Periodistas mexicanos cuestionados por una Misión Internacional de Observación de la Libertad de Expresión dijeron que, a pesar del cambio de Gobierno Federal en México, continúan sufriendo las mismas agresiones reportadas en anteriores sexenios, pero con una novedad: denunciaron que ahora también son víctimas de un discurso estigmatizante desde el Ejecutivo federal.
Así lo explicó en entrevista con Animal Político Sebastián Salamanca, integrante de Artículo 19, organización defensora de la libertad de expresión, quien detalló que la Misión Internacional, integrada por 17 organizaciones civiles, entrevistaron a 35 periodistas de 15 estados de la República para conocer qué agresiones sufrieron durante el desempeño de su trabajo.
Entre las principales agresiones están las amenazas de muerte, secuestros, ataques físicos, destrucción de su equipo de trabajo -laptops, cámaras fotográficas- y, más recientemente, campañas de difamación y de desprestigio en internet mediante la difusión de información falsa a través de cuentas de redes sociales de funcionarios locales, como alcaldes o diputados, que fueron objetos de investigaciones periodísticas.
Sin embargo, la Misión de Observación detectó que en los reportes de los 35 periodistas entrevistados hay un denominador común: todos expusieron su preocupación por “un discurso oficial estigmatizante” desde el nuevo Gobierno mexicano. Una queja, sin embargo, que el Ejecutivo rechazó a través del presidente López Obrador, quien dijo que solo utiliza su derecho a responder a las críticas periodísticas.
Insultos y amenazas
No obstante, la Misión de Observación advirtió que ciertos mensajes del presidente López Obrador, que califica abiertamente como “prensa fifí” a los medios que a su juicio “no se portan bien” con el Gobierno, están generado “un contexto adverso” en contra de periodistas que reciben “andanadas de insultos en redes sociales y amenazas” por criticar al Ejecutivo.
Y, sobre este punto, Sebastián Salamanca, de Artículo 19, lamentó que esos discursos estigmatizantes están siendo replicados a nivel local, por alcaldes y funcionarios municipales, en contra de periodistas y medios de comunicación que viven en entidades donde las condiciones de seguridad son más precarias que en la capital mexicana, por lo que son mucho más vulnerables.
“Pareciera que hay carta blanca para que personas que viven en esos municipios puedan agredir a un periodista que ha sido estigmatizado por un funcionario público”, planteó el activista.
Diversos integrantes de la Misión cuestionaron sobre este punto al Presidente durante la conferencia mañanera del miércoles, en la que dijo que su Gobierno solo utiliza su derecho de réplica ante las críticas periodísticas.
“Nunca he utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas, yo quiero estigmatizar a la corrupción. Aquí, lo que hay es siempre un diálogo circular. Antes, no se acostumbraba eso. La prensa estaba sometida, con honrosas excepciones. Ahora, hay libertades plenas, y lo único que se hace aquí es informar a los ciudadanos”, dijo López Obrador ante la pregunta de una periodista, integrante de la Misión de Observación.
Precisamente, a raíz del cuestionamiento de esa periodista, numerosos ataques e insultos, muchos de tinte machista y xenófobos, se desataron en la red social Twitter en contra de la comunicadora que preguntó al mandatario si se comprometía o no a dejar de utilizar un lenguaje estigmatizante.
Esta no es la primera vez que organizaciones internacionales muestran abiertamente su preocupación por la situación de los periodistas en México, que reciben insultos y ataques por cuestionar al Gobierno mexicano.
El pasado 6 de octubre, en una entrevista con Newsweek y Animal Político, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, opinó que hay una “confusión” en el papel que debe ejercer el periodismo crítico en México y en cualquier sociedad.
“Muchas veces se expone a la prensa, o hay una reacción contraria hacia ella, por el siemple hecho de preguntar y de indagar. Sin embargo, un periodista que no hace preguntas interesantes, o que no vaya al punto, es algo que uno esperaría de la propaganda y del oficialismo, y no del periodismo”, planteó el relator de la CIDH.
Los acuerdos
Por otra parte, las 17 organizaciones civiles nacionales e internacionales, entre las que están Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), o Freedom House, mantuvieron reuniones durante la Misión de Observación con funcionarios del Gobierno Federal en las que llegaron a varios acuerdos para favorecer la libertad de expresión en México.
Uno de los principales acuerdos es que se instalará una mesa de trabaja para darle seguimiento a la implementación de las 104 recomendaciones que la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU hizo al Mecanismo de Protección a periodistas.
La ONU señaló la necesidad de garantizar los recursos económicos del Mecanismo y mejorar los recursos humanos. Como ejemplo, expuso que el Mecanismo opera con 41 empleados fijos para atender a 976 beneficiarios, lo que significa que cada empleado atiende a 24 casos.
“El presidente López Obrador se comprometió en conferencia de prensa a garantizar estas recomendaciones”, señaló Rachel Kay, del International Freedom of Expression Exchange (IFEX).
Otro acuerdo al que se llegó fue elaborar una plataforma para consultar cada recomendación emitida por organismos internacionales de derechos humanos, y el estatus en que se encuentran.
Además, la Fiscalía General de la República (FGR) se comprometió a realizar una reunión cada 6 meses con integrantes de la Misión de Observación, para dar seguimiento a determinados casos de agresiones contra periodistas.
Espionaje
En cuanto a las denuncias recientes acerca del uso del sistema de espionaje Pegasus entre abril y mayo de este año en 20 países, entre ellos México, Luis Fernando García, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, dijo que la Misión de Observación “valora el compromiso del presidente actual” para investigar este caso, así como su compromiso para que en su gobierno no se espíe a periodistas ni activistas, tal y como sucedió en la pasada administración de Peña Nieto.
A lo que no se comprometió la FGR fue a reducir los alarmantes índices de impunidad que existen, en cuanto a ataques a periodistas se refiere.
Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, explicó que la Misión pidió a la FGR que se comprometa a resolver, al menos, tres casos por año de agresiones a periodistas.
Por caso resuelto, la organización civil entiende que la FGR resuelva la autoría material de la agresión, pero también la autoría intelectual, y que, además, el caso llegue a presentarse ante la justicia y que un juez emita una sentencia sobre el mismo.
Sin embargo, el fiscal general Alejandro Gertz Manero declinó reunirse con la Misión y la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Prensa (FEADLE), que depende de la FGR, no quiso comprometerse a reducir la impunidad en contra de periodistas, a pesar de que en México el 99% de los ataques a periodistas permanecen impunes.
Ana Cristina Ruelas también dijo a este medio que a FEADLE se negó a crear una mesa de trabajo, para dar seguimiento a los casos de periodistas desaparecidos en México.
