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Cortesía Conafor

Comunidades en México demuestran que es posible vivir del bosque y, al mismo tiempo, conservarlo

Poco más de dos mil ejidos y comunidades se han organizado para realizar un manejo forestal sustentable de los bosques que están en su territorio.
Cortesía Conafor
Por Thelma Gómez Durán / Mongabay Latam
22 de noviembre, 2019
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Laura Jiménez, Manuel Herrera y Elías Santiago crecieron en una tierra en donde los mayores contaban con orgullo cómo lograron recuperar sus bosques. Oyeron a esas voces narrar cómo el gobierno mexicano permitió durante dos décadas que compañías privadas aprovecharan la madera de los árboles que crecían en los territorios de las comunidades. Esto llegó a su fin, a finales de los años setenta y principios de los ochenta, cuando los pueblos sacaron a las empresas y demostraron que podían hacerse cargo del manejo de sus recursos forestales.

Treinta y cinco años más tarde, Laura Jiménez es bióloga y maestra en desarrollo rural, Manuel Herrera es ingeniero forestal y Elías Santiago es maestro en ciencias forestales. Los tres, en diferentes comunidades, forman parte de una generación que continúa con el trabajo que empezaron sus abuelos, sus padres, sus vecinos: vivir del bosque y, al mismo tiempo, conservarlo.

México es pionero en lo que hoy ya se conoce como manejo forestal comunitario, un modelo que se basa en la organización de las comunidades para aprovechar, en forma sustentable, los bosques o selvas que están dentro de su territorio.

El investigador Salvador Anta, miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), explica que este modelo se pudo desarrollar en el país gracias a que entre el 60 y 70 % de los bosques y selvas se encuentran dentro de territorios que pertenecen a ejidos o comunidades, en donde la propiedad de la tierra es comunitaria.

Sembrar un modelo de conservación

Durante los años cincuenta, sesenta y buena parte de los setenta, el gobierno mexicano entregó a compañías privadas las concesiones para la explotación forestal de esos lugares.

En la Sierra Juárez de Oaxaca, por ejemplo, una empresa fabricante de papel tenía la concesión para talar y aprovechar los bosques, comenta el maestro Elías Santiago, director técnico forestal de la comunidad Ixtlán de Juárez.

“La gente de las comunidades —explica Elías Santiago— se organizó. Hicieron alianzas y lograron —a través de amparos— que ya no se entregaran más concesiones a esas empresas”. Las comunidades también se organizaron para que les dieran el reconocimiento oficial de su territorio y se les dejara manejar el bosque.

“El gobierno les dijo toma los bosques y hazlo, creyendo que las comunidades no tenían la capacidad para hacerlo”, destaca la bióloga y maestra en desarrollo rural Laura Jiménez, de la Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapotecos-Chinantecos de la Sierra Juárez (UZACHI).

Las comunidades utilizaron sus métodos tradicionales de organización, como tomar decisiones en asambleas comunitarias, y se asesoraron con especialistas en manejo forestal.

Este proceso que comenzó a principios de los años ochenta en comunidades de Oaxaca, Durango y Quintana Roo se extendió a otros estados como Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Veracruz, Campeche, Puebla, Jalisco, Estado de México y otros más. Incluso, durante un tiempo se implementaron programas gubernamentales —como el Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestales (Procymaf)— para apoyar a las comunidades en su organización forestal.

En el México actual, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), hay 2362 ejidos y comunidades que realizan manejo forestal en sus territorios y que representan alrededor de 18.2 millones de hectáreas, de las cuales el 73 % son bosque, 21 % selva y 6 % zonas de matorrales.

No todas estas comunidades tienen el mismo nivel de desarrollo en términos de manejo forestal, destaca el investigador Salvador Anta. La mayoría aún se encuentra en un nivel básico; es decir tienen un Programa de Manejo Forestal —estudio que les permite conocer cuántos árboles pueden cortar para garantizar la sustentabilidad de su bosque—, pero no cuentan con sus propios aserraderos, por lo que venden su madera en rollo y, por lo tanto, sus ganancias son menores.

Algunos ejidos y comunidades han logrado tener un desarrollo importante, a tal grado que han formado empresas forestales y se han transformado en importantes fuentes de empleo en su región. Además de que impulsan la formación de sus propios especialistas e implementan proyectos —con biólogos y otros científicos— para monitorear la presencia de especies de flora y fauna que hay en su territorio y garantizar su conservación.

Cultivar el bosque

La Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapotecos-Chinantecos de la Sierra Juárez (UZACHI) surgió el 14 de septiembre de 1989. Es una organización integrada por cuatro comunidades de Oaxaca, tres zapotecas (Capulálpam de Méndez, Santiago Xiacuí y la Trinidad Ixtlán) y una chinanteca (Santiago Comaltepec).

Las cuatro comunidades manejan 24 mil hectáreas de selva baja, bosques de pino-encino y uno de los bosques mesófilos de montaña más conservados del país. Cada comunidad tiene su propio aserradero y produce al año un promedio de 9 mil metros cúbicos de pino y 8 mil metros cúbicos de encino.

“Cortar un árbol no siempre significa hacer un daño, siempre y cuando se haga de una forma responsable”, dice la bióloga Laura Jiménez, quien explica que a partir del Programa de Manejo Forestal se determina la zona en donde se va a extraer la madera, un área en donde también se trabaja para poder propiciar una regeneración natural del bosque.

Con los mismos recursos del manejo forestal han logrado tener un centro ecoturístico, carpinterías comunitarias y una empresa que fabrica muebles. Además, tienen unidades de manejo ambiental para la conservación de orquídeas y venado cola blanca (Odocoileus virginianus).

En Oaxaca también se encuentra la comunidad de Ixtlán de Juárez, que desde el 22 de agosto de 1986 logró que el Estado mexicano le reconociera 19 310 hectáreas de uso comunal, en las que es posible encontrar ecosistemas como bosque tropical y bosque templado.

“La comunidad pudo haber optado por desarrollar la agricultura, pero eligió hacer un aprovechamiento adecuado del bosque”, dice Elías Santiago, maestro en ciencias forestales y director técnico forestal de la comunidad de Ixtlán de Juárez.

El promedio anual de madera que producen en esta comunidad es de 18 mil metros cúbicos de pino y ocho mil de encino. “La selección de la madera que se corta —dice Santiago— se hace a partir del análisis de información estadística, ecológica y también tomando en cuenta aspectos sociales. Tenemos que conocer el comportamiento del bosque, de esa forma es que podemos aprovecharlo y conservarlo”.

Como ejemplo algunos datos: en 2016 esta comunidad aprovechó 500 árboles en una hectárea. En esa misma superficie, para 2019, ya se tenían mil árboles.

Y como en el caso de la UZACHI, la comunidad de Ixtlán de Juárez el manejo forestal comunitario les ha permitido ser una fuente de trabajo en la región (212 empleos directos), así como diversificar sus actividades y contar con un centro ecoturístico, una fábrica de muebles, una purificadora de agua y una “beneficiadora forestal” que otorga créditos a proyectos productivos.

En los bosques de esta comunidad también hay programas de monitoreo de la flora y la fauna. “Estamos en una región de alta biodiversidad, así que tenemos que cuidar esos recursos”, remarca Santiago.

Tres comunidades de la UZACHI e Ixtlán de Juárez tienen el certificado internacional Forest Stewardship Council (FSC), organización con sede en Bonn, Alemania, que valida si se está realizando un manejo adecuado del bosque, que proporcione beneficios ambientales, sociales y económicos. En el país, de acuerdo con datos de Conafor, un millón 300 mil hectáreas en el país ya cuentan con un certificado de la FSC.

El manejo forestal comunitario “es la manera probada de conservar biodiversidad y bosques con la gente, es una conservación que no es excluyente”, destaca la doctora en antropología Leticia Merino, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Su afirmación se respalda por varios estudios que ella y otros investigadores —como David Bray, Salvador Anta y otros más— han realizado.

Por ejemplo, Eric Van Vleet, investigador de la Universidad Internacional de Florida, publicó en 2013 los resultados de un estudio sobre las comunidades que tienen un manejo forestal comunitario en la Sierra Norte de Oaxaca, en el que señala que ante el panorama del cambio climático y la extinción de especies, la conservación es más necesaria que nunca, por lo que se le debería dar más apoyo a “las comunidades que conservan la biodiversidad, almacenan carbono y realizan un manejo equilibrado de los bosques que no significa deforestación”.

Contra viento y marea

Las comunidades que apuestan al manejo forestal comunitario no solo ponen a prueba la fortaleza de su organización comunitaria. También tienen que escalar una pendiente llena de obstáculos. La doctora Merino menciona algunos de ellos: se enfrentan a una normatividad excesiva; por ejemplo, “les piden estudios que las comunidades deben financiar y que luego no les sirven de nada”; y a un sistema fiscal que “no toma en cuenta el carácter social de las empresas comunitarias ni su beneficio ecológico”.

Elías Santiago, director técnico forestal de la comunidad de Ixtlán de Juárez, explica que se les trata como si fueran una empresa privada y no comunitaria, “en donde además de generar empleos, se conserva el bosque”.

Algo que caracteriza a muchas empresas forestales comunitarias —explica el investigador Salvador Anta— es que su objetivo no es el lucro, sino obtener beneficios para el ejido o la comunidad. Buena parte de los ingresos se destinan a obras de beneficio social como escuelas, casas de salud, mejora de caminos y a realizar buenas prácticas en el manejo del bosque. Sin embargo, esto no se toma en cuenta cuando tienen que pagar impuestos.

Manuel Herrera, director técnico forestal de UZACHI, menciona que además de los obstáculos administrativos y fiscales que enfrentan están los ambientales que han ido en aumento. “Hay alteraciones de los períodos de lluvia y también tenemos nuevas plagas, como los insectos defoliadores —que se alimentan del follaje de los árboles— y que antes solo se distribuían en las partes bajas; ahora ya están presentes en las zonas altas”.

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Las empresas comunitarias forestales también tienen que enfrentar el impacto que tiene el tráfico ilegal de madera en el precio que se establece en el mercado. “Es mucho más barata una madera ilegal, que aquella que debe cumplir con muchos requisitos para estar certificada”, resalta Merino, quien también menciona que en los últimos años se ha incrementado la importación de madera.

El crimen organizado se ha instalado como un desafío más para las comunidades forestales, sobre todo en estados como Guerrero, Chihuahua, Michoacán, Durango y Tamaulipas, donde los grupos que controlan el tráfico de drogas también manejan el tráfico ilegal de madera y extorsionan a las comunidades.

Además, en los últimos años, las comunidades se han ido enterando, poco a poco, que buena parte de sus territorios se ha concesionado a empresas mineras. La doctora Merino señala que 33 % del territorio montañoso forestal se concesionó a la minería.

Planes con poco presupuesto

Con los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, las comunidades que realizan manejo forestal comunitario también enfrentaron en forma constante la disminución de apoyos gubernamentales. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quien está al frente de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) es Jorge Castaños Martínez, ingeniero agrónomo, especialista en bosques y quien en el pasado dirigió proyectos de apoyo a comunidades forestales, como el Procymaf.

Para el actual sexenio, “la intención es encontrar mejores mecanismos para incorporar mayor superficie al manejo forestal. Estamos fortaleciendo el concepto y retomando la experiencia de otros años”, asegura el ingeniero Julio César Bueno Talamantes, titular de la Unidad de Educación y Desarrollo Tecnológico de la Conafor.

Entre las metas que se ha puesto la Conafor está el aumentar el número de hectáreas que cuentan con una certificación nacional (750 mil hectáreas en la actualidad) y las de certificación internacional (un millón 300 mil hectáreas).

El gran inconveniente que tiene Conafor para desarrollar sus planes es el presupuesto. En 2019 fue 30.7 % menos de lo que tenía en 2018. En la propuesta de presupuesto para 2020, que podría aprobarse a finales de noviembre, se plantea otorgar al “apoyo para el desarrollo forestal sustentable” 1325 millones 486 mil pesos (alrededor de 68 millones de dólares), casi la misma cantidad que tuvo este año.

Laura Jiménez, Manuel Herrera y Elías Santiago coinciden en que, así como lo hicieron los mayores cuando apostaron por el aprovechamiento sustentable de los bosques, hoy su mejor herramienta para enfrentar los retos que tienen enfrente sigue siendo su organización comunitaria. Y eso es algo que, al igual que el bosque, siembran todos los días.

Lee el artículo original publicado por Mongabay Latam aquí.

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Daniel Janzen y Winnie Hallwachs

Costa Rica: cómo 12,000 toneladas de desperdicios de naranjas hicieron un 'milagro verde'

Cerca de 12,000 toneladas de restos de estos cítricos fueron vertidos sobre pastizales degradados en Costa Rica, a mediados de 1990.
Daniel Janzen y Winnie Hallwachs
7 de octubre, 2019
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Tirar basura en un bosque podría parecer una acción de poca ayuda para el medio ambiente. Sin embargo, eso es exactamente lo que sucedió en Costa Rica.

Más de 1,000 camiones arrojaron 12,000 toneladas de cáscara y pulpa de naranja en pastos áridos de la reserva de Guanacaste, en el norte del país, a mediados de la década de 1990.

Más de dos décadas después, algo sorprendente sucedió.

Un equipo de científicos de la Universidad de Princeton, de Estados Unidos, regresó al área en 2013 y descubrió un aumento del 176% en la biomasa del territorio donde se vertieron los desperdicios.

El área de tres hectáreas que una vez estuvo desierta (y que equivale al tamaño de casi 3 campos de fútbol) se transformó en una exuberante selva tropical.

Pero ¿cómo surgió la idea de hacer algo así? Todo fue parte de un experimento revolucionario de conservación que en algún punto se vio interrumpido.

Un trato “jugoso”

En 1996, los conservacionistas estadounidenses Daniel Janzen y Winnie Hallwachs, ambos ecologistas de la Universidad de Pensilvania, en EE.UU. y consultores de las autoridades ambientales de Costa Rica, se acercaron a la compañía de jugos Del Oro, cuya planta procesadora es vecina a la reserva de Guanacaste.

Este collage hecho por Janzen y Hallwachs muestra el rejuvenecimiento del área gracias a los desperdicios de naranjas.

Daniel Janzen y Winnie Hallwachs
Este collage hecho por Janzen y Hallwachs muestra el rejuvenecimiento del área gracias a los desperdicios de naranjas.

Ellos le ofrecieron a Del Oro un trato quid pro quo: a cambio de donar una gran área de tierra, a la compañía se le permitiría tirar sus cáscaras de naranja y desechos de pulpa en tierras degradadas de pastoreo, en las cercanías de la reserva.

Deshacerse de ese tipo de basura había sido normalmente un dolor de cabeza para la empresa, en términos logísticos.

Janzen y Hallwachs tenían un plan: creían que la biodegradación del desperdicio de esta fruta podría impulsar la recuperación de la selva tropical. Y tenían razón.

Resultados notables

Una comparación entre las tierras cubiertas con las cáscaras y las que no recibieron tratamiento mostró que los residuos de naranja funcionan como fertilizante.

Además de más biomasa, los “vertederos” tenían un suelo más rico, mayores especies de árboles y mayor recubrimiento; en pocas palabras, el área era más verde.

La de los desechos de naranja resultó ser una manera más económica y efectiva de ayudar a los bosques en peligro de extinción.

Los resultados son aún más impresionantes dado que el proyecto de Guanacaste se canceló solo un par de años después de su inicio.

Esta imagen aérea muestra las diferencias entre la tierra revivida por el experimento de las naranjas (derecha) y la tierra que no ha sido tratada (izquierda).

Daniel Janzen y Winnie Hallwachs
Esta imagen aérea muestra las diferencias entre la tierra revivida por el experimento de las naranjas (derecha) y la tierra que no ha sido tratada (izquierda).

En 1998, la asociación entre Del Oro y el Área de Conservación de Guanacaste (ACG) fue impugnada legalmente por TicoFrut, una compañía de jugos rival.

Esta última acusó a Del Oro, entre otras cosas, de “contaminar” un parque nacional.

En 2000, la Corte Suprema costarricense dictaminó que el contrato firmado entre Del Oro y el Ministerio de Medio Ambiente y Energía era ilegal.

“Una orgía de moscas”

Aunque el experimento de Janzen y Hallwachs ha sido reivindicado desde entonces, los científicos no están contentos del todo, pues vieron el proyecto como una oportunidad para que la selva tropical en su conjunto sea más resistente.

“Queríamos crear un cinturón de bosque joven de decenas de hectáreas como protección contra incendios”, le dice Janzen a la BBC.

“Al hablar de áreas tropicales húmedas, el término incendio forestal es incorrecto. Las zonas que se queman son en realidad de pastos o forrajes”.

Seis meses después de ser arrojados, los desechos ya se habían descompuesto y fertilizado el suelo previamente árido.

Daniel Janzen y Winnie Hallwachs
Seis meses después de ser arrojados, los desechos ya se habían descompuesto y habían fertilizado el suelo previamente árido.

La selva tropical intacta no arde, no puede arder. Es demasiado húmeda. Cuando se reforesta y se convierte en un bosque vivo real, no se vuelve a quemar”.

Los estudios de muestras de suelo dejaron en evidencia que ya a los dos años de haber sido arrojados los restos de naranjas, se había enriquecido significativamente.

“Hoy, el sitio está ocupado por un bosque joven muy saludable, mientras que las parcelas de control que no recibieron tratamiento son los mismos pastos agotados de hace un siglo o más”, señala Janzen.

¿Pero cómo funcionó?

Timothy Treuer, el científico de Princeton que dirigió la visita de 2013, dice en broma que la recuperación del bosque es el resultado de una “orgía de moscas”.

“Los desechos orgánicos pueden resolver muchos de estos problemas simultáneamente, al sofocar pastos y malezas y enriquecer y aflojar el suelo, a medida que son descompuestos por las moscas de la fruta nativa y los microorganismos que salen de los bosques locales para disfrutar de este banquete”, le comenta a la BBC.

“Los árboles nativos que alguna vez tuvieron problemas para sobrevivir, de repente tienen la oportunidad de comenzar de nuevo en un entorno mucho más favorable”, agregó el científico de Princeton.

Simple y económico

El proceso, al menos en términos científicos, también es simple y barato.

“El principio es muy fácil: encontrar los residuos orgánicos ricos en nutrientes, encontrar tierras degradadas donde la vegetación invasiva o las condiciones degradadas del suelo estanquen la recuperación del bosque, y combinar los dos”, explica Treuer.

“La restauración de los bosques tropicales a menudo es costosa. La agricultura y otros sectores en los trópicos con frecuencia producen grandes cantidades de subproductos ricos en nutrientes, o que en algunos casos requieren un alto costo neto de eliminación o procesamiento”.

El proyecto fue atacado por el productor rival de jugo TicoFrut, quien afirmó que se estaba "contaminando" un parque nacional y contaminando la tierra.

Daniel Janzen y Winnie Hallwachs
El proyecto fue atacado por el productor rival de jugo TicoFrut, quien afirmó que se estaba “contaminando” un parque nacional y contaminando la tierra.

Pero la batalla legal dejó un sabor amargo.

Cuando se le pregunta sobre el legado del experimento, el tono de Janzen no es optimista.

“Cualquier proyecto puede ser extremadamente sólido en la parte técnica, pero terminar destruido por los deseos de este o aquel elemento social”, dice.

“Los desafíos técnicos en la naturaleza a menudo son muy solubles si se permite la aplicación de soluciones. El gran desafío en la reforestación es tener una sociedad que quiera reforestar”.

La BBC trató de contactar a TicoFrut para obtener comentarios, pero no respondieron.

En la demanda original, la compañía presentó otra razón para su objeción al acuerdo de Guanacaste.

Consideró injusto que Del Oro no se viera obligada a construir una planta de eliminación de desechos al igual que lo fue TicoFrut a mediados de la década de 1990, ante las acusaciones de que los restos de naranja de su planta de jugo estaban contaminando un río.

TicoFrut también afirmó que los desechos de Del Oro estaban envenenando el suelo y los ríos cercanos en Guanacaste, además de crear un caldo de cultivo peligroso para las plagas y las enfermedades derivadas de los cítricos, un argumento refutado por Janzen.

Pelea legal

“El litigio iniciado por TicoFrut siguió la guía de un especialista al que, por supuesto, se le pagó por atacar a Del Oro”, cuenta Daniel Janzen.

Treuer también expresa frustración al respecto.

Los desechos de naranja se descompusieron gracias al trabajo de las larvas de moscas, los hongos y los microbios.

Daniel Janzen y Winnie Hallwachs
Los desechos de naranja se descompusieron gracias al trabajo de las larvas de moscas, los hongos y los microbios.

“Como científico, es frustrante cuando las posibles soluciones a los principales desafíos se obstruyen, obstaculizan o evitan por preocupaciones infundadas, particularmente cuando esas preocupaciones surgen de intereses corporativos”.

Sin embargo, el científico ve consuelo en el limitado éxito del proyecto.

“Independientemente de lo que sucedió, existen razones de peso para esperar que los desechos agrícolas mínimamente procesados ​​(y por lo tanto de bajo costo) puedan utilizarse para acelerar la restauración de los bosques tropicales”, concluye Treuer.


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