Aunque los diputados insistieron en legalizar la entrada y estancia de vehículos de procedencia extranjera en nuestro país, el Senado rechazó la propuesta. ¿Qué implicaciones sociales, ambientales y económicas podría haber tenido esta propuesta? Aquí te contamos.

Los vehículos usados que son importados de manera ilegal a nuestro país al no cumplir con la Ley Aduanera son mejor conocidos como “autos chocolate”. El 30 de octubre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por segunda ocasión, una reserva para incluir en la Ley de Ingresos 2020 la regularización de los “autos chocolate”, pero el 5 de noviembre el Senado rechazó la propuesta con 109 votos en contra y tres a favor.

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Pero el Senado mandó promulgar la Ley de Ingresos de la Federación para 2020 sin incluir la legalización de los “autos chocolate”, pues entre otras cosas, lo consideran perjudicial para la industria automotriz. 

“Se rechaza, pero obviamente debemos estar claros de que es un tema a favor de la cadena productiva de la industria automotriz, estamos pensando no sólo en las armadoras sino en las micro y pequeñas empresas que prestan servicios y en los cientos de trabajadores que se emplean ahí”, indicó a Milenio, Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado.

La discusión sobre la regulación de autos extranjeros que entran al país de forma ilegal no es nueva. De 1978 al 2000 se implementaron alrededor de 14 programas de regularización de vehículos ilegales de procedencia extranjera, que permitían la regularización para los propietarios que residían en las zonas fronterizas. Luego se considero dentro de la ley a los vehículos destinados a actividades agropecuarias y forestales.

En 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera”, que permitía regularizar los vehículos modelos 1970 hasta 1993 y que hubieran sido ingresados de manera legal a territorio nacional hasta el 31 de octubre del 2000. Los vehículos de lujo y deportivos no eran considerados en esta legislación, una misma persona no podía inscribir más de un vehículo; y los propietarios debían pagar la tenencia a partir del año 2001.

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Desde entonces, hasta ahora se ha modificado 7 veces para extender su vigencia. La última vez fue el 29 de marzo de 2019, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que funcionó como prórroga de la legislación de 2011, en donde se “regula la importación definitiva de vehículos usados” hasta el 31 de diciembre de 2019.

El 18 de marzo, el presidente López Obrador dijo en conferencia de prensa que la legalización de los “autos chocolate” debía ser analizada pues “la gente sólo así puede adquirir un vehículo para trasladarse y para buscarse la vida”, reconoció la necesidad de tomar en cuenta las posturas en contra que argumentan que la legalización daría pie a una competencia desleal, pero también dijo que frecuentemente estos vehículos son usados para cometer ilícitos, pues no se tiene registro de ellos.

¿Un beneficio para la sociedad?

Según Morena, problemas de movilidad, la situación económica, las altas temperaturas y la inseguridad orillan a las familias a adquirir autos que ingresan a México sin cumplir con la Ley. 

¿Qué obliga a las familias mexicanas a adquirir autos chocolate? 🚗🍫#LeyDeIngresos2020 pic.twitter.com/VlibwhBd2a

— Tus Diputadas y Diputados Morena (@DiputadosMorena) October 31, 2019

Durante la discusión en la Cámara de Diputados, Francisco Javier Borrego Adame,  diputado de Morena dijo que hay que generar seguridad en el patrimonio de las familias y dar un valor legal de libre tránsito de ese tipo de automóviles.

“Se trata de ser sensibles con las familias que no han tenido las condiciones económicas para adquirir un automóvil nacional y que optan, con sus pocos ahorros y mucho esfuerzo, por comprar un auto chocolate, porque es la opción más económica disponible”, comentó Teresita de Jesús Vargas Mera, quien presentó la reserva.

Este punto de vista empata con la visión de varios mandatarios estatales, cercanos a la problemática que se hace más evidente en la zona fronteriza. Por ejemplo, el alcalde Carlos Tena de Cuauhtémoc, en Chihuahua y el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, quien dijo que al ser inevitable su permanencia en el país, su regularización resulta de mayor ayuda.

Pero según el ingeniero Guillermo Rosales Zárate, vocero y director general adjunto de  Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), la mayoría de los vehículos ilegales que circulan en la frontera son autos de gama media y en muchas ocasiones camionetas que no están destinadas al campo.

¿Ventajas o desventajas económicas?

Irma María Terán Villalobos, diputada del PRI, dijo que los vehículos de procedencia extranjera ya circulan en nuestro país, por lo que con su regulación se busca generar diversos beneficios como el pago de impuestos en favor de las arcas públicas federales.

Pero la diputada Claudia Reyes Montiel del PRD, alertó que esto puede significar la caída de cuando menos el 30% del mercado formal automotriz en el país. Este cálculo fue estimado por la AMDA y retomado por Coparmex, quien además asegura que esta regulación no genera impuestos en ningún orden de gobierno, fomenta el contrabando rodante, perjudica al medio ambiente, beneficia a las células criminales de tráfico de vehículos, afecta la generación de empleos en el sector automotriz y disminuye las ventas de autos nuevos.

Para la AMDA es una situación de impacto negativo por múltiples variantes, “representa un premio a un acto ilegal y eso sigue generando el estímulo para la ilegalidad”, según Guillermo Rosales Zárate, vocero y director general adjunto de la AMDA.

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El ingeniero Guillermo Rosales explica que hay varios eslabones en el mercado automotriz. “Si un vehículo está como ilegal difícilmente se comercializa, pero en cuanto se legaliza se vuelve una mercancía comercializable y se satura la oferta en los vehículos de mayor antigüedad, eso obstaculiza que quienes tienen un vehículo legalmente comprado en México puedan venderlo. Ese que vende su auto usado es quien quiere comprar un vehículo nuevo.

Pero al no poderlo vender, llega directamente la afectación a la comercialización de autos nuevos y seminuevos. Esa es la corrida de transmisión hacia el impacto negativo en el mercado formal de vehiculos”, dice el vocero de la AMDA, quien reitera que bajo esta lógica, la regulación sí implica daños para el mercado formal.

Guillermo Rosales dice dice que en 2006, cuando se realizó la legalización propuesta por el expresidente Vicente Fox, se trajeron 40% más autos usados de Estados Unidos, que los que se compraron aquí. Esto implicó una caída de 30% en la venta nacional de vehículos.

EL AMDA también estima que de darse una regulación podríamos pasar de un millón 300 mil vehículos que se van a vender este año, a que en 2021 solo se vendan 900 mil unidades. Lo que según sus cálculos, generará una disminución de 50 mil millones de pesos nada más por concepto de IVA. Este ajuste en el mercado estaría obligando a disminuir la base de trabajadores aproximadamente en 20 mil personas. 

¿Qué pasa con la crisis climática?

En México, el sector autotransporte (vehículos con combustión a gasolina y diésel) es el mayor generador de Gases de Efecto Invernadero, con alrededor del 23% de las emisiones totales, según datos de “El Poder del Consumidor”. 

De 2001 a 2013, las afectaciones por los fenómenos climatológicos ascendieron a 2.5 millones de personas y los costos económicos sumaron 338 mil 350 millones de pesos. Así que de incrementarse el parque vehicular que actualmente transita en nuestro país, las desventajas podrían ser no sólo económicas, sino también ambientales, según explica Víctor Alvarado, coordinador de Movilidad y Cambio Climático de dicha organización.

Comenta que las pérdidas económicas se dan porque los automóviles arrebatan más espacios y con ello tenemos más contaminación y más enfermedades. “Al regularizar este tipo de vehículos también estás permitiendo la apertura del mercado, seguiría creciendo y podría llegar a ciudades en donde hoy por hoy no están operando”, advierte. 

El especialista de “El poder del consumidor” destaca que esta propuesta termina siendo muy laxa, pues “dice que durante 8 meses se va a crear la regulación adecuada, pero no te dice a qué van a estar condicionados estos vehículos”. Esto implica que se permitirá la entrada a vehículos ineficientes, inseguros y con poco rendimiento.

Se habla de son 18 millones de vehículos, los que se encuentran en condición de ilegalidad. Por lo que Víctor Alvarado asegura que algunos lineamientos que tendrían que considerarse para regularlos son: contar con estándares de seguridad vehicular como frenos de seguridad  AVS, bolsas de aire y sistemas de retención infantil.

Además sugiere que para evitar la entrada a autos chatarra, se deben regular unicamente  vehiculos que tengan un rendimiento mayor a los 18 kilómetros por litro y que tengan una vida útil de 5 a 8 años por lo menos.

 Para el Poder el Consumidor, contar información sobre rendimiento, vida útil y nivel de contaminación de cada vehículo es un derecho que ayuda a tomar mejores elecciones de compra, por que debería ser visible en cualquier vehículo que se comercialice en el territorio nacional. 

“Ante la emergencia climática que estamos adoleciendo, tenemos que tomar acciones radicales que no empatan con las medidas que podrían ser populistas, como creer que el automóvil es necesario. Debemos migrar hacia ciudades humanas donde la politica deberia estar orientada a incentivar, implementar y ejecutar sistemas de transporte público, donde las personas no tengan la necesidad de moverse en vehículos particulares. La política debe ser redireccionada y considerar no solo lo económico y lo social sino también verlo desde una cuestión ambiental”, refiere.