En riesgo la sentencia contra Javier Duarte: tribunales analizan reabrir el caso
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Cuartocuro

En riesgo la sentencia contra Javier Duarte: tribunales analizan reabrir el caso

Presuntas irregularidades en las pruebas y sospechas de corrupción ponen en riesgo el único proceso por el cual el exgobernador está en prisión.
Cuartocuro
Por @arturoangel20
27 de noviembre, 2019
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El juicio contra Javier Duarte por lavado de dinero y asociación delictuosa que derivó en una sentencia de 9 años de prisión, la única que lo mantiene en prisión, llega a un momento decisivo. Dos tribunales federales decidirán en los próximos días si el proceso es reabierto, y si se da entrada a la investigación por la presunta corrupción que hubo entorno al caso.

Por un lado, el Primer Tribunal Colegiado resolverá si procede la petición de la defensa del exgobernador de Veracruz para que se le permita apelar la condena que él mismo aceptó, bajo el argumento de que las pruebas bancarias usadas en su contra se obtuvieron ilegalmente. Otros coacusados en este mismo proceso han sido absueltos por dicha razón.

Lee: La falsa beneficencia de Javier Duarte: Presumió donativos millonarios a Teletón que nunca hizo

Por el otro, el Séptimo Tribunal Colegiado decidirá si confirma el amparo que ya obtuvo una organización civil para acceder a la investigación iniciada en la Fiscalía General por la presunta corrupción de los fiscales del caso Duarte. A la petición de acceso a este expediente ya se sumó esta semana la Barra Mexicana de Abogados.

De acuerdo con los abogados involucrados en ambos procesos, se espera que las resoluciones de ambos tribunales se den a conocer la próxima semana.

Dichas determinaciones son cruciales debido a que están directamente relacionadas con el único de los procesos penales por el cual Javier Duarte ha sido sentenciado y permanece en el Reclusorio Preventivo Norte de Ciudad de México.

Originalmente al exgobernador se le había extraditado desde Guatemala -en 2017 – por tres casos. Uno de ellos estaba relacionado con el supuesto uso ilegal de un helicóptero en el que presuntamente huyó tras pedir licencia (octubre de 2016). Dicho proceso ya fue cerrado por falta de elementos.

El segundo caso era una acusación de la Fiscalía de Veracruz por peculado derivada del supuesto desvío de 220 millones de pesos destinados para obras hidráulicas en su gobierno. Gracias a un amparo Duarte consiguió que el caso fuera reiniciado desde cero y con el beneficio concedido por un juez de llevar el proceso en libertad.

Y el tercero caso es justamente el juicio federal por lavado de dinero promovido por la entonces PGR en contra de Duarte y que es que lo mantiene preso. 

En contra del exgobernador de Veracruz también existe una orden de aprehensión por presunta desaparición forzada, pero la misma no se ha podido ejecutar ya que por ese caso no fue extraditado y el gobierno de Guatemala no ha dado su autorización para que se haga una excepción al tratado que impide procesar a personas por delitos ajenos a los requeridos inicialmente.

Inminente reapertura del proceso

Para obtener una sentencia de 9 años de prisión y no los más de 25 que se le pudieron haber impuesto por lavado de dinero y delincuencia organizada, Duarte aceptó declararse culpable voluntariamente sin llegar a juicio, recurso que permite el actual sistema penal. Animal Político reveló en este video audios y detalles de la audiencia donde todo ello ocurrió.

A cambio de que Duarte se declarara culpable, la PGR aceptó cambiarle el delito de delincuencia organizada (el más grave) por el de asociación delictuosa, lo que le permitió tener una condena reducida. El 11 de octubre de 2018 el juez responsable de ese caso, Marco Antonio Fuerte Tapia, declaró que la condena quedaba firme y cerró el proceso.

Sin embargo, en julio pasado el exgobernador promovió un recurso para que dicha sentencia fuera suspendida y se le permitiera apelar lo que el mismo aceptó. El caso llegó así al Primer Tribunal Colegiado en donde sus tres magistrados deben determinar si conceden a Duarte la posibilidad de apelar, lo que abriría la puerta para que el caso sea reabierto y se revise la sentencia.

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El proyecto de resolución a cargo del magistrado Horacio Hernández Orozco apunta a que Duarte sí tiene derecho de apelar. No obstante, en la sesión realizada el 14 de noviembre pasado, otro magistrado consideró necesario que se analice con mayor profundidad los argumentos. Por ello se prevé que el asunto sea retomado la próxima semana.

Lo que los defensores de Duarte argumentan es que, si bien su cliente aceptó la responsabilidad del caso sin ir al juicio, lo hizo a partir de datos bancarios que la PGR habría recabado sin orden de un juez lo que los volvía ilegales. Desde el punto de vista de los litigantes dicha situación es suficiente para que el caso sea reabierto y eventualmente anulado.

Un antecedente que favorece la posición de los abogados de Duarte es que al menos dos procesados más en el mismo caso han logrado que jueces desestimen los procesos por la ilegalidad en las pruebas bancarias, aunque el caso del exgobernador es más complejo debido a que él aceptó ser condenado sin ir a juicio y sin que se valoraran los elementos.

Cuestionados sobre la fecha en que todo este procedimiento podría derivar en la libertad del exgobernador, los abogados indicaron que ello sería hasta el próximo año.

Los fiscales, bajo la lupa

La organización civil TOJIL: Estrategia contra la Impunidad obtuvo en junio pasado un amparo inédito: consiguió que siendo una ONG se le reconociera como “víctima” en una investigación que la Visitaduría General de la PGR (hoy FGR) inició por presuntos hechos de corrupción de los agentes del MP del caso Duarte.

Se trata de una investigación iniciada a partir de una denuncia presentada justamente por TOJIL. No obstante, para poder tener acceso al expediente de la investigación e incluso participar en la misma, es necesario que se le reconozca el papel de víctima, lo que la Fiscalía no ha querido realizar.

El caso llegó al Séptimo Tribunal Colegiado luego de que la PGR interpuso un recurso en contra del amparo concedido a TOJIL, por lo que la decisión que tome dicho tribunal será definitiva en el caso.

“Ya solo estamos en espera de la resolución en una sesión que tendrá que ser pública. Solo falta que enlisten la fecha.  Si se confirma la resolución favorable nos tienen que dar acceso inmediato a la investigación en calidad de víctimas” indicó Estefanía Medina, abogada cofundadora de TOJIL.

Esta semana la Barra Mexicana de Abogados presentó ante el referido tribunal una opinión jurídica formal e independiente (denominada amicus curiae) en la que considera que hay argumentos suficientes para que se reconozca la calidad de víctima de TOJIL en este caso. 

Lo anterior bajo el razonamiento de que en los hechos de corrupción la afectación es para la sociedad en su conjunto y de que es necesario que la misma tenga representantes que asumen un rol activo y de contrapeso en una investigación de un caso donde se afectaron derechos colectivos.

TOJIL sostiene que indebidamente la PGR otorgó beneficios excesivos a Duarte abriéndole la puerta a una condena mínima aun cuando él era la cabeza de una posible red de corrupción. Era necesario, subraya la organización, que el caso se llevara a juicio por parte de los fiscales debido a la gravedad y trascendencia del asunto.

El propio Javier Duarte se encargó de fortalecer la hipótesis de posibles anomalías en este procedimiento al declarar hace unos meses que fue extorsionado por funcionarios de la PGR y que incluso hubo alguna exigencia económica.

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Stealthing: la nueva legislación de California que prohíbe el retiro no consensuado del condón durante el sexo

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó hace unos días una ley bipartidista que prohíbe la extracción no consensuada del condón, una práctica conocida como "stealthing".
12 de octubre, 2021
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Hace unos 30 años, solo unos meses después de comenzar a trabajar como prostituta, Maxine Doogan quedó embarazada.

La joven había estado con un nuevo cliente en un salón de masajes en Anchorage, Alaska, cuando se dio cuenta de que el hombre se había quitado el condón subrepticiamente durante el acto sexual.

Conmocionada, corrió al baño. Cuando regresó, el cliente se había ido.

Doogan, que entonces tenía veintitantos años, fue a una clínica de salud cercana para una ronda de pruebas de infecciones de transmisión sexual y luego dio un agradecimiento en silencio por cada resultado negativo.

Seis semanas después, sin embargo, tuvo que practicarse un aborto.

Le costó alrededor de US$300 y, después del procedimiento, no pudo trabajar durante un mes.

Lo que hizo el cliente estuvo mal. Pero hasta donde ella sabía, no era ilegal.

“Simplemente no había recursos contra algo así”, dijo.

Ahora, en un estado de EE.UU. sí lo hay.

Nueva ley

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó hace unos días una ley bipartidista que prohíbe la extracción no consensuada del condón, una acción conocida como “stealthing“.

La nueva legislación agrega la práctica a la definición civil estatal de agresión sexual, lo que convierte a California en el primer estado de EE.UU. en ilegalizarla.

La ley les da a las víctimas un remedio legal claro para el asalto que Doogan, quien ahora vive en San Francisco, sufrió hace décadas.

Y los defensores dicen que marca un cambio radical para otros sobrevivientes que, a diferencia de Doogan, ahora podrían tener su día en la corte.

“Queríamos asegurarnos de que no solo sea inmoral, sino ilegal”, dijo la asambleísta de California Cristina Garcia, quien presentó el proyecto de ley.

Cristina Garcia

Getty Images/BBC
Cristina Garcia llevaba años abogando por la ley.

Garcia ha estado trabajando versiones de esta legislación durante años.

En 2017 y nuevamente en 2018, presentó un proyecto de ley que habría convertido el stealthing en un delito penal y permitido a los fiscales pedir condenas de cárcel para los perpetradores.

Estos proyectos de ley murieron antes de nacer o no consiguieron una audiencia en el Congreso estatal.

Ahora, esta nueva versión, que enmienda solo el código civil, fue aprobada por los legisladores de California sin oposición.

El contenido

Los sobrevivientes pueden demandar a los infractores por daños, pero no se pueden presentar cargos penales.

“Sigo pensando que esto debería estar en el código penal”, le dijo Garcia a la BBC.

Si se rompió el consentimiento, ¿no es esa la definición de violación o agresión sexual?“, planteó.

Los analistas legislativos han dicho que el stealthing podría considerarse un delito menor de agresión sexual, aunque no se menciona explícitamente en el código penal.

Pero la nueva ley de Garcia elimina cualquier ambigüedad en los reclamos civiles que, según los expertos, facilitarán a los sobrevivientes la persecución de sus casos.

Alexandra Brodsky

Getty Images/BBC
Brodsky’s 2017 paper is now widely credited for bringing the term “stealthing” into popular use

“Podemos empezar a hablar de ello de una manera en la que tengamos un lenguaje común”, dijo Garcia.

La legisladora dice que se sintió inspirada para llevar el tema del stealthing a la Cámara después de leer un artículo de investigación de la Facultad de Derecho de Yale de 2017 de la entonces estudiante Alexandra Brodsky, a quien ahora se le atribuye ampliamente haber llevado el término al uso popular.

Brodsky, que ahora trabaja como abogada de derechos civiles y es autora de Sexual Justice, que analiza cómo responder de manera justa a la agresión sexual, detalló una serie de historias en su artículo de sobrevivientes en el contexto de relaciones románticas o sexuales consensuadas.

Sus relatos a menudo comenzaban de la misma manera: “No estoy segura de que esto sea una violación, pero…”.

Las narraciones detallaban el miedo de las víctimas a las infecciones de transmisión sexual y al embarazo, así como sus intensos sentimientos de violación y traición.

Pero las y los sobrevivientes con los que habló Brodsky, muchos de los cuales informaron haber sido violados anteriormente, no describieron el stealthing como equivalente a una agresión sexual.

La gente aún no estaba haciendo esa conexión, dice Brodsky.

“Creo que una gran parte del problema era que mucha gente pensaba que era la única persona a la que le había pasado”, agrega.

Graphic of a condom

Getty Images/BBC

Pero la investigación muestra que el stealthing es “deprimentemente común”, según el análisis del comité judicial del Senado de California al evaluar el proyecto de ley de Garcia.

Demoras

Un artículo de 2019 publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina encontró que el 12% de las mujeres de entre 21 y 30 años informaron haber experimentado el stealthing.

Ese mismo año, investigadores de la Universidad de Monash en Australia encontraron que una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres que tienen sexo con hombres habían sido sometidos a la práctica.

Y otro estudio de 2019 encontró que casi el 10% de los hombres informaron que se quitaron un condón durante las relaciones sexuales sin consentimiento.

En su artículo, Brodsky citó a un conocido bloguero que usó su sitio ahora desaparecido para dar consejos a otros hombres sobre cómo quitarse los condones en secreto sin llamar la atención.

Es el deber de una mujer abrir las piernas, escribieron los comentaristas, y el derecho del hombre a “esparcir su semilla”.

Stock image of condoms

Getty Images/BBC

Pero si bien ha aumentado la conciencia sobre el stealthing, la respuesta legislativa se ha retrasado.

Incluso en países donde esta práctica se ha considerado una agresión sexual, incluidos Reino Unido, Nueva Zelanda y Alemania, rara vez se enjuicia, en parte debido a las dificultades para demostrar la intención.

Esta es la ventaja de las demandas civiles: la carga de la prueba es menor que en los casos penales, y la decisión de presentar una demanda recae en los sobrevivientes, no en los fiscales.

Y tanto Brodsky como García creen que hay un significado inherente en que el estado etiquete oficialmente el stealthing como un acto ilegal.

“Imagínese lo que se sentirá cuando ellos (los y las sobrevivientes) vean que el estado de California piensa que no merecen ser tratados de esta manera“, dice Brodsky

La ley

El proyecto de ley fue apoyado por el Proyecto Legal, Educativo y de Investigación de Proveedores de Servicios Eróticos (Esplerp), una organización de defensa fundada y dirigida por Doogan.

La ley permitirá a las trabajadoras sexuales demandar a los clientes que se quiten los condones, dijo, y con suerte allanará el camino para una mayor protección legal para las trabajadoras sexuales y otros grupos típicamente marginados por el sistema de justicia penal.

“ le puede pasar a cualquiera”, advierte Doogan.

Todavía existe el problema de que los casos de agresión sexual se aborden.

Aquellos que hacen estas afirmaciones a menudo se encuentran con “escrutinio y escepticismo”, según Brodsky.

Y cuando se trata de stealthing, esta respuesta se intensifica porque, “por definición, el daño ocurre después de que han dado su consentimiento para el sexo”.

Pero la medida ha sido celebrada como un primer paso importante, especialmente después de que fracasaran los esfuerzos recientes para aprobar una legislación similar en Nueva York y Wisconsin.

“Estoy orgullosa de que California sea el primero en la nación, pero estoy desafiando a otros legisladores estatales a seguirnos rápidamente”, dijo García.

“Un estado menos, quedan 49”.


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