¿Competencia simulada? Empresas cercanas a Kiko Vega concursaron por obra millonaria
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¿Competencia simulada? Empresas cercanas a Kiko Vega concursaron por obra millonaria

Los grupos empresariales que compitieron por la construcción de una desaladora en Rosarito, BC, eran cercanos al exgobernador panista.
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Por Redacción Radar BC y Animal Político
22 de noviembre, 2019
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Una de las obras cumbre del exgobernador de Baja California (BC) Francisco “Kiko” Vega, una desaladora de agua en el municipio Playas de Rosarito, fue otorgada tras una proceso de licitación que tiene todos los indicios de simulación, de acuerdo con una revisión hecha al acta de fallo del 15 de junio de 2016.

La ganadora de la licitación para realizar esta obra – con un costo de más de 59 mil millones de pesos – fue NSC Agua S.A de C.V. El proyecto que presentó la compañía buscaba instalar la desaladora en Rosario para llevar agua a San Diego.

Jaime Bonilla sabía del proyecto, pues la compañía entregó documentación al Distrito de Agua de Otay, California, que en ese entonces encabezaba.

Lee aquí documentos de Distrito de Agua de Otay.

El dueño de NSC Agua es el empresario Alejandro de la Vega, quien de acuerdo con el Registro Público del Comercio es dueño de por lo menos 10 empresas, entre estas NSC Agua y Proyectos RBC, esta última dedicada a “comprar, vender, comercializar, arrendar, dar o recibir en comodato, o arrendamiento, todo tipo de bienes inmuebles para hoteles, residencias, oficinas y almacenes”.

Entre los socios de Alejandro de la Vega en la empresa Proyectos RBC se encuentra Salomón Cohen Achmi, un personaje cercano al gobierno federal y al actual gobernador Jaime Bonilla. 

El 6 de enero de 2019, durante el inicio del Programa Zona Libre de la Frontera Norte en Tijuana, Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció públicamente a Bonilla así como a Cohen ser los principales promotores de esa iniciativa.

Lee el acta de proyectos RBC.

“En los tiempos actuales quienes insisten en regresar a los apoyos para la zona fronteriza para conseguir el trato especial que merece la zona fronteriza, son los ciudadanos fundamentalmente de Baja California, de Tijuana en particular. No fueron los ciudadanos de Chihuahua o de Coahuila, o de Nuevo León, sino la demanda surge de aquí, de Baja California y de Tijuana. Yo escucho este planteamiento, lo recojo, se me hace importantísimo, lo escucho de Pedro Romero, de Jaime Bonilla y de un empresario que está aquí, Salomón Cohen, que está con nosotros”, dijo el presidente.

La desaladora de Playas de Rosarito tenía como objetivo – se lee en el acta del fallo – es “satisfacer la demanda de agua potable que se requiere en los Municipios de Playas de Rosarito y Tijuana, del Estado de Baja California y los requerimientos que plantea su desarrollo futuro y buscando preservar los recursos naturales y los mantos acuíferos de abastecimiento de la zona.

¿Competencia simulada?

De acuerdo con el acta de fallo de la obra, que se dio bajo el modelo de Asociación Pública Privada (AAP), NSC Agua en consorcio con las empresas Nuwater S.A.P.I de C.V, y Degremont S.A. de C.V, compitieron contra dos grupos empresariales cercanos al gobierno de Francisco Vega. 

Uno de estos grupos estuvo integrado por la empresa Urbanización y Riego Baja California S.A. de C.V. (URBACA), que además de ser acusada públicamente de recibir millonarios contratos en la administración de Francisco Vega ganó, en abril de 2017, un contrato estatal por 729 millones de pesos bajo el modelo de APP para la rehabilitación y reposición de tanques de almacenamiento, líneas y redes del sistema de distribución de agua potable.

El contrato también incluye elaboración del proyecto ejecutivo, construcción, así como su conservación y mantenimiento por un periodo de 15 años en el municipio de Ensenada. 

Leer: Proyecto para llevar agua de México a San Diego fue avalado por Jaime Bonilla e impulsado por Kiko Vega 

El segundo grupo participante lo integraban otras 4 empresas, entre éstas Hydrochem PTE. LTD, en consorcio con Fuerza de Apoyo Constructiva de Occidente, GSM Servicios en General y VAHER Inmobiliaria, estas últimas ganadoras, en septiembre de 2016, de otro contrato estatal bajo el esquema de APP por 555 millones de pesos, consistente en el “diseño, construcción, operación y mantenimiento de edificio de la PGJE y usos para la implementación del nuevo sistema de justicia penal en Tijuana”.

Es alarmante contratos entre personas de un mismo grupo: IMCO 

Para Pablo Montes, coordinador del tema Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), resulta fundamental que se revise la forma en que se entregaron las APP en el gobierno de Francisco Vega, lo anterior para otorgar “total certeza y certidumbre a la ciudadanía de que el negocio está siendo operado para el bien público y no para satisfacer a un grupo de empresarios”.

“Las APP son un tema delicado. Tienen una conveniencia muy fuerte para el estado en un inicio porque la inversión privada es la que detona el desarrollo y se genera un pago mensual”. 

“Una APP es casarte con alguien durante décadas. Generalmente son contratos por 30/40 años entonces implica un compromiso muy fuerte por parte del estado. Por eso mismo es muy importante que se den con total transparencia y con un manejo muy limpio, porque al final de cuentas es el recurso público que estará financiando un negocio privado por mucho años”.

Consideró que el hecho de que se observe en el caso de las APP de BC la participación de empresas “con fuertes intereses o relaciones con gente del gobierno anterior o el actual, y que entre ellas mismas pareciera ver una suerte de trasmisión de contratos es muy alarmante. Porque el negocio o esquema que se establezca va a durar toda una generación”.

“El hecho que existan relaciones entre las empresas y los políticos y gente de las altas esferas del poder si es preocupante y detona a la larga una serie de posibles conflictos de interés”, sostuvo el investigador.

Desaladora aumentará tarifas: CCE

Un estudio independiente realizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Mexicali en abril de este año, estableció que la puesta en marcha de la planta desaladora de Playas de Rosarito, tal y como se encuentra planteada, representará un aumento en la tarifa para los usuarios y además dejará sin liquidez a los organismos operadores de agua, impactando directamente en las finanzas del Gobierno Estatal.

Dicho análisis señala que la planta desaladora representará un gasto anual de mil 435 millones de pesos a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), por la producción de 2.2 metros cúbicos por segundo.

En comparación, el costo por la conducción de agua potable a través del Acueducto Río Colorado Tijuana (ARCT) cuesta solamente mil 191 millones 213 mil pesos, por 4.2 metros cúbicos por segundo, es decir, el doble de agua que generará la planta desaladora en una primera fase, a un precio más bajo.

Según el estudio, el agua que se recibe a través del ARCT es suficiente para abastecer la zona costa, por lo que la desaladora generará un sobre abasto, pero, además, representará un incremento de hasta en un 30 por ciento en la tarifa al usuario, derivado del costo de la energía eléctrica. 

El negocio perfecto

Luis Ramón Irineo Romero, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA) en Baja California, sostiene que el modelo de Asociaciones Público Privadas (APP) impulsado por el Gobierno Estatal y aprobado por el Congreso, no representa ningún riesgo para los particulares.

En este caso, el poder Ejecutivo se convierte en aval de la empresa particular ante instituciones bancarias y, además, se obliga a crear un fideicomiso para garantizar el pago del servicio mensual, lo que significa que los particulares tienen asegurado el consumo, la tarifa y los ingresos.

Peor aún, las empresas que ganaron la licitación no cuentan con el capital suficiente para haber obtenido esos proyectos, ya que en ambos casos son de nueva creación, lo que según Irineo Romero pervertirá el modelo impulsado.

“Es un defecto que tiene la ley, pero yo no creo que haya sido una omisión, fue algo bien pensado porque al final permite el mecanismo de que puedas constituir empresas, junto con las que están participando, con capitales irrisorios”.

Irineo Romero consideró que este modelo le permite al Estado lucrar de forma discrecional, con un derecho humano como es el abasto de agua, lo cual es una distorsión de la obligación que tiene por ley.

En entrevista para Radar BC, el exgobernador Francisco Vega de Lamadrid expuso que las desaladoras fueron una recomendación directa de la Comisión Nacional del Agua en 2014 y agregó que no se trataba de un tema personal, ya que un mandatario estatal no podría decidir sobre la instalación de una planta debido a que todos los permisos son de carácter federal.

“Nos fuimos a una licitación internacional para ver quién salía con el proyecto, y se hizo pública, hasta hubo notario y muchas cosas, y lo más importante, compitieron varias compañías a nivel internacional. ¿Cuántas de ellas se inconformaron? Ninguna, ese es el mejor ejemplo de la transparencia y decencia con las que se han hecho las cosas”, expuso Vega de Lamadrid.

Por su parte, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla aseguró que el proyecto de la desaladora de Playas de Rosarito, que actualmente se encuentra detenido por un tema legal entre los socios de la compañía NSC AGUA, es necesario, pero lo calificó de inviable.

“No podemos comprometer al Estado con un pago de 158 millones de pesos mensuales, no los tiene la comisión de agua, entonces tenemos que cambiar el esquema para que sea menos doloroso el impacto al Estado”, indicó.

Con información del reportaje: Las Aguas Negras de “Kiko” Vega en Baja California, investigación que es parte del Hub de Periodismo de Investigación, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers

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'Arriesgo mi vida para tratar a pacientes de covid-19 pero mañana puedo ser deportado a México'

Como enfermero en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Carolina del Norte, Jonathan Vargas Andrés trata a pacientes con covid-19 todos los días. Pero pronto puede encontrarse con una orden de deportación.
13 de mayo, 2020
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Guillermo y Jonathan Vargas Andrés

Jonathan Vargas
Guillermo y Jonathan Vargas Andrés llevan 18 años en Estados Unidos.

La Corte Suprema de Estados Unidos está revisando un caso que podría poner en riesgo de deportación a miles de personas que llegaron de forma ilegal al país cuando eran niños.

La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, aprobada en 2012) les dio a estos jóvenes la oportunidad de trabajar y estudiar legalmente en EE.UU., pero el presidente Donald Trump quiere revocarla.

Y muchos de los que están en riesgo son trabajadores de la salud que se enfrentan a la pandemia de coronavirus.

A principios de abril, una larga fila de autos de policía rodeó un hospital en Winston-Salem, en Carolina del Norte, con sus luces azules parpadeando.

Era un tributo, dijeron, a los trabajadores sanitarios que arriesgan sus vidas para tratar a los pacientes de covid-19.

Pero al mexicano Jonathan Vargas Andrés, un enfermero de la unidad de cuidados intensivos que trata a pacientes de coronavirus en ese hospital, le parecen, de alguna manera, gestos vacíos.

Lleva cuatro años trabajando en la misma unidad que su esposa y su hermano, también enfermeros, y la semana pasada ha visto un aumento en el número de casos.

Jonathan también es indocumentado y en las próximas semanas sabrá si el país por el que está arriesgando su vida decidirá deportarlo.

“Trato de no pensar en eso, porque si lo pienso mucho me canso”, dice Jonathan en su suave acento sureño. “Básicamente, tuve que desconectar por mi propia salud”.

“Es el miedo más que nada”.

El programa DACA

Jóvenes protestando frente a la Corte Suprema en apoyo al programa DACA.

Getty Images
La mayoría de los beneficiados por el programa DACA son de América Latina, pero también hay de otras partes del mundo.

Jonathan se benefició del programa DACA, una norma de la era Obama que protegía de la deportación a los jóvenes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños y que les proporcionó permisos de trabajo y estudio.

Jonathan llegó de México cuando tenía 12 años.

En 2017, Donald Trump detuvo el programa y actualmente está siendo revisado por la Corte Suprema estadounidense.

En cualquier momento, a Jonathan se le podría decir que ya no tiene derecho a trabajar o vivir en Estados Unidos.

Hay aproximadamente 800.000 beneficiarios de DACA en Estados Unidos. El Centro para el Progreso Americano, un think tank de izquierda, estima que 29.000 de ellos son trabajadores de atención médica en primera línea (médicos, enfermeros, paramédicos) y otros 12.900 se desempeñan en otros sectores de la industria de la salud y el cuidado.

Jonathan describe su trabajo como una vocación.

Le encanta ser enfermero a pesar de enfrentar una pandemia a los cuatro años de haber iniciado su carrera.

“Obviamente, da miedo cuando estás allí”, dice. “Te vuelves muy, muy, muy paranoico con lo que tocas”.

“Pero tienes que dejar ese pensamiento de lado, porque estás allí para ayudar a estas personas. No se trata de ti”.

Su hospital tiene suficientes equipos de protección personal. Los están usando con moderación, lo que lo pone nervioso, pero lo que es más difícil, cuenta, es tener que ver a la gente morir sola.

“Es muy triste, muy deprimente ver a las familias tener que despedirse a través de un iPad”, dice.

“No solo es estresante, sino emocionalmente agotador“.

Al menos en la unidad hay solidaridad, pero a veces siente que está viviendo una doble vida.

“Cuando voy a trabajar y hablo con mis compañeros de trabajo, ellos no saben sobre mi estatus”, dice.

“Pero luego regreso a casa y me doy cuenta de que, ya sabes, estoy viviendo fuera del radar”.

“Ni siquiera sabes si algo de lo que estás haciendo para ayudar a tu país será apreciado. Y en un par de meses, podría ser deportado“.

Cambio de vida

Protesta de "Dreamers" afuera de la Corte Suprema en noviembre.

Getty Images
El programa DACA está actualmente bajo revisión por la Corte Suprema de EE.UU.

Jonathan nació en México, en un pequeño pueblo cerca de Puebla, en 1990.

Su padre manejaba un autobús para ganarse la vida, pero apenas podía mantener a la familia.

Él recuerda la casa en la que vivían: no tenía ventanas, el piso era de tierra, y no había agua corriente.

Su padre se fue primero a Estados Unidos, en el año 2000, y trajo a su familia dos años después.

Junto con su hermano y su madre, Jonathan cruzó el río que separa a México de Estados Unidos y el desierto, entrando a territorio estadounidense ilegalmente.

Hasta 2012, toda la familia vivía fuera del radar. Como niños indocumentados, podían asistir a la escuela pública, pero no a las universidades públicas ni a las universidades privadas, que eran demasiado caras.

Cuando terminó la escuela secundaria, consiguió trabajos ocasionales. Trabajaba reparando neumáticos cuando se anunció el programa DACA.

“Fue un cambio de vida”, dice. “No sé cómo describirlo. Saber que iba a tener la oportunidad de trabajar legalmente y tener la posibilidad de ir a la universidad”.

Llevaba en Estados Unidos 10 años en ese momento y aunque dice que se sentía estadounidense, no tenía la documentación para demostrarlo.

Cuando se aprobó el programa DACA, él y su hermano inmediatamente intentaron inscribirse en el ejército, pero fueron rechazados por su estatus de ciudadanía.

Su deseo de servir los llevó a la enfermería.

“Vuelve a cruzar el río”

Aunque le encanta su trabajo, los últimos cuatro años han sido un período de mucha ansiedad.

Jonathan ha comenzado a apretar la mandíbula mientras duerme. A veces lo hace tanto que la articulación se hincha y le duele cuando come o habla. Es una condición que generalmente está vinculada al estrés.

“He estado lidiando con este estrés desde 2015, cuando Donald Trump anunció que se postulaba para presidente y lo primero que hizo fue atacar a los mexicanos“.

“Se volvió muy, muy real cuando asumió el cargo”.

Desde entonces, dice que ha sentido más animosidad hacia él y ha experimentado un racismo manifiesto. Cree que algunas personas ahora se sienten con el derecho a mostrar intolerancia.

Describe un incidente fuera de su gimnasio, antes de la cuarentena, en el que un hombre le gritó improperios racistas y le dijo que “volviera a cruzar el río” porque había estacionado incorrectamente.

Una joven con la solicitud para el programa DACA en 2012.

Getty Images
El derecho a trabajar de Jonathan depende del programa DACA.

Camuflaje

Jonathan se casó hace dos años y su esposa es ciudadana estadounidense. Ha solicitado una green card -residencia temporal-, pero no es un hecho que se la vayan a dar.

Su entrada ilegal al país siendo niño podría jugar en su contra.

Si un niño indocumentado no abandona Estados Unidos en el año antes de cumplir su mayoría de edad, asume la responsabilidad legal de su ingreso.

Y si la decisión de la Corte Suprema detiene el programa DACA, podría perder su derecho a trabajar.

Jonathan está tratando de no pensar en lo que sucederá si la decisión va en su contra. Dice que no volverá a México, ya que no cree que la profesión de enfermería sea valorada allí, pero él y su hermano han estado investigando para mudarse a Canadá.

Tendría que dejar a sus padres y su vida de los últimos 18 años atrás. Actualmente está estudiando a tiempo parcial para obtener una calificación adicional en enfermería, y es posible que también tenga que dejarlo.

Aunque el miedo a la covid-19 y la decisión de la Corte Suprema se ciernen sobre él todos los días, tiene una sensación de seguridad dentro de su uniforme de color azul oscuro.

“A veces siento que mi uniforme de trabajo es un tipo de camuflaje”, dice.

“La gente me ve con la bata y asumen que soy de los ‘buenos’ o que estoy aquí legalmente”.

“Pero tan pronto como me cambio, no hay forma de que sepan que soy enfermero, así que me vuelvo un ‘espalda mojada’ como suponen sobre todos los demás que parecen hispanos”.

Enlaces a más artículos sobre el coronavirus

BBC

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https://www.youtube.com/watch?v=3FlrsNfKguk&t=35s

https://www.youtube.com/watch?v=85PHSOeDz2Y

https://www.youtube.com/watch?v=QZ9JbrioTiw

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