Grave, becario de Jóvenes Construyendo el Futuro que trabajaba fuera de horario y se accidentó
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Grave, becario de Jóvenes Construyendo el Futuro que trabajaba fuera de horario y se accidentó

Pedro, becario del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, tiene los intestinos necrosados tras sufrir un accidente mientras repartía láminas. Su familia busca opciones médicas para salvarlo.
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29 de noviembre, 2019
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Pedro Lezama, de 24 años, es becario del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Se estaba “capacitando” en el Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. El 19 de noviembre lo enviaron fuera de su área y horario estipulado de trabajo a desmontar y repartir material de construcción. Hubo un accidente y el joven quedó prensado entre cientos de láminas. Los médicos le han dicho a su familia que no hay nada que hacer.

“Se suponía que él sólo debía hacer labores de oficina. Nada relacionado a su carrera, la verdad. Lo ponían a llenar formatos y esas cosas. Su horario era de 8 de la mañana a 4 de la tarde. No entiendo qué hacía llevando láminas a las 5:30 de la tarde, hora en la que sucedió el accidente”, dice a Animal Político Alejandro Lezama, padre del joven.

Ante lo sucedido con su hijo, el señor le pide a los responsables del programa, incluso al presidente Andrés Manuel López Obrador, “que volteen a ver cómo está operando esto, que lo supervisen, ellos lo diseñaron, pues que lo supervisen. Lo que estamos viviendo no se lo deseamos a nadie. Es un dolor desgarrador. La madre de Pedro está destrozada”.

Entérate: Detectan casos de irregularidades en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro; hay al menos 50 denuncias

De acuerdo al diagnóstico de los médicos, el joven tiene necrosis intestinal, la única solución para su caso sería un transplante completo de intestinos. Sin embargo, “este procedimiento no se ha hecho nunca en el mundo, eso nos dicen, que no hay nada que hacer, más que esperar el deceso, aunque los especialistas están sorprendidos porque dicen que alguien en la condición de mi hijo no vive más de 48 horas y él lleva más de una semana. Es muy fuerte, está luchando”, asegura el padre de Pedro.

Pedro es egresado de la carrera de pedagogía. A la par de cursar una maestría en administración educativa los fines de semana, se inscribió en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a los tres meses de haber terminado la universidad, en parte para tener dinero y poder costear sus estudios.

El joven quería dar clases a niños, pero se estaba preparando para hacerlo bien. Su intención era tener experiencia en el campo laboral, igual que muchos de los becarios de este programa en un país que no suele ofrecer esas oportunidades a quienes buscan un primer trabajo.

Pero a Pedro le solicitaban hacer labores administrativas y físicas que no tenían nada que ver con su perfil, como en muchos otros casos.

Animal Político lo reportó el 13 de mayo de este año en dos reportajes donde se exponen las fallas del programa y como empresas e instituciones han aprovechado para tener mano de obra gratis y sobrecalificada en actividades que nada tienen que ver con la preparación académica de los becarios ni abonan a su vida laboral.

En mayo cuando se hizo el reportaje, dos de los titulares de los centros de trabajo inscritos en Jóvenes Construyendo el Futuro admitieron que habían sido aceptados en el programa sin haber un plan de capacitación detallado.

Entérate: ¿Qué aprenden? ¿Sí les sirve el programa? La experiencia de los Jóvenes Construyendo el Futuro

Animal Político solicitó a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, dependencia encargada del programa, los planes de capacitación de una muestra de empresas, pero la dependencia se negó a entregarlos, argumentando que contenían los datos personales de los tutores, cuando esa información se puede hacer pública, protegiendo esos datos.

Más aún, uno de esos dos titulares de los centros de trabajo reveló a Animal Político que pensó que no la aceptarían en el programa puesto que los becarios tendrían que acudir a su domicilio particular a realizar sus labores de capacitación. “Aquí yo no tengo ni plan de seguridad, no tengo ni extintores, pensé que vendría un inspector o alguien a revisar donde estarían los muchachos, y no me admitirían, pero no vino nadie y así me aceptaron”, aseguró.

Este portal solicitó información sobre el accidente a la Secretaría del Trabajo, pero su área de comunicación respondió que solo proporcionarían la información difundida en un comunicado que publicaron en Twitter.

“La Subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, a cargo de Horacio Duarte, lamenta profundamente el accidente de Pedro “N” y permanece en comunicación permanente con sus familiares con la finalidad de garantizar lo necesario para su atención”.

Lee: ‘No estoy en mi área, pero es experiencia’: Las fallas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro

También aseguran que el personal de la dependencia realiza una investigación exhaustiva en torno al cumplimiento por parte del Ayuntamiento de Tuxtepec de los planes de capacitación que registró en su calidad de tutor.

“Estoy luchando por mi vida” 

A Pedro, de acuerdo al relato en primera persona hecho público por su tía, la señora Ángela Hernández, el 19 de noviembre pasado lo enviaron en el Ayuntamiento a la Expoferia a cargar láminas en un vehículo para después llevarlas a repartir a diferentes colonias, como parte de un programa de vivienda.

Con la persona encargada de la actividad, dice la carta, venían otros jóvenes que también estaban apoyando (aunque no se sabe si pertenecían al programa). “Cuando terminamos de cargar –dice la carta en primera persona– nos llevan en la batea (de un camión de volteo) junto con las láminas (unas 600) y montenes”. Pero estas no venían amarradas y los muchachos no traían ninguna protección.

“Nos subimos en la batea. En el camino pasamos un tope lo que hace que yo quede prensado en medio de cientos de láminas.Esto hizo un daño grande en mi interior, a órganos vitales y arterias, páncreas y mi intestino delgado. ¡Pero sigo vivo! Inconsciente y sedado para no sentir tanto dolor. Los doctores no le dan a mis padres esperanzas, pero mi corazón, cerebro, riñones y pulmones están sanos y con muchas ganas de vivir”.

Leer: Jóvenes centran sus esperanzas en programa de AMLO; quieren ganar dinero y también experiencia

Pedro estuvo hasta el 26 de noviembre en un hospital de Oaxaca, la madrugada de ese día fue trasladado al Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes, para intentar salvarle la vida, aunque los médicos de Oaxaca lo desahuciaron. El joven tiene los intestinos necropsados y el páncreas partido, además de otros órganos con severos daños.

La opción sería un transplante de intestinos, pero es un procedimiento que no se practica. Su familia ha lanzado diversos mensajes de ayuda en redes sociales buscando un médico que ofrezca una opción para Pedro, aunque sea con un procedimiento que esté en investigación.

“Soy un soñador. Me encanta dibujar, pintar y diseñar. Soy un fiel admirador de Messi. Estoy luchando por mi vida. Quiero un milagro para seguir pisando fuerte esta tierra”, cierra la carta escrita en primera persona y difundida por la familia del joven.

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Ayotzinapa: dónde están las figuras clave en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes

Ocho años después de la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, los mexicanos siguen exigiendo respuestas.
26 de septiembre, 2022
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La desaparición de 43 estudiantes en México el 26 de septiembre de 2014 sacudió a la sociedad mexicana, expuso la gravedad de la corrupción gubernamental y mostró la espiral de violencia que ya había dejado miles de muertos.

Ocho años después, aún se desconoce qué sucedió realmente ese día.

Aproximadamente a media hora en automóvil desde la pequeña ciudad de Cocula, se dijo que un basurero fétido en las colinas era el lugar donde habían sido enterrados los 43 estudiantes que desaparecieron mientras viajaban juntos a una protesta.

Fue allí, en medio de montones de desechos cotidianos donde, según las autoridades mexicanas, miembros del grupo criminal Guerreros Unidos mataron y quemaron a los estudiantes, todos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, después de haber sido secuestrados por agentes de policía corruptos, en la ciudad cercana de Iguala, y entregados al grupo criminal.

Pero en 2016 investigadores independientes refutaron la teoría del gobierno de que los estudiantes fueron asesinados y quemados en el basurero, una de las falsedades más relevantes en un caso que ha puesto al descubierto la doble batalla de México contra la corrupción profundamente arraigada y la violencia desenfrenada.

Ocho años después, solo se han identificado los restos de tres estudiantes.

Ahora, después de años de intenso escrutinio público y críticas, una Comisión de la Verdad creada por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha reformulado el hecho como un “crimen de Estado” y un encubrimiento que involucra a decenas de miembros de grupos criminales, militares, policías locales, estatales y federales, en un hecho que tocó hasta los niveles más altos del gobierno de México.

El público continúa protestando por los fracasos de dos gobiernos sucesivos para descubrir la verdad de lo que sucedió.

En el octavo aniversario del caso, algunos de los actores clave han sido detenidos, otros han desaparecido y aún se sigue buscando respuesta sobre lo que ocurrió con otros.

Jesús Murillo Karam, exprocurador general

El viernes 19 de agosto, el exprocurador general de México, Jesús Murillo Karam, fue arrestado en relación con el caso.

Como procurador general del gobierno de Enrique Peña Nieto, abrió la investigación original sobre la desaparición de los estudiantes.

Jesús Murillo Karam

Getty Images
Jesús Murillo Karam era el procurador general de México cuando desaparecieron los estudiantes.

Fue acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en relación con los estudiantes desaparecidos.

El sucesor de Peña Nieto, López Obrador, dijo que el papel de Murillo Karam en los arrestos falsos después de las desapariciones fue una “prueba” de que supervisó un gran encubrimiento destinado a proteger al gobierno federal de la responsabilidad.

En declaraciones ante un juez el 24 de agosto, Murillo Karam señaló que, si bien estaba dispuesto a aceptar algunos errores de investigación, nadie había podido ofrecer de manera convincente otra versión de lo que les sucedió a los estudiantes.

Ahora está procesado. Si bien no se ha anunciado una fecha para un posible juicio, un juez dictaminó que permanecerá en prisión preventiva hasta entonces.

Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal

El exdirector de la ahora desaparecida Agencia de Investigación Criminal de México, Tomás Zerón, fue acusado por el gobierno de López Obrador de torturar a testigos en el caso, incluido un miembro de Guerreros Unidos, para ayudar a respaldar la versión del caso del gobierno.

También es buscado por presunta manipulación de pruebas. Zerón negó los cargos, que ha descrito como motivados políticamente.

Tomas Zeron

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Se cree que Tomás Zerón está en Israel.

Según los informes, en 2019 Zerón huyó a Canadá y en julio de 2021 funcionarios israelíes y mexicanos dijeron que Zerón huyó a Israel y solicitó asilo.

Desde entonces, México solicitó su extradición que, según el canciller Marcelo Ebrard, era de “máxima prioridad” para el gobierno de López Obrador. Las autoridades israelíes hasta ahora no han concedido la solicitud.

Según el último informe del gobierno mexicano, funcionarios se reunieron con Zerón en Tel Aviv en febrero para discutir la posibilidad de que regrese a México para responder a los cargos en su contra. Él permanece en Israel.

José Luis Abarca, exalcalde de Iguala

El alcalde de Iguala en 2014, José Luis Abarca, huyó del pueblo junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, a los pocos días del crimen. Fueron arrestados en la Ciudad de México más de un mes después.

Ambos siguen en prisión acusados de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, a pesar de las acusaciones de que estuvo involucrado en las desapariciones de estudiantes, algunos familiares de los 43 lo han defendido públicamente, e incluso realizaron una marcha en Iguala el mes pasado para pedir su liberación.

José Luis Abarca

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Las autoridades anunciaron el arresto de José Luis Abarca en una conferencia de prensa en 2014.

El pasado 14 de septiembre, un juez lo absolvió de cualquier responsabilidad por el secuestro de Iguala, alegando falta de pruebas. Por separado, enfrenta cargos relacionados con el asesinato de dos activistas locales en 2013, además de los cargos de lavado de dinero y crimen organizado.

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, prometió que el gobierno impugnaría el fallo. También descartó cualquier sugerencia de que el exalcalde sería liberado de prisión.

Guerreros Unidos

El grupo criminal acusado de matar a los estudiantes sigue activo. Según las autoridades mexicanas, está fuertemente involucrado en extorsiones y secuestros en Guerrero y otros dos estados mexicanos.

También se cree que produce y trafica heroína de México a Estados Unidos. Ahora se cree que está aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México.

A principios de agosto, las autoridades mexicanas anunciaron que 14 miembros de Guerreros Unidos se encontraban entre un grupo más grande de 83 personas buscadas para arresto en relación con la desaparición de los 43 estudiantes.

Otros 14 miembros del grupo, así como tres de sus familiares todos vinculados al caso han muerto desde entonces, algunos de ellos a manos de otros delincuentes o de las fuerzas de seguridad mexicanas. Otros murieron por causas naturales.

Las autoridades mexicanas también han sido acusadas repetidamente de torturar a presuntos miembros del grupo para obtener confesiones.

La tortura y confesión de seis miembros de Guerreros Unidos está en el centro de los cargos del gobierno contra Murillo Karam.

Otro miembro del grupo que se cree jugó un papel clave en el incidente de Iguala, Juan Salgado Guzmán, fue asesinado a tiros por la policía en septiembre de 2021.

El informe reciente del gobierno encontró una serie de “irregularidades” relacionadas con su muerte, lo que llevó a las autoridades a concluir que había sido “ejecutado” sin provocación después de haber sido herido y cuando ya no representaba una amenaza para los oficiales.

Soldados mexicanos

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Soldados mexicanos buscando a los estudiantes desaparecidos en 2014.

El Ejército

Gran parte del misterio que rodea el secuestro de Iguala gira en torno a la participación de los militares.

Las autoridades confirmaron que el Ejército tenía un informante que viajaba con los estudiantes de Ayotzinapa el día de la desaparición y estaba al tanto de los movimientos antes de que ocurriera el ataque.

Las autoridades mexicanas han dicho que los militares no hicieron nada para encontrar al informante, que se encuentra entre los que siguen desaparecidos.

Además, los militares han sido acusados por expertos de ocultar información que podría haber ayudado a localizar a los estudiantes. Imágenes de drones parecían mostrar a marinos mexicanos manipulando evidencia en el vertedero de Cocula.

El 15 de septiembre, las autoridades mexicanas anunciaron el arresto de un general retirado del Ejército, José Rodríguez Pérez, en relación con el secuestro de Iguala. Rodríguez tenía el grado de coronel al momento del hecho y estaba a cargo de una unidad estacionada en Iguala.

Otros dos oficiales militares también fueron arrestados.

No está claro qué evidencia tiene el gobierno contra Rodríguez. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dijo a los periodistas que miembros del grupo criminal retuvieron a seis de los estudiantes en un antiguo almacén antes de entregárselos al entonces coronel, quien presuntamente ordenó que los mataran y se deshicieran de sus cuerpos.

En total se emitieron recientemente órdenes de arresto contra 20 miembros de las Fuerzas Armadas, incluidos comandantes y soldados de los dos batallones diferentes que estaban en Iguala en ese momento.

A pesar de la promesa del gobierno mexicano de responsabilizar a los militares por las violaciones de los derechos humanos, muchos de los problemas planteados por la investigación inicial de Iguala parecen no haber sido abordados.

Lee: Ayotzinapa: a ocho años, cinco nuevos arrestos, 21 órdenes de arresto canceladas, 121 absoluciones y ninguna sentencia


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