"No fui yo", la respuesta de Duarte al Juez sobre el desvío de recursos en su gobierno
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"No fui yo", la respuesta de Duarte al Juez sobre el desvío de recursos en su gobierno

Un juez capitalino señaló al exgobernador de Veracruz de ser el posible autor intelectual de la desaparición de recursos que dejaron 96 obras inconclusas.
Cuartoscuro
9 de noviembre, 2019
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“Usted no viene aquí para cuestionarme. Usted escucha mi determinación y la acata…”

Esa fue la única respuesta que Javier Duarte recibió del juez de la Ciudad de México, Júpiter López Ruiz, durante la audiencia de casi tres horas realizada ayer por la noche en el Reclusorio Norte y en la que, por segunda vez, volvió a vincularlo a proceso penal por su presunta autoría intelectual en el delito de peculado.

Dicho intercambio ocurrió cuando el exgobernador de Veracruz intentó interrogar al juez y le pidió que le explicara como es que se suponía que él se había beneficiado de los 220 millones de pesos que, según la investigación de la Fiscalía de Veracruz, fueron desviados de las obras hidráulicas para los cuales estaban etiquetados, y transferidos a otras cuentas de la secretaría de Finanzas del estado en 2014.

Lee más: Juez vuelve a vincular a proceso a Javier Duarte por peculado

Pero el juzgador no se dejó enganchar y frenó en seco a Duarte. Le dijo que si quería que le respondiera dudas para eso tenía a un abogado a un lado. Que el se limitaría a escucharlo y nada más, porque su determinación ya estaba tomada.

La sesión fue de claroscuros para el exgobernador y su equipo legal. Por un lado, su objetivo primario era que el juez ya no vinculara a Duarte por peculado (como lo había hecho en mayo de 2018). Habían ganado un amparo con el que lograron anular esa primera decisión, sin embargo, el juez se mantuvo firme en su determinación.

Pero por otro lado consiguieron que el juez revocara la medida cautelar de prisión preventiva que le había impuesto el año pasado, lo que le permite llevar este proceso en libertad. Si bien eso no beneficia por ahora al exgobernador, quien cumple una condena de 9 años por lavado de dinero y asociación delictuosa, le podría ser provechoso en el futuro si se le reduce su condena o si logra revocarla.

Con independencia del veredicto, en el desarrollo de la audiencia hubo momentos clave que claramente incomodaron a Duarte. Y es que en al menos cinco ocasiones el juez le señaló a exgobernador que no había duda de que en su gobierno habían desaparecido 220 millones de pesos que estaban destinados a obras hidráulicas, lo que según la investigación dejó inconclusas 96 obras de alcantarillado, saneamiento y agua potable

“Es innegable que ese dinero se distrajo, que era dinero que estaba etiquetado para un fin y que por ello no era legal destinarlo otra cosa, pero además es dinero que nunca se regresó y que dejaron obras inconclusas” señaló al juez.

Y aprovechando que desde la audiencia del año pasado la defensa había argumentado que los oficios y testimonios en los que la Fiscalía de Veracruz sustentaba su caso eran falsos u obtenidos con tortura, el juez le “recordó” a Javier Duarte que en el nuevo sistema penal existe el juicio oral, donde puede hacer valer todos esos argumentos, y puede defenderse.

Lee más: La Suprema Corte analiza atraer caso contra Javier Duarte bajo sospechas de corrupción

 “El cómo, cuándo y dónde de como ocurrieron los hechos, y todo lo que ustedes (los defensores) cuestionan, ello no se va a resolver ahorita, se resuelve en juicio y después de que concluya la investigación. Pero justo para eso tenemos el juicio, para hacer valer ahí las pruebas, para contradecir, para interrogar a los testigos” dijo Júpiter López.

El juzgador finamente le insistió a Duarte que aun cuando se argumente que el dinero etiquetado para las obras hidráulicas se pudo haber tomado para atender otras prioridades, práctica común en el gobierno de Duarte (y en otros gobiernos estatales), eso no le quita la ilegalidad a esta acción.

“Pero además aquí el dinero prestado no se devolvió”, recordó el juez.

Si desapareció, no fui yo: Duarte

El juez se negó a responder las preguntas de Javier Duarte, pero le permitió manifestarse libremente. Esto fue aprovechado por el exgobernador para recalcarle “a su señoría” que su caso y el de varios de sus excolaboradores eran resultado de una presunta persecución política de la Fiscalía de Veracruz emprendida en la gestión de su sucesor Miguel Ángel Yunes.

En ese contexto Duarte puso en duda que el dinero que se le atribuye en el peculado hubiera desaparecido en su gestión, pues dijo que el oficio donde se reporta que el recurso ya no estaba fue de febrero de 2017, cuando ya había dejado el cargo. “Pudo ser otro el responsable, como otro gobernador” apuntó.

Lee más: Javier Duarte logra amparo contra vinculación a proceso por peculado

“Este caso fue armado por el entonces fiscal Jorge Winckler, quien hoy es prófugo por las fechorías, y así lo digo claramente, que llevó a cabo” dijo por su parte Ricardo Reyes Retana, abogado defensores de Duarte.

El litigante insistió además en cuestionar la legalidad de las pruebas presentadas por la Fiscalía de Veracruz, y criticó el hecho de que no se tomara en cuentea que no hay pruebas del destino de dicho dinero.

Al concluir su intervención, Javier Duarte y sus abogados subrayaron que la declaración de Mauricio Audirac, exsecretario de finanzas que testificó que Duarte le dio la orden verbal de tomar los 220 millones, fue obtenido bajo tortura. El juez dijo que esta era otra razón mas para ir a juicio.

“Bueno pues para eso sirve el juicio. Justo para llevar a cabo ese debate. Y si esas pruebas se obtuvieron con estas prácticas que ustedes señalan difícilmente van a prevalecer. Pero ese es el espacio donde toca exponer todo esto” dijo el juez.

La situación legal de Duarte tras la audiencia

Javier Duarte seguirá preso en el Reclusorio Preventivo Norte pues cumple una sentencia de 9 años de prisión por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, de los cuales ya cumplió dos años y medio. En meses pasados promovió una demanda de amparo – que sigue en trámite – con la que busca la oportunidad de apelar dicha condena.

Además, si mantiene una buena conducta, el exgobernador podría pedir dentro de aproximadamente dos años – cuando cumpla la mitad de su pena – que se le permita llevar la otra mitad en libertad.

En cuanto al caso de peculado, promovido por la Fiscalía de Veracruz, se fijó como fecha el próximo 10 de febrero para que concluya el plazo de investigación complementaria y el Ministerio Público presente la acusación formal que permita ir a una audiencia intermedia y posteriormente a juicio. Este juicio lo seguiría legalmente en libertad, tras cancelarse la medida de prisión que se le impuso.

En una situación similar se encuentra otro proceso penal mas abierto contra Duarte por no haber firmado el acta de entrega-recepción de su gobierno, tras haber pedido licencia al cargo de gobernador en octubre de 2016. Tampoco es un caso por el cual Duarte necesite estar preso.

Ausencia de Fiscalía de Veracruz

Contrario a lo que sucedió en la audiencia del 20 de mayo de 2018 cuando se vinculó por primera vez a proceso a Duarte por el delito de peculado, en esta ocasión no hubo ningún representante de la Fiscalía de Veracruz en la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte.

Del lado de la parte acusadora solamente estuvieron presentes agentes del Ministerio Público de la Ciudad de México y una representante de la Secretaría de Gobierno de la capital.

En la audiencia de mayo del año pasado estuvo incluso presente personalmente el entonces fiscal Jorge Winckler y al menos dos asesores más. Winckler fue removido del cargo de Fiscal general desde septiembre por el Congreso de ese estado.

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Reuters

Estampida por redada policial en un centro nocturno de Perú deja al menos 13 muertos

Unas 120 personas asistieron a la fiesta, a pesar de que el gobierno había prohibido las reuniones sociales por la pandemia
Reuters
23 de agosto, 2020
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Al menos 13 personas murieron y otras tres resultaron heridas este sábado después de que una redada policial causara una estampida dentro de un club nocturno en Lima, la capital de Perú.

En la discoteca había más de 100 personas, a pesar de que en Perú, debido a la pandemia del COVID-19 y por disposición del gobierno nacional, están prohibidas las reuniones sociales.

“Tras un operativo policial en una discoteca en Los Olivos se reportan 13 personas fallecidas”, informó el general de la policía Orlando Velasco a la radio local RPP.

De acuerdo a un comunicado del Ministerio del Interior, alrededor de las 9pm (hora local), los vecinos de la discoteca “Thomas Restobar“, ubicada en el barrio Los Olivos, alertaron a las autoridades sobre una fiesta que contaba con la asistencia de aproximadamente 120 personas, poco antes de que iniciara el toque de queda impuesto por el gobierno local debido al estado de emergencia causado por la crisis del coronavirus.

El toque de queda declarado por el gobierno local comenzó a las 22:00 horas de este sábado y concluirá a las 4:00 horas de este lunes 24 de agosto.

Tras la llegada de la policía, los asistentes a la fiesta trataron de escapar por la única puerta de ingreso, atropellándose y quedando atrapados entre la entrada y una escalera del local, según resalta el comunicado.

El texto anota además que la policía no utilizó ningún tipo de arma ni bombas lacrimógenas durante la operación.

Personas detenidas

Además, el ministerio sostiene que hasta el momento 23 personas se encuentran detenidas y que las autoridades han iniciado una investigación para identificar a los dueños de la discoteca y a los responsables de este “lamentable” hecho.

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sasieta, condenó a los organizadores de la fiesta.

https://twitter.com/MininterPeru/status/1297409830882357254

“Estoy indignada, porque esto nunca debió ocurrir, porque unos empresarios que, con afán de lucro, congregaron a 120 muchachos y, ese afán, esa avaricia ha ocasionado la muerte de estos jóvenes. Yo pido la máxima sanción para los dueños de este centro”, le dijo a la radio RPP.

Además de los 13 fallecidos, de los cuales 12 son mujeres y un hombre, seis personas resultaron heridas, incluyendo tres efectivos de la policía que intentaban auxiliar a las personas atrapadas.

“El Ministerio del Interior lamenta profundamente la muerte de 13 personas como consecuencia de la irresponsabilidad criminal de un empresario inescrupuloso; y extiende sus más sentidas condolencias a sus familiares”, finaliza el comunicado.

Pese a que Perú fue uno de los primeros países latinoamericanos en tomar medidas preventivas para contener el avance del coronavirus, se ha convertido en una de las naciones más afectadas del continente, registrando más de 576.000 casos y 27.000 muertes a causa del virus, según cifras de la Universidad Johns Hopkins .

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