Auditoría presenta su cifra más baja de denuncias por mal manejo de recursos en los últimos 9 años
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Cuartoscuro Archivo

Auditoría presenta su cifra más baja de denuncias por mal manejo de recursos en los últimos 9 años

Según la Auditoría Superior cambió de estrategia para presentar denuncias más sólidas y con mayor probabilidad de éxito.
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29 de noviembre, 2019
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado en 2019 un total de nueve denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), por malos manejos de recursos federales. Se trata de la cifra más baja de denuncias de los últimos nueve años y una caída de más del 80% en comparación con las que se habían presentado el año pasado.

Datos oficiales de la propia institución muestran que las denuncias presentadas este año se han concentrado solo en dependencias federales sin que se haya promovido, a diferencia de años anteriores, ninguna acción contra gobiernos estatales o municipales. La última denuncia, que data de julio pasado, estuvo relacionada con la adquisición de plantas de fertilizantes en Pemex.

La reducción de las denuncias coincide con el avance de la nueva administración del auditor David Rogelio Colmenares Páramo, quien según funcionarios de la dependencia ha preferido implementar una política que privilegie la recuperación de recursos antes de acciones penales, y que en su caso – de ser necesario- se dé paso a acciones legales más sólidas.

El descenso en las acciones promovidas ante la FGR por parte de la ASF en 2019 es significativo. La información oficial muestra que tan solo de enero a octubre de 2018, la Auditoría había promovido ya 55 denuncias penales, seis veces más que las que van este año.

En el mismo lapso de 2017 las denuncias presentadas ascendían a 78 en total, mientras que en 2016 sumaban 58. Y en los tres años anteriores el contraste es todavía mayor: en los primeros nueve meses de 2015 sumaban 121 las denuncias presentadas, mientras que en 2014 ascendían a 136, y en 2013 a 114 en ese mismo lapso.

Para encontrar un año con menos denuncias penales hay que remontarse hasta 2010 cuando en todo ese año se presentaron únicamente siete denuncias penales en contra de diversas dependencias.

La estadística oficial revela que la ASF acumula 981 denuncias penales presentadas desde el año 2000 a la fecha. Veracruz es el gobierno que registra la mayor cantidad de denuncias por malos manejos, principalmente en la gestión de Javier Duarte. 

A nivel federal la Sagarpa, Sedatu y la desaparecida Sedesol se ubican entre las dependencias más denunciadas, entre otras cosas por el mecanismo de corrupción conocido como “La Estafa Maestra”.

¿Por qué hay menos denuncias?

Funcionarios de la ASF informaron oficialmente a Animal Político desde hace algunos meses que este año habría una reducción en el número de denuncias penales presentadas, como resultado de una nueva política implementada por el auditor Colmenares Páramo. De hecho, hasta mayo pasado no se había presentado ni una denuncia este año.

El objetivo de la estrategia, según lo explicado, es llevar ante el Ministerio Público denuncias sustentadas en dictámenes de auditoría mas completos y profundos, que den paso a investigaciones más solidas y con mayor probabilidad de éxito. Es decir, privilegiar la calidad de los casos en vez de la cantidad.

Lo anterior parte de la pobre eficacia que han tenido históricamente las denuncias de la ASF. Más del 90% de las querellas promovidas no han llegado a alguna sentencia en contra de funcionarios involucrados. De hecho, fue apenas este año cuando las denuncias promovidas desde 2014 en contra del gobierno de Veracruz dieron paso al arranque de juicios penales.

Con motivo de la presentación del segundo informe de auditorías de la Cuenta Pública 2018, el pasado 31 de octubre, el auditor Colmenares hizo hincapié en que la presentación de denuncias penales tomaría mas tiempo, pues era necesario agotar primero otras vías para esclarecer los montos observados de recursos posiblemente mal manejados.

“Estamos en un proceso de notificación para el efecto de que los entes auditados realicen las aclaraciones correspondientes y posteriormente se realice el proceso de seguimiento para el efecto de determinar si las observaciones se solventan o no. Esto evidentemente trae como consecuencia el que las denuncias penales se presenten principalmente una vez que se agoten estas etapas”, dijo Colmenares ante el Congreso.

En la ASF explicaron que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en su artículo 89 fracción XXIII, señala que la presentación de denuncias penales debe realizarse “preferentemente” una vez que concluya el proceso administrativo, es decir, la oportunidad de solventar las anomalías registradas.

¿Qué sí se ha denunciado?

Entre las nueve denuncias penales que la ASF registra este año destaca la última presentada en julio pasado y relacionada con la compra de la planta de fertilizantes de Agro Nitrogenados, que habría dejado pérdidas a Pemex por más de 460 millones de dólares. En la denuncia se agrupan los resultados de cinco auditorías correspondientes a las cuentas públicas 2015 a 2018.

Cabe señalar que la adquisición de dicha planta es investigada por la FGR desde hace más de dos años por sospechas de sobornos, lo que ya derivó en una orden de aprehensión en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Ello significa que si la denuncia de la ASF prospera, podría derivar en un segundo juicio relacionado con esta operación en la empresa petrolera.

Otras denuncias importantes este año fueron cuatro presentadas en contra de Sedesol, Sagarpa, Conagua, y Sedatu por convenios firmados con diversas universidades públicas a cambio de servicios que se realizaron de forma incompleta, o que de plano se simularon. Se trata de un esquema similar al de La Estafa Maestra.

Las denuncias restantes están relacionadas con tres auditorías practicadas a Sagarpa correspondientes a la Cuenta Pública 2017, y una más a Diconsa también de la Cuenta Pública 2017.

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El caso que puede cambiar cómo se juzgan las violaciones en EU

Por primera vez en Estados Unidos, un jurado convocado por ciudadanos decidirá si un encuentro sexual violento justifica presentar cargos de violación.
4 de octubre, 2021
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Los delitos sexuales son notoriamente difíciles de procesar en un juicio, pero una mujer en Kansas está usando una ley del siglo XIX para pedir a sus conciudadanos que la ayuden a presentar cargos contra el hombre que dice que la violó.

En 2018, Madison Smith alegó que un compañero de clase la atacó cuando era estudiante universitaria en Bethany College en Kansas. La joven denunció el caso como violación.

Sin embargo, el fiscal del condado se negó a presentar cargos de violación, diciendo que Smith simplemente había experimentado un encuentro sexual “inmaduro”. Su atacante fue condenado por agresión.

La decisión del fiscal del condado llevó a Smith, ahora de 23 años, a utilizar una ley estatal que data de 1887 para convocar a un “gran jurado ciudadano”.

Este jurado se reunió por primera vez el miércoles, en lo que se cree que es el primer caso de este tipo en Estados Unidos.

Qué hace este gran jurado

Por lo general, las autoridades que investigan los casos forman un gran jurado para determinar si hay pruebas suficientes para iniciar un proceso judicial.

Este jurado, que se reune en secreto, no decidirá si el imputado es culpable o inocente, solo si se deben presentar cargos.

En entrevista con la BBC, Smith dijo que espera que el resultado anime a otras personas que creen que han sido víctimas de delitos sexuales y quieren presentar cargos. “Las víctimas tienen derechos”, dijo.

La mayoría de las mujeres no denuncian este tipo de delitos y, cuando se denuncian, el proceso no suele seguir adelante.

Madison Smith y su madre, Mandy.

Getty Images
Madison Smith y su madre, Mandy.

Según una investigación realizada en la Universidad de Massachusetts en Lowell, menos del 20% de las violaciones que se denuncian conducen a un arresto.

“Tenemos que cambiar la cultura ”, agregó Mandy, la madre de Madison.

Defensa del acusado

Sin embargo, el excompañero de clase acusado, Jared Stolzenburg, ahora también de 23 años, negó que la hubiera violado.

El joven fue acusado de agresión, de lo que se declaró culpable.

Le dijo a la BBC que lamentaba aquel encuentro, admitió que había sido duro y que erróneamente creyó que estaba todo bien. Pero, insistió, fue consensuado.

Lo que decida el gran jurado en ese condado del estado de Kansas tendrá consecuencias de gran alcance para ambos, tanto para el acusado como para la supuesta víctima, y quizás para el resto del país.

Los expertos dicen que el proceso iniciado por Smith podría sentar un precedente y que otras personas podrían querer convocar un gran jurado en casos relacionados con delitos sexuales.

Pero aquellos que no enfrentaron cargos pueden encontrarse, como Stolzenburg, en un purgatorio legal, esperando a ver si todavía podrían ser acusados.

Un encuentro que se convirtió en ataque

Smith estaba en su primer año en Bethany College, una pequeña escuela luterana a un par de cuadras de su casa, y solía pasar el rato con Stolzenburg y jugar juegos de mesa.

Una noche, en febrero de 2018, acabaron en el dormitorio de Stolzenburg. Se besaron y comenzaron a tener relaciones sexuales, le dijo Smith a la BBC. De repente, él la abofeteó, dice ella, luego la agarró por el cuello y, según ella, comenzó a violarla.

“Estaba tratando de quitar sus manos de mi cuello, y lo miré a los ojos, y tenía una mirada que nunca había visto antes”, dice. “No era la persona que yo pensaba que era mi amigo. Era una persona peligrosa”.

Smith cree que Stolzenburg intentó asesinarla.

Tenía tanto miedo, dijo, que pensó que lo mejor era dejar de luchar.

“Te quedas ahí y simplemente dejas que pase”, dice.

“Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir”.

Al describir lo sucedido esa noche, su voz era firme, como si estuviera contando cosas que le habían pasado a otra persona. Miraba a lo lejos mientras hablaba.

Protesta de mujeres en M'exico

Getty Images
Un estudio encontró que pelear o suplicar durante un episodio de agresión sexual puede, en algunas circunstancias, aumentar el riego de sufrir heridas físicas durante el abuso.

Smith acudió a la policía poco después, y luego de varias semanas la llamaron para ver a un fiscal del condado, Greg Benefiel.

Dejó en claro que quería presentar cargos, dice, pero Benefiel veía las cosas de forma diferente.

Benefiel dijo que no presentaría una acusación sexual contra Stolzenburg, y en su lugar pesentó cargos de agresión agravada. Benefiel no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

En 2020, Stolzenburg fue sentenciado a dos años de libertad condicional y tuvo que pagar US$790 en concepto de restitución, una suma que fue destinada a una junta de compensación de víctimas.

Un nuevo camino legal

Después de que el fiscal se negase a presentar cargos por violación, Smith decidió utilizar la antigua ley que le permitía convocar a un gran jurado. Su madre se había enterado de esta fórmula mientras escuchaba un podcast.

En la mayor parte de EE.UU., solo un juez o un fiscal tiene el poder de convocar a un jurado, pero Kansas, junto con Oklahoma, Nebraska y otros tres estados, permiten que los propios ciudadanos convoquen a uno.

Para hacerlo en Kansas, un residente del estado debe hacer circular una petición y recolectar cierta cantidad de firmas. El número varía de un condado a otro, pero se calcula en función del número de personas que votaron en las últimas elecciones a gobernador.

Quien encabeza la petición debe recolectar firmas que equivalgan al menos al 2% del número de votos, y 100 adicionales.

La petición de Smith fue publicada en bares y cafés de la ciudad y, después de varios meses, consiguió el número suficiente de ciudadanos que apoyaban su petición.

Grandes jurados anteriores

Los miembros de los grandes jurados se eligen entre personas que tienen licencia de conducir o están registradas para votar.

Los miembros actúan como agentes de policía, examinando pruebas. A veces, citan documentos del acusado. Otras veces, solo miran las pruebas que han reunido los agentes de policía.

Pancarta en protesta por los abusos sexuales

Getty Images
Hacer la denuncia inmediatamente y someterse a un examen médico no significa necesariamente que el agresor sea identificado y menos condenado.

Por eso, no llaman ni al acusador, ni al acusado ante ellos.

La ley de Kansas se remonta a 1887 y fue diseñada para garantizar que las personas que no tienen dinero o poder tengan la oportunidad de responsabilizar a alguien por sus acciones.

“Es una forma de asegurarse de que todos los ciudadanos tienen acceso al sistema legal”, dice John Mullen, profesor asociado de filosofía en Bethany College.

Los grandes jurados de ciudadanos en Kansas se han convocado anteriormente por el descontento con obras de arte expuestas en público, porque alguien consideraba que una escultura era indecente, o para exigir investigaciones sobre los médicos que realizan abortos.

Pero no parece que ningún gran jurado haya sido llamado alguna vez para decidir si presentar cargos por un delito sexual.

El jurado tiene 60 días para llevar a cabo su investigación en procedimientos cerrados y confidenciales.

Si se presentan cargos, el caso se manejaría como un asunto penal estándar.

El acusado se declara culpable o no culpable en un juicio con jurado tradicional.

Un debate sobre el consentimiento

Smith está ahora casada y trabaja como asistente médica en un centro de atención familiar. Se ha convertido en una figura reconocible en Lindsborg, su ciudad natal, un lugar apartado y rodeado de campos de trigo.

Sentada en un bar de Main Street unas noches antes de que se reuniera el gran jurado, reflexionó sobre los acontecimientos de los últimos tres años.

“Intentó hacerme mucho daño, y de alguna manera lo hizo”, dice sobre Stolzenburg. “Pero también volví para pelear, y no creo que él lo viera venir”.

Mujer atemorizada

Getty

Algunos han aplaudido los esfuerzos de Smith para presionar por la convocatoria de un gran jurado ciudadano y creen que ayudará a fortalecer la determinación de otras mujeres que acudieron a la policía, tras sentirse violadas o agredidas sexualmente.

Caroline De Filippis, activista de Lindsborg, dice que las mujeres necesitan más protección. “Muchos casos de falta de consentimiento aún son desestimados, o ni siquiera llevados ante la justicia, porque no tienen ‘suficientes’ ”.

“La definición de consentimiento es todavía muy amplia”, agregó, “y no muestra una comprensión de lo que significa ser agredido sexualmente”.

Otros, sin embargo, advierten que se podría abusar fácilmente de este procedimiento. Laura Kipnis, autora de Unwanted Advances: Sexual Paranoia Comes to Campus (Avances no deseados: la paranoia sexual llega al campus), dijo que las investigaciones sobre delitos sexuales en el campus plantean una serie de problemas.

Los incidentes tienen lugar en privado y puede ser extremadamente difícil para los miembros de un gran jurado llegar a una conclusión. “Es casi imposible”, dice. “Están adivinando”.

Las investigaciones también pueden ser devastadoras para los hombres acusados, dice, incluso cuando son exonerados: “Sus vidas quedan destrozadas”.

La vida de Stolzenburg ciertamente ha cambiado.

Su voz en el teléfono es tensa y se nota que luchaba por contener las lágrimas.

Fue suspendido de Bethany después del ataque por violar el código estudiantil de la universidad y perdió su trabajo en una compañía discográfica.

“En ese entonces, tenía 19 años y era nuevo en el sexo y las relaciones sexuales”, dice. Sostiene que su agresión contra Smith fue un intento de representar una “escena sexual” que había visto en internet.

“Pensé que sería algo que podía intentar, y fui estúpido al hacerlo”, dice.


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