Las pruebas contra Karime Macías: una declaración y 28 contratos que no firmó
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Las pruebas contra Karime Macías: una declaración y 28 contratos que no firmó

Solo una declaración vincula a la esposa de Duarte con 28 contratos firmados con empresas fantasma, según se lee en los documentos con que México intenta que un juez del Reino Unido autorice su extradición en las próximas semanas.
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11 de noviembre, 2019
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La solicitud de extradición de Karime Macías, que presentó la entonces Procuraduría General de la República ante el Reino Unido a nombre de la Fiscalía de Veracruz, se basa en una sola prueba: la acusación de Juan Antonio Nemi Dib, exdirector del DIF, quien supuestamente dijo que la esposa de Javier Duarte ordenó pagar 112 millones 213 mil 844 pesos a empresas fantasma.

Las otras pruebas para lograr la extradición son 28 contratos del DIF estatal con empresas fantasma, en los que no aparece su firma, de acuerdo con documentos judiciales a los que tuvo acceso Animal Político.

Además , Nemi Dib ya había rectificado sus declaraciones en contra de la esposa de Javier Duarte.

La declaración ministerial que se recabó a Juan Antonio Nemi Dib, exdirector del DIF, fue durante el periodo en que se hicieron las mencionadas contrataciones.

Lo que se refiere es que Nemi Dib señaló que las empresas mencionadas fueron contratadas a través de licitaciones simplificadas (sin una competencia real), y que las mismas fueron seleccionadas por Macías. El documento no explica cómo la esposa del gobernador daba estas instrucciones.

“Nemi Dib manifestó que por órdenes de Karime Macías Tubilla se realizaban los pagos a las empresas con celeridad, derivado a que eran proveedores que ella solicitaba para el DIF”, señala el documento.

Este año el propio Nemi Dib promovió una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, en la que desestima la referida declaración y las demás en contra de otros exfuncionarios, tras señalar que fue víctima de presuntos maltratos y presiones de parte de la Fiscalía estatal para inculpar a diversas personas.

El documento judicial enviado por nuestro país a las autoridades británicas, donde se explica la acusación y las pruebas con la cual se intenta responsabilizar a la expresidenta del DIF estatal, fue firmado por el entonces procurador General de la República, Alberto Elías Beltrán, ya que por ser un trámite de extradición corresponde a la Fiscalía federal llevarlo a cabo, aunque la carpeta de investigación del caso es de la Fiscalía de Veracruz. El trámite comenzó desde 2018.

La indagatoria se sustenta en seis denuncias oficiales que interpuso el DIF estatal concluido el sexenio de Duarte, y en donde se identifica a 10 exfuncionarios como posibles implicados (entre ellos el exdiputado federal del PRI Antonio Tarek Abdalá quien sigue libre), sin que Macías aparezca en esa lista.

Estos contratos presuntamente simulados fueron para la compra de diversos productos, entre ellos equipo médico, sistemas de purificación de agua, paquetes escolares, entre otros, que nunca fueron entregados a la población beneficiaria.

Cabe recordar que Karime Macías fue liberada el pasado 5 de noviembre en Londres tras cubrir el pago de una fianza de 150 mil libras esterlinas. A partir de ese momento comenzó a correr un plazo de 30 días naturales para que México presente la solicitud formal de extradición, y corresponderá a la justicia británica decidir si la autoriza o la rechaza.

A continuación, se detallan puntos y evidencias clave de la orden de aprehensión en contra de Karime Macías:

Las seis denuncias

De acuerdo con los documentos judiciales, la investigación contra Karime Macías inició a partir de seis denuncias penales presentadas en marzo de 2017 por el DIF de Veracruz, relacionadas con posibles contratos simulados que firmó dicho instituto con seis empresas, entre 2010 y 2012. Se trató de una denuncia por cada empresa.

Las empresas señaladas en las denuncias fueron: Pefraco SA de CV; Abastecedora Romcru SA de CV; Centro de Recursos de Negocios CERENE SA de CV; Ravsan Servicios Múltiples SA de CV; Grupo Balcano SA de CV; y Anzara SA de CV.

Todas estas empresas han sido identificadas como compañías que simulan las operaciones que facturan, es decir: empresas fantasma. Las seis compañías forman parte de la red empresarial que Animal Político reveló por primera vez en mayo de 2016, y a través de la cual se desviaron cientos de millones de pesos en el sexenio de Duarte.

En las denuncias interpuestas se identificaron a una decena de funcionarios como los probables responsables de estas anomalías, por el cargo que desempeñaban en el periodo que se realizaron los contratos. En la lista no aparece Karime Macías.

Quienes sí figuran en la lista son Juan Antonio Nemi Dib, director del DIF en ese periodo; Antonio Tarek Abdalá Saad, quien era director de Finanzas y Administración; Astrid Elías Mansur, directora de Atención a Población Vulnerable; Miguel Ángel Ortíz Romero, quien también fue director de Finanzas; Joaquín Flores Castro, subdirector de Recursos Materiales; Emilia Yasbé Asamar Hernández, subdirectora de Recursos Financieros.

También aparece Víctor Manuel Carrizo Yoval, exjefe de Departamento de Almacén e Inventarios; Julián Rubín Sandoval, quien también fuera Director de Atención a Población Vulnerable; Pedro Manuel Solis García, director de Asuntos Jurídicos, y Laura Elena Vega Martínez, jefa del Departamento de Licitaciones.

Los contratos, pagos y facturas

En la orden de aprehensión se describen un total de 28 contratos entregados a las referidas empresas por el DIF y firmados por los funcionarios mencionados anteriormente. 

Los montos pagados, de acuerdo con las transacciones y facturas identificadas, se distribuyen así: seis contratos a Pefraco por los cuales recibió 29 millones 955 mil pesos; un contrato a Abastecedora Romcru por 3 millones 963 mil pesos; cinco contratos a CERENE por 18 millones 872 mil pesos; cinco contratos a la empresa Ravsan por 19 millones 308 mil pesos; seis contratos a la compañía Grupo Balcano por 20 millones 892 mil pesos; y cinco contratos a Anzara por los cuales se le transfirieron 20 millones 220 mil pesos.

Los contratos son por conceptos diversos que incluyen desde zapatos o vestimenta, hasta juguetes o despensas, diversos tipos de materiales, equipo médico, entre otros. En todos los casos y tras la revisión correspondiente, se encontró que no hay evidencia de que dichos productos fueran entregados. Los supuestos beneficiarios, y en algunos no hay pruebas de que ni siquiera hayan ingresado a los almacenes del DIF.

Destaca, por ejemplo, un contrato firmado el 7 de diciembre de 2011 entre el DIF estatal y la empresa CERENE para la adquisición de “Equipo médico para prevención y control de enfermedades” por un monto de 5 millones 928 mil 862 pesos. El contrato fue firmado por Tarek Abdalá, entonces director de Finanzas del instituto, entre otros funcionarios.

Pese a que dicho contrato fue pagado en dos transacciones bancarias, no existe registro ni siquiera de que el equipo médico haya entrado al almacén del DIF.

Otro ejemplo es el contrato entre el DIF con la empresa Ravsan, firmado el 22 de noviembre de 2011, para la adquisición de 59 mil pares de zapatos, y cuya firma también estuvo encabezada por Tarek Abdalá. De nueva cuenta los auditores no encontraron indicio de que dichos zapatos ingresaran al almacén del Instituto, y menos de que hubieran sido repartidos.

Tarek impune

Más de la mitad de los contratos señalados en la acusación contra Macías fueron firmados por Antonio Tarek Abdalá, entonces director de finanzas del DIF Estatal, de acuerdo con lo señalado en el documento firmado por el entonces procurador Elías Beltrán.

Animal Político ha documentado en diversos reportajes la participación de Tarek en los pagos a empresas fantasma, no solo desde el DIF sino de múltiples dependencias, luego de que asumiera el cargo de Tesorero de la entidad.

Por su parte la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado más de 40 denuncias penales ante el Ministerio Público de la Federación por el mal manejo de más de 50 mil millones de pesos de fondos federales en el gobierno de Duarte, y en las que se identifica como principal responsable al también exdiputado del PRI.

Pero Tarek Abdalá no ha sido detenido ni procesado. Esto ya que firmó un acuerdo con la entonces PGR (denominado técnicamente criterio de oportunidad) para que cesaran las acciones legales en su contra a cambio de declarar en contra de Javier Duarte, y de colaborar con las investigaciones.

Pese a lo anterior Tarek se ha negado en varias ocasiones a colaborar en los procesos e incluso promovió una demanda de amparo para que no se le citara a testificar en las audiencias judiciales, recurso que recientemente le fue negado.

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Qué busca Rusia con la aplicación de criticados referendos en territorios ocupados de Ucrania

Las votaciones comenzaron en las zonas de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia para definir su incorporación a Rusia. Esta medida ha sido fuertemente criticada por la comunidad internacional.
24 de septiembre, 2022
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Las votaciones en distintos referendos sobre la incorporación a Rusia de los territorios ucranianos de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia, en el este del país, comenzaron el pasado viernes, según informaron los medios locales.

Este proceso, al que no solo el gobierno de Ucrania sino gran parte de los países que condenan la invasión rusa a este país rechaza, se prolongará hasta el próximo 27 de septiembre.

En un comunicado, el gobierno ruso, a través de la jefa del organismo electoral de Rusia, afirmó que dará todo el apoyo necesario a los habitantes de las regiones “liberadas” para que puedan participar en este proceso.

“Todos los miembros de los comisiones electorales, más de 5.000 personas, comenzaron su labor”, declaró a la agencia Interfax la jefa de la comisión electoral instalada en la región de Zaporiyia, Galina Katiuschenko.

Katiuschenko explicó que por medidas de seguridad durante los primeros cuatro días de votación los ciudadanos de estos territorios podrían votar desde sus casas o en lugares especiales y que solo el propio 27 de septiembre serán abiertos los colegios electorales habituales.

Ucrania.

Getty Images
Una delegada electoral lleva una urna durante el primer dia de votación por el referendo en la región del Donbás, este de Ucrania.

A pesar de que Rusia ha respaldado los referendos, de acuerdo a los expertos militares su ejército ocupa poco más de la mitad de las regiones de Donetsk y Zaporiyia.

Aunque sí controla totalmente las zonas de Lugansk y Jersón.

Por su parte, el gobierno de Ucrania, que rechaza con vehemencia la realización de estos referendos, acusa a las fuerzas rusas de manipular a los electores en los territorios ocupados.

Estas votaciones también han sido duramente criticadas por varios líderes en Occidente.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, calificó durante su discurso en la Asamblea General de la ONU de “falsos” los referendos y acusó a Rusia de “querer acabar con el derecho de Ucrania a existir como Estado”.

¿Cuál es el objetivo de los referendos?

Después del inicio de la invasión, el pasado febrero, la intención de Moscú ha sido apoderarse principalmente de los territorios ubicados en la región del Donbás, en el este de Ucrania.

De hecho, allí concentró su estrategia militar una vez desistió de intentar capturar Kiev, la capital del país.

Sin embargo, en las últimas semanas la contraofensiva del ejército ucraniano ha logrado recapturar cerca de 3.000 kilómetros de territorio y liberar varias ciudades que estaban bajo el control ruso, lo que ha hecho que Moscú cambie de planes.

Primero, convocó a 300.000 reservistas para reforzar su empeño militar en Ucrania.

Votación del referendo.

Getty Images
Las votaciones se hacen cerca de la casa de los habitantes de estas zonas del este de Ucrania por motivos de seguridad.

Y segundo, confirmó el apoyo a la celebración de los referendos que buscan anexar estos territorios a Rusia, con un propósito principal: poder afirmar que su territorio está siendo atacado por armas de la OTAN y otros países de Occidente.

A esto se suma que, con los 300.000 nuevos soldados que ha convocado, Rusia podría vigilar y proteger cerca de 1.000 kilómetros de frontera.

Esta estrategia ya fue utilizada por Moscú en 2014, cuando logró anexar Crimea después de una serie de incursiones militares y posteriormente realizó un referendo, que no fue aceptado por varios países alrededor del mundo.

Las últimas acciones ordenadas por Vladimir Putin han sido ampliamente rechazadas por representantes de gobierno de Occidente, como el presidente de EE.UU., Joe Biden, y la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen.

¿Algo cambiará?

Sin embargo, a pesar del afán ruso, lo cierto es que al menos dos de las ciudades donde comenzaron los referendos no son zonas dominadas completamente por el ejército ruso.

Estas ciudades son Jersón y Zaporiyia, donde las fuerzas de Moscú todavía no han podido dispersar la contraofensiva del ejército ucraniano.

Por esa razón, en conversación con la BBC, un asesor del ministro de Defensa de Ucrania, Yuriy Sak, anotó que los referendos estaban condenados al fracaso.

“Estamos viendo que las poblaciones locales están todas a favor de regresar a Ucrania”, señaló.

En cualquier caso, Kyiv dice que cualquiera sea el resultado de estas votaciones no cambiará su estrategia y sus fuerzas seguirán presionando para liberar los territorios.

Ejercito de Ucrania.

BBC
En las últimas semanas, el ejército ucraniano ha logrado recapturar un amplio territorio en el este de Ucrania.

Por su parte, el analista ruso Alexander Baunov señala que, aunque es cierto que redefinir las áreas ocupadas como territorio ruso probablemente no detenga al ejército de Ucrania, envía un mensaje a las poblaciones que tiene bajo su control.

Y agrega, que “la esperanza del Kremlin es que los países de Occidente que apoyan a Ucrania se resistan a que sus armas sean disparadas contra territorios declarados por Moscú como rusos”.

Así, cobra sentido la anotación que hizo Putin esta semana sobre “utilizar todos medios a su disposición para proteger a Rusia”.

Esto pone sobre el tapete, como lo indica Baunov, el uso de armas nucleares.

Finalmente, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, habló de una “escalada peligrosa”, pero reafirmó la posición de Washington de que ningún reclamo ruso sobre suelo ucraniano podría quitarle el derecho a Ucrania a defenderse.

Incluso Turquía, que ha tratado de desempeñar un papel mediador, ha condenado la votación como ilegítima.


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