El proyecto de Peña Nieto para ampliar la cobertura de internet no generó competencia ni redujo tarifas
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El proyecto de Peña Nieto para ampliar la cobertura de internet no generó competencia ni redujo tarifas

A pesar de que Altán Redes ha sido beneficiada con préstamos millonarios de la banca gubernamental, el conglomerado de empresas se mueve en la opacidad. Especialistas advierten que el plan no ha llegado a zonas marginadas.
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20 de noviembre, 2019
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El proyecto más ambicioso del sexenio de Enrique Peña Nieto para ampliar la cobertura de internet y telefonía en el país, llamado Red Compartida, no logró acelerar la competencia en el sector de telecomunicaciones ni influyó para disminuir la brecha de conexión entre ricos y pobres, pese a que tuvo una inversión de 140 mil millones de pesos, un crédito con recursos públicos y la concesión de espectro radioeléctrico para uso comercial.

Modificar el proyecto que no dio resultados no es posible, pues cuenta con blindajes que dificultan su revocación. Por una parte, las condiciones establecidas en la Asociación Público Privada (APP) señalan que una terminación anticipada implicaría reembolsar gastos de inversión con recursos públicos, y, por la otra, se realizó en 2013 una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones para crear la condiciones para echarlo adelante.

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Durante la administración anterior, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) explicó en un video que con la Red compartida de telecomunicaciones habría más competencia, se incrementaría la cobertura y los habitantes de zonas marginadas tendrían acceso a internet sin que el gobierno gastara en ello porque la inversión sería de privados. Supuestamente habría un ganar ganar. Incluso señaló que el costo por megabyte podría reducirse a la mitad en 2018.

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih) señala que hasta 2018 existían 29.9 millones de personas que no tenían acceso a este servicio, y de ellos, 4 de cada 10 indicaron que se debía a la falta de recursos para costearlo, mientras que sólo 2% manifestó no usarlo por falta de cobertura.

Si bien no hubo presupuesto etiquetado al proyecto, la banca de desarrollo pública —Banobras, Bancomext y Nafin— otorgó un crédito de 17 mil 750 millones de pesos de recursos públicos a pagar en 13 años para que Altán Redes, el consorcio ganador del proyecto, tuviera garantía de liquidez y pudiera echarlo a andar.

Para dimensionar el asunto, esa cifra es 16 veces mayor de lo que el actual gobierno destinará a Internet para Todos, proyecto que será operado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y equivale al presupuesto para 2020 del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que atiende a 180 mil alumnos de educación media y superior.

Aunque el presupuesto total del proyecto fue de 140 mil millones de pesos, y el crédito público significó sólo 13% del proyecto, el gobierno federal también entregó para su explotación comercial la frecuencia de 700 megahertz que se liberó con la transición a la televisión digital.

La marginación del siglo XXI

La meta es que este proyecto logre cobertura de conexión para 92% de la población en 2024, actualmente con las empresas operadores se tiene una cobertura de 88%, según el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Hasta 2018, Red Compartida cumplió la meta prevista de desplegar infraestructura para 30% de la población, pero esto no ha significado un beneficio para los usuarios porque no ha habido un incremento significativo de teléfonos celulares con internet ni conexiones en los hogares, toda vez que hasta el primer trimestre de 2019, México tenía 96 líneas móviles por cada 100 habitantes, mientras países como Chile o Argentina tienen 147 y 135, respectivamente.

Y aunque la finalidad fue incentivar la competencia, hasta el momento la Red se ha instalado en los mismos lugares donde ya existía oferta y “la participación en el mercado no ha ido a la velocidad que en su momento se esperó”, reconoce Fernando Borjón, exdirector del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), encargado del proyecto.

Además, el verdadero reto no está en el inicio de operaciones sino que en los años siguientes “genere el tráfico suficiente para que sea un negocio sostenible y haya valido la pena el despliegue y uso de todos los recursos públicos para su concreción como proyecto para la conectividad universal en México”, asegura Gonzalo Rojón, director de investigación en la consultora The Competitive Intelligence Unit, en un análisis del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones.

Esto tiene como resultado “la violación al derecho constitucional como lo es el derecho a conexión a internet, debido a una mala política pública y de una mala administración del espectro. Está generando la marginación del siglo XXI, la digital en el país”, asegura Jorge Fernando Negrete Pacheco, uno de los analistas del sector de las telecomunicaciones más destacados en América Latina y socio fundador del grupo consultor Digital Policy & Law Group.

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Las reformas para crear la Red Compartida

La Red Compartida es un proyecto para llevar servicios de telecomunicaciones a zonas donde no los hay, mejorar la calidad de los servicios, y generar mayor competencia en el sector.

Se trata de un proyecto que incluye aportaciones del gobierno a través de la concesión para uso comercial del espectro de 700 megahertz, liberado de la televisión terrestre, dos hilos de fibra óptica de la CFE, y de capital privado, lo que se conoce como una Asociación Público Privada (APP).

Esta fue la primera vez que el gobierno utilizó ese modelo para un proyecto de telecomunicaciones, pues sólo se hacía para obras de infraestructura como hospitales o carreteras. Incluso, para poder hacerlo, tuvo que solventar una serie de reformas legales.

El proyecto era tan importante para la administración que incluso, el 10 de junio de 2013 se promulgó el Decreto de Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Telecomunicaciones y Competencia Económica, que incluía “garantizar la instalación de una red compartida”.

También se incluyó en la Estrategia Digital Nacional, al plantear como meta, “desplegar una red compartida de servicios móviles al mayoreo para impulsar el acceso efectivo de la población a la banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones”.

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Para poder concretarlo se creó el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL) por decreto el 11 de marzo de 2016, como un organismo descentralizado cuyo objeto es “realizar las acciones tendientes a garantizar la instalación de la red pública compartida de telecomunicaciones y otras para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, a través de terceros o en asociación público privada”.

El 24 de enero de 2017, el entonces director de Promtel, Fernando Borjón Figueroa, y el representante legal de Altán Redes S. A. P. I. de C. V., Eugenio Galdón Brugarolas, firmaron el contrato de la Red Compartida con vigencia de 20 años, con lo que se concretaba un proceso que había iniciado en 2013 con el decreto de reforma a ocho artículos de la Constitución en materia de Telecomunicaciones.

En dichas reformas se estableció todo lo que el Estado debía proveer para concretar el proyecto. En el artículo décimo sexto transitorio dicta que “el Estado, a través del Ejecutivo, garantizaría la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones”, aprovechando el espectro liberado por la transición a la televisión digital.

En el artículo décimo quinto transitorio se instruyó a la CFE a “ceder su concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, así como transferir todos los recursos y equipos necesarios para la operación y explotación de dicha concesión” y a entregar tres pares de hilos de fibra óptica de su red a Telecomunicaciones de México (Telecom).

Mientras que en la reforma a la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el artículo 142 establece que el IFT asignará directamente la banda de 700 megahertz para la “operación y explotación de una red compartida mayorista mediante concesión de uso comercial”.

Opacidad en contratos y obligaciones

La Secretaría de Comunicaciones organizó el concurso internacional APP-009000896-E1-2016 para operar la Red Compartida, en el que participaron Consorcio Rivada, conformado por Rivada Networks, S. de R.L. de C.V. y Spectrum Frontier, L.P.D., y Altán Redes. El 17 de noviembre de 2016 emitió el fallo que dio como ganador a este último.

Este conformado por Marapendi Holding B.V.; Isla Guadalupe Investments, Sociedad Limitada Unipersonal; Corporación Financiera Internacional (CFI); China-Mexico Fund Investment Company II B.V. (CMF); Hansam, S.A. de C.V.; Megacable, S.A. de C.V.; Axtel, S.A.B. de C.V.; Fideicomiso de Administración número 2431; Fideicomiso irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles denominado “FFLATAM-15-2”, de acuerdo con el acta de proposiciones.

De acuerdo a una revisión de la Auditoría Superior de la Federación, Altán ganó el concurso, pese a que “no proporcionó evidencia de la experiencia de haber participado en proyectos equiparables a través de contratos o finiquitos de pago de servicios”.

Al ser ganador, el consorcio pudo solicitar al IFT la concesión como mayorista para el uso del espectro de 700 megahertz, que le fue otorgado en enero de 2017, según el documento firmado por el titular del Instituto, Gabriel Oswaldo Contreras.

Ser mayorista significa que Altán Redes debe instalar infraestructura, medios de transmisión, derechos de vía y demás elementos de las redes de telecomunicaciones para hacer uso del espectro, pero este servicio sólo lo podrá vender a empresas operadoras minoristas, que a su vez comercializarán el servicio de telefonía e internet a los usuarios finales.

Después de ganar el proyecto, el consorcio privado requirió de apoyo financiero público para echar a andar el proyecto. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Hacienda del 3 de abril de 2017, la banca de desarrollo conformado por Banobras, Nafin y Bancomext otorgó un préstamo por 17 mil 750 millones de pesos a Altán para pagarse hasta 2030.

“Con la firma del contrato de crédito concluyó con éxito un proceso de cierre financiero que duró tres meses, con lo cual se tienen asegurados los recursos tanto de capital como de deuda necesarios para el desarrollo del proyecto”, dijo la dependencia, entonces encabezada por José Antonio Meade.

Si bien se trata de un préstamo y el dinero público sería recuperable en teoría, no se conocen los términos y condiciones de este préstamo en caso de que el proyecto fracase o no sea rentable, toda vez que el contrato y los pagos realizados hasta el momento no son públicos, pese a que se trata de recursos del erario.

Aunque en la auditoría financiera “Red Pública Compartida de Telecomunicaciones” 327-DE realizada por la Auditoría Superior de la Federación, se advierte que “en caso de que Altán presente problemas financieros, la Banca de Gobierno tendría un riesgo por 17 mil 750 millones de pesos”.

Para esta investigación se solicitó vía transparencia los contratos y los comprobantes de pago mensual a Banobras, Nafin y Bancomext, pero en todos los casos respondieron que se trata de información “confidencial” por contener “operaciones protegidas por el secreto bancario de sus clientes, por lo que en ningún caso podrán dar noticias o información de las operaciones o servicios”.

Para Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho a las Telecomunicaciones (IDT), que el Estado garantice la inversión del consorcio “desnaturaliza por completo las ventajas del modelo de asociación público privada, ya que el Estado asumiría todo el riesgo y los principales costos y los inversionistas privados únicamente verían las ganancias, si las hay”.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el resto del financiamiento provino de capital de riesgo por 14 mil 525 millones de pesos aportado por los miembros del consorcio y 17 mil millones de pesos como parte del crédito principal aportados por Huawei Technologies Co. Ltd como acreedor principal y Nokia Solutions and Networks como secundario.

Mientras que otra aportación del Estado fue la concesión para uso comercial del espectro de 700 megahertz y un par de hilos de fibra óptica de la CFE, y por el que debe pagarse arrendamiento, pero el monto no supera los 500 mil pesos.

Promtel sólo recibió en 2017 poco más de 354 mil pesos como cuota por kilohertz concesionado a la Red Compartida en la cobertura a todos los municipios de Hidalgo, Morelos y Estado de México, así como en las Alcaldías de la Ciudad de México; mientras que en 2018 recibió 403 mil pesos, según consta en las respectivas facturas.

La cifra contrasta con otros casos, por ejemplo cuando la CFE obtuvo 883 millones 815 mil pesos del Grupo de Telecomunicaciones de Alta Capacidad, S.A.P.I de C.V. por el pago del arrendamiento para el uso, otorgamiento y aprovechamiento de un par de hilos de fibra óptica adjudicados, según informó la Auditoría Superior de la Federación en su revisión a dicho contrato. Eso significa que la Comisión está recibiendo poco más de 44 millones de pesos anuales.

Pese a las concesiones y aportaciones de gobierno, y a que este proyecto se trata de una Asociación Público Privada y debe cumplir con los requerimientos de la ley que las regula, la Red Compartida se mantiene en la opacidad.

Hasta el cierre de la pasada administración, en el registro para efectos estadísticos que lleva a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los 25 proyectos de Asociación Público Privada, la Red Compartida era el único proyecto que no tenía algunos datos que obliga la Ley de Asociaciones Público Privadas.

Este gobierno publicó el estudio de costo beneficio, que significa la proyección financiera del proyecto, es decir, lo que se espera ganar con él. De acuerdo a los datos, el valor neto presente de la Red compartida es de 91 mil millones de pesos. Mientras que la tasa de retorno, es decir las utilidades, se estiman en 34% y la tasa de rentabilidad inmediata, que significa la valuación actual del negocio se proyecta en 55%. Esto implica que la Red compartida es rentable en términos de las proyecciones financieras realizadas.

Sin embargo, dichas cifras estarían en riesgo si “los niveles de demanda estimados bajo los niveles de precio y calidad esperados estén sobreestimados. Esto afectaría los niveles de rentabilidad financiera del proyecto aunque difícilmente la rentabilidad social”, afirma Gerardo Soria.

Actualmente, los accionistas privados del proyecto son: Morgan Stanley (Fondo Internacional de Infraestructura); los organismos multilaterales internacionales Internacional Finance Corporation, China-Mexico Found; los Fondos de Pensiones Nacionales e Internacionales, Caisse de Dépot et placement du Québec, CKD IM, FFLATAM-15-2; el socio nacional Hansam, S. A. de C. V.; como socio internacional, Isla Guadalupe Investments; socio estratégico Multitel y los socios industriales, Megacable y Axtel.

*Esta investigación forma parte de “Transparencia y rendición de cuentas de las APP: Recomendaciones de política pública”, un estudio de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, coordinado por José Luis Chicoma, Yahir Acosta, Ana Laura Barrón y Silvia Márquez. Edición: Salvador Frausto.

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Dominio público

El papa que decretó un confinamiento y salvó a Roma de la peste en el siglo XVII

Hace 400 años Alejandro VII ordenó unas medidas sanitarias que, según los investigadores, hizo que una epidemia de peste tuviera una baja letalidad en la que es hoy la capital de Italia.
Dominio público
18 de abril, 2021
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Era un intelectual, un aficionado al arte y la arquitectura, doctor en filosofía, teología y derecho. Cuando el italiano Fabio Chigi (1599-1667) se convirtió en el papa Alejandro VII, ni en sus peores presagios imaginó que tendría que enfrentarse a una epidemia de peste.

Su reacción, sin embargo, fue contundente.

Aunque la ciencia descubrió la bacteria causante de la peste en 1894 —gracias al bacteriólogo Alexandre Yersin—, el sumo pontífice decretó medidas sanitarias que, según investigadores, contribuyeron a que la letalidad en Roma fuera mucho menor que en otros lugares afectados por la misma epidemia.

Según un estudio del historiador italiano Luca Topi, profesor de la Universidad de Roma La Sapienza, entre 1656 y 1657 la peste mató al 55% de la población de Cerdeña, la mitad de los habitantes de Nápoles y al 60% de los residentes de Génova.

En Roma, en cambio, murieron 9.500 personas de un total de 120.000, menos del 8%. Estos datos fueron publicados en una revista científica italiana en 2017.

Se calcula que distintas olas de la peste arrasaron con cerca de la mitad de la población europea.

Cuando llegaron los primeros reportes de muertes por la epidemia en el entonces reino de Nápoles, Alejandro VII llevaba un año como pontífice.

Representación pictórica de la peste en Italia.
Getty Images

Diversas olas de la peste mataron a casi la mitad de la población europea.

El papa no era sólo el líder del catolicismo. Si hoy es el soberano del diminuto estado del Vaticano, en aquella época mandaba sobre los llamados Estados Pontificios, que comprendían Roma y buena parte de los alrededores; prácticamente todo el centro de la Italia actual.

Esta fascinante historia cuenta cómo muchas de las restricciones que se aplican hoy contra la pandemia de coronavirus dieron resultado en Roma contra la peste hace 400 años.

¿Cuáles fueron las medidas del papa?

Dentro de los dominios papales, el brote ocurrió entre mayo de 1656 y agosto de 1957.

Tan pronto como llegaron las primeras noticias de la peste a Roma, Alejandro VII puso en alerta al Congreso de la Salud, que había sido creado en un brote anterior.

Las medidas de contención se implementaron gradualmente, según la situación se volvía más peligrosa.

El 20 de mayo se promulgó un decreto que suspendía todo comercio con el reino de Nápoles, que ya se encontraba muy afectado.

Cuadro del siglo XVII de la Plaza de San Pedro en El Vaticano.

Getty Images
En el siglo XVII, el papa era la máxima autoridad en los Estados Pontificios, que comprendía la región de Roma y alrededores, prácticamente todo el centro de la actual Italia.

La semana siguiente, el bloqueo se extendió y se prohibió la entrada a Roma de cualquier viajero que viniese de allí.

El 29 de mayo, en la ciudad de Civitavecchia, ubicada en los Estados Pontificios, se registró la llegada de la peste e inmediatamente se impuso la cuarentena.

“En los días y meses siguientes, se aislaron muchas otras localidades de ese territorio”, detalla el historiador Topi en su artículo.

En Roma, la decisión fue radical: se cerraron casi todos los portones de acceso a la ciudad. Solo ocho permanecieron abiertos, pero eran protegidos las 24 horas del día por soldados supervisados por “un noble y un cardenal”.

A partir de entonces, cualquier entrada debía ser justificada y registrada.

El 15 de junio Roma tuvo su primer caso: un soldado napolitano que murió en un hospital. Las normas se endurecieron aún más.

El 20 de junio se implantó una ley que obligaba a los ciudadanos a informar a las autoridades en caso de conocer algún paciente.

Posteriormente, un nuevo dispositivo papal comenzó a obligar a cada párroco y sus asistentes a visitar, cada tres días, todas las casas de sus distritos electorales para identificar y registrar a los enfermos.

Luego corrió la noticia de otra muerte, esta vez un pescador de la región del Trastévere.

“Los familiares de la víctima también se infectaron y muchos murieron”, cuenta Raylson Araujo, estudiante de teología de la Universidad Católica Pontificia de Sao Paulo, Brasil, quien también investigó el asunto.

La primera idea fue intentar aislar la región.

Ilustración de Alejandro VII.

Dominio Público
Alejandro VII impuso medidas graduales hasta llegar al confinamiento total.

“El papa también era la autoridad civil. Conforme la epidemia comenzó a extenderse, implementó medidas de aislamiento. Tras prohibir el comercio con Nápoles, decretó otras reglas de distanciamiento social: prohibió reuniones, procesiones y todas las devociones populares”, dice Araujo.

El endurecimiento de las medidas fue gradual hasta llegar al confinamiento total.

“Conforme pasó el tiempo, el papa adoptó nuevas prohibiciones. Las congregaciones en la iglesia fueron suspendidas, las visitas diplomáticas también, al igual que encuentros religiosos y reuniones públicas, se vigilaron los caminos”, enumera Araujo. “Se suspendieron todas las aglomeraciones civiles”.

“Se prohibieron diversas actividades económicas y sociales. Se cancelaron las fiestas y ceremonias públicas, civiles y religiosas”, dice el seminarista Gustavo Catania, filósofo del Monasterio de São Bento de Sao Paulo.

Plaza de San Pedro vacía por las restricciones en Roma.

Getty Images
Al igual que con la pandemia de coronavirus, en el siglo XVII se prohibió asistir a celebraciones religiosas en Roma.

“Se suspendieron los mercados y se echó a algunas personas que vivían en la calle porque podían ser causa de contagio. Se prohibió el cruce nocturno del río Tíber”.

El papa también determinó que nadie debía ayunar, con el objetivo de que la población se alimentanse y mantuviese así más saludable por si se contagiaba.

A todos aquellos que tuvieran al menos una persona infectada en la familia se les prohibió salir de casa. Para garantizar la asistencia, Alejandro VII separó a los sacerdotes y médicos en dos grupos: los que tendrían contacto con los enfermos y los que no, quienes atenderían al resto de la población.

“Preocupaba que los sacerdotes se convirtieran en vectores de la enfermedad”, dice Araujo.

Los médicos tenían prohibido huir de Roma“, dice Catania, señalando que muchos temían infectarse.

Como los pacientes estaban aislados, se creó una red de apoyo a la población.

“Había una previsión de ayuda económica para las familias que no podían salir de casa y algunas personas recibían comida por la ventana“, dice el seminarista.

En los meses de octubre y noviembre, cuando la incidencia de la enfermedad era mayor, incluso se preveía la pena de muerte para quienes infringieran las normas.

Negacionistas y noticias falsas

Sin embargo, no todos admitían la gravedad de la situación.

Hubo quienes la desdeñaron y hasta difundieron bulos.

“Se acusó al papa de inventar la enfermar para su propio beneficio y para ganar popularidad”, comenta Mirticeli Medeiros, investigadora de la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma.

Protestas negacionistas en Roma por la pandemia de coronavirus.

Getty Images
Como también ha sucedido en esta pandemia, hubo negacionistas en aquella época que no admitían la existencia de la enfermedad.

“Muchos no querían que el pontífice adoptara estas medidas para no alarmar a la población”, complementa.

Hasta sus colaboradores más cercanos le aconsejaron que no lo hiciera. Temían que, desde el momento en que se hizo pública la gravedad de la situación, a través de decretos y divulgaciones, la economía comenzara a sentir los efectos de este tipo de postura. Pero el papa fue firme y cumplió con su política de salud”.

Araujo compara esos hechos del siglo XVII con el “movimiento de hoy y la resistencia popular” para aceptar la gravedad de la pandemia de coronavirus.

“Comerciantes aconsejaron al papa que no adoptara las medidas, porque el cierre perjudicaba el comercio y la cosecha“, comenta el investigador.

“Hubo grupos que acudieron a él para pedirle que no promulgara más medidas de aislamiento. Querían maquillar y tapar la situación para que no se extiendera el pánico y cerraran los comercios”, continúa Araujo.

Hay informes de que un médico divulgó bulos sobre las verdaderas motivaciones del encierro.

“Hizo correr la voz de que tras las decisiones de este papa había intereses políticos”, dice el historiador Victor Missiato, profesor del Colegio Presbiteriano Mackenzie de Brasília.

“Fue acusado de difamación y terminó condenado a trabajar en un hospital, dedicado a curar la peste”.

Victoria contra la enfermedad

Cuando se resolvió el brote en 1657, la celebración estuvo a la altura.

Alejandro VII demostró el renacimiento de la Iglesia con monumentos que hasta hoy marcan El Vaticano, como el conjunto de columnas de la plaza de San Pedro, del escultor y arquitecto barroco Gian Lorenzo Bernini.

Columnas de Bernini en la Plaza San Pedro.

Edison Veiga
Las obras del papa Alejandro VII marcaron el aspecto de El Vaticano hasta hoy.

“En ese periodo era muy común que los papas visibilizaran su soberanía y poder. Los grandes monumentos de Roma de esa época fueron construidos con esa motivación”, contextualiza Medeiros.

“Como el caso de la Fuente de los Cuatro Ríos de la Piazza Navona, la Fontana di Trevi y otros”.

“Alejandro VII era un apasionado del arte y amigo de Bernini. Su comienzo como papa estuvo marcado por la peste”, explica.

“La forma que encontró de apagar aquel periodo sombrío fue invirtiendo en obras colosales. Las columnas de San Pedro representan los brazos abiertos de la Iglesia. La basílica de San Pedro fue restaurada como símbolo de poder temporal, no solo espiritual”.

Otros casos

Este no fue el único momento histórico en el que la Iglesia, en el pasado, cerró sus puertas por brotes y epidemias.

“Hubo otros casos en algunas diócesis de Italia, especialmente en el siglo XIX durante la epidemia de cólera”, recuerda Medeiros. “Entonces se tomaron medidas restrictivas similares”.

Grabado de un mercado durante la epidemia de cólera en Italia.

Getty Images
Durante la epidemia de cólera en el siglo XIX la iglesia tomó restricciones similares en Italia.

Por otro lado, la experta recuerda que en el brote de peste del siglo XIV ocurrió “todo lo contrario”.

“El papa Clemente VI, aislado en el palacio pontificio de Aviñón, en Francia, no parecía muy preocupado por lo que sucedía fuera de los muros de su casa”, apunta la investigadora.

“En esa época la enfermedad era un castigo divino y se producían procesiones y otras aglomeraciones para intentar, según la mentalidad religiosa, de superar el mal”.

En el siglo anterior, la región de Milán se vio muy afectada por la plaga. El cardenal arzobispo Carlo Borromeo también estableció estrictas medidas sanitarias en su circunscripción.

“Propuso una cuarentena general y se decretó a la gente a quedarse en casa hasta resolver la situación. Solo podían irse los que asistían espiritual y materialmente a la población.

El investigador dice que incluso las misas se celebraban “a distancia”.

“Un cura iba a la esquina y celebraba en la calle. Los fieles miraban desde sus ventanas”, explica.

Fe en la ciencia

Al analizar estos episodios del pasado, a menudo similares a los de hoy, hay que tener en cuenta que entonces la ciencia no se valoraba tanto como hoy y que la religión y la política estaban muy entrelazadas.

“En el siglo XVII, el absolutismo era muy fuerte en Europa y estaba ligado al poder de la Iglesia. El poder político y el poder religioso estaban muy mezclados“, explica Missiato.

“En ese momento, la revolución científica aún no se había extendido a las diferentes sociedades del mundo europeo. La creencia en lo divino como entidad definitoria de la paz y el caos todavía se veía como el camino hacia la salvación”.

Por eso el encierro impuesto por Alejandro VII es tan relevante.

“Lo que pasó muestra un alineamiento entre fe y ciencia, una fe con los pies en la tierra“, dice Araujo.


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