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Investigan por presuntos sobornos a funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla

De acuerdo con las investigaciones, una vez que tuvieron la certeza de que serían parte del gabinete de Jaime Bonilla, los secretarios comenzaron a negociar con los proveedores del gobierno los futuros contratos, convenios y licitaciones.
30 de noviembre, 2019
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Un equipo de funcionarios del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, presuntamente cobró sobornos por adelantado, antes de su toma de protesta, con la promesa de entregar convenios y contratos de proveeduría, según documenta una investigación que se realiza actualmente en la Secretaría de Honestidad y Función Pública de Baja California.

La investigación por posibles actos de corrupción, sobornos y extorsiones por parte de funcionarios, se calculan ascienden a entre 24 y 28 millones de pesos solo en la Secretaría de Bienestar, encabezada por Cynthia Gissel García Soberanes, según una investigación del Semanario Zeta.

La tarde del 27 de septiembre de 2019, 36 días antes de que la nueva administración tomara posesión, una camioneta con matricula G/FJ276 fue detenida para revisión en un retén militar en la Laguna Salada, a la salida de Mexicali. El chofer dijo a los soldados que llevaba 100 mil pesos en efectivo. Inmediatamente los elementos del Ejército lo aseguraron para una inspección a detalle y encontraron más.

Lee: Bonilla denuncia al exgobernador Kiko Vega y excolaboradores por presunta estafa de 1,200 mdp

Dentro de un maletín había 2 millones de pesos y 600 mil dólares en un lugar oculto de la camioneta, de acuerdo con el medio.

Quien viajaba ahí era un joven quien se identificó como Einar André Hernández Garza, secretario particular de Cynthia Gissel García Soberanes, quien ya se había anunciado, sería la Secretaria de Integración y Bienestar Social en el gobierno de Jaime Bonilla.

El dinero, aseguraron, eran propiedad del Gobierno del Estado y los policías después de hacer varias llamadas dejaron a ir a Hernández con la camioneta registrada a nombre de García Soberanes.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad y en la bitácora de los elementos del Ejército.

Presuntamente este dinero fue obtenido por acuerdos con empresas antes de que arrancara la administración de Bonilla.

Las investigaciones realizadas por la Función Pública del estado, las cuales el Semanario Zeta tuvo acceso, indican que han participado presuntamente tres integrantes del primer nivel del gabinete de Bonilla: Cynthia Gissel García Soberanes, el oficial mayor Jesús Núñez y el secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.

Además, una fuente dijo a la dependencia que el actual gobernador los obligó a regresar el dinero obtenido como sobornos por la entrega de convenios, contratos y licitaciones.

Lee:Bonilla toma posesión en BC aún con la incertidumbre sobre cuánto durará su gobierno

Negociaron contratos

Los colaboradores de Bonilla empezaron a tener contacto con proveedores y empresarios cuando les solicitaban donaciones para el voluntariado de Bonilla que, durante la etapa de transición, entregó dádivas a una parte de la sociedad, particularmente a niños y estudiantes. Ese acercamiento para solicitar dinero y donar artículos a través del Voluntariado de Bonilla, fue el primer paso para la solicitud de los sobornos.

De acuerdo con las investigaciones, una vez que tuvieron la certeza de que serían parte del gabinete de Jaime Bonilla, los secretarios comenzaron a negociar con los proveedores del gobierno los futuros contratos, convenios y licitaciones.

En dos casos específicos relatados a la secretaria de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinoza, se refieren a uno establecido con el empresario Humberto Valadez García, a quien apodan “El Huevero” y habría entregado 20 millones de pesos a cambio de contratos millonarios como proveedor de alimentos a penales de Baja California y a los desayunos escolares, una vez que tomara posesión Jaime Bonilla.

Según la investigación del medio, el otro caso documentado es el de un empresario identificado como Carlos Patiño, quien entregó 100 mil dólares ante la promesa de obtener contratos en el sector de vivienda a partir del 1 de noviembre de 2019.

En ambos casos, el dinero fue entregado por un intermediario de la Secretaría de Bienestar al oficial mayor, Jesús Núñez, quien lo habría repartido en partes iguales, entre él y los tres secretarios involucrados.

El día del retén, el dinero transportado que fue de 4 millones 700 mil pesos era parte de los sobornos que correspondía. Antes, por la misma carretera había transportado lo correspondiente al resto de los implicados, detalla la investigación del Semanario Zeta.  

Secretaria implicada, en coma

El secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, informó que la secretaria de Bienestar Social del estado, Cynthia Gissel García, está en estado de coma. El hecho también fue confirmado por la hija de la funcionaria, quien informó que el estado de salud de su madre es delicado.

Esto, luego de que circularon audios y capturas que la involucran en presuntos actos de corrupción.

En las conversaciones filtradas participa su subsecretario Rosendo Colorado, quien en un video dio detalles de las operaciones y ofreció nombres de los empresarios que contribuyeron a los sobornos millonarios.

Tras ser cuestionada por el Semanario Zeta de las implicaciones que se le hacían dijo estar tranquila y que se hacía una investigación.

“Soy una mujer que se ha dedicado a trabajar, que ha pasado por cosas muy difíciles, y créeme que en la vida he aprendido mucho, y dentro de mis valores y principios está todo, menos robar y mentir, ni tengo necesidad. Tengo una familia, una hija y estoy muy tranquila por ese lado. Que investiguen y hagan la investigación, que se abra el proceso”.

Respecto a los audios que se difundieron en varios medios de comunicación dijo que sí era su voz.

“Ah sí, es mi voz, pero no es lo que ella (Vicenta Espinosa, secretaria de Honestidad y Función Pública) está haciendo entender o dando a entender, no es eso. Nosotros traemos ahorita un expediente armado con todos los apoyos que se dieron. Ella piensa que yo pedí dinero, algún tipo de recurso, y pues no. Nosotros empezamos a trabajar cinco meses antes de que entráramos al gobierno, armando un voluntariado con el afán de recorrer todo el Estado, dónde estaban las zonas más difíciles, dónde tendríamos qué entrar con cuáles programas”, declaró.

Entérate:Solo 1.9% de electores en Baja California participaron en consulta sobre mandato de Bonilla

El testigo

A Rosendo Colorado la secretaria de Bienestar le había prometido una subsecretaría, pero previo a la entrada de la nueva administración lo mantuvo como operador en intermediario con los proveedores del gobierno del estado para “de manera adelantada cobrar ‘moches’ por la entrega de contratos de proveeduría”, refiere el Semanario Zeta.

“De inicio, la verdad se me hacían apoyos muy coherentes o congruentes porque traíamos un esquema que ella (Soberanes) propuso con el tema de voluntariado de Bonilla, donde estábamos regalando mochilas y regalando útiles escolares y apoyos sociales. Y pues el compromiso, pues yo me he dedicado a la política durante mucho tiempo, lo entendía el intercambio, ¿no? ‘Me echas la mano ahorita, en lo que estamos de la transición y ya veremos cómo como proveedor te ayudamos’, ¿no?

Y cuando ya empezó a salirse un poquito de control, fue cuando ella me dice tener amarrado el tema de las comidas dentro de los Ceresos, que supuestamente ya estaba pactado que era un contrato de más-menos 336 millones de pesos, más aparte los 106 millones o 108 de lo que eran las tienditas. Te ofrecían en paquete el contrato por 20 millones de pesos por anticipado. Me piden que consiga esa cantidad de dinero, recuerdo que fue en su casa”, contó al medio de comunicación.

Colorado fue quien contactó tanto a Humberto Valadez como a Carlos Patiño, y quien cobró los “moches” para entregarlos al oficial mayor, siempre monitoreado por Cynthia García Soberanes, y en una ocasión ante la presencia de Amador Rodríguez Lozano, secretario de Gobierno.

En su página de Facebook, Rodríguez Lozano dijo que se trataba de intrigas, a pesar de que está en curso una investigación, y desestimó las declaraciones del operador de García Soberanes, argumentando que se trata de ataques hacia ellos porque están investigando la corrupción en el anterior gobierno.

El oficial implicado

Uno de los investigados es el todavía oficial mayor, Jesús Demián Núñez Camacho, quien el sexenio pasado se desempeñó como proveedor del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid y del Poder Judicial del estado.

Respecto a la grabación que ha circulado en redes sociales y medios de comunicación, en la que el Rosendo Colorado habla de presuntos sobornos que él solicitó a nombre de la Secretaría de Bienestar Social y que le fueron entregados a Núñez respondió:

“No, ahí sí yo no tengo nada que ver, y de hecho, inclusive en lo que es la Secretaría de Bienestar no se ha licitado nada hasta el día de hoy”.

El líder estatal del Partido Acción Nacional (PAN), José Luis Ovando Patrón, presentó una denuncia contra la titular de la Secretaría de Integración y Bienestar Social de Baja California, Cynthia Gissel García Soberanes, y otros funcionarios del gobierno del estado, por el delito de cohecho y los que resulten.

Con información del Semanario Zeta 

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Reuters

Paro nacional en Colombia: 3 factores inéditos que hicieron del 21 de noviembre un día histórico

La huelga del jueves puede ser recordada como el día demostró que Colombia, para bien o para mal, ya no es el país de antes. Pese a los disturbios y destrozos usuales, el paro nacional mostró facetas inéditas en un país sin tradición de protesta.
Reuters
23 de noviembre, 2019
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En un país sin tradición de protesta como Colombia, el paro nacional del 21 de noviembre de 2019 fue histórico.

La huelga estuvo originalmente convocada por las centrales obreras, pero se convirtió en una protesta en contra de las reformas pensional, laboral y educativa y a favor del acuerdo de paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En suma, la población se movilizó en contra del poder establecido, hoy materializado en el presidente, Iván Duque, un aliado del expresidente Álvaro Uribe que en un intento de ser moderado ha generado rechazo entre la izquierda y la derecha.

A medida que las manifestaciones en Ecuador, Chile y Bolivia aumentaron, dejaron decenas de muertos y generaron cambios políticos importantes, la expectativa ante el paro en Colombia se tomó la agenda nacional durante días.

El gobierno militarizó partes del país, acuarteló el ejército, cerró las fronteras y otorgó facultades extraordinarias a gobiernos locales para “mantener el orden”; se produjeron allanamientos; el partido de gobierno, el derechista Centro Democrático, alertó de la supuesta injerencia de gobiernos chavistas.

Y, como suele pasar en jornadas de protesta en América Latina y el mundo, en el paro hubo —según reportaron medios locales— disturbios, saqueos, daños a la infraestructura pública y abusos de fuerza por parte de las autoridades.

Dicho eso, es probable que la historia recuerde al paro nacional del 21 de noviembre en Colombia como el día en que los colombianos, una población traumatizada por un conflicto armado de 60 años, mostraron su disposición a salir a la calle. Pese a la lluvia. Pese a la represión.

Este paro tuvo una magnitud que ninguna protesta tuvo en 60 años“, le dice a BBC Mundo el reconocido historiador y columnista Jorge Orlando Melo.

“La protesta en Colombia siempre fue localizada, y siempre recibió una respuesta negativa del Estado, que la convertía en peligro”.

“Pero esta salida (al paro) de tanta gente no organizada en todo el país, que buscan una política social más clara y un cumplimento genuino del proceso de paz, puede ser la oportunidad de una alternativa no tradicional sin antecedentes en el país”, concluye Melo.

Tres cosas inéditas demuestran el carácter histórico de la jornada.

Protesta en Colombia

AFP
Cuando parecía que las protestas habían terminado tras la represión policial, miles de colombianos volvieron a salir para reiterar su grito de protestas contra, entre otras cosas, el neoliberalismo.

1. El paro en sí mismo

Colombia no ha tenido la tradición de protesta de países como Chile, Argentina o México por varias razones, pero se destacan la baja tasa de representatividad sindical, de menos del 5%, y la vigencia de un conflicto armado que distorsionó el escenario político clásico de izquierdas y derechas y laceró la viabilidad política de la izquierda democrática, que nunca ha llegado al poder en el país.

El último gran paro nacional se produjo en 1977. Convocado por los sindicatos, el paro fue asumido por profesores, trabajadores y estudiantes y puso contras las cuerdas al gobierno del liberal Alfonso López Michelsen, que enfrenaba una dura crisis económica y una disputa con los militares.

Durante los últimos años, por supuesto, han habido huelgas importantes, como el paro de corteros e indígenas contra el gobierno de Uribe en 2008 y el paro agrario contra Juan Manuel Santos en 2013.

También hubo grandes manifestaciones, como la marcha contras las FARC en 2008 y la que pedía la implementación del acuerdo de paz un día después de que fuera rechazado en un plebiscito en 2016.

Pero al menos desde 1977, y guardando las diferencias de carácter histórico, Colombia no había vivido una jornada de huelga cívica como la del 21 de noviembre.

Prácticamente todos los gremios acataron el paro; en cada rincón del país hubo protestas; la mayoría de quienes no protestaron vivieron una suerte de día feriado; el país estuvo paralizado por un día.

Solo el comercio, por ejemplo, se vio paralizado en un 50%, según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), lo que equivale a pérdidas de US$60 millones.

En un país históricamente institucionalista, el shock político, económico y cultural que significó el paro del 21 es inédito.

Protesta en Colombia

EPA
Marchas masivas ha habido antes en Colombia, pero esta es la primera vez que un paro es acatado por prácticamente todos los sectores de la economía.

2. El cacerolazo

Al final de la tarde del jueves, cuando las marchas parecían ya haberse apaciguado tras la dispersión policial, miles de colombianos volvieron a las calles.

De noche, muchos en piyama, con el ambiente festivo y musical que marcó el inicio de la jornada, muchos salieron a la calle a reanudar su grito de protesta.

Y con un detalle que es usual en Venezuela, Argentina o Chile, pero que en Colombia no se había visto —o escuchado— en historia reciente: la cacerola.

Desde la calle o desde sus casas, en Bogotá y en otras ciudades del país, un inédito cacerolazo se tomó al país al cabo del día, justo cuando Duque daba un mensaje televisado de 4 minutos en el que criticó los actos “vandálicos”, apoyó a las fuerzas de seguridad y llamó al “diálogo social”.

El cacerolazo se escuchó en barrios de diferentes sectores socioeconómicos y se espera que se reactive en los próximos días.

Protesta en Colombia

AFP
Aunque en Bogotá se vieron las protestas más grandes, en ciudades como Medellín (foto) protestas se vieron en casi todo el país.

3. Protesta en ciudades uribistas

Si los colombianos, en general, históricamente han preferido gobiernos de centro-derecha o derecha, hay ciudades donde esa afiliación política parecía inamovible.

Y una de esas es Medellín, la segunda ciudad más importante del país, tierra del hoy senador y líder del partido de gobierno, Álvaro Uribe, el político más popular de la historia reciente del país gracias a su política de mano duro contra las guerrillas.

Las imágenes de la masiva marcha del jueves en Medellín terminaron de demostrar que la capital de Antioquia se ha diversificado políticamente.

Hace un mes, en unas elecciones regionales en las que el uribismo fue el gran derrotado a nivel nacional, los paisas eligieron como alcalde a un ingeniero de 39 años que apoya el proceso de paz, no hace parte de las maquinarias políticas y marchó el jueves: Daniel Quintero.

La marcha del jueves dejó claro que Medellín ya no es tierra sagrada del uribismo.

Y no fue la única: ciudades tradicionalmente uribistas como Montería, Neiva y Pereira también vieron sus calles tomaras por el paro nacional.

Otra razón para pensar que Colombia, para bien o para mal, ya no es el mismo país del pasado.


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