En riesgo la sentencia contra Javier Duarte: tribunales analizan reabrir el caso
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Cuartocuro

En riesgo la sentencia contra Javier Duarte: tribunales analizan reabrir el caso

Presuntas irregularidades en las pruebas y sospechas de corrupción ponen en riesgo el único proceso por el cual el exgobernador está en prisión.
Cuartocuro
Por @arturoangel20
27 de noviembre, 2019
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El juicio contra Javier Duarte por lavado de dinero y asociación delictuosa que derivó en una sentencia de 9 años de prisión, la única que lo mantiene en prisión, llega a un momento decisivo. Dos tribunales federales decidirán en los próximos días si el proceso es reabierto, y si se da entrada a la investigación por la presunta corrupción que hubo entorno al caso.

Por un lado, el Primer Tribunal Colegiado resolverá si procede la petición de la defensa del exgobernador de Veracruz para que se le permita apelar la condena que él mismo aceptó, bajo el argumento de que las pruebas bancarias usadas en su contra se obtuvieron ilegalmente. Otros coacusados en este mismo proceso han sido absueltos por dicha razón.

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Por el otro, el Séptimo Tribunal Colegiado decidirá si confirma el amparo que ya obtuvo una organización civil para acceder a la investigación iniciada en la Fiscalía General por la presunta corrupción de los fiscales del caso Duarte. A la petición de acceso a este expediente ya se sumó esta semana la Barra Mexicana de Abogados.

De acuerdo con los abogados involucrados en ambos procesos, se espera que las resoluciones de ambos tribunales se den a conocer la próxima semana.

Dichas determinaciones son cruciales debido a que están directamente relacionadas con el único de los procesos penales por el cual Javier Duarte ha sido sentenciado y permanece en el Reclusorio Preventivo Norte de Ciudad de México.

Originalmente al exgobernador se le había extraditado desde Guatemala -en 2017 – por tres casos. Uno de ellos estaba relacionado con el supuesto uso ilegal de un helicóptero en el que presuntamente huyó tras pedir licencia (octubre de 2016). Dicho proceso ya fue cerrado por falta de elementos.

El segundo caso era una acusación de la Fiscalía de Veracruz por peculado derivada del supuesto desvío de 220 millones de pesos destinados para obras hidráulicas en su gobierno. Gracias a un amparo Duarte consiguió que el caso fuera reiniciado desde cero y con el beneficio concedido por un juez de llevar el proceso en libertad.

Y el tercero caso es justamente el juicio federal por lavado de dinero promovido por la entonces PGR en contra de Duarte y que es que lo mantiene preso. 

En contra del exgobernador de Veracruz también existe una orden de aprehensión por presunta desaparición forzada, pero la misma no se ha podido ejecutar ya que por ese caso no fue extraditado y el gobierno de Guatemala no ha dado su autorización para que se haga una excepción al tratado que impide procesar a personas por delitos ajenos a los requeridos inicialmente.

Inminente reapertura del proceso

Para obtener una sentencia de 9 años de prisión y no los más de 25 que se le pudieron haber impuesto por lavado de dinero y delincuencia organizada, Duarte aceptó declararse culpable voluntariamente sin llegar a juicio, recurso que permite el actual sistema penal. Animal Político reveló en este video audios y detalles de la audiencia donde todo ello ocurrió.

A cambio de que Duarte se declarara culpable, la PGR aceptó cambiarle el delito de delincuencia organizada (el más grave) por el de asociación delictuosa, lo que le permitió tener una condena reducida. El 11 de octubre de 2018 el juez responsable de ese caso, Marco Antonio Fuerte Tapia, declaró que la condena quedaba firme y cerró el proceso.

Sin embargo, en julio pasado el exgobernador promovió un recurso para que dicha sentencia fuera suspendida y se le permitiera apelar lo que el mismo aceptó. El caso llegó así al Primer Tribunal Colegiado en donde sus tres magistrados deben determinar si conceden a Duarte la posibilidad de apelar, lo que abriría la puerta para que el caso sea reabierto y se revise la sentencia.

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El proyecto de resolución a cargo del magistrado Horacio Hernández Orozco apunta a que Duarte sí tiene derecho de apelar. No obstante, en la sesión realizada el 14 de noviembre pasado, otro magistrado consideró necesario que se analice con mayor profundidad los argumentos. Por ello se prevé que el asunto sea retomado la próxima semana.

Lo que los defensores de Duarte argumentan es que, si bien su cliente aceptó la responsabilidad del caso sin ir al juicio, lo hizo a partir de datos bancarios que la PGR habría recabado sin orden de un juez lo que los volvía ilegales. Desde el punto de vista de los litigantes dicha situación es suficiente para que el caso sea reabierto y eventualmente anulado.

Un antecedente que favorece la posición de los abogados de Duarte es que al menos dos procesados más en el mismo caso han logrado que jueces desestimen los procesos por la ilegalidad en las pruebas bancarias, aunque el caso del exgobernador es más complejo debido a que él aceptó ser condenado sin ir a juicio y sin que se valoraran los elementos.

Cuestionados sobre la fecha en que todo este procedimiento podría derivar en la libertad del exgobernador, los abogados indicaron que ello sería hasta el próximo año.

Los fiscales, bajo la lupa

La organización civil TOJIL: Estrategia contra la Impunidad obtuvo en junio pasado un amparo inédito: consiguió que siendo una ONG se le reconociera como “víctima” en una investigación que la Visitaduría General de la PGR (hoy FGR) inició por presuntos hechos de corrupción de los agentes del MP del caso Duarte.

Se trata de una investigación iniciada a partir de una denuncia presentada justamente por TOJIL. No obstante, para poder tener acceso al expediente de la investigación e incluso participar en la misma, es necesario que se le reconozca el papel de víctima, lo que la Fiscalía no ha querido realizar.

El caso llegó al Séptimo Tribunal Colegiado luego de que la PGR interpuso un recurso en contra del amparo concedido a TOJIL, por lo que la decisión que tome dicho tribunal será definitiva en el caso.

“Ya solo estamos en espera de la resolución en una sesión que tendrá que ser pública. Solo falta que enlisten la fecha.  Si se confirma la resolución favorable nos tienen que dar acceso inmediato a la investigación en calidad de víctimas” indicó Estefanía Medina, abogada cofundadora de TOJIL.

Esta semana la Barra Mexicana de Abogados presentó ante el referido tribunal una opinión jurídica formal e independiente (denominada amicus curiae) en la que considera que hay argumentos suficientes para que se reconozca la calidad de víctima de TOJIL en este caso. 

Lo anterior bajo el razonamiento de que en los hechos de corrupción la afectación es para la sociedad en su conjunto y de que es necesario que la misma tenga representantes que asumen un rol activo y de contrapeso en una investigación de un caso donde se afectaron derechos colectivos.

TOJIL sostiene que indebidamente la PGR otorgó beneficios excesivos a Duarte abriéndole la puerta a una condena mínima aun cuando él era la cabeza de una posible red de corrupción. Era necesario, subraya la organización, que el caso se llevara a juicio por parte de los fiscales debido a la gravedad y trascendencia del asunto.

El propio Javier Duarte se encargó de fortalecer la hipótesis de posibles anomalías en este procedimiento al declarar hace unos meses que fue extorsionado por funcionarios de la PGR y que incluso hubo alguna exigencia económica.

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Cuba aprueba el matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas LGBTTTIQ+

Dos tercios de los electores en Cuba dieron el "sí" a la normativa que regirá sus relaciones familiares y que también contempla la gestación subrogada.
26 de septiembre, 2022
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Cuba aprobó el nuevo Código de las Familias por una amplia mayoría en el referendo celebrado el domingo.

Un total de 3 mil 93 millones de cubanos (el 66.87%) votaron “sí” al nuevo marco legar que regirá las relaciones familiares en el país, según los resultados preliminares anunciados este lunes por el Consejo Electoral Nacional.

El matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción de hijos por parte de éstas o la gestación subrogada son algunas de las propuestas más destacadas y polémicas del documento de 104 páginas que reemplazará una normativa de 1975.

Los datos

Mientras, 1.95 millones de electores (el 33.13%) se decidieron por el “no”, según las cifras provistas por el CEN.

El Consejo Electoral Nacional considera estos resultados preliminares como “válidos e irreversibles” e indicó que, a la espera del conteo final, ya se puede confirmar que ha sido ratificado el Código de las Familias.

Acudieron a las urnas 6.25 millones de cubanos, el 74.01% de los 8.44 millones que componían el padrón.

Uno de los centros de votación en La Habana.

Getty Images
Uno de los centros de votación en La Habana.

Se trata de la participación más baja en un referendo en la historia reciente de Cuba, si bien los otros dos anteriores fueron para aprobar sendas constituciones, la de 1976 y la de 2019.

Cubanos residentes en el exterior tuvieron la posibilidad de participar en este proceso electoral, que no ha sido supervisado por organismos internacionales.

En los meses previos al referendo, el gobierno desplegó una amplia campaña a favor del “sí” en los medios de comunicación estatales (los únicos legales), en la calle y redes sociales, mientras el “no” fue defendido por particulares y organizaciones como la Conferencia Episcopal de Cuba con mensajes en internet.

El Código de las Familias se ha aprobado en un momento de profunda crisis económica en Cuba, donde la principal preocupación entre sus más de 11 millones de habitantes es capear la escasez de todo tipo de productos, desde alimentos y medicinas hasta artículos de aseo o ropa, y los cada vez más frecuentes apagones.

Antes de someterse a referendo se realizó una consulta popular entre febrero y abril de este año en la que participaron 6.5 millones de cubanos, según el gobierno.

Qué cambia en Cuba

El nuevo Código de las Familias permitirá legalizar el “matrimonio igualitario”, la posibilidad de que parejas del mismo sexo adopten niños y la “gestación solidaria” o subrogada sin fines de lucro.

Papeletas del referendo en Cuba

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Así eran las papeletas que más de 6 millones de cubanos introdujeron en las urnas este domingo.

También abre vías para penalizar a los agresores domésticos en aspectos como la custodia de sus niños, reparto de bienes o herencia; protege la comunicación entre los menores y sus abuelos en caso de divorcio, e incorpora legalmente a madrastras y padrastros como tutores.

Además, permite a los padres elegir el orden de los apellidos de sus hijos y amplía -al menos sobre el papel, ya que esto requiere de recursos materiales- la protección de adultos mayores o discapacitados.

Otro punto destacado es la posibilidad de que los abuelos adquieran responsabilidad parental, algo importante teniendo en cuenta que en los últimos meses decenas de miles de cubanos de mediana edad han emigrado, en muchos casos dejando a sus progenitores al cuidado de los menores de la casa.

Un pasado oscuro y polémico

De aprobarse el referendo el domingo, Cuba se convertiría en el país número 34 en el que, de manera parcial o total, se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El respaldo del gobierno a esta iniciativa contrasta con la persecución que sufrieron los homosexuales en las primeras décadas de la revolución de 1959.

El régimen de Fidel Castro consideraba la homosexualidad un vicio propio de la sociedad capitalista y burguesa.

Fidel Castro y el Che Guevara

Getty Images
Fidel Castro y el Che Guevara eran conocidos por su escasa tolerancia hacia la homosexualidad.

“No podemos llegar a creer que un homosexual pudiera reunir las condiciones y los requisitos de conducta que nos permitirían considerarlo un verdadero revolucionario, un verdadero militante comunista”, declaró públicamente el gobernante en 1965.

En aquellos años los homosexuales -junto con sacerdotes y otras personas consideradas contrarrevolucionarias- eran detenidos con frecuencia, expulsados de sus empleos y encarcelados en campos de trabajos forzosos llamados UMAP (Unidades Militares de Apoyo a la Producción) para su “rehabilitación”.

Recorte de periódico de Granma sobre las UMAP.

Granma
Unos 25.000 cubanos, según estimaciones, fueron recluidos en las UMAP entre 1965 y 1968. Eran campos de trabajos forzosos inspirados en los de otros países comunistas de la esfera de la URSS en los que se buscaba “reeducar” a personas con tendencias consideradas contrarias a los valores del socialismo y la Revolución.

Tras dos décadas de dura represión, en 1979 se despenalizaron las relaciones entre personas del mismo sexo y comenzó una liberalización gradual que se aceleró ya en el siglo XXI.

“El Gobierno se vio obligado a reconciliarse con su pasado cercano de intolerancia y discriminación para encajar en el nuevo orden global postsocialista. El país necesitaba abrirse al mundo y ofrecer una imagen de apertura”, explicó el historiador cubano Abel Sierra Madero.


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