Belem, una mujer de 23 años, murió sola debajo de un puente en la Ciudad de México. Sufría depresión después de que la separaron de su hijo al nacer. Nunca recibió apoyos del gobierno para atender su salud mental ni para superar su situación de pobreza.
Comenzó a vivir en la calle a los 16 años, y antes de eso estuvo en una casa hogar por ocho años. Nadie pudo contactar a su familia cuando falleció, porque nunca quiso hablar de su pasado. Debido a que nadie pudo reclamar su cuerpo, fue sepultada en la fosa común.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Belem pasó toda su vida sin protección del Estado mexicano, y no hubo institución que garantizara su derecho a la vida, a la salud y a tener una vivienda. Su caso no es excepcional, aunque no hay registros oficiales del número de mujeres que viven en las calles, sus muertes y sus causas, ya que ninguna autoridad las identifica.
El ‘Diagnóstico sobre las condiciones de vida, el ejercicio de los derechos humanos y las políticas públicas disponibles para mujeres que constituyen la población callejera 2019’, señala que en urbes como la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Tijuana, este grupo de población vive situaciones de discriminación, violencia física, psicológica y la negación de servicios educativos y de salud.
Vidas cortas y sin derechos
Desde niña, Martha Verónica ha vivido en la calle, en la Plaza de la Soledad, en la Ciudad de México, junto a sus padres. Fue mamá a los quince años y ahora que su hijo cumplió cuatro decidió tramitar sus documentos de identidad, para poder inscribirlo en un jardín de niños.
Sin embargo, el proceso para tramitar sus documentos no fue sencillo, ni ágil, ni gratuito. Tardó tres meses en hacer las gestiones y tuvo que pagar casi dos mil pesos para obtener su acta de nacimiento. Con ella podrá tramitar su credencial de elector, registrar a su hijo e ingresar a la escuela. Su caso tampoco es único.
De acuerdo con el informe de la CNDH, uno de los principales derechos que las mujeres integrantes de poblaciones callejeras que no pueden ejercer es el de la identidad, pues al menos una de cada cuatro no cuenta con acta de nacimiento, CURP y/o credencial de elector.
Esta falta de documentos impacta en el ejercicio de otros derechos, como el acceso a servicios de salud, educación, registro de sus hijos, albergues, justicia, al trabajo o los beneficios de programas sociales, como señalan los testimonios recopilados por el organismo.
Según el análisis de la CNDH, el derecho a la vida, que implica garantizar todos los derechos posibles, suele ser el más vulnerado de las mujeres integrantes de poblaciones callejeras, cuya esperanza de vida es de 28 años, cuando para el resto de las personas del sexo femenino del país es de 79 años.
La vida de las mujeres en la calle se acorta por situaciones prevenibles, como la deficiencia en la atención en salud o la negación de servicios, por ello la Comisión recomendó a los gobiernos locales y federal a registrar la situación socioeconómica de la población callejera para obtener un diagnóstico general y reforzar las acciones a favor de esta.
“Malas mujeres”
Las mujeres que viven en las calles enfrentan una doble discriminación, por no tener hogar y por no cumplir con los estereotipos de género del trabajo doméstico o la crianza de hijos en espacios privados, por lo que, según la investigación de la CNDH son señaladas como malas mujeres, “adictas empedernidas, no aptas para ser madres, irresponsables, ignorantes y peligrosas”.
La Comisión documentó que esto se vio reflejado en la negación de servicios por parte de funcionarios públicos, principalmente en instituciones de salud, “pues son interpretadas como una causa perdida, o bien, que merecen ser castigadas”.
También constató que existió la separación de madres e hijos al momento de nacer, sin dar opciones a las mujeres para contar con condiciones para recuperarlos, y que vivieron amenazas y violencia psicológica por parte de autoridades.
“El retiro de infantes, así como la detención de las madres, o amenazas y violencia psicológica se han vuelto una práctica común bajo el supuesto de cumplir con funciones que realizan autoridades, encubren la discriminación y los estereotipos de género, porque la mujer es entendida como apta solo si cubre una serie de requerimientos morales y económicos”, explica el informe.
Pobreza y limpieza social
A través de encuestas, la CNDH encontró que los principales problemas que enfrentan las mujeres integrantes de poblaciones callejeras en la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Acapulco y Tijuana son la pobreza, la discriminación y las prácticas de limpieza social.
En la Ciudad de México, se han realizado diversas estrategias para retirar a las poblaciones callejeras de los espacios públicos, en el marco del Programa de Rescate de Espacios Públicos, de la visita del Papa o por la aplicación discrecional de la Ley de Cultura Cívica, señala la Comisión.
Las mujeres que viven en las calles de la capital mexicana, que representan el 27% de esta población, se encuentran en un estado de pobreza, y dos de cada 10 han sido víctimas de discriminación.
En Guadalajara, Jalisco, encontró registros de limpieza social en 2011, con motivo de la celebración de los Juegos Panamericanos, cuando se retiró a poblaciones callejeras del primer cuadro de la ciudad.
En Puebla, la CNDH explicó que la limpieza social se manifestó a través de programas sociales de mejoramiento del espacio y de promoción turística.
Para el caso de Tijuana, Baja California, registró que las políticas públicas para fomentar el turismo estuvieron acompañadas de estrategias de limpieza social, y se emplearon centros de rehabilitación de adicciones para “eliminar a los jóvenes, financiando escuadrones de la muerte”.
En Acapulco, Guerrero, la Comisión indicó que la implementación de programas turísticos y de mejora de espacios públicos desalojó a las poblaciones callejeras, a través de “patrullas ciudadanas”.
Aunado a estas situaciones, el organismo encontró que ninguno de estos estados, ni el gobierno federal, cuentan con programas sociales que atiendan a las mujeres de poblaciones callejeras, quienes se encuentran más vulnerables a sufrir abusos.
La CNDH concluyó de su análisis que el Estado no ha implementado acciones que propicien la inclusión social, política y económica de las personas que habitan en el espacio público, particularmente de las mujeres, con quienes se tiene pendiente la garantía de su derecho a la vivienda, entre otros.
Para la Comisión, es importante que las instituciones de todos los niveles de gobierno además reciban capacitación en materia de sensibilización para la atención de personas integrantes de poblaciones callejeras, para que no se cometan actos de discriminación y/o se restrinja el goce de sus derechos de acceder a servicios públicos.
También instó a que organizaciones no gubernamentales, empresas, autoridades y medios de comunicación “tomen medidas concertadas y coordinadas, para establecer un mecanismo con los recursos humanos y materiales suficientes para coordinar los distintos niveles de atención y garantizar el acceso a los servicios a las mujeres integrantes de poblaciones callejeras, para así garantizar que no mueran por causas prevenibles”.
