Niñez interrumpida: la realidad de los matrimonios forzados en Veracruz
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Niñez interrumpida: la realidad de los matrimonios forzados en Veracruz

Los matrimonios arreglados por los padres y madres a cambio de la entrega de una dote, ya sea en recursos o en especies, existen en varias comunidades indígenas del estado de Veracruz. 
Por Ana Alicia Osorio/Testigo Púrpura*
4 de noviembre, 2019
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“Yo lloraba”, dice Juana una y otra vez al recordar el día de su boda. Una boda que sus papás y la familia de su ahora esposo arreglaron cuando ella apenas tenía 12 años, sin tomar en cuenta su opinión y a cambio de un cochino. Su papá le advirtió que no podía oponerse, pese a que su futuro marido era un completo extraño para ella: solo lo había visto una vez en su vida.

Desde entonces ella vive en un matrimonio forzado, como más de 523 mil mujeres en México según estima el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, aunque las cifras varían entre distintas instituciones, en un reflejo de lo complejo que es medir este fenómeno.

El matrimonio forzado que vive Juana, a quien se le cambió el nombre para proteger su identidad, tiene una pena de entre 4 y 10 años de prisión y es considerado una forma de trata de personas según la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

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Pero ella no lo sabe, como muchas de las mujeres que viven una situación similar. 

Por eso Juana, que ahora tiene 33 años, aún vive con su marido. Ya han pasado más de 20 años desde que su ahora esposo llegó a la comunidad popoluca de la Sierra de Soteapan, al sur del estado de Veracruz, a pedirla en matrimonio.

Juana no hablaba español, su esposo no hablaba popoluca. Pero eso no le importó a las familias, quienes consideraron que debía seguirse la tradición de la forma en que se pactan las bodas en su comunidad, y planearon una fiesta de tres días tras acordar que el novio debía entregar un cochino a la familia de ella. Así se hizo. 

“Yo lloraba, le digo (decía) ´yo no quiero ir allá (a la casa que compartiría con su esposo), es que allá no tengo familia, allá con quién voy a platicar y yo que no sé hablar en español  (…) dice mi papá aquí mando yo, aquí las chamacas no escogen su novio, aquí ir cuando el chamaco ya llegó y tú ir”, cuenta Juana sentada afuera de la casa de madera que comparte con sus esposo y parte de sus siete hijos, en un español aún confuso. 

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La directora General del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas (IVAIS), Xóchitl Molina González, aseguró que los matrimonios arreglados por los padres y madres a cambio de la entrega de una dote, ya sea en recursos o en especies, existen en varias comunidades indígenas del estado de Veracruz. 

Sostuvo que una de las problemáticas que enfrentan es que las personas no lo identifican como un delito ni como algo que no debiera suceder, debido a la educación machista que aún persiste. 

Matrimonios sin registro

El primer día de la boda de Juana, la familia de su ahora esposo llegó con una caja de refrescos y una de cerveza para brindar. Así marca la tradición en su pueblo. 

El segundo los invitados comieron y rieron. El tercero sentaron a los dos novios en medio del patio, donde las personas mayores les dieron consejos para su matrimonio y después caminaron con ellos hacia donde vivirían. 

La boda de Juana, según la costumbre en la región, no pasó por el Registro Civil ni está legalizada ante ninguna institución; es decir, ella vive en concubinato. 

Ivonne Piedras, directora de organización y campañas de Save The Children México, afirmó que la  mayor parte de las uniones donde hay menores de edad involucradas son informales; sin embargo esa problemática no ha sido atendida. 

En Veracruz y en todo México el matrimonio antes de los dieciocho años está prohibido desde el año 2018; pero el Fondo de Población de Naciones Unidas en su programa sobre matrimonio infantil advirtió que la prohibición legal es insuficiente para desaparecer estas prácticas, por lo que es necesario implementar otras medidas, especialmente para aquellos casos donde los padres ven el casamiento de sus hijas como una fuente de ingresos. 

Además, señala que son necesarias acciones para casos como el de Juana, donde ya hubo una unión. 

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Falta de detección

A unos cuantos metros de la casa de Juana, Martín observa pasar a las jóvenes que salen de la secundaria y caminan por la calle principal del pueblo. 

Allí, lamenta que no todas sigan la tradición popoluca y que conozcan a sus novios por redes sociales antes de que el “embajador” llegue a preguntar por su estado civil. 

Recuerda hace 19 años cuando vio a su ahora esposa cerca de la cancha de futbol y ella le sonrió.

Aunque nunca habían hablado, decidió que quería casarse con la  joven de 15 años, contactó a su familia y envió a una persona mayor (conocida como embajador) a preguntarle a los papás de ella si tenía compromiso. Así se cerró el trato y ahora están casados. 

Mientras ve a su esposa y a su nuera, con un vestido satinado y de colores brillantes tradicional de la zona, cuenta que la historia de su hijo es muy similar, aunque él lleva solo dos años casado. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su informe Prevención del Matrimonio Temprano de Niñas, Niños y Adolescentes, señala que la práctica cultural de los “arreglos” nupciales de menores de edad violenta sus derechos, pero es muy común principalmente en casos de niñas y adolescentes indígenas. Martín no lo percibe así. 

Aunque las estimaciones son altas, la Fiscalía General del Estado de Veracruz y el Instituto Veracruzano de las Mujeres no han identificado  en los últimos cinco años a ninguna mujer que haya sido víctima de este tipo de matrimonios forzados, que por ley son considerados trata de personas, según las respuestas a las solicitudes de información enviadas por este medio.

Sin embargo, a pesar de que estas instituciones no lo tengan registrado y no hayan tomado acciones, el Gobierno del Estado sí identificó un caso durante este año. 

La directora General del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas (IVAIS) señaló que el caso ocurrió en la zona norte del estado de Veracruz , donde una joven que acababa de cumplir los 18 años llegó a pedir ayuda. 

“Una niña, una joven, fue entregada, sufrió mucho maltrato. Tuvo un hijo y cuando es así por dote pues la tienen como mandadera, a las órdenes de la persona. La jovencita ya tuvo la mayoría de edad y acudió con nosotros, pero tenía un bebé de cuatro meses, entonces ella huye, nosotros la refugiamos”, contó. 

Explicó que lograron separarla del esposo y que se fuera con otros familiares. Su caso no está registrado por las dependencias que debieron ayudarla. 

Mónica Salazar, directora de la ONG especializada en trata Dignificando el Trabajo (DITRAC), sostuvo que es necesario capacitar a las autoridades para que conozcan cómo actuar y detectar matrimonios forzados y trata de personas. 

“Muchos de los casos de violencia que están en México contabilizados como casos 

de violencia contra las mujeres partirían de una situación de matrimonio forzado”, sentenció. 

Sin estudios ni dinero 

Soteapan es un municipio enclavado en la sierra donde el 89.3 por ciento de las personas viven en pobreza, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Socia (Coneval). Desde allí es donde Juana cuenta su historia. 

“Mi papá no me dio estudio. Mi papá dijo que a las niñas no les voy a dar estudio porque luego nada más encuentran macho allá en la escuela“, contó Juana sobre por qué no pudo terminar la primaria. 

Si su papá no le permitió estudiar, menos pudo hacerlo después de estar casada. Sobre todo porque a los 15 años ya se había convertido en madre. 

Ahora Juana tiene siete hijos (y tuvo otro que murió) y narra entre risas que el número podría aumentar porque aún no se ha operado para evitarlo. 

Se dedica al hogar, a mantener limpia la ropa y cocer el maíz, tal y como le recomendaron el día de su boda. 

La directora de organización y campañas de Save The Children señaló que algunas de las consecuencias que dejan los matrimonios infantiles son justamente que las mujeres abandonan la escuela, tienen hijos muy jóvenes y viven en condiciones de pobreza. 

“Las profundas desigualdades de género siguen haciendo que la sociedad vea normal que una adolescente esté unida o casada y todo el tiempo en el proceso de crecimiento nos están recordando que el mejor papel que podemos desempeñar como mujeres es ser madre o esposa”, afirmó. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) establece que los gobiernos de los países deben asegurar que las mujeres tengan derecho de elegir libremente a sus cónyuges así como los mismos derechos y responsabilidades en el matrimonio; pero además pide que se tomen medidas especiales para evitar el matrimonio de menores de edad. 

México no es un caso aislado. A nivel mundial, los matrimonios forzados también son un fenómeno que preocupa. Según un informe elaborado por la Oficina Internacional del Trabajo y la ONG Walk Free Fundation 15.4 millones de personas en el mundo viven en un matrimonio forzoso, de las cuales 88 por ciento son mujeres y 37 por ciento se casaron antes de los 18 años. 

¿La salida? 

Según la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, Juana y todas las otras víctimas de estos delitos debieran tener alojamiento, atención médica y acceso a la educación, entre muchos otros derechos. 

Sin embargo, Juana no piensa en pedir ayuda o en salir de allí, pues para ella ha sido cotidiano los matrimonios como el suyo. Así vio casarse a sus hermanas y primas y así fue como ella negoció el matrimonio de su hijo mayor a cambio de un toro. 

Además, según contó, considera haber tenido suerte, pues ella no es parte de las estadísticas de violencia física como lo son muchas de sus conocidas.

“Gracias a Dios que nunca me golpean como a las otras señoras que dicen que les pegan, les maltratan. Yo no, no somos casados por el civil, estoy en unión libre pero no tenemos problemas, nunca peleamos y nunca nos agarramos a golpes”, narró sonriente. 

*Este reportaje fue realizado con apoyo de la Fundación Thomson Reuters.

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Vacunas COVID: A qué se debe el secretismo que rodea los contratos entre los gobiernos y las farmacéuticas

Los detalles de los contratos entre algunas grandes farmacéuticas y los gobiernos son confidenciales, lo que ha provocado críticas y sospechas.
28 de enero, 2021
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El mundo entero se disputa una plaza para recibir la vacuna contra el coronavirus, un bien todavía demasiado escaso y producido por pocos laboratorios farmacéuticos.

Los gobiernos firman contratos con las compañías que han desarrollado esas vacunas en tiempo récord y, sin embargo, información crítica de esos acuerdos permanece oculta para el gran público debido a estrictas cláusulas de confidencialidad.

Cuánto cuestan o cómo se distribuirán son detalles que en la mayoría de los casos la ciudadanía desconoce, porque así lo exigen los acuerdos firmados.

En Perú, por ejemplo, las negociaciones entre el gobierno y la compañía Pfizer encallaron por este motivo. Y en Colombia el gobierno afirma que las cláusulas de confidencialidad le impiden ofrecer aún un cronograma claro de vacunación.

El problema es mundial.

En respuesta a una petición de información en el Parlamento Europeo a mediados de noviembre, la comisaria de Salud, Estela Kiriakides, afirmó: “Debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado, la Comisión está legalmente imposibilitada para desvelar la información que contienen estos contratos”.

Y la ministra belga de Presupuesto, Eva de Bleeker, tuvo que retirar poco después de publicarlo un mensaje en Twitter en el que recogía la lista de precios de los laboratorios con los que había negociado la UE.

A las quejas por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por algunos fabricantes de vacunas, se suman ahora las de las voces que exigen mayor transparencia en un asunto de salud pública vital.

Y la polémica sigue subiendo de tono, sobre todo en la Unión Europea (UE), enojada después de que los laboratorios Pfizer y AstraZeneca le comunicaran que no estarán en condiciones de suministrar al bloque la cantidad de dosis iniciales acordadas.

Ello ha llevado a que, según fuentes de la UE citadas por la agencia Reuters, desde Bruselas se les exija a las farmacéuticas que hagan públicos los términos de los contratos y amenace con controlar las exportaciones de las vacunas producidas en Europa.

¿Por qué tanto secreto?

Una práctica habitual

Según Jonathan García, experto en salud pública en la Universidad de Harvard, en EE.UU., “esto no es nada nuevo; es frecuente que en los contratos entre los sistemas de salud de los países y las farmacéuticas se incluyan cláusulas de confidencialidad”.

“Los laboratorios buscan fraccionar el mercado para poder negociar precios distintos con los distintos países”, añade.

Esto les permite negociar con los países en función de sus recursos, ofreciéndoles precios más bajos a los países pobres o en desarrollo y exigiendo cantidades más altas a los más ricos.

La compañía AstraZeneca ha revelado que la vacuna que ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Oxford tendrá un coste aproximado de entre 3 y 4 dólares por dosis (se requieren dos). Pero el suyo es por ahora un caso excepcional.

Además de los precios, se mantienen muchas veces en secreto la información relativa a la producción y logística, y las conocidas como cláusulas de responsabilidad.

En ellas se estipulan límites a la responsabilidad de los laboratorios en el caso de posibles efectos adversos de los medicamentos y se indica que si hay diferencias no las resolverán los tribunales nacionales, sino unas cortes especiales de arbitraje internacional.

Vacuna de Pfizer.

Reuters
Pfizer es una de las compañías señaladas por la exigencia de confidencialidad en los contratos.

Las voces que reclaman mayor transparencia alertan de que la urgencia por el desarrollo de una vacuna para una enfermedad que se ha cobrado ya más de dos millones de vidas en todo el mundo ha podido llevar a los gobiernos a aceptar limitaciones de responsabilidad aún mayores.

En la Estrategia para la Adquisición de Vacunas que hizo pública la Comisión Europea se decía que “la responsabilidad por el desarrollo y el uso de la vacuna, incluida cualquier indemnización específica requerida, recaerá sobre los Estados miembros que la adquieran”.

El caso de Perú

Un país de América Latina, Perú, se ha convertido en ejemplo destacado de los problemas que acarrea esta limitación de responsabilidad para las farmacéuticas.

Las negociaciones del gobierno peruano con la compañía Pfizer para la adquisición de la vacuna no cuajaron porque, según dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, “se identificaron algunas cláusulas que requerían un análisis más profundo para determinar la compatibilidad con las leyes peruanas y los alcances que puede asumir el Estado”.

BBC Mundo trató de contactar con Pfizer, pero no obtuvo respuesta.

La falta de acuerdo con Pfizer llevó a las autoridades peruanas a buscar otras opciones, como la vacuna del fabricante chino Sinopharm.

Mujer recibe la vacuna en Hungría.

EPA
El ritmo al que avanza la vacunación varía según los países.

Al contrario de lo que sucede en otros países de la región, como Argentina o Chile, la vacunación no ha comenzado aún en Perú y las autoridades no han podido ofrecer un cronograma seguro.

En Colombia, el gobierno ha sido objeto de fuertes críticas por no haber comenzado aún a vacunar a la gente y haber aludido a las cláusulas de confidencialidad para justificar por qué no podía ofrecer aún una fecha para comenzar a hacerlo.

La confidencialidad en los contratos, sin embargo, cuenta con defensores, con base, sobre todo, en los llamados “subsidios cruzados”. Al poder cobrarles más a los países ricos, los laboratorios se ven en condiciones de ofrecer precios asequibles a los países con menos recursos.

El economista David Bardey señala en conversación con BBC Mundo que si hubiera transparencia en los precios de los medicamentos, “sería más complicado para los laboratorios cobrar precios más altos a los países más ricos si estos pueden observar precios menores para otros países”.

“Si queremos que los países más desarrollados paguen más, es mejor que los precios no sean públicos“, indica el experto, que alerta además de que los países más avanzados están adquiriendo muchas más dosis de las que necesitan porque “sus gobiernos tienen una gran presión de su opinión pública y eso los está empujando a una especie de nacionalismo sanitario”.

Se suele aludir también al derecho que tienen las compañías a obtener un beneficio de las grandes inversiones que hacen en investigación.

Y un tercer factor son los derechos de propiedad intelectual. Un experto español en salud pública que prefirió no dar su nombre resume el papel que, a su juicio, están jugando los grandes laboratorios occidentales: “Están defendiendo su patente para evitar que otros la fabriquen en la India y se las vendan a menor coste a los países pobres”.

Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

EPA
Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se enfrenta al problema de hacer que las farmacéuticas cumplan sus compromisos.

Jonathan García cree que los argumentos a favor de la transparencia ganan valor en el contexto de la pandemia.

“Estamos hablando de una emergencia sanitaria global, de algo que sucede cada 100 años, ante lo que uno esperaría que el sistema utilizara mecanismos mucho más transparentes y buscara un esquema más cooperativo. En cambio vemos que se sigue buscando un mercado monopólico y mantener ventajas en los precios”.

Las diferencias en el acceso a las vacunas han llevado al mundo a un riesgo de “fracaso moral catastrófico”, como definió el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el hecho de que los países más necesitados vayan a tener que esperar años para inmunizar a su población.

La historia de las epidemias muestra que no sería la primera vez. Ya sucedió con la poliomielitis y la viruela, enfermedades erradicadas mucho antes en los países más avanzados.

O con el VIH, que todavía diezma a muchas poblaciones africanas cuando los pacientes en el llamado primer mundo han visto prolongada significativamente su esperanza de vida gracias al desarrollo de los tratamientos antirretrovirales.

“Los medicamentos están disponibles; el problema son los costos”, indica García.

Y los países de renta media, como la mayoría de los de América Latina, no pueden permitirse al negociar con los laboratorios la actitud exigente mostrada por la Unión Europea, un bloque formado por 27 estados entre los más prósperos del mundo.

*Con información adicional de Martín Riepl en Lima y Carlos Serrano en Miami.


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