¿Competencia simulada? Empresas cercanas a Kiko Vega concursaron por obra millonaria
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Cuartoscuro Archivo

¿Competencia simulada? Empresas cercanas a Kiko Vega concursaron por obra millonaria

Los grupos empresariales que compitieron por la construcción de una desaladora en Rosarito, BC, eran cercanos al exgobernador panista.
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Por Redacción Radar BC y Animal Político
22 de noviembre, 2019
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Una de las obras cumbre del exgobernador de Baja California (BC) Francisco “Kiko” Vega, una desaladora de agua en el municipio Playas de Rosarito, fue otorgada tras una proceso de licitación que tiene todos los indicios de simulación, de acuerdo con una revisión hecha al acta de fallo del 15 de junio de 2016.

La ganadora de la licitación para realizar esta obra – con un costo de más de 59 mil millones de pesos – fue NSC Agua S.A de C.V. El proyecto que presentó la compañía buscaba instalar la desaladora en Rosario para llevar agua a San Diego.

Jaime Bonilla sabía del proyecto, pues la compañía entregó documentación al Distrito de Agua de Otay, California, que en ese entonces encabezaba.

Lee aquí documentos de Distrito de Agua de Otay.

El dueño de NSC Agua es el empresario Alejandro de la Vega, quien de acuerdo con el Registro Público del Comercio es dueño de por lo menos 10 empresas, entre estas NSC Agua y Proyectos RBC, esta última dedicada a “comprar, vender, comercializar, arrendar, dar o recibir en comodato, o arrendamiento, todo tipo de bienes inmuebles para hoteles, residencias, oficinas y almacenes”.

Entre los socios de Alejandro de la Vega en la empresa Proyectos RBC se encuentra Salomón Cohen Achmi, un personaje cercano al gobierno federal y al actual gobernador Jaime Bonilla. 

El 6 de enero de 2019, durante el inicio del Programa Zona Libre de la Frontera Norte en Tijuana, Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció públicamente a Bonilla así como a Cohen ser los principales promotores de esa iniciativa.

Lee el acta de proyectos RBC.

“En los tiempos actuales quienes insisten en regresar a los apoyos para la zona fronteriza para conseguir el trato especial que merece la zona fronteriza, son los ciudadanos fundamentalmente de Baja California, de Tijuana en particular. No fueron los ciudadanos de Chihuahua o de Coahuila, o de Nuevo León, sino la demanda surge de aquí, de Baja California y de Tijuana. Yo escucho este planteamiento, lo recojo, se me hace importantísimo, lo escucho de Pedro Romero, de Jaime Bonilla y de un empresario que está aquí, Salomón Cohen, que está con nosotros”, dijo el presidente.

La desaladora de Playas de Rosarito tenía como objetivo – se lee en el acta del fallo – es “satisfacer la demanda de agua potable que se requiere en los Municipios de Playas de Rosarito y Tijuana, del Estado de Baja California y los requerimientos que plantea su desarrollo futuro y buscando preservar los recursos naturales y los mantos acuíferos de abastecimiento de la zona.

¿Competencia simulada?

De acuerdo con el acta de fallo de la obra, que se dio bajo el modelo de Asociación Pública Privada (AAP), NSC Agua en consorcio con las empresas Nuwater S.A.P.I de C.V, y Degremont S.A. de C.V, compitieron contra dos grupos empresariales cercanos al gobierno de Francisco Vega. 

Uno de estos grupos estuvo integrado por la empresa Urbanización y Riego Baja California S.A. de C.V. (URBACA), que además de ser acusada públicamente de recibir millonarios contratos en la administración de Francisco Vega ganó, en abril de 2017, un contrato estatal por 729 millones de pesos bajo el modelo de APP para la rehabilitación y reposición de tanques de almacenamiento, líneas y redes del sistema de distribución de agua potable.

El contrato también incluye elaboración del proyecto ejecutivo, construcción, así como su conservación y mantenimiento por un periodo de 15 años en el municipio de Ensenada. 

Leer: Proyecto para llevar agua de México a San Diego fue avalado por Jaime Bonilla e impulsado por Kiko Vega 

El segundo grupo participante lo integraban otras 4 empresas, entre éstas Hydrochem PTE. LTD, en consorcio con Fuerza de Apoyo Constructiva de Occidente, GSM Servicios en General y VAHER Inmobiliaria, estas últimas ganadoras, en septiembre de 2016, de otro contrato estatal bajo el esquema de APP por 555 millones de pesos, consistente en el “diseño, construcción, operación y mantenimiento de edificio de la PGJE y usos para la implementación del nuevo sistema de justicia penal en Tijuana”.

Es alarmante contratos entre personas de un mismo grupo: IMCO 

Para Pablo Montes, coordinador del tema Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), resulta fundamental que se revise la forma en que se entregaron las APP en el gobierno de Francisco Vega, lo anterior para otorgar “total certeza y certidumbre a la ciudadanía de que el negocio está siendo operado para el bien público y no para satisfacer a un grupo de empresarios”.

“Las APP son un tema delicado. Tienen una conveniencia muy fuerte para el estado en un inicio porque la inversión privada es la que detona el desarrollo y se genera un pago mensual”. 

“Una APP es casarte con alguien durante décadas. Generalmente son contratos por 30/40 años entonces implica un compromiso muy fuerte por parte del estado. Por eso mismo es muy importante que se den con total transparencia y con un manejo muy limpio, porque al final de cuentas es el recurso público que estará financiando un negocio privado por mucho años”.

Consideró que el hecho de que se observe en el caso de las APP de BC la participación de empresas “con fuertes intereses o relaciones con gente del gobierno anterior o el actual, y que entre ellas mismas pareciera ver una suerte de trasmisión de contratos es muy alarmante. Porque el negocio o esquema que se establezca va a durar toda una generación”.

“El hecho que existan relaciones entre las empresas y los políticos y gente de las altas esferas del poder si es preocupante y detona a la larga una serie de posibles conflictos de interés”, sostuvo el investigador.

Desaladora aumentará tarifas: CCE

Un estudio independiente realizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Mexicali en abril de este año, estableció que la puesta en marcha de la planta desaladora de Playas de Rosarito, tal y como se encuentra planteada, representará un aumento en la tarifa para los usuarios y además dejará sin liquidez a los organismos operadores de agua, impactando directamente en las finanzas del Gobierno Estatal.

Dicho análisis señala que la planta desaladora representará un gasto anual de mil 435 millones de pesos a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), por la producción de 2.2 metros cúbicos por segundo.

En comparación, el costo por la conducción de agua potable a través del Acueducto Río Colorado Tijuana (ARCT) cuesta solamente mil 191 millones 213 mil pesos, por 4.2 metros cúbicos por segundo, es decir, el doble de agua que generará la planta desaladora en una primera fase, a un precio más bajo.

Según el estudio, el agua que se recibe a través del ARCT es suficiente para abastecer la zona costa, por lo que la desaladora generará un sobre abasto, pero, además, representará un incremento de hasta en un 30 por ciento en la tarifa al usuario, derivado del costo de la energía eléctrica. 

El negocio perfecto

Luis Ramón Irineo Romero, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA) en Baja California, sostiene que el modelo de Asociaciones Público Privadas (APP) impulsado por el Gobierno Estatal y aprobado por el Congreso, no representa ningún riesgo para los particulares.

En este caso, el poder Ejecutivo se convierte en aval de la empresa particular ante instituciones bancarias y, además, se obliga a crear un fideicomiso para garantizar el pago del servicio mensual, lo que significa que los particulares tienen asegurado el consumo, la tarifa y los ingresos.

Peor aún, las empresas que ganaron la licitación no cuentan con el capital suficiente para haber obtenido esos proyectos, ya que en ambos casos son de nueva creación, lo que según Irineo Romero pervertirá el modelo impulsado.

“Es un defecto que tiene la ley, pero yo no creo que haya sido una omisión, fue algo bien pensado porque al final permite el mecanismo de que puedas constituir empresas, junto con las que están participando, con capitales irrisorios”.

Irineo Romero consideró que este modelo le permite al Estado lucrar de forma discrecional, con un derecho humano como es el abasto de agua, lo cual es una distorsión de la obligación que tiene por ley.

En entrevista para Radar BC, el exgobernador Francisco Vega de Lamadrid expuso que las desaladoras fueron una recomendación directa de la Comisión Nacional del Agua en 2014 y agregó que no se trataba de un tema personal, ya que un mandatario estatal no podría decidir sobre la instalación de una planta debido a que todos los permisos son de carácter federal.

“Nos fuimos a una licitación internacional para ver quién salía con el proyecto, y se hizo pública, hasta hubo notario y muchas cosas, y lo más importante, compitieron varias compañías a nivel internacional. ¿Cuántas de ellas se inconformaron? Ninguna, ese es el mejor ejemplo de la transparencia y decencia con las que se han hecho las cosas”, expuso Vega de Lamadrid.

Por su parte, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla aseguró que el proyecto de la desaladora de Playas de Rosarito, que actualmente se encuentra detenido por un tema legal entre los socios de la compañía NSC AGUA, es necesario, pero lo calificó de inviable.

“No podemos comprometer al Estado con un pago de 158 millones de pesos mensuales, no los tiene la comisión de agua, entonces tenemos que cambiar el esquema para que sea menos doloroso el impacto al Estado”, indicó.

Con información del reportaje: Las Aguas Negras de “Kiko” Vega en Baja California, investigación que es parte del Hub de Periodismo de Investigación, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers

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El récord de casi 19 mil menores no acompañados que llegaron en un mes a la frontera de EU

Los números de migrantes que desde México y Centroamérica tratan de llegar a Estados Unidos no deja de crecer.
8 de abril, 2021
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Centro que acoge a los menores

Getty Images
Los centros de acogida de menores no acompañados están desbordados.

Casi 19.000 menores no acompañados llegaron a la frontera de Estados Unidos con México.

La cifra anunciada por el gobierno de Estados Unidos este jueves es la más alta jamás registrada en un mes y supone un test para la nueva presidencia de Joe Biden.

Una mezcla de factores en Centroamérica y en Estados Unidos están detrás de este incremento.

El gobierno de Biden decidió dejar de expulsar a los niños que llegan solos, algo que la presidencia de Donald Trump, y entregarlos a familiares que ya viven en el país mientras los tribunales estudian sus casos.

La patrulla fronteriza (CBP) encontró a 18.663 menores (algunos niños de sólo 3 años de edad) en marzo, muy por encima de los 11.475 de mayo de 2019 y los 10.620 de junio de 2014, que eran las cifras más altas desde que se empezaron a contabilizar en 2009.

Esto está provocando el hacinamiento de los centros que el gobierno tiene para el cuidado de los menores.

Muchos analistas ven la devastación que dejaron los huracanes que golpearon Centroamérica en noviembre del año pasado y las históricas condiciones de pobreza y violencia, como las causas principales de que muchas personas traten de emigrar a Estados Unidos.

Cambios en la percepción de la política migratoria de Biden también parecen haber contribuido al auge.

La detención de migrantes indocumentandos en la frontera con México ascendió un 70% en marzo hasta 172.331, el número más alto en 15 años.

El CBP culpó del auge a la “violencia, los desastres naturales, la inseguridad alimentaria y la pobreza en México y en los países del Triángulo Norte de Centroamérica”.

“Esto no es nuevo”, dijo Troy Miller, comisionado del CBP.

Casi 104.000 personas fueron expulsadas a México, la mayoría adultos sin familia, de acuerdo a la normativa de covid-19, pero los niños sí se han podido quedar de momento en territorio estadounidense.

Hay más de 20.000 niños bajo custodia del gobierno, que está buscando ampliar los recintos que los acogen.


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