El proyecto de Peña Nieto para ampliar la cobertura de internet no generó competencia ni redujo tarifas
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El proyecto de Peña Nieto para ampliar la cobertura de internet no generó competencia ni redujo tarifas

A pesar de que Altán Redes ha sido beneficiada con préstamos millonarios de la banca gubernamental, el conglomerado de empresas se mueve en la opacidad. Especialistas advierten que el plan no ha llegado a zonas marginadas.
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20 de noviembre, 2019
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El proyecto más ambicioso del sexenio de Enrique Peña Nieto para ampliar la cobertura de internet y telefonía en el país, llamado Red Compartida, no logró acelerar la competencia en el sector de telecomunicaciones ni influyó para disminuir la brecha de conexión entre ricos y pobres, pese a que tuvo una inversión de 140 mil millones de pesos, un crédito con recursos públicos y la concesión de espectro radioeléctrico para uso comercial.

Modificar el proyecto que no dio resultados no es posible, pues cuenta con blindajes que dificultan su revocación. Por una parte, las condiciones establecidas en la Asociación Público Privada (APP) señalan que una terminación anticipada implicaría reembolsar gastos de inversión con recursos públicos, y, por la otra, se realizó en 2013 una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones para crear la condiciones para echarlo adelante.

Lee: CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, la primera empresa ‘creada’ por AMLO

Durante la administración anterior, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) explicó en un video que con la Red compartida de telecomunicaciones habría más competencia, se incrementaría la cobertura y los habitantes de zonas marginadas tendrían acceso a internet sin que el gobierno gastara en ello porque la inversión sería de privados. Supuestamente habría un ganar ganar. Incluso señaló que el costo por megabyte podría reducirse a la mitad en 2018.

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih) señala que hasta 2018 existían 29.9 millones de personas que no tenían acceso a este servicio, y de ellos, 4 de cada 10 indicaron que se debía a la falta de recursos para costearlo, mientras que sólo 2% manifestó no usarlo por falta de cobertura.

Si bien no hubo presupuesto etiquetado al proyecto, la banca de desarrollo pública —Banobras, Bancomext y Nafin— otorgó un crédito de 17 mil 750 millones de pesos de recursos públicos a pagar en 13 años para que Altán Redes, el consorcio ganador del proyecto, tuviera garantía de liquidez y pudiera echarlo a andar.

Para dimensionar el asunto, esa cifra es 16 veces mayor de lo que el actual gobierno destinará a Internet para Todos, proyecto que será operado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y equivale al presupuesto para 2020 del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que atiende a 180 mil alumnos de educación media y superior.

Aunque el presupuesto total del proyecto fue de 140 mil millones de pesos, y el crédito público significó sólo 13% del proyecto, el gobierno federal también entregó para su explotación comercial la frecuencia de 700 megahertz que se liberó con la transición a la televisión digital.

La marginación del siglo XXI

La meta es que este proyecto logre cobertura de conexión para 92% de la población en 2024, actualmente con las empresas operadores se tiene una cobertura de 88%, según el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Hasta 2018, Red Compartida cumplió la meta prevista de desplegar infraestructura para 30% de la población, pero esto no ha significado un beneficio para los usuarios porque no ha habido un incremento significativo de teléfonos celulares con internet ni conexiones en los hogares, toda vez que hasta el primer trimestre de 2019, México tenía 96 líneas móviles por cada 100 habitantes, mientras países como Chile o Argentina tienen 147 y 135, respectivamente.

Y aunque la finalidad fue incentivar la competencia, hasta el momento la Red se ha instalado en los mismos lugares donde ya existía oferta y “la participación en el mercado no ha ido a la velocidad que en su momento se esperó”, reconoce Fernando Borjón, exdirector del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), encargado del proyecto.

Además, el verdadero reto no está en el inicio de operaciones sino que en los años siguientes “genere el tráfico suficiente para que sea un negocio sostenible y haya valido la pena el despliegue y uso de todos los recursos públicos para su concreción como proyecto para la conectividad universal en México”, asegura Gonzalo Rojón, director de investigación en la consultora The Competitive Intelligence Unit, en un análisis del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones.

Esto tiene como resultado “la violación al derecho constitucional como lo es el derecho a conexión a internet, debido a una mala política pública y de una mala administración del espectro. Está generando la marginación del siglo XXI, la digital en el país”, asegura Jorge Fernando Negrete Pacheco, uno de los analistas del sector de las telecomunicaciones más destacados en América Latina y socio fundador del grupo consultor Digital Policy & Law Group.

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Las reformas para crear la Red Compartida

La Red Compartida es un proyecto para llevar servicios de telecomunicaciones a zonas donde no los hay, mejorar la calidad de los servicios, y generar mayor competencia en el sector.

Se trata de un proyecto que incluye aportaciones del gobierno a través de la concesión para uso comercial del espectro de 700 megahertz, liberado de la televisión terrestre, dos hilos de fibra óptica de la CFE, y de capital privado, lo que se conoce como una Asociación Público Privada (APP).

Esta fue la primera vez que el gobierno utilizó ese modelo para un proyecto de telecomunicaciones, pues sólo se hacía para obras de infraestructura como hospitales o carreteras. Incluso, para poder hacerlo, tuvo que solventar una serie de reformas legales.

El proyecto era tan importante para la administración que incluso, el 10 de junio de 2013 se promulgó el Decreto de Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Telecomunicaciones y Competencia Económica, que incluía “garantizar la instalación de una red compartida”.

También se incluyó en la Estrategia Digital Nacional, al plantear como meta, “desplegar una red compartida de servicios móviles al mayoreo para impulsar el acceso efectivo de la población a la banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones”.

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Para poder concretarlo se creó el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL) por decreto el 11 de marzo de 2016, como un organismo descentralizado cuyo objeto es “realizar las acciones tendientes a garantizar la instalación de la red pública compartida de telecomunicaciones y otras para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, a través de terceros o en asociación público privada”.

El 24 de enero de 2017, el entonces director de Promtel, Fernando Borjón Figueroa, y el representante legal de Altán Redes S. A. P. I. de C. V., Eugenio Galdón Brugarolas, firmaron el contrato de la Red Compartida con vigencia de 20 años, con lo que se concretaba un proceso que había iniciado en 2013 con el decreto de reforma a ocho artículos de la Constitución en materia de Telecomunicaciones.

En dichas reformas se estableció todo lo que el Estado debía proveer para concretar el proyecto. En el artículo décimo sexto transitorio dicta que “el Estado, a través del Ejecutivo, garantizaría la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones”, aprovechando el espectro liberado por la transición a la televisión digital.

En el artículo décimo quinto transitorio se instruyó a la CFE a “ceder su concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, así como transferir todos los recursos y equipos necesarios para la operación y explotación de dicha concesión” y a entregar tres pares de hilos de fibra óptica de su red a Telecomunicaciones de México (Telecom).

Mientras que en la reforma a la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el artículo 142 establece que el IFT asignará directamente la banda de 700 megahertz para la “operación y explotación de una red compartida mayorista mediante concesión de uso comercial”.

Opacidad en contratos y obligaciones

La Secretaría de Comunicaciones organizó el concurso internacional APP-009000896-E1-2016 para operar la Red Compartida, en el que participaron Consorcio Rivada, conformado por Rivada Networks, S. de R.L. de C.V. y Spectrum Frontier, L.P.D., y Altán Redes. El 17 de noviembre de 2016 emitió el fallo que dio como ganador a este último.

Este conformado por Marapendi Holding B.V.; Isla Guadalupe Investments, Sociedad Limitada Unipersonal; Corporación Financiera Internacional (CFI); China-Mexico Fund Investment Company II B.V. (CMF); Hansam, S.A. de C.V.; Megacable, S.A. de C.V.; Axtel, S.A.B. de C.V.; Fideicomiso de Administración número 2431; Fideicomiso irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles denominado “FFLATAM-15-2”, de acuerdo con el acta de proposiciones.

De acuerdo a una revisión de la Auditoría Superior de la Federación, Altán ganó el concurso, pese a que “no proporcionó evidencia de la experiencia de haber participado en proyectos equiparables a través de contratos o finiquitos de pago de servicios”.

Al ser ganador, el consorcio pudo solicitar al IFT la concesión como mayorista para el uso del espectro de 700 megahertz, que le fue otorgado en enero de 2017, según el documento firmado por el titular del Instituto, Gabriel Oswaldo Contreras.

Ser mayorista significa que Altán Redes debe instalar infraestructura, medios de transmisión, derechos de vía y demás elementos de las redes de telecomunicaciones para hacer uso del espectro, pero este servicio sólo lo podrá vender a empresas operadoras minoristas, que a su vez comercializarán el servicio de telefonía e internet a los usuarios finales.

Después de ganar el proyecto, el consorcio privado requirió de apoyo financiero público para echar a andar el proyecto. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Hacienda del 3 de abril de 2017, la banca de desarrollo conformado por Banobras, Nafin y Bancomext otorgó un préstamo por 17 mil 750 millones de pesos a Altán para pagarse hasta 2030.

“Con la firma del contrato de crédito concluyó con éxito un proceso de cierre financiero que duró tres meses, con lo cual se tienen asegurados los recursos tanto de capital como de deuda necesarios para el desarrollo del proyecto”, dijo la dependencia, entonces encabezada por José Antonio Meade.

Si bien se trata de un préstamo y el dinero público sería recuperable en teoría, no se conocen los términos y condiciones de este préstamo en caso de que el proyecto fracase o no sea rentable, toda vez que el contrato y los pagos realizados hasta el momento no son públicos, pese a que se trata de recursos del erario.

Aunque en la auditoría financiera “Red Pública Compartida de Telecomunicaciones” 327-DE realizada por la Auditoría Superior de la Federación, se advierte que “en caso de que Altán presente problemas financieros, la Banca de Gobierno tendría un riesgo por 17 mil 750 millones de pesos”.

Para esta investigación se solicitó vía transparencia los contratos y los comprobantes de pago mensual a Banobras, Nafin y Bancomext, pero en todos los casos respondieron que se trata de información “confidencial” por contener “operaciones protegidas por el secreto bancario de sus clientes, por lo que en ningún caso podrán dar noticias o información de las operaciones o servicios”.

Para Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho a las Telecomunicaciones (IDT), que el Estado garantice la inversión del consorcio “desnaturaliza por completo las ventajas del modelo de asociación público privada, ya que el Estado asumiría todo el riesgo y los principales costos y los inversionistas privados únicamente verían las ganancias, si las hay”.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el resto del financiamiento provino de capital de riesgo por 14 mil 525 millones de pesos aportado por los miembros del consorcio y 17 mil millones de pesos como parte del crédito principal aportados por Huawei Technologies Co. Ltd como acreedor principal y Nokia Solutions and Networks como secundario.

Mientras que otra aportación del Estado fue la concesión para uso comercial del espectro de 700 megahertz y un par de hilos de fibra óptica de la CFE, y por el que debe pagarse arrendamiento, pero el monto no supera los 500 mil pesos.

Promtel sólo recibió en 2017 poco más de 354 mil pesos como cuota por kilohertz concesionado a la Red Compartida en la cobertura a todos los municipios de Hidalgo, Morelos y Estado de México, así como en las Alcaldías de la Ciudad de México; mientras que en 2018 recibió 403 mil pesos, según consta en las respectivas facturas.

La cifra contrasta con otros casos, por ejemplo cuando la CFE obtuvo 883 millones 815 mil pesos del Grupo de Telecomunicaciones de Alta Capacidad, S.A.P.I de C.V. por el pago del arrendamiento para el uso, otorgamiento y aprovechamiento de un par de hilos de fibra óptica adjudicados, según informó la Auditoría Superior de la Federación en su revisión a dicho contrato. Eso significa que la Comisión está recibiendo poco más de 44 millones de pesos anuales.

Pese a las concesiones y aportaciones de gobierno, y a que este proyecto se trata de una Asociación Público Privada y debe cumplir con los requerimientos de la ley que las regula, la Red Compartida se mantiene en la opacidad.

Hasta el cierre de la pasada administración, en el registro para efectos estadísticos que lleva a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los 25 proyectos de Asociación Público Privada, la Red Compartida era el único proyecto que no tenía algunos datos que obliga la Ley de Asociaciones Público Privadas.

Este gobierno publicó el estudio de costo beneficio, que significa la proyección financiera del proyecto, es decir, lo que se espera ganar con él. De acuerdo a los datos, el valor neto presente de la Red compartida es de 91 mil millones de pesos. Mientras que la tasa de retorno, es decir las utilidades, se estiman en 34% y la tasa de rentabilidad inmediata, que significa la valuación actual del negocio se proyecta en 55%. Esto implica que la Red compartida es rentable en términos de las proyecciones financieras realizadas.

Sin embargo, dichas cifras estarían en riesgo si “los niveles de demanda estimados bajo los niveles de precio y calidad esperados estén sobreestimados. Esto afectaría los niveles de rentabilidad financiera del proyecto aunque difícilmente la rentabilidad social”, afirma Gerardo Soria.

Actualmente, los accionistas privados del proyecto son: Morgan Stanley (Fondo Internacional de Infraestructura); los organismos multilaterales internacionales Internacional Finance Corporation, China-Mexico Found; los Fondos de Pensiones Nacionales e Internacionales, Caisse de Dépot et placement du Québec, CKD IM, FFLATAM-15-2; el socio nacional Hansam, S. A. de C. V.; como socio internacional, Isla Guadalupe Investments; socio estratégico Multitel y los socios industriales, Megacable y Axtel.

*Esta investigación forma parte de “Transparencia y rendición de cuentas de las APP: Recomendaciones de política pública”, un estudio de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, coordinado por José Luis Chicoma, Yahir Acosta, Ana Laura Barrón y Silvia Márquez. Edición: Salvador Frausto.

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Un Chernóbil en cámara lenta en el fondo del mar: los submarinos que Rusia se prepara para recuperar

Debajo de algunos de los sitios de pesca más activos del mundo, los submarinos radioactivos de la era soviética yacen desintegrados en el fondo marino. Décadas más tarde, Rusia se prepara para recuperarlos.
5 de septiembre, 2020
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Por tradición, los rusos siempre llevan un número impar de flores a una persona viva y un número par a una tumba o monumento.

Pero cada dos días, Raisa Lappa, de 83 años, coloca tres rosas o gladiolos junto a la placa a su hijo Sergei en su ciudad natal, Rubtsovsk, como si no se hubiera hundido con su submarino durante una desafortunada operación de remolque en el océano Ártico en 2003.

“Tengo momentos en los que no soy normal, me vuelvo loca y pareciera que él está vivo, así que traigo un número impar“, dice.

“Deberían reflotar el bote (el submarino), para que las madres podamos poner los restos de nuestros hijos (a reposar) en la tierra, y eso tal vez podría darme un poco más de paz”, agrega.

Después de 17 años de promesas incumplidas, finalmente podrá ver su deseo hecho realidad, pero no porque los huesos del capitán Sergei Lappa y los otros seis miembros de la tripulación preocupen.

Con un borrador de decreto publicado en marzo, el presidente ruso Vladimir Putin puso en marcha una iniciativa para reflotar dos submarinos nucleares soviéticos del fondo limoso, reduciendo la cantidad de material radiactivo en el océano Ártico en un 90%.

El primero en la lista es el K-159 de Lappa.

Antes de que a Rusia le toque presidir el Consejo Ártico el próximo año, el mensaje que llega parece ser que el país no solo es una potencia comercial y militar en un Ártico que se calienta, sino que también es un protector del medio ambiente.

Familiares de las personas que fallecieron en la tragedia del submarino de Kursk se reúnen para un evento conmemorativo.

Getty Images
Después de 17 años, Vladimir Putin puso en marcha una iniciativa para reflotar dos submarinos nucleares soviéticos.

El K-159 se encuentra en las profundidades marinas a las afueras de Murmansk en el Mar de Barents, la zona de pesca de bacalao más lucrativa del mundo y también un hábitat importante de eglefino, cangrejo real rojo, morsas, ballenas, osos polares y muchos otros animales.

Al mismo tiempo, Rusia lidera otra “nuclearificación” del Ártico con nuevos barcos y armas, dos de los cuales ya sufrieron accidentes.

Legado en decadencia

Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética construyeron más de 400 submarinos de propulsión nuclear, lo que daba a los adversarios una forma de tomar represalias incluso si sus silos de misiles y bombarderos estratégicos habían sido eliminados en un primer ataque repentino.

A solo 97 km de la frontera con Noruega, miembro de la OTAN, el puerto ártico de Murmansk y las bases militares circundantes se convirtieron en el centro de la armada nuclear y de los rompehielos de la URSS, así como de su combustible altamente radiactivo derramado.

Después de que cayó el Telón de Acero, las consecuencias salieron a la luz.

Pueblo pesquero en el Ártico.

Getty Images
En el Mar de Barents, como en otros sitios del Ártico, la actividad pesquera es muy activa. Sin embargo, están muy cerca de los submarinos nucleares en descomposición en el lecho marino.

Por ejemplo, en 1982, en la bahía de Andreyeva, unas 600.000 toneladas de agua tóxica se filtraron en el mar de Barents desde una piscina de almacenamiento nuclear. El combustible derramado de más de 100 submarinos se mantuvo en parte en recipientes oxidados a cielo abierto.

Por temor a la contaminación, Rusia y varios países occidentales se embarcaron en una limpieza profunda, gastando casi US$1.300 millones para desmantelar 197 submarinos nucleares soviéticos, deshacerse de las baterías con el metal estroncio de unas 1.000 balizas de navegación y empezar a retirar combustible y desechos de la Bahía de Andreyeva y de otros tres sitios costeros peligrosos.

Sin embargo, como en otros países, los desechos nucleares soviéticos también se arrojaron al mar, y ahora el foco se trasladó allí.

Un estudio de viabilidad de 2019, realizado por un consorcio que incluye a la firma británica de seguridad nuclear Nuvia, encontró 18.000 objetos radiactivos en el océano Ártico, entre ellos 19 buques y 14 reactores.

Si bien la radiación emitida por la mayoría de estos objetos es baja gracias a la acumulación de sedimento, el estudio encontró que 1.000 todavía tienen niveles elevados de radiación gamma.

El 90% de esto está contenido en seis objetos que la corporación nuclear estatal rusa Rosatom sacará del agua en los próximos 12 años, según le dijo Anatoly Grigoriev, jefe de asistencia técnica internacional de Rosatom, a Future Planet de la BBC.

"Contienen una gran cantidad de combustible nuclear gastado que en el futuro seguramente se filtrará al medio ambiente".", Source: Ingar Amundsen, Source description: Jefe de seguridad nuclear internacional de la Autoridad Noruega de Seguridad Radiológica y Nuclear, Image: Vista aérea del Monasterio Solovetsky.

Se trata de dos submarinos nucleares y compartimentos de reactores de otros tres submarinos nucleares y el rompehielos Lenin.

“Consideramos que incluso la probabilidad extremadamente baja de que se produzcan fugas de material radiactivo de estos objetos representa un riesgo inaceptable para los ecosistemas del Ártico”, dijo Grigoriev en un comunicado.

Nunca se ha llevado a cabo una limpieza nuclear tan radical en el mar.

La recuperación de los compartimentos del reactor implicará trabajos de salvataje en aguas gélidas que son seguras para tales operaciones sólo tres o cuatro meses al año.

Los dos submarinos nucleares, que en conjunto contienen un millón de curios de radiación, o aproximadamente una cuarta parte de la liberada en el primer mes del desastre de Fukushima, plantearán un desafío aún mayor.

Uno de ellos es el K-27, alguna vez conocido como el “pez dorado” por su alto costo.

El submarino de ataque de 360 pies de largo (118 metros) -un submarino diseñado para cazar otros submarinos- estuvo plagado de problemas desde su lanzamiento en 1962 con sus reactores experimentales refrigerados por metal líquido.

Uno de ellos se rompió seis años después y expuso a nueve marineros a dosis fatales de radiación.

Submarino soviético.

Getty Images
Algunos submarinos soviéticos, como el K-159, similar a este submarino de la clase November, se están pudriendo en el fondo del mar.

En 1981 y 1982, la marina llenó el reactor con asfalto y lo hundió al este de la isla Novaya Zemlya a apenas 108 pies (33 m) de profundidad.

Un remolcador tuvo que embestir la proa después de que un agujero en los tanques solo hundiera el extremo de popa.

El K-27 se hundió después de que se instalaron algunas medidas de seguridad que deberían mantener el naufragio a salvo hasta 2032.

Pero otro incidente es más alarmante.

El K-159, un submarino de ataque de la clase November de 350 pies (107 m), estuvo en servicio desde 1963 hasta 1989.

Se hundió sin previo aviso, enviando 800 kg de combustible de uranio al fondo marino, justo por debajo de la actividad pesquera y de rutas marítimas al norte de Murmansk.

Thomas Nilsen, editor del medio en línea The Barents Observer, describe los submarinos como un “Chernóbil en cámara lenta en el fondo del mar”.

"Para todos los familiares sería un alivio si sus padres y maridos fueran enterrados, y no que solo estén en el fondo de un casco de acero".", Source: Dmitry Gurov, Source description: , Image: Un militar asiste a un evento conmemorativo.

Ingar Amundsen, jefe de seguridad nuclear internacional de la Autoridad Noruega de Seguridad Radiológica y Nuclear, dice que no es una cuestión de si ocurrirá o no, sino de cuándo sucederá que los submarinos hundidos contaminen las aguas si se dejan como están.

“Contienen una gran cantidad de combustible nuclear gastado que en el futuro seguramente se filtrará al medio ambiente, y sabemos por experiencia que solo pequeñas cantidades de contaminación en el medio ambiente generarían problemas y consecuencias económicas para los productos marinos y la industria pesquera”, analiza.

“Agosto maldito”

Sergei Lappa nació en 1962 en Rubtsovsk, una pequeña ciudad en las montañas de Altai cerca de la frontera con Kazajstán.

Aunque estaba a miles de kilómetros del océano más cercano, cultivó un interés por la navegación y después de la escuela fue aceptado en la academia superior de ingeniería naval en Sebastopol, en Crimea.

Alto, atlético y buen estudiante, fue asignado al servicio más prestigioso de la marina: la Flota Submarina del Norte.

Submarino K-159

Nucelar-Submarine-Decommissioning.ru
La operación de remolque del K-159 se vio afectada por el mal tiempo y el submarino terminó hundido.

Sin embargo, tras la desintegración de la Unión Soviética, el ejército entró en un declive que se reveló al mundo cuando el submarino de ataque de primera línea Kursk se hundió con 118 tripulantes a bordo en agosto de 2000.

Para entonces, Lappa estaba a cargo del K-159, que se había estado oxidando desde 1989 en un muelle en la aislada ciudad naval de Gremikha, apodada la “isla de los perros voladores” por sus fuertes vientos.

En la mañana del 29 de agosto de 2003, llegó la demorada orden de remolcar el decrépito K-159, que había sido amarrado a cuatro pontones de 11 toneladas con cables para mantenerlo a flote durante la operación.

El destino era una base cerca de Murmansk para su desmantelamiento, a pesar de que había pronóstico de viento.

Con los reactores apagados, Lappa y su tripulación de nueve ingenieros operaban el barco con una linterna.

Cuando el submarino fue remolcado cerca de la isla de Kildin a la medianoche, los cables de los pontones de proa se rompieron en un mar embravecido y media hora después se descubrió que el agua entraba en el octavo compartimento.

Pero mientras el cuartel general luchaba con la decisión de lanzar un costoso helicóptero de rescate, la tripulación siguió tratando de mantener el submarino a flote.

A las 2:45 de la madrugada, Mikhail Gurov envió una última transmisión de radio: “¡Nos estamos inundando, hagan algo!”

Para cuando llegaron los botes de rescate del remolcador, el K-159 estaba en el fondo cerca de la isla Kildin.

De los tres marineros que lograron salir, el único superviviente fue el teniente mayor Maxim Tsibulsky, cuya chaqueta de cuero se había llenado de aire y lo había mantenido a flote.

Map: Mar de Barents

Otro submarino nuclear se había hundido durante el mes “maldito” de agosto, escribieron los periódicos rusos, pero el incidente provocó poca atención en comparación con el Kursk.

La marina prometió a sus familiares que reflotarían el K-159 el año siguiente, pero luego retrasó repetidamente el proyecto.

Incluso después de 17 años de búsqueda y corrosión, es probable que al menos los huesos de la tripulación permanezcan en el submarino, según Lynne Bell, antropóloga forense de la Universidad Simon Fraser, de Canadá.

Pero las familias hace tiempo que han perdido la esperanza de recuperarlos.

“Para todos los familiares sería un alivio si sus padres y maridos fueran enterrados, y no que solo estén en el fondo de un casco de acero”, dice el hijo de Gurov, Dimitri.

“Solo que nadie cree que esto suceda”.

Lyudmila Zibulskaya, la madre del teniente Maxim Zybylski, el único sobreviviente del K-159.

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Los familiares de quienes iban a bordo del K-159 recibieron pocas respuestas sobre cómo y cuándo se podría reflotar el submarino.

Sin embargo, la situación ahora ha cambiado, ya que el interés de Rusia se reaviva en el Ártico y en sus desmoronados puertos y ciudades militares soviéticas.

Desde 2013, se han construido siete bases militares árticas y dos terminales petroleras como parte de la Ruta del Mar del Norte, una ruta más corta a China que Putin ha prometido que tendrá 80 millones de toneladas de tráfico para 2025.

El K-159 se encuentra debajo del agua en la parte este del final de la ruta.

Minimizar el riesgo

Rusia, Noruega y otros países cuyos barcos de pesca surcan las ricas aguas del mar de Barents ahora se han encontrado con la espada de Damocles colgando sobre sus cabezas.

Aunque una expedición ruso-noruega de 2014 al K-159 analizó el agua, el fondo marino y animales, como un ciempiés marino, y no encontró radiactividad por encima de los niveles naturales.

Un experto del Instituto Kurchatov de Moscú dijo en ese momento que una falla en la contención del reactor “podría suceder 30 años después de hundirse en el mejor de los casos; y después de 10 años en el peor”. Eso liberaría cesio-137 y estroncio-90 radiactivos, entre otros isótopos.

Si bien el gran tamaño de los océanos diluye rápidamente la radiación, incluso niveles muy pequeños pueden concentrarse en los animales en la parte superior de la cadena alimentaria a través de la “bioacumulación” y luego ser ingeridos por los humanos.

Pero las consecuencias económicas para la industria pesquera del Mar de Barents, “quizás sean peores que las consecuencias medioambientales”, dice Hilde Elise Heldal, científica del Instituto de Investigación Marina de Noruega.

Submarinos rusos siendo remolcados.

Getty Images
No hay barco en el mundo capaz de levantar el K-159, por lo que se tendría que construir un buque de salvataje especial.

Según sus estudios, si todo el material radiactivo de los reactores del K-159 se liberara, aumentaría los niveles de cesio-137 en los músculos del bacalao en el este del Mar de Barents al menos 100 veces. (Al igual que una fuga del Komsomolets, otro submarino soviético hundido cerca de Noruega que no está programado para ser reflotado).

Aún estaría por debajo de los límites establecidos por el gobierno noruego después del accidente de Chernóbil, pero podría ser suficiente para asustar a los consumidores.

Más de 20 países continúan prohibiendo los productos del mar japoneses, por ejemplo, a pesar de que los estudios no han logrado encontrar concentraciones peligrosas de isótopos radiactivos en los peces depredadores del Pacífico después del accidente de la planta de energía nuclear de Fukushima en 2011.

Cualquier prohibición de la pesca en los mares de Barents y Kara podría costarle a las economías rusa y noruega unos US$140 millones al mes, según un estudio de viabilidad de la Comisión Europea.

Submarino soviético en descomposición.

Getty Images
El desmantelamiento de los submarinos nucleares de la era soviética ha sido lento, mientras que el ritmo de construcción de nuevos buques nucleares se acelera.

Pero, por otro lado, un accidente mientras se eleva el submarino podría sacudir repentinamente el reactor, mezclando potencialmente elementos combustibles y comenzando una reacción en cadena descontrolada y una explosión.

Eso podría aumentar los niveles de radiación en los peces 1.000 veces más de lo normal o, si ocurriera en la superficie, irradiar a los animales terrestres y humanos, dice otro estudio noruego.

Noruega se vería obligada a detener las ventas de productos del Ártico, como pescado y carne de reno, durante un año o más.

El estudio estimó que se podría liberar más radiación que en el incidente de la bahía de Chazhma en 1985, cuando una reacción en cadena descontrolada durante el reabastecimiento de combustible de un submarino soviético cerca de Vladivostok mató a 10 marineros.

Amundsen argumenta que el riesgo con el K-159 o K-27 es bajo y podría minimizarse con una planificación adecuada, como lo fue durante la remoción de combustible gastado de alto riesgo de la bahía Andreyev.

“En ese caso, no dejamos el problema para que lo resuelvan las generaciones futuras, generaciones en las que el conocimiento sobre el manejo de estos residuos heredados puede ser muy limitado”, dice.

Sin embargo, la seguridad y la transparencia de la industria nuclear rusa a menudo han sido cuestionadas, más recientemente cuando las autoridades holandesas concluyeron que el yodo radiactivo 131 detectado en el norte de Europa en junio se originó en el oeste de Rusia.

Barco carga un submarino.

Nucelar-Submarine-Decommissioning.ru
El costo de reflotar submarinos hundidos con material radioactivo puede ser de cientos de millones de dólares.

La instalación de reprocesamiento de Mayak que recibió el combustible gastado de la bahía de Andreyev en tren tiene una historia problemática que se remonta al peor desastre nuclear del mundo en 1957.

Rosatom continúa negando los hallazgos de expertos internacionales de que la instalación fue la fuente de una nube radiactiva de rutenio-106 registrado en Europa en 2017.

Si bien es necesario rescatar el K-159 y el K-27, Rashid Alimov de Greenpeace Rusia, tiene sus reservas.

“Nos preocupa el seguimiento de este trabajo, la participación pública y el transporte (de combustible gastado) a Mayak”, dice.

Misión personalizada

Levantar un submarino es una extraña hazaña de ingeniería.

Estados Unidos gastó US$800 millones en un intento de levantar otro submarino soviético, un K-129 con motor diesel que transportaba varios misiles nucleares, desde 16.400 pies (5.000 m) de profundidad en el océano Pacífico, bajo la apariencia de una operación minera en un lecho marino.

Al final, solo lograron traer un tercio del submarino a la superficie, dejando a la CIA con poca información útil.

Ese fue el reflote más profundo de la historia. El más pesado fue el Kursk.

Cementerio en San Petersburgo, Rusia, donde descansan los restos de los marinos que murieron en el accidente del submarino Kursk.

Getty Images
El 20 de agosto de 2020 se cumplieron 20 años del accidente del submarino nuclear Kursk.

Para elevar el último submarino de misiles de 17.000 toneladas desde 350 pies (108 m) de profundidad en el mar de Barents, las empresas holandesas Mammoet y Smit International instalaron 26 grúas elevadoras hidráulicamente en una barcaza gigante y abrieron 26 agujeros en el casco de acero recubierto de goma del submarino operado por buzos.

El 8 de octubre de 2001, apresurándose a vencer la temporada de tormentas invernales después de cuatro meses de trabajo estresante y retrasos, las pinzas de acero instaladas en los 26 pozos levantaron el Kursk del lecho marino en 14 horas, tras lo cual la barcaza fue remolcada a un dique seco en Murmansk.

Con menos de 5.000 toneladas, el K-159 es más pequeño que el Kursk, pero incluso antes de hundirse su casco exterior era “tan débil como el papel de aluminio”, según Bellona.

Desde entonces se ha incrustado en 17 años de sedimentos. Un agujero en la proa parecería descartar poder bombearlo con aire y levantarlo con globos, como se ha sugerido anteriormente.

En una conferencia de donantes del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo en diciembre, un representante de Rosatom dijo que no había ningún barco en el mundo capaz de levantarlo, por lo que se tendría que construir un barco de salvataje especial.

Eso aumentará el costo estimado de unos US$330 millones para levantar los seis objetos más radiactivos.

Los donantes están discutiendo la solicitud de Rusia para ayudar a financiar el proyecto, dijo Balthasar Lindauer, director de seguridad nuclear del BERD.

“Hay consenso en que hay que hacer algo allí”, dice.

Soldados conmemorando los 20 años del hundimiento del submarino Kursk.

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En el hundimiento del submarino nuclear Kursk murieron 118 personas.

Cualquier buque construido a medida probablemente necesitaría un grupo de tecnologías especializadas, como propulsores de proa y popa, para mantenerlo posicionado con precisión sobre el naufragio.

Pero en agosto, Grigoriev le dijo a un sitio web financiado por Rosatom que un plan que la compañía estaba considerando involucraría un par de barcazas equipadas con grúas de cable hidráulico y aseguradas a amarres en aguas profundas.

En lugar de pinzas de acero como las que se insertan en los agujeros del Kursk, unas pinzas curvas gigantes agarrarían todo el casco y lo levantarían entre las barcazas.

Una barcaza parcialmente sumergible se colocaría debajo, luego se llevaría a la superficie junto con el submarino y finalmente se remolcaría a puerto.

Tanto el K-27 como el K-159 podrían recuperarse de esta manera, dijo.

Una de las tres empresas de ingeniería que trabajan en propuestas para Rosatom es la oficina de diseño militar Malachite, que redactó un proyecto para elevar el K-159 en 2007 que “nunca se realizó por falta de dinero“, según su diseñador principal.

Este año, la oficina comenzó a actualizar este plan, dijo un empleado a la BBC en el vestíbulo de la sede de Malachite en San Petersburgo. Sin embargo, quedan muchas preguntas.

“¿En qué estado está el casco? ¿Cuánta fuerza puede soportar? ¿Cuánto sedimento se ha acumulado? Necesitamos examinar las condiciones allí”, dice el empleado, antes de que llegue el jefe de seguridad para interrumpir nuestra conversación.

Paradoja nuclear

La operación de reflote de los seis objetos radiactivos encaja con una imagen de Putin diseñada como un defensor del frágil entorno ártico.

En 2017, inspeccionó los resultados de una operación para retirar 42.000 toneladas de chatarra del archipiélago de Franz Josef Land como parte de una “limpieza general del Ártico”.

Ha hablado sobre la preservación del medio ambiente en una conferencia anual para las naciones árticas.

Y el mismo día de marzo de 2020 en el que emitió su proyecto sobre los objetos hundidos, firmó una política ártica que enumera “proteger el medio ambiente ártico y las tierras nativas y los medios de vida tradicionales de los pueblos indígenas” como uno de los seis intereses nacionales en la región.

Submarino ruso.

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Al menos ocho submarinos nucleares más se agregarán a la Flota del Norte, mientras que los restos de la flota nuclear soviética yacen en el lecho marino.

“Para Putin, el Ártico es parte de su legado histórico. Debe estar bien protegido, brindar beneficios reales y ser limpio”, dijo Dimitry Trenin, director del centro de estudios Carnegie Center de Moscú.

Sin embargo, mientras busca un Ártico “limpio”, el Kremlin también respalda el desarrollo de gas y petróleo en el Ártico, que representa la mayor parte del transporte marítimo en la Ruta del Mar del Norte.

La estatal Gazprom construyó uno de los dos grupos de petróleo y gas en crecimiento en la península de Yamal, y este año el gobierno redujo los impuestos sobre los nuevos proyectos de gas natural licuado en el Ártico al 0% para aprovechar algunos de los billones de dólares de combustibles fósiles y riqueza mineral en la región.

E incluso mientras Putin limpia el legado nuclear soviético en el lejano norte, está construyendo su propio legado nuclear.

Una marcha constante de nuevos rompehielos nucleares y, en 2019, la única central nuclear flotante del mundo han vuelto a convertir al Ártico en el mayor sitio acuático nuclear del planeta.

Mientras tanto, la Flota del Norte está construyendo al menos ocho submarinos y tiene planes de fabricar varios más, así como ocho destructores de misiles y un portaaviones, todos ellos de propulsión nuclear.

También ha estado probando un dron submarino de propulsión nuclear y un misil de crucero.

En total, podría haber hasta 114 reactores nucleares en funcionamiento en el Ártico para 2035, casi el doble que en la actualidad, según un estudio de Barents Observer de 2019.

Este crecimiento no ha pasado sin incidentes.

Buques en el Mar de Barents.

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Para 2035, podría haber hasta 114 reactores nucleares en el Ártico, informó el Observador de Barents, entre ellos la planta de energía flotante Akademik Lomonosov.

En julio de 2019, un incendio en un sumergible nuclear de aguas profundas cerca de Murmansk casi provocó una “catástrofe de escala mundial”, según los informes, dijo un oficial en el funeral de los 14 marineros muertos.

El mes siguiente, un “sistema de propulsión reactiva de combustible líquido” explotó durante una prueba en una plataforma flotante en el Mar Blanco, matando a dos personas y aumentando brevemente los niveles de radiación en la cercana ciudad de Severodvinsk.

“Los esfuerzos conjuntos de la comunidad internacional, incluidos Noruega y Rusia después de la desintegración de la Unión Soviética, utilizando el dinero de los contribuyentes para limpiar los desechos nucleares, fue una buena inversión en nuestros sitios de pesca”, dice Nilsen de The Barents Observer.

“Pero hoy en día hay cada vez más políticos en Noruega y Europa que piensan que es una gran paradoja que la comunidad internacional esté brindando ayuda para asegurar el legado de la Guerra Fría mientras parece que Rusia está dando prioridad a la construcción de una nueva Guerra Fría”, opina.

Mientras la agencia civil Rosatom tenga la tarea de limpiar, el ejército ruso tiene pocos incentivos para frenar esta ola de armas nucleares, señala Nilsen.

“¿Quién va a pagar por la limpieza de esos reactores cuando ya no estén en uso?” pregunta.

“Ese es el desafío con la Rusia actual, que los militares no tienen que pensar qué hacer con el muy, muy costoso desmantelamiento de todo esto”, advierte.

Por lo tanto, si bien la limpieza nuclear que se avecina será la más grande de su tipo en la historia, puede resultar solo un preludio de lo que se necesita para hacer frente a la próxima ola de energía nuclear en el Ártico.

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