Investigan por presuntos sobornos a funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla
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Investigan por presuntos sobornos a funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla

De acuerdo con las investigaciones, una vez que tuvieron la certeza de que serían parte del gabinete de Jaime Bonilla, los secretarios comenzaron a negociar con los proveedores del gobierno los futuros contratos, convenios y licitaciones.
30 de noviembre, 2019
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Un equipo de funcionarios del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, presuntamente cobró sobornos por adelantado, antes de su toma de protesta, con la promesa de entregar convenios y contratos de proveeduría, según documenta una investigación que se realiza actualmente en la Secretaría de Honestidad y Función Pública de Baja California.

La investigación por posibles actos de corrupción, sobornos y extorsiones por parte de funcionarios, se calculan ascienden a entre 24 y 28 millones de pesos solo en la Secretaría de Bienestar, encabezada por Cynthia Gissel García Soberanes, según una investigación del Semanario Zeta.

La tarde del 27 de septiembre de 2019, 36 días antes de que la nueva administración tomara posesión, una camioneta con matricula G/FJ276 fue detenida para revisión en un retén militar en la Laguna Salada, a la salida de Mexicali. El chofer dijo a los soldados que llevaba 100 mil pesos en efectivo. Inmediatamente los elementos del Ejército lo aseguraron para una inspección a detalle y encontraron más.

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Dentro de un maletín había 2 millones de pesos y 600 mil dólares en un lugar oculto de la camioneta, de acuerdo con el medio.

Quien viajaba ahí era un joven quien se identificó como Einar André Hernández Garza, secretario particular de Cynthia Gissel García Soberanes, quien ya se había anunciado, sería la Secretaria de Integración y Bienestar Social en el gobierno de Jaime Bonilla.

El dinero, aseguraron, eran propiedad del Gobierno del Estado y los policías después de hacer varias llamadas dejaron a ir a Hernández con la camioneta registrada a nombre de García Soberanes.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad y en la bitácora de los elementos del Ejército.

Presuntamente este dinero fue obtenido por acuerdos con empresas antes de que arrancara la administración de Bonilla.

Las investigaciones realizadas por la Función Pública del estado, las cuales el Semanario Zeta tuvo acceso, indican que han participado presuntamente tres integrantes del primer nivel del gabinete de Bonilla: Cynthia Gissel García Soberanes, el oficial mayor Jesús Núñez y el secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.

Además, una fuente dijo a la dependencia que el actual gobernador los obligó a regresar el dinero obtenido como sobornos por la entrega de convenios, contratos y licitaciones.

Lee:Bonilla toma posesión en BC aún con la incertidumbre sobre cuánto durará su gobierno

Negociaron contratos

Los colaboradores de Bonilla empezaron a tener contacto con proveedores y empresarios cuando les solicitaban donaciones para el voluntariado de Bonilla que, durante la etapa de transición, entregó dádivas a una parte de la sociedad, particularmente a niños y estudiantes. Ese acercamiento para solicitar dinero y donar artículos a través del Voluntariado de Bonilla, fue el primer paso para la solicitud de los sobornos.

De acuerdo con las investigaciones, una vez que tuvieron la certeza de que serían parte del gabinete de Jaime Bonilla, los secretarios comenzaron a negociar con los proveedores del gobierno los futuros contratos, convenios y licitaciones.

En dos casos específicos relatados a la secretaria de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinoza, se refieren a uno establecido con el empresario Humberto Valadez García, a quien apodan “El Huevero” y habría entregado 20 millones de pesos a cambio de contratos millonarios como proveedor de alimentos a penales de Baja California y a los desayunos escolares, una vez que tomara posesión Jaime Bonilla.

Según la investigación del medio, el otro caso documentado es el de un empresario identificado como Carlos Patiño, quien entregó 100 mil dólares ante la promesa de obtener contratos en el sector de vivienda a partir del 1 de noviembre de 2019.

En ambos casos, el dinero fue entregado por un intermediario de la Secretaría de Bienestar al oficial mayor, Jesús Núñez, quien lo habría repartido en partes iguales, entre él y los tres secretarios involucrados.

El día del retén, el dinero transportado que fue de 4 millones 700 mil pesos era parte de los sobornos que correspondía. Antes, por la misma carretera había transportado lo correspondiente al resto de los implicados, detalla la investigación del Semanario Zeta.  

Secretaria implicada, en coma

El secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, informó que la secretaria de Bienestar Social del estado, Cynthia Gissel García, está en estado de coma. El hecho también fue confirmado por la hija de la funcionaria, quien informó que el estado de salud de su madre es delicado.

Esto, luego de que circularon audios y capturas que la involucran en presuntos actos de corrupción.

En las conversaciones filtradas participa su subsecretario Rosendo Colorado, quien en un video dio detalles de las operaciones y ofreció nombres de los empresarios que contribuyeron a los sobornos millonarios.

Tras ser cuestionada por el Semanario Zeta de las implicaciones que se le hacían dijo estar tranquila y que se hacía una investigación.

“Soy una mujer que se ha dedicado a trabajar, que ha pasado por cosas muy difíciles, y créeme que en la vida he aprendido mucho, y dentro de mis valores y principios está todo, menos robar y mentir, ni tengo necesidad. Tengo una familia, una hija y estoy muy tranquila por ese lado. Que investiguen y hagan la investigación, que se abra el proceso”.

Respecto a los audios que se difundieron en varios medios de comunicación dijo que sí era su voz.

“Ah sí, es mi voz, pero no es lo que ella (Vicenta Espinosa, secretaria de Honestidad y Función Pública) está haciendo entender o dando a entender, no es eso. Nosotros traemos ahorita un expediente armado con todos los apoyos que se dieron. Ella piensa que yo pedí dinero, algún tipo de recurso, y pues no. Nosotros empezamos a trabajar cinco meses antes de que entráramos al gobierno, armando un voluntariado con el afán de recorrer todo el Estado, dónde estaban las zonas más difíciles, dónde tendríamos qué entrar con cuáles programas”, declaró.

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El testigo

A Rosendo Colorado la secretaria de Bienestar le había prometido una subsecretaría, pero previo a la entrada de la nueva administración lo mantuvo como operador en intermediario con los proveedores del gobierno del estado para “de manera adelantada cobrar ‘moches’ por la entrega de contratos de proveeduría”, refiere el Semanario Zeta.

“De inicio, la verdad se me hacían apoyos muy coherentes o congruentes porque traíamos un esquema que ella (Soberanes) propuso con el tema de voluntariado de Bonilla, donde estábamos regalando mochilas y regalando útiles escolares y apoyos sociales. Y pues el compromiso, pues yo me he dedicado a la política durante mucho tiempo, lo entendía el intercambio, ¿no? ‘Me echas la mano ahorita, en lo que estamos de la transición y ya veremos cómo como proveedor te ayudamos’, ¿no?

Y cuando ya empezó a salirse un poquito de control, fue cuando ella me dice tener amarrado el tema de las comidas dentro de los Ceresos, que supuestamente ya estaba pactado que era un contrato de más-menos 336 millones de pesos, más aparte los 106 millones o 108 de lo que eran las tienditas. Te ofrecían en paquete el contrato por 20 millones de pesos por anticipado. Me piden que consiga esa cantidad de dinero, recuerdo que fue en su casa”, contó al medio de comunicación.

Colorado fue quien contactó tanto a Humberto Valadez como a Carlos Patiño, y quien cobró los “moches” para entregarlos al oficial mayor, siempre monitoreado por Cynthia García Soberanes, y en una ocasión ante la presencia de Amador Rodríguez Lozano, secretario de Gobierno.

En su página de Facebook, Rodríguez Lozano dijo que se trataba de intrigas, a pesar de que está en curso una investigación, y desestimó las declaraciones del operador de García Soberanes, argumentando que se trata de ataques hacia ellos porque están investigando la corrupción en el anterior gobierno.

El oficial implicado

Uno de los investigados es el todavía oficial mayor, Jesús Demián Núñez Camacho, quien el sexenio pasado se desempeñó como proveedor del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid y del Poder Judicial del estado.

Respecto a la grabación que ha circulado en redes sociales y medios de comunicación, en la que el Rosendo Colorado habla de presuntos sobornos que él solicitó a nombre de la Secretaría de Bienestar Social y que le fueron entregados a Núñez respondió:

“No, ahí sí yo no tengo nada que ver, y de hecho, inclusive en lo que es la Secretaría de Bienestar no se ha licitado nada hasta el día de hoy”.

El líder estatal del Partido Acción Nacional (PAN), José Luis Ovando Patrón, presentó una denuncia contra la titular de la Secretaría de Integración y Bienestar Social de Baja California, Cynthia Gissel García Soberanes, y otros funcionarios del gobierno del estado, por el delito de cohecho y los que resulten.

Con información del Semanario Zeta 

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El gas usado para "desinfectar" a mexicanos en EU que sirvió como ejemplo a la Alemania nazi

Durante décadas, trabajadores mexicanos que cruzaban a Estados Unidos fueron inspeccionados y fumigados con pesticidas para prevenir enfermedades infecciosas. Décadas después, cientos describieron la experiencia como humillante y vergonzosa.
4 de septiembre, 2021
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En 1956, los braceros eran fumigados con DDT como parte del proceso de entrada a Estados Unidos.

CORTESÍA, MUSEO NACIONAL DE HISTORIA DE EE.UU

Muchos no sabían qué les estaban rociando, pero era tan extendido su uso que le apodaron “el polvo”.

La fotografía que abre esta nota es especialmente destacada por historiadores en Estados Unidos y algunos describen la escena capturada como “un momento atroz”.

En ella un funcionario enmascarado fumiga la cara de un joven mexicano desnudo con el pesticida DDT en un centro de procesamiento en Hidalgo, Texas, mientras que otros esperan en fila detrás mientras sujetan sus pertenencias.

La tomó el neoyorquino Leonard Nadel en 1956 mientras documentaba el programa Bracero, bajo el que al menos 4 millones de mexicanos migraron temporalmente a Estados Unidos para trabajar entre 1942 y 1964.

El esquema fue inicialmente establecido para compensar la ausencia de trabajadores estadounidenses debido al reclutamiento militar durante la Segunda Guerra Mundial.

Un trabajador se registra en el programa Bracero.

Getty Images
Millones de mexicanos campesinos y obreros participaron en el programa Bracero en Estados Unidos.

El DDT se empleó hasta mediados de los 60 en los inmigrantes para prevenir la propagación de malaria y tifus y su uso fue posteriormente prohibido en EE.UU. en 1972.

Hoy en día está clasificado por el gobierno de ese país y autoridades internacionales como un “probable carcinógeno humano”.

Pero este no fue el único pesticida empleado para “desinfectar” a inmigrantes mexicanos en la frontera entre México y EE.UU. por décadas.

Años antes de la implementación del programa Bracero, otro insecticida fue utilizado en centros de recepción de visitantes y pasaría a servir como ejemplo a funcionarios del nazismo en Alemania.

Zyklon B

David Dorado Romo, historiador y cronista de El Paso y Ciudad Juárez, dio con un artículo en una revista científica alemana de 1937 que lo dejó atónito.

El escrito incluía dos fotografías de “cámaras de despiojado” en El Paso, Texas.

Su autor, el químico alemán Gerhard Peters, destacaba las imágenes para ilustrar “la efectividad del Zyklon B (un pesticida a base de cianuro) como un agente para matar plagas indeseables”, escribe Romo en su libro Ringside Seat to a Revolution (“Asiento en primera fila a una revolución”).

“Peters se convirtió en el director de operaciones de Degesch, una de las dos firmas que adquirió la patente del Zyklon B en 1940 para producirlo masivamente”, describe.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis utilizaron el gas en dosis concentradas para matar a millones de judíos.

Un funcionario fronterizo estadounidense les habla a un grupo de refugiados mexicanos en el Puente Internacional de El Paso, en Texas. Año 1916.

Getty Images
Las inspecciones y requerimientos en la frontera entre EE.UU. y México en El Paso se endurecieron a partir de 1916.

Aunque en El Paso no se utilizó para el mismo fin, ya se estaba empleando desde 1929 por funcionarios fronterizos para fumigar la ropa y los zapatos de inmigrantes mexicanos en el Puente Internacional Santa Fe, que conecta esa ciudad con Ciudad Juárez.

Las inspecciones habían iniciado formalmente en 1917, amplía el historiador, cuando las autoridades estadounidenses empezaron a imponer restricciones sobre los cruces fronterizos en sectores como El Paso.

El alcalde de la ciudad en esa época, Tom Lea, se refería a los mexicanos como “sucios piojosos indigentes” que “sin duda, van a traer y propagar el tifus”.

Pero entre 1915 y 1917, menos de 10 residentes de El Paso habían muerto del tifus epidémico, recogió Romo en su libro.

Aún así, los mexicanos considerados de “segunda clase” eran sometidos a exhaustivos chequeos que incluían duchas con agua caliente y revisiones de los migrantes desnudos. A los que le encontraban piojos, “les rapaban la cabeza y les afeitaban todo el cuerpo”, señala Romo a BBC Mundo.

Los braceros eran inspeccionados de la cabeza a los pies en un centro de procesamiento en Hidalgo, Texas.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Los braceros eran inspeccionados de la cabeza a los pies en un centro de procesamiento en Hidalgo, Texas.

Tan solo en 1917, al menos 120.000 personas fueron examinadas en el centro de El Paso.

Romo y otros historiadores hablan de un contexto en el que las ideas eugenésicas cobraban fuerza y se manifestaban a través de nociones discriminatorias y racistas.

“No hay que comparar peras con manzanas, pero el Holocausto no fue un hecho aislado y la frontera entre EE.UU. y México sirvió como un centro de experimentación importante de esas ideas”, advierte Romo.

“¿Sabe qué es la vergüenza?”

Cuando inicia el programa Bracero en 1942 ya estaba extendido el uso de diferentes químicos como el kerosén en centros de inspección fronterizos.

Aunque el gobierno de EE.UU. alabó a los mexicanos que se enlistaban como “soldados de la producción” y de la tierra en ese tiempo, con los años surgieron cientos de testimonios de trabajadores que señalaron sus experiencias como vergonzosas y humillantes.

La historiadora Mireya Loza recuerda en conversación con BBC Mundo que la imagen del trabajador rociado con DDT en la cara era la que más afectaba a los antiguos participantes del programa con los que habló.

“Muchos decían que sentían los efectos del DDT en los ojos, que tenían reacciones alérgicas en la piel y entendieron que no era un tratamiento humano”, dice la profesora de la Universidad de Georgetown.

Un grupo de trabajadores del programa Bracero alzan los brazos y están alineados contra la pared mientras son inspeccionados en una habitación del Centro de Procesamiento en Monterrey, México.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Los trabajadores eran inspeccionados a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. Aquí, en un centro de procesamiento en Monterrey, México, en 1956.

La académica inició su investigación entrevistando a decenas de braceros para un proyecto llamado Bracero History Archive (Archivo Histórico de los Braceros), impulsado por el Museo Nacional de Historia estadounidense Smithsonian.

“Muchos de estos trabajadores dijeron haber sentido algo feo porque era la primera vez que eran desnudados públicamente y frente a varias personas. Para ellos era un shock tremendo estar ahí y que los doctores les hicieran abrir las pompis, la boca; todo revisaban”, describe.

Los trabajadores eran generalmente inspeccionados en sedes administradas por Estados Unidos dentro de México y en ciudades fronterizas como Hidalgo, en Texas.

Además de las fumigaciones, los vacunaban contra la viruela, les hacían exámenes de sangre y de rayos X y les revisaban las manos en busca de callos que demostraran que tenían experiencia en el campo.

Un bracero es vacunado mientras otros esperan en la fila en el Centro de Procesamiento en Monterrey, México, en 1956.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Los trabajadores también eran vacunados contra la viruela.
Un funcionario de gobierno revisa las manos de un aspirante al programa Bracero.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Era común que las manos de los trabajadores fueran revisadas en busca de callos como prueba de que ya trabajaban la tierra.

José Silva, un campesino oriundo de Michoacán que empezó a trabajar desde los 6 años, describió en 2005 con cierto enfado la experiencia que vivió mientras fue bracero durante una entrevista disponible en el Archivo Bracero:

“Por una parte sí fue un buen programa (…) No tuve problema, me ayudé económicamente. Lo que no me gustaba era que nos fumigaron. Sentí vergüenza. ¿Sabe qué es la vergüenza? Todos formados así, sin ropa, y salíamos así caminando y allá en la puerta estaba el hombre con el fumigador. Muy mal. No éramos animales, éramos cristianos, ¿por qué nos fumigaban?“.

Víctor Martínez Alemán, originario de Tlaquiltenango, en Morelos, se enlistó en el programa en 1956 y trabajó en California:

“Nos pasaron, encuerados, delante de todas las muchachas, ya no más nos tapábamos acá pero encuerados para pasar donde nos iban a fumigar, bien fumigados así y todo… A nosotros nos daba vergüenza porque teníamos que pasar como con 20 mujeres (…) Eran todas secretarias. Y con manos atrás, nada de taparse, nada… Nos quería hasta pegar (…) Nunca había yo pasado esas penas pero como yo lo que quería era llegar a Estados Unidos para hacer algo…”.

“Injusticias y abusos”

A través del Archivo Bracero, el gobierno de EE.UU., mediante el Museo Nacional de Historia y diferentes instituciones académicas, reconocen que los trabajadores fueron sometidos a una serie de “injusticias y abusos”.

“Muchos se enfrentaron a alojamiento deficiente, discriminación e incumplimiento de contratos, incluso fueron estafados al recibir sus salarios”, indica el sitio web.

Un grupo de braceros en un cultivo en Salinas, California, en 1956.

Cortesía, Museo Nacional de Historia de EE.UU.
Un grupo de braceros en un cultivo en Salinas, California, en 1956.

Pese a estas investigaciones, ningún presidente o autoridad de alto cargo a nivel nacional en EE.UU. ha ofrecido disculpas públicas ni reparaciones por los efectos negativos que desencadenó el programa, indica la historiadora Mireya Loza.

Tampoco existe una investigación exhaustiva sobre el impacto de pesticidas, incluido el DDT, en la salud de millones de braceros que fueron fumigados.

Aunque el programa culminó hace casi seis décadas, aún queda una generación que vive para contarlo.

Carlos Marentes, activista por los derechos de los campesinos en El Paso, recogió también cientos de testimonios y denuncias de abusos laborales, y las fumigaciones sobresalían entre los recuerdos más amargos de los trabajadores.

“Naturalmente existía un miedo de que trajeran enfermedades contagiosas, pero eso conllevó a una estigmatización“, dice a BBC Mundo.

Para Marentes, el programa Bracero fue un ejemplo claro de “la contradicción en la política de inmigración” de Estados Unidos.

“Por una parte sabemos que los necesitamos (a los inmigrantes), para que hagan todo lo que no podemos o no queremos hacer, pero por otra parte nos han metido en la cabeza que hay que tenerles miedo”, sentencia.



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