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Cuartoscuro Archivo

Las pruebas contra Karime Macías: una declaración y 28 contratos que no firmó

Solo una declaración vincula a la esposa de Duarte con 28 contratos firmados con empresas fantasma, según se lee en los documentos con que México intenta que un juez del Reino Unido autorice su extradición en las próximas semanas.
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11 de noviembre, 2019
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La solicitud de extradición de Karime Macías, que presentó la entonces Procuraduría General de la República ante el Reino Unido a nombre de la Fiscalía de Veracruz, se basa en una sola prueba: la acusación de Juan Antonio Nemi Dib, exdirector del DIF, quien supuestamente dijo que la esposa de Javier Duarte ordenó pagar 112 millones 213 mil 844 pesos a empresas fantasma.

Las otras pruebas para lograr la extradición son 28 contratos del DIF estatal con empresas fantasma, en los que no aparece su firma, de acuerdo con documentos judiciales a los que tuvo acceso Animal Político.

Además , Nemi Dib ya había rectificado sus declaraciones en contra de la esposa de Javier Duarte.

La declaración ministerial que se recabó a Juan Antonio Nemi Dib, exdirector del DIF, fue durante el periodo en que se hicieron las mencionadas contrataciones.

Lo que se refiere es que Nemi Dib señaló que las empresas mencionadas fueron contratadas a través de licitaciones simplificadas (sin una competencia real), y que las mismas fueron seleccionadas por Macías. El documento no explica cómo la esposa del gobernador daba estas instrucciones.

“Nemi Dib manifestó que por órdenes de Karime Macías Tubilla se realizaban los pagos a las empresas con celeridad, derivado a que eran proveedores que ella solicitaba para el DIF”, señala el documento.

Este año el propio Nemi Dib promovió una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, en la que desestima la referida declaración y las demás en contra de otros exfuncionarios, tras señalar que fue víctima de presuntos maltratos y presiones de parte de la Fiscalía estatal para inculpar a diversas personas.

El documento judicial enviado por nuestro país a las autoridades británicas, donde se explica la acusación y las pruebas con la cual se intenta responsabilizar a la expresidenta del DIF estatal, fue firmado por el entonces procurador General de la República, Alberto Elías Beltrán, ya que por ser un trámite de extradición corresponde a la Fiscalía federal llevarlo a cabo, aunque la carpeta de investigación del caso es de la Fiscalía de Veracruz. El trámite comenzó desde 2018.

La indagatoria se sustenta en seis denuncias oficiales que interpuso el DIF estatal concluido el sexenio de Duarte, y en donde se identifica a 10 exfuncionarios como posibles implicados (entre ellos el exdiputado federal del PRI Antonio Tarek Abdalá quien sigue libre), sin que Macías aparezca en esa lista.

Estos contratos presuntamente simulados fueron para la compra de diversos productos, entre ellos equipo médico, sistemas de purificación de agua, paquetes escolares, entre otros, que nunca fueron entregados a la población beneficiaria.

Cabe recordar que Karime Macías fue liberada el pasado 5 de noviembre en Londres tras cubrir el pago de una fianza de 150 mil libras esterlinas. A partir de ese momento comenzó a correr un plazo de 30 días naturales para que México presente la solicitud formal de extradición, y corresponderá a la justicia británica decidir si la autoriza o la rechaza.

A continuación, se detallan puntos y evidencias clave de la orden de aprehensión en contra de Karime Macías:

Las seis denuncias

De acuerdo con los documentos judiciales, la investigación contra Karime Macías inició a partir de seis denuncias penales presentadas en marzo de 2017 por el DIF de Veracruz, relacionadas con posibles contratos simulados que firmó dicho instituto con seis empresas, entre 2010 y 2012. Se trató de una denuncia por cada empresa.

Las empresas señaladas en las denuncias fueron: Pefraco SA de CV; Abastecedora Romcru SA de CV; Centro de Recursos de Negocios CERENE SA de CV; Ravsan Servicios Múltiples SA de CV; Grupo Balcano SA de CV; y Anzara SA de CV.

Todas estas empresas han sido identificadas como compañías que simulan las operaciones que facturan, es decir: empresas fantasma. Las seis compañías forman parte de la red empresarial que Animal Político reveló por primera vez en mayo de 2016, y a través de la cual se desviaron cientos de millones de pesos en el sexenio de Duarte.

En las denuncias interpuestas se identificaron a una decena de funcionarios como los probables responsables de estas anomalías, por el cargo que desempeñaban en el periodo que se realizaron los contratos. En la lista no aparece Karime Macías.

Quienes sí figuran en la lista son Juan Antonio Nemi Dib, director del DIF en ese periodo; Antonio Tarek Abdalá Saad, quien era director de Finanzas y Administración; Astrid Elías Mansur, directora de Atención a Población Vulnerable; Miguel Ángel Ortíz Romero, quien también fue director de Finanzas; Joaquín Flores Castro, subdirector de Recursos Materiales; Emilia Yasbé Asamar Hernández, subdirectora de Recursos Financieros.

También aparece Víctor Manuel Carrizo Yoval, exjefe de Departamento de Almacén e Inventarios; Julián Rubín Sandoval, quien también fuera Director de Atención a Población Vulnerable; Pedro Manuel Solis García, director de Asuntos Jurídicos, y Laura Elena Vega Martínez, jefa del Departamento de Licitaciones.

Los contratos, pagos y facturas

En la orden de aprehensión se describen un total de 28 contratos entregados a las referidas empresas por el DIF y firmados por los funcionarios mencionados anteriormente. 

Los montos pagados, de acuerdo con las transacciones y facturas identificadas, se distribuyen así: seis contratos a Pefraco por los cuales recibió 29 millones 955 mil pesos; un contrato a Abastecedora Romcru por 3 millones 963 mil pesos; cinco contratos a CERENE por 18 millones 872 mil pesos; cinco contratos a la empresa Ravsan por 19 millones 308 mil pesos; seis contratos a la compañía Grupo Balcano por 20 millones 892 mil pesos; y cinco contratos a Anzara por los cuales se le transfirieron 20 millones 220 mil pesos.

Los contratos son por conceptos diversos que incluyen desde zapatos o vestimenta, hasta juguetes o despensas, diversos tipos de materiales, equipo médico, entre otros. En todos los casos y tras la revisión correspondiente, se encontró que no hay evidencia de que dichos productos fueran entregados. Los supuestos beneficiarios, y en algunos no hay pruebas de que ni siquiera hayan ingresado a los almacenes del DIF.

Destaca, por ejemplo, un contrato firmado el 7 de diciembre de 2011 entre el DIF estatal y la empresa CERENE para la adquisición de “Equipo médico para prevención y control de enfermedades” por un monto de 5 millones 928 mil 862 pesos. El contrato fue firmado por Tarek Abdalá, entonces director de Finanzas del instituto, entre otros funcionarios.

Pese a que dicho contrato fue pagado en dos transacciones bancarias, no existe registro ni siquiera de que el equipo médico haya entrado al almacén del DIF.

Otro ejemplo es el contrato entre el DIF con la empresa Ravsan, firmado el 22 de noviembre de 2011, para la adquisición de 59 mil pares de zapatos, y cuya firma también estuvo encabezada por Tarek Abdalá. De nueva cuenta los auditores no encontraron indicio de que dichos zapatos ingresaran al almacén del Instituto, y menos de que hubieran sido repartidos.

Tarek impune

Más de la mitad de los contratos señalados en la acusación contra Macías fueron firmados por Antonio Tarek Abdalá, entonces director de finanzas del DIF Estatal, de acuerdo con lo señalado en el documento firmado por el entonces procurador Elías Beltrán.

Animal Político ha documentado en diversos reportajes la participación de Tarek en los pagos a empresas fantasma, no solo desde el DIF sino de múltiples dependencias, luego de que asumiera el cargo de Tesorero de la entidad.

Por su parte la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado más de 40 denuncias penales ante el Ministerio Público de la Federación por el mal manejo de más de 50 mil millones de pesos de fondos federales en el gobierno de Duarte, y en las que se identifica como principal responsable al también exdiputado del PRI.

Pero Tarek Abdalá no ha sido detenido ni procesado. Esto ya que firmó un acuerdo con la entonces PGR (denominado técnicamente criterio de oportunidad) para que cesaran las acciones legales en su contra a cambio de declarar en contra de Javier Duarte, y de colaborar con las investigaciones.

Pese a lo anterior Tarek se ha negado en varias ocasiones a colaborar en los procesos e incluso promovió una demanda de amparo para que no se le citara a testificar en las audiencias judiciales, recurso que recientemente le fue negado.

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Zama: la joya del petróleo de México que se disputan Pemex y la estadounidense Talos Energy

El hallazgo de petróleo que hizo la empresa estadounidense Talos Energy fue el primero hecho por una empresa privada en territorio mexicano luego de la apertura del sector energético de 2013. Se trata de uno de los más grandes pozos petroleros y su control está en juego.
Getty Images
3 de octubre, 2019
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Es uno de los campos petroleros más ricos que se hayan descubierto en México en los últimos años, con un potencial inicial de extracción de más de 1,000 millones de barriles.

Está ubicado cerca de la costa de Tabasco, en el golfo de México y a relativa baja profundidad, y según las primeras exploraciones, se sabe que contiene crudo más ligero (el cual es más rentable) que el pesado que normalmente produce México.

Por sus características, es considerado entre los 10 yacimientos más grandes de la historia del país

Se trata del campo petrolero Zama, que algunos expertos consideran la “joya” del petróleo encontrada en tiempos en los que la industria petrolera en México está en declive.

Fue el primero descubierto por una empresa privada tras la reforma energética de 2013 que puso fin al monopolio de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) sobre los hidrocarburos.

“Es un campo que tiene un potencial petrolero muy importante. Es uno de los descubrimientos más importantes de los últimos años en el país”, dice a BBC Mundo el consultor Marco Cota.

“Es un tema que está en el número uno de la agenda petrolera de México“, añade el director de la firma Talanza Energy, y exdirector de Exploración y Extracción de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía.

Un barco perforador de pozos petroleros
Getty Images

Talos Energy realizó el hallazgo luego de invertir 250 millones de dólares en exploración y perforación con equipo especializado.

Y es que su control y operación está en el debate de los últimos días por los señalamientos de fuentes de Pemex a la agencia Reuters, divulgados en la prensa, que indican que el gobierno mexicano pretendería ser quien lo maneje, por encima de quien lo descubrió.

“Quitarle el control del proyecto sería un golpe simbólico al mayor cambio de política económica de México en décadas y podría enfriar aún más la inversión de las principales empresas de energía del mundo, dijeron ejecutivos petroleros y expertos”, indica el informe de Reuters reproducido por varios medios mexicanos.

El consorcio estadounidense Talos Energy posee parte de los derechos ya que es quien ganó el “bloque 7”, una de las regiones licitadas por el gobierno para que petroleras privadas las exploraran.

En agosto, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, dijo que el manejo de este campo estaría bajo negociación.

“Ese pozo colinda con otra parte que tiene Pemex, y la Secretaría de Energía ahora va a tener que hacer un estudio, porque no se han puesto de acuerdo quién va a ser el operador”, dijo la funcionaria.

Desde entonces se ha generado incertidumbre sobre las intenciones del gobierno sobre Zama.

El reporte de la agencia Reuters -que cita a fuentes con conocimiento de las negociaciones- han abierto el debate sobre quién manejará el yacimiento y hasta si Pemex pretende excluir a la empresa estadounidense.

Trabajadores petroleros en un pozo

Getty Images
La extracción y venta de petróleo era exclusiva de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) hasta 2013.

“Pareciera que Pemex en realidad quiere operar ese bloque. Decirle a Talos ‘gracias por participar, pero de aquí yo me encargo, y ya te daré los barriles que te corresponden’. Es muy importante”, explica Cota, al tiempo de enfatizar que aún no hay nada oficial.

Sin embargo, advierte: “sería una clara señal que el gobierno de manera autoritaria puede llegar y arrebatar a una empresa que ha invertido en un área”.

¿Cómo es el campo de Zama?

Las exploraciones de la “joya” en el “bloque 7” fueron llevadas a cabo por Talos Energy, firma asociada con la petrolera alemana Wintershall DEA (que compró la participación de Sierra Oil & Gas este año) y la británica Premier Oil.

Fue el primer hallazgo de petróleo de una compañía extranjera en ocho décadas, desde que en 1938 la industria de los hidrocarburos fue nacionalizada a favor de la empresa del Estado mexicano, Pemex.

Un mapa de la ubicación de Zama

BBC
Zama posee una ubicación y características extraordinariamente atractivas para la industria petrolera.

Se encuentra en aguas cercanas al puerto de Dos Bocas, Tabasco, el sitio en el que el gobierno de López Obrador construirá una refinería, lo que para analistas devela por qué es clave para el gobierno mexicano.

Desde la superficie del agua, la exploración llegó a 166 metros de profundidad hasta encontrar el lecho marino, lo cual ofrece ventajas al no tratarse de aguas profundas.

Aunque se estima que podrán extraerse 1,000 millones de barriles, hay potencial de que pueda duplicar esa cifra, según información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Pruebas indican que tiene crudo de 30 grados API, el cual es uno de los mejor cotizados en el mercado, a diferencia del pesado o mezclado con otros minerales que normalmente se encuentra en la región.

Una plataforma de Pemex

Getty Images
Zama se encuentra en la cuenca del sureste, la región más rica de petróleo que posee México.

Pero el yacimiento Zama-1 no solo está en el área del “bloque 7”, sino que colinda con otra superficie bajo el dominio de Pemex llamada Amoca-Yaxché 03.

Es en este último aspecto es en el que se centra la disputa.

“Unificación”

Como usualmente sucede cuando hay yacimientos que colindan entre campos petroleros controlados por dos compañías diferentes, tiene que darse una negociación de “unificación”.

Esto significa que las empresas deben determinar qué porcentaje del campo le corresponde a cada compañía, dividir los costos de operación y definir quién se encargará de ello, explica Cota.

“El acuerdo de unificación es lo que en este momento está temblando”, añade con base en la información que se ha difundido en los últimos días.

Una plataforma petrolera en el Golfo de México

Getty Images
Los acuerdos de “unificación” son comunes en la industria petrolera a la hora de operar pozos petroleros en regiones compartidas.

La agencia Reuters reportó el lunes que “Pemex quiere hacerse cargo del lucrativo proyecto”, según dos exfuncionarios del sector energético mexicano y dos ejecutivos de Pemex con conocimiento de las discusiones internas.

“Para ellos, no hay otro escenario”, dijo una de las fuentes.

BBC Mundo solicitó una entrevista a Pemex, pero no hubo respuesta hasta el momento de publicación de este artículo.

En tanto, Talos Energy anunció en un comunicado el mes pasado que, efectivamente, se encuentra en una negociación de “unificación”.

“Estamos totalmente preparados para ejecutar este proyecto, terminarlo, envolverlo y ponerlo en producción”, dijo a Reuters el director de Talos Energy, Timothy Duncan, pero rechazó referirse a las posibles intenciones de Pemex de hacerse del control de Zama.

¿Cuál es el problema?

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido crítico de la reforma energética de su predecesor, Enrique Peña Nieto, pues señala que es la “entrega” de los recursos del país a empresas extranjeras.

López Obrador y Rocío Nahle

Getty Images
El presidente López Obrador y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, han congelado las licitaciones de nuevos campos a empresas privadas.

“Les alcanzó para entregar solo el 20%, afortunadamente, del potencial petrolero del país… 107 contratos”, dijo en agosto pasado cuando fue cuestionado junto a la secretaria Nahle sobre Zama.

Ha asegurado que su gobierno respetará contratos ya firmados, pero desde su llegada al poder en diciembre de 2018 ha frenado más licitaciones de bloques petroleros.

Tanto Pemex como Talos Energy han firmado un acuerdo para definir la unificación hasta septiembre de 2020.

Analistas como Marco Cota dicen que, si bien se han respetado contratos, llevar la negociación de Zama al extremo legal de hacerse del control de las operaciones ahuyentará a los inversionistas extranjeros de México.

“Eso significaría que otra empresa, que explora en aguas profundas con la inversión de cientos de millones de dólares y realiza un muy buen descubrimiento, si por mala suerte va más allá de los límites de su área contractual, pues va a llegar el gobierno y se la va a quitar”, advierte.

“Sería algo que daría una muy mala señal a todo el sector petrolero”.


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