7 militares implicados en el caso Tlatlaya; acusan a tres de homicidio

Los siete militares habían sido absueltos en 2016 por falta de pruebas; ahora son acusados de uso indebido del servicio público y tres por homicidio.
Cuartoscuro
17 de octubre, 2019
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A más de 5 años del enfrentamiento entre el Ejército y un grupo criminal en Tlatlaya, Estado de México, que dejó un saldo de 22 civiles muertos, un tribunal federal ordenó la reaprehensión de siete oficiales militares que participaron en los hechos y que habían sido absueltos en 2016 por falta de elementos en su contra. 

La magistrada del Sexto Tribunal Unitario Penal de Toluca, Olga María Josefina Ojeda Arellano, ordenó la recaptura de los siete militares por ejercicio indebido del servicio público y, para tres de ellos, por el delito de homicidio, según informó el diario Reforma.

Lee más: Juez ordenó a la PGR corregir su investigación, para esclarecer el caso Tlatlaya

Los siete militares son: Ezequiel Rodríguez Martínez; Samuel Torres López; Julio César Guerrero Cruz; Alan Fuentes Guadarrama; Fernando Quintero Millán; Roberto Acevedo López, y Leobardo Hernández Leónides. Todos integrantes, al momento de la matanza, del 102 Batallón de Infantería. 

Fernando Quintero, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández son los elementos acusados por ambos delitos. Si éstos llegan a ser detenidos no obtendrían libertad ya que el homicidio merece prisión preventiva. Los otros cinco militares sí podrían obtener libertad provisional.

La Fiscalía General de la República será la dependencia encargada de acatar la orden del tribunal.

En la madrugada del 30 de junio de 2014, 22 “presuntos criminales” fueron asesinados por soldados, durante un enfrentamiento en una bodega ubicada en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.

En octubre del mismo año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que los soldados cometieron “privación arbitraria de la vida de las personas que se encontraban al interior de la bodega”, con excepción de tres mujeres sobrevivientes y dos presuntos secuestrados.

Según las mujeres sobrevivientes, los militares entraron a la bodega, encontraron a los civiles desarmados, los sacaron uno por uno, los obligaron a hincarse, a decir su apodo, su edad y ocupación, para después dispararles.

Además las tres sobrevivientes denunciaron tortura y violación a sus derechos humanos por parte de personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México –ahora Fiscalía –, para tratar de incriminarlas con un grupo delictivo.

Te puede interesar: Sentencian a policías por tortura a sobrevivientes del caso Tlatlaya

Tras estas acusaciones fueron detenidos los siete militares antes mencionados, pero en 2016 fueron absueltos por falta de pruebas en su contra.

En agosto de 2018 el Juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal ordenó a la entonces PGR corregir su investigación sobre estos hechos y realizar “una serie de diligencias para esclarecer de inmediato el caso y fincar responsabilidades, incluyendo la cadena de mando involucrada en la ilegal orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

Dicha resolución fue en respuesta a un recurso de la víctima y sobreviviente Clara Gómez González, quien reiteró la acusación de que las ejecuciones se cometieron de forma arbitraria.

Con información de Reforma (suscripción necesaria).

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El inicio del “paro armado” del Clan del Golfo en Colombia deja decenas de actos violentos

La organización criminal tomó represalias luego de la extradición de Otoniel quien fue su principal líder.
7 de mayo, 2022
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El primer día de “paro armado” del Clan del Golfo en Colombia dejo decenas de actos violentos.

Después de la extradición esta semana a Estados Unidos de alias Otoniel, la organización criminal que el líder narco dirigió, el Clan del Golfo, tomó represalias e inició un “paro armado” que durará cuatro días.

En el primer día ya se reportaron en diferentes carreteras del norte del país, alrededor de 100 vehículos incinerados entre camiones, buses, automóviles y motocicletas, según informó el gobierno.

La prensa local, por su parte, compartió imágenes de municipios que amanecieron con grafitis alusivos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), como también se conoce a la organización criminal.

Durante los ataques conocidos como “paros armados”, los grupos criminales bloquean vías, restringen la libre movilidad y envían mensajes amenazantes que obligan el cierre de establecimientos comerciales y la suspensión de clases en colegios y universidades.

En respuesta a los hechos, el ministro del interior, Diego Molano, asistió a consejos de seguridad regionales en las zonas más afectadas.

Molano reveló que Wilver Giraldo, alias ‘Sipoas’, y Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo”, asumieron el liderazgo del grupo criminal después de la captura de Otoniel en 2021.

Molano anunció, también, que han aumentado la recompensa por cada uno de los cabecillas

El Clan del Golfo -también llamado Autodefensas Gaitanistas, Los urabeños o Clan Úsuga- es una de las principales organizaciones criminales de Colombia. De acuerdo con un reporte de la Policía Nacional y la Fundación Paz y Reconciliación, tiene presencia en 211 de los 1.103 municipios que hay en el país.

Su principal líder ha sido Otoniel, quien luego de ser extraditado a EE.UU. esta semana se declaró no culpable ante un fiscal federal en Nueva York, renunció a solicitar libertad bajo fianza y espera enfrentar un juicio con jurado.


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