La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó que comparecieran dos exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y uno de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH) por presuntamente pagar ilegalmente 400 millones de pesos por la supervisión y mejora de los comedores comunitarios del Estado de México, reportó el diario Reforma.
De acuerdo con el medio, en 2015, cuando Rosario Robles era titular de Sedesol, la dependencia contrató a la UPCH para la supervisión, monitoreo, control y mejora de los comedores comunitarios del Estado de México, en dos convenios que alcanzaron los 400 millones de pesos.
Aunque la institución educativa manifestó que contaba con la capacidad para cumplir con los convenios y que no requeriría de la contratación con terceros en un porcentaje mayor al 49 % del total, subcontrató la totalidad de los trabajos con Productos Serel, perteneciente a Grupo Cosmos, de Jack Landsmanas.
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De los 400 millones de pesos recibidos, la Universidad sólo empleó 278 millones 400 mil pesos para cubrir la totalidad del contrato y se desconoce el destino de los restantes 121 millones 600 mil pesos, reportó Reforma.
Además, según datos de la Auditoría Superior de la Federación citados por el medio, la UPCH sólo liquidó el primer contrato a Productos Serel por 139 millones 200 mil pesos, pero no le pagó 98 millones 800 mil pesos del segundo contrato específico.
Sedesol tampoco proporcionó evidencia que acredite que recibió en tiempo y forma los trabajos realizados por dicha universidad, dijeron las autoridades.
Los exfuncionarios señalados de Sedesol son Martha Lidia Montoya Santos, quien se desempeñó como directora de Tesorería, y José Israel Torres Gutiérrez, director general de Desarrollo Comunitario. De parte de la UPCH está José Roberto Aguilar Fuentes, abogado general de la institución.
El Ministerio Público Federal, de acuerdo con Reforma, pidió a un juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente una audiencia inicial para imputarles el delito de uso indebido del servicio público, en las modalidades de pago ilegal, contratación indebida y ser parte de la misma.
