El proyecto Red Compartida del gobierno de Enrique Peña Nieto sigue en marcha en la actual administración, y en los próximos cinco años debe cumplir su principal reto: llevar conexión a las zonas donde no la hay, aunque ese es el mismo objetivo de la nueva propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a través del proyecto Internet para Todos. Esto, dicen expertos, podría significar competencia entre ambos proyectos gubernamentales.
La diferencia radica en que Internet para Todos pretende conectar gratis sitios públicos utilizando la fibra óptica de CFE, mientras que la Red Compartida vende servicios a empresas mayoristas para que éstas a su vez ofrezcan servicios a la población. Si bien podrían ser complementarias, dependerá de la estrategia para hacer convivir ambas sin inhibir el sentido comercial de la Red Compartida, es decir, su razón de ser.
Las metas del proyecto lanzado en el sexenio de Enrique Peña Nieto quedaron asentadas en un calendario por “hitos”. En el primero estaba previsto que Altán Redes debía llegar a 30% de la población para marzo del 2018. Logró superarlo al alcanzar 32.2%.
Los siguientes hitos implican llegar a 85% de la población a más tardar el 24 enero de 2022 y a 92.2% de la población el 24 de enero de 2024. Además cubrir en forma progresiva a 111 Pueblos Mágicos para el 24 de enero 2022.
De acuerdo con Altán Redes, la cobertura alcanza a 36 millones de mexicanos, más de 8 millones de ellos en poblaciones de menos de 10 mil habitantes, y se encuentran desplegando la red para llegar a la siguiente meta a final de año. Para conseguir que la Red Compartida esté disponible en más de 30 mercados comerciales, sus zonas conurbadas y 19 mil poblaciones rurales con más de 3 mil 500 de ellas catalogadas de alta y muy alta marginación.
Si bien las metas previstas en el contrato están cumplidas, el problema está en que justamente se hayan previsto en porcentaje de población y no en número de usuarios, ni en número de empresas participantes en el mercado para lo que originalmente se pensó este proyecto, asegura el fundador de Digital Policy & Law Group, Jorge Fernando Negrete.
“Se hizo el apagón analógico para usar esa banda (la televisión digital), luego se lo entregas a una empresa que no tiene la capacidad, y más bien, le entregas ese espectro a un modelo de negocio que no tiene experiencia en el mundo, que no tiene referencia. Ha sido una pérdida de tiempo. Esa regulación lleva más de cuatro años de castigar a los más pobres”, insiste Negrete.
Más allá del primer hito alcanzado, el especialista señala que la verdadera prueba de que este proyecto no ha funcionado es que no ha habido un incremento significativo en el número de usuarios de telefonía con internet, ni de conexión en los hogares, ni mejores servicios.
De acuerdo con los informes estadísticos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el número de teléfonos móviles por cada 100 habitantes en el país pasó de 91 en 2016, a 92 el año siguiente y a 96 al primer trimestre de 2019. Sin embargo, esta cifra cambia radicalmente al compararlo por entidad, pues mientras en la Ciudad de México está en 109 móviles por cada 100 habitantes, en Chiapas y Oaxaca se encuentran en 60.
Esto muestra la desigualdad, pero también el atraso como país incluso al comparar las cifras con otros países de América Latina, pues Chile tiene 147 móviles por cada 100 habitantes; Argentina, 135 y Brasil, 99.
Sobre las líneas de teléfono móvil con internet, pasamos de 67 por cada 100 habitantes en 2018 a 71 en 2019; pero México aún está lejos de países como Argentina que tiene 104 o Chile con 98, mientras que Brasil suma 87 hasta el primer trimestre de este año.
Sin embargo, ese pequeño crecimiento ha sido motivado por otras razones distintas a la Red Compartida, como el abaratamiento de equipos y de servicios, con la baja de tarifas.
Y es que si bien en México ha crecido el número de usuarios de internet al pasar de 71.3 millones en 2017 a 74.3 millones en 2018, según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih), las diferencias están marcadas.
El uso del internet es un fenómeno urbano, puesto que el 73.1% del total de la población urbana son usuarios de este servicio, en cambio, sólo 40.6% de la población conectada está en zonas rurales.
Según la encuesta hay 29.9 millones que no tienen acceso a este servicio, y de ellos, 4 de cada 10 dicen que es por falta de recursos para costearlo, mientras que 2% no lo usa por falta de cobertura.
“Esto ilustra cómo la brecha digital no es ajena a la brecha económica de este país. Claramente hay una correlación en alguna medida entre las variables macroeconómicas y también nuestras brechas que tenemos que atajar”, dijo el comisionado presidente del IFT, Gabriel Contreras, durante la presentación de la encuesta en abril pasado.
Jorge Fernando Negrete Pacheco, también integrante del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), sostiene que se trata “de un desperdicio de espectro radioeléctrico, de un nivel de ineficiencia inaceptable que le quitó el estímulo al mercado mexicano porque empresas como AT&T, Movistar y América Móvil no tienen la menor intención de invertir en áreas rurales por el régimen de preponderancia”.
Esto significa que cada vez que conecta a un nuevo usuario se vuelve más preponderante, entonces “eso los obliga a mantenerse en su propia red y ya no generar cobertura, invierten en calidad y servicios porque la red se ha vuelto súper poderosa, porque nada más tiene que invertir en su red y no invierten en áreas rurales, y además bajamos el precio”.
Altán Redes comenzó en las áreas donde ya existía conectividad, es decir, ofreciendo servicios a los que ya lo tenían y sólo dentro cinco años se prevé llegar a zonas sin conectividad, pero “me parece unas condiciones de ineficiencia y de castigo a la población, en materia de conectividad absolutamente absurdas”.
Para que la Red Compartida sea capaz de llegar a las zonas rurales en 2024 deberá desplegar infraestructura, pero también atraer a concesionarios o comercializadores autorizados por el IFT con el fin de reventa de la capacidad y servicios de la red a la población. Sólo así podría conseguirse que el proyecto sea exitoso.
Por ello, los clientes naturales tendrían que ser los operadores locales, asegura Salomón Padilla, presidente de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México, (ATIM), una organización de 73 operadores de telecomunicaciones con presencia en poblaciones rurales o urbanas de tamaño medio en 30 estados de la República.
Y aunque Altán está operando desde marzo de 2018, apenas en junio pasado hubo más acercamiento con los operadores que pertenecen a ATIM, pero “Altán no tiene cobertura en la mayoría de las poblaciones donde nosotros estamos, las pequeñas, rurales y son apartadas y eso es algo que también se ha estado platicando para ver cómo hacemos una coinversión o una coparticipación para que lleguen a esto”.
Salomón Padilla explica que en ATIM podrían ser clientes potenciales siempre y cuando el proyecto sea factible, el tipo de productos que ofrezca Altán y el precio, porque “llegar a Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, es sencillo, el reto de ingeniería de costos, de mercado y de productos está en las poblaciones más alejadas, y sobre todo hacer que sea económicamente viable”.
De acuerdo con Antal Redes, a 18 meses de operación comercial, “se tienen más contratos mayoristas firmados con Altán que los 26 de este tipo que se firmaron por los tres operadores móviles conjuntamente en sus ofertas mayoristas en los 6 años anteriores a la Red Compartida. Y la mayoría de estos clientes ya están operando y ofreciendo servicios bajo la red, mientras los demás se encuentran en sus procesos de integración a la Red Compartida, de acuerdo con sus condiciones técnicas y planes comerciales”.
Fernando Borjón, quien también fue comisionado presidente del IFT, advierte que el proyecto no se pensó como una medida para llevar internet a quienes no lo tienen sino “fue una decisión basada en lo técnico y en lo económico en materia de competencia. Lo que se está buscando es impulsar la competencia en el mercado abriendo una opción para que aquellos que no podían contar con una red móvil a nivel nacional”.
Aunque considera que con la Red Compartida “se ha ganado alternativa ya casi para la mitad de la población del país, de contar con otro proveedor de infraestructura de servicios móviles y el internet al hogar”.
Por eso, los precios del internet fijo son accesibles ya para por ejemplo población en Nezahualcóyotl o Ecatepec, pese a que ya habían otros servicios. “Aquí es donde se ha ganado también la posibilidad de que otras gentes que tienen mercados identificados como Elektra que tiene una masa crítica de clientes en la parte de electrodomésticos entre a estos mercados móviles a aprovechar su conocimiento del mercado comercial.
La capacidad ya se está ofreciendo, eso es lo que hoy ya está ganando el mercado”.
Sin embargo, también reconoce que en el caso del servicio de telefonía móvil “el mercado no se ha movido tan rápido como había unas previsiones que se planteaban en su momento, porque se requiere más inversión y más conocimiento en lo técnico, y también pues un desafío desde el punto de vista de negocios para competir con gente que conoce perfectamente el mercado con Telcel, AT&T o Telefónica”.
Internet para Todos y la Red Compartida
Internet para Todos es el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar internet gratuito hasta las localidades más apartadas del país a través de la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad con la nueva empresa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, y será una inversión completamente pública.
Para 2019 se etiquetaron mil millones de pesos de presupuesto y el primer paso fue la creación de la empresa subsidiaria CFE Telecomunicaciones Internet para Todos, el pasado 2 de agosto, que tiene como objetivo “prestar y proveer servicios de telecomunicaciones, sin fines de lucro, para garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido el de banda ancha e internet”, de acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.
El gran reto para este proyecto es alcanzar las 47 mil localidades donde vive 5% de la población en el país a donde no ha llegado ninguna empresa de telecomunicaciones. Pero hacerlo con fibra óptica resulta poco viable, pues ésta “es muy útil cuando se tiene una densidad muy alta de habitantes, y va a ofrecer servicios de alta velocidad, pero si va a llegar a una población con 50 personas con fibra óptica el costo beneficio es muy alto, y ahí hay otras tecnologías como las satelitales, por ejemplo”, afirma Fernando Borjón, excomisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Al respecto, el actual comisionado presidente del IFT, Gabriel Contreras, ha reiterado en diversas entrevistas que el país tiene esta capacidad ya está contemplada en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues a través de Telecomunicaciones de México, tiene ya una concesión para dar ese tipo de servicios y llevar conectividad a través de diferentes programas.
En esto coincide el especialista Jorge Fernando Negrete Pacheco, toda vez que “la subsecretaria de telecomunicaciones tiene facultades para generar cobertura directamente, se tiene a la empresa Telecom de México y también está Altán Redes con la Red Compartida que hace lo mismo, entonces vas a crear una cuarta empresa con infraestructura de la CFE y ahora la va a hacer el presidente”.
Para Borjón, Internet para Todos y Red Compartida podrían llegar a complementarse, pero “en el momento en el que se complemente el gobierno ya no puede ofrecer el gobierno servicios ahí. Habría una contradicción: si llega CFE con fibra y no han terminado con una red móvil de la red compartida ya no puede ofrecer servicios el gobierno porque ya habría un operador”.
Además, las zonas donde Altán despliegue infraestructura, según la ley, deberá vender a empresas concesionarias que, a su vez, den servicio al usuario final, por lo que su objetivo es lucrativo.
Hasta el momento, el actual gobierno no ha determinado si la Red Compartida sería compatible con Internet para Todos.
Aunque se solicitó entrevista con el director de Altán, Javier Salgado, el consorcio optó por entregar un posicionamiento por escrito en el que asegura que la Red Compartida e Internet para todos son “absolutamente complementarias” y mientras CFE Telecomunicaciones e Internet para todos “será una entidad sin fines de lucro, es distinto al mandato de red de telecomunicaciones móvil compartida”.
Por tanto, insiste, “no vemos la existencia de ningún potencial conflicto. La empresa estatal tiene la capacidad de celebrar contratos y participar en asociaciones y alianzas para alcanzar su objetivo, lo que le permitirá hacer sinérgica su misión con los actores existentes del sector para alcanzar su cometido, incluido Altán”.
Sin embargo, a 10 meses de gobierno del presidente López Obrador, Altán reconoce en su escrito que su proyecto no ha sido contemplado para la iniciativa Federal hasta el momento, pero “estamos en la mejor disposición de explorar todas las alternativas y en colaborar con el gobierno para conseguir dar cobertura a las localidades desconectadas. Ayudaremos en lo que se nos solicite para lograrlo”.
Para conocer la postura del Gobierno Federal, se solicitó entrevistas a la subsecretaria de Comunicaciones, Salma Jalife; con Raimundo Artis Espriu, coordinador de la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia y a la Comisión Federal de Electricidad, pero no hubo respuesta.
La Red Compartida aún no concluye el proceso previsto para el despliegue, pero aún sin certeza sobre su funcionamiento con el proyecto de la actual administración, ni con beneficios claros, Jorge Fernando Negrete asegura que “la red compartida es uno de los fracasos más demoledores en materia de políticas de cobertura y acceso universal no sólo en México, puede serlo pronto en la historia de las telecomunicaciones”.
*Esta investigación forma parte de “Transparencia y rendición de cuentas de las APP: Recomendaciones de política pública”, un estudio de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, coordinado por José Luis Chicoma, Yahir Acosta, Ana Laura Barrón y Silvia Márquez. Edición: Salvador Frausto.
