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Niñez interrumpida: la realidad de los matrimonios forzados en Veracruz

Los matrimonios arreglados por los padres y madres a cambio de la entrega de una dote, ya sea en recursos o en especies, existen en varias comunidades indígenas del estado de Veracruz. 
Por Ana Alicia Osorio/Testigo Púrpura*
4 de noviembre, 2019
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“Yo lloraba”, dice Juana una y otra vez al recordar el día de su boda. Una boda que sus papás y la familia de su ahora esposo arreglaron cuando ella apenas tenía 12 años, sin tomar en cuenta su opinión y a cambio de un cochino. Su papá le advirtió que no podía oponerse, pese a que su futuro marido era un completo extraño para ella: solo lo había visto una vez en su vida.

Desde entonces ella vive en un matrimonio forzado, como más de 523 mil mujeres en México según estima el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, aunque las cifras varían entre distintas instituciones, en un reflejo de lo complejo que es medir este fenómeno.

El matrimonio forzado que vive Juana, a quien se le cambió el nombre para proteger su identidad, tiene una pena de entre 4 y 10 años de prisión y es considerado una forma de trata de personas según la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

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Pero ella no lo sabe, como muchas de las mujeres que viven una situación similar. 

Por eso Juana, que ahora tiene 33 años, aún vive con su marido. Ya han pasado más de 20 años desde que su ahora esposo llegó a la comunidad popoluca de la Sierra de Soteapan, al sur del estado de Veracruz, a pedirla en matrimonio.

Juana no hablaba español, su esposo no hablaba popoluca. Pero eso no le importó a las familias, quienes consideraron que debía seguirse la tradición de la forma en que se pactan las bodas en su comunidad, y planearon una fiesta de tres días tras acordar que el novio debía entregar un cochino a la familia de ella. Así se hizo. 

“Yo lloraba, le digo (decía) ´yo no quiero ir allá (a la casa que compartiría con su esposo), es que allá no tengo familia, allá con quién voy a platicar y yo que no sé hablar en español  (…) dice mi papá aquí mando yo, aquí las chamacas no escogen su novio, aquí ir cuando el chamaco ya llegó y tú ir”, cuenta Juana sentada afuera de la casa de madera que comparte con sus esposo y parte de sus siete hijos, en un español aún confuso. 

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La directora General del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas (IVAIS), Xóchitl Molina González, aseguró que los matrimonios arreglados por los padres y madres a cambio de la entrega de una dote, ya sea en recursos o en especies, existen en varias comunidades indígenas del estado de Veracruz. 

Sostuvo que una de las problemáticas que enfrentan es que las personas no lo identifican como un delito ni como algo que no debiera suceder, debido a la educación machista que aún persiste. 

Matrimonios sin registro

El primer día de la boda de Juana, la familia de su ahora esposo llegó con una caja de refrescos y una de cerveza para brindar. Así marca la tradición en su pueblo. 

El segundo los invitados comieron y rieron. El tercero sentaron a los dos novios en medio del patio, donde las personas mayores les dieron consejos para su matrimonio y después caminaron con ellos hacia donde vivirían. 

La boda de Juana, según la costumbre en la región, no pasó por el Registro Civil ni está legalizada ante ninguna institución; es decir, ella vive en concubinato. 

Ivonne Piedras, directora de organización y campañas de Save The Children México, afirmó que la  mayor parte de las uniones donde hay menores de edad involucradas son informales; sin embargo esa problemática no ha sido atendida. 

En Veracruz y en todo México el matrimonio antes de los dieciocho años está prohibido desde el año 2018; pero el Fondo de Población de Naciones Unidas en su programa sobre matrimonio infantil advirtió que la prohibición legal es insuficiente para desaparecer estas prácticas, por lo que es necesario implementar otras medidas, especialmente para aquellos casos donde los padres ven el casamiento de sus hijas como una fuente de ingresos. 

Además, señala que son necesarias acciones para casos como el de Juana, donde ya hubo una unión. 

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Falta de detección

A unos cuantos metros de la casa de Juana, Martín observa pasar a las jóvenes que salen de la secundaria y caminan por la calle principal del pueblo. 

Allí, lamenta que no todas sigan la tradición popoluca y que conozcan a sus novios por redes sociales antes de que el “embajador” llegue a preguntar por su estado civil. 

Recuerda hace 19 años cuando vio a su ahora esposa cerca de la cancha de futbol y ella le sonrió.

Aunque nunca habían hablado, decidió que quería casarse con la  joven de 15 años, contactó a su familia y envió a una persona mayor (conocida como embajador) a preguntarle a los papás de ella si tenía compromiso. Así se cerró el trato y ahora están casados. 

Mientras ve a su esposa y a su nuera, con un vestido satinado y de colores brillantes tradicional de la zona, cuenta que la historia de su hijo es muy similar, aunque él lleva solo dos años casado. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su informe Prevención del Matrimonio Temprano de Niñas, Niños y Adolescentes, señala que la práctica cultural de los “arreglos” nupciales de menores de edad violenta sus derechos, pero es muy común principalmente en casos de niñas y adolescentes indígenas. Martín no lo percibe así. 

Aunque las estimaciones son altas, la Fiscalía General del Estado de Veracruz y el Instituto Veracruzano de las Mujeres no han identificado  en los últimos cinco años a ninguna mujer que haya sido víctima de este tipo de matrimonios forzados, que por ley son considerados trata de personas, según las respuestas a las solicitudes de información enviadas por este medio.

Sin embargo, a pesar de que estas instituciones no lo tengan registrado y no hayan tomado acciones, el Gobierno del Estado sí identificó un caso durante este año. 

La directora General del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas (IVAIS) señaló que el caso ocurrió en la zona norte del estado de Veracruz , donde una joven que acababa de cumplir los 18 años llegó a pedir ayuda. 

“Una niña, una joven, fue entregada, sufrió mucho maltrato. Tuvo un hijo y cuando es así por dote pues la tienen como mandadera, a las órdenes de la persona. La jovencita ya tuvo la mayoría de edad y acudió con nosotros, pero tenía un bebé de cuatro meses, entonces ella huye, nosotros la refugiamos”, contó. 

Explicó que lograron separarla del esposo y que se fuera con otros familiares. Su caso no está registrado por las dependencias que debieron ayudarla. 

Mónica Salazar, directora de la ONG especializada en trata Dignificando el Trabajo (DITRAC), sostuvo que es necesario capacitar a las autoridades para que conozcan cómo actuar y detectar matrimonios forzados y trata de personas. 

“Muchos de los casos de violencia que están en México contabilizados como casos 

de violencia contra las mujeres partirían de una situación de matrimonio forzado”, sentenció. 

Sin estudios ni dinero 

Soteapan es un municipio enclavado en la sierra donde el 89.3 por ciento de las personas viven en pobreza, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Socia (Coneval). Desde allí es donde Juana cuenta su historia. 

“Mi papá no me dio estudio. Mi papá dijo que a las niñas no les voy a dar estudio porque luego nada más encuentran macho allá en la escuela“, contó Juana sobre por qué no pudo terminar la primaria. 

Si su papá no le permitió estudiar, menos pudo hacerlo después de estar casada. Sobre todo porque a los 15 años ya se había convertido en madre. 

Ahora Juana tiene siete hijos (y tuvo otro que murió) y narra entre risas que el número podría aumentar porque aún no se ha operado para evitarlo. 

Se dedica al hogar, a mantener limpia la ropa y cocer el maíz, tal y como le recomendaron el día de su boda. 

La directora de organización y campañas de Save The Children señaló que algunas de las consecuencias que dejan los matrimonios infantiles son justamente que las mujeres abandonan la escuela, tienen hijos muy jóvenes y viven en condiciones de pobreza. 

“Las profundas desigualdades de género siguen haciendo que la sociedad vea normal que una adolescente esté unida o casada y todo el tiempo en el proceso de crecimiento nos están recordando que el mejor papel que podemos desempeñar como mujeres es ser madre o esposa”, afirmó. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) establece que los gobiernos de los países deben asegurar que las mujeres tengan derecho de elegir libremente a sus cónyuges así como los mismos derechos y responsabilidades en el matrimonio; pero además pide que se tomen medidas especiales para evitar el matrimonio de menores de edad. 

México no es un caso aislado. A nivel mundial, los matrimonios forzados también son un fenómeno que preocupa. Según un informe elaborado por la Oficina Internacional del Trabajo y la ONG Walk Free Fundation 15.4 millones de personas en el mundo viven en un matrimonio forzoso, de las cuales 88 por ciento son mujeres y 37 por ciento se casaron antes de los 18 años. 

¿La salida? 

Según la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, Juana y todas las otras víctimas de estos delitos debieran tener alojamiento, atención médica y acceso a la educación, entre muchos otros derechos. 

Sin embargo, Juana no piensa en pedir ayuda o en salir de allí, pues para ella ha sido cotidiano los matrimonios como el suyo. Así vio casarse a sus hermanas y primas y así fue como ella negoció el matrimonio de su hijo mayor a cambio de un toro. 

Además, según contó, considera haber tenido suerte, pues ella no es parte de las estadísticas de violencia física como lo son muchas de sus conocidas.

“Gracias a Dios que nunca me golpean como a las otras señoras que dicen que les pegan, les maltratan. Yo no, no somos casados por el civil, estoy en unión libre pero no tenemos problemas, nunca peleamos y nunca nos agarramos a golpes”, narró sonriente. 

*Este reportaje fue realizado con apoyo de la Fundación Thomson Reuters.

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Getty Images

Nightingale de Google: el escandaloso proyecto que le permitió acceder al historial médico de millones

Google acaba de cerrar un trato con una enorme empresa de salud en Estados Unidos, Ascension, gracias al cual tuvo acceso al historial clínico de millones de pacientes de hospitales del país.
Getty Images
12 de noviembre, 2019
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Google ha ganado acceso a una cantidad masiva de datos en Estados Unidos gracias a un acuerdo con una gran empresa de servicios sanitarios.

Se trata de la compañía Ascension, que gestiona 2,600 hospitales en el país.

Gracias al proyecto Nightingale (que significa ruiseñor en inglés), Google tiene acceso a historiales clínicos, nombres y direcciones sin necesidad de haber consultado a los pacientes, según informó el diario estadounidense The Wall Street Journal, el primer medio en dar la noticia.

El gigante tecnológico dijo que esa es “la práctica habitual”.

Entre los datos a los que Google tiene acceso, según el acuerdo, también hay resultados de pruebas de laboratorio, registros de hospitalización y fechas de nacimiento.

Ni a los médicos ni a los pacientes se les informó de que Google puede ver esa información.

El informe de The Wall Street Journal señala que la empresa comenzó a tener acceso a esos datos el año pasado y que se amplió durante el verano.

Google señaló en su página web que su trabajo con Ascension se adheriría a todas las regulaciones de la industria, como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud en Estados Unidos, de 1996, también conocida por sus siglas en inglés, HIPAA.

“Para ser claros… los datos de los pacientes no se pueden combinar -ni se combinarán- con ningún dato de consumo de Google”, añadió la compañía.

Cirujana con una tableta

Getty Images
Ni los pacientes ni los médicos fueron informados.

Ascension dijo que el trato le ayudaría a “optimizar” el cuidado de los pacientes e incluiría el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para ayudar a los médicos.

La compañía de servicios de salud también dijo que comenzaría usando los servicios de almacenamiento en la nube de Google y aplicaciones empresariales como G Suite.

Preocupaciones sobre la privacidad

Sin embargo, el proyecto Nightingale ya ha despertado críticas por parte de quienes argumentan que les quita control a los pacientes sobre sus propios datos.

“Hay un enorme problema en que estas asociaciones público-privadas se hagan todas bajo contratos privados, de manera que es bastante difícil obtener algo de transparencia“, le dijo a la BBC Jane Kaye, directora del Centro de Derecho, Salud y Tecnologías Emergentes (HeLEX) de la Universidad de Oxford, en Reino Unido.

“Google dice que no los vincularán con otros datos, pero lo que hacen todo el tiempo es refinar sus algoritmos, perfeccionar lo que hacen y ganar una mayor ventaja comercial”.

Las organizaciones sanitarias están cada vez bajo más presiones para mejorar la eficiencia y la calidad de los cuidados a los pacientes.

Muchas de ellas están valorando el uso de la inteligencia artificial en un esfuerzo por mejorar sus servicios, pero a veces estas acciones despiertan críticas negativas sobre cómo se manejan los datos de los pacientes.

En Reino Unido, la filial de Google para el desarrollo de inteligencia artificial, DeepMind, infringió la ley cuando no pudo explicar a los pacientes cómo usarían sus datos para crear una aplicación sobre una enfermedad renal.

La herramienta, llamada Streams, fue diseñada para resaltar qué pacientes tienen más riesgo de desarrollar una enfermedad renal aguda.


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