Proyecto para llevar agua de México a San Diego fue avalado por Jaime Bonilla e impulsado por Kiko Vega
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Foto: Radar BC

Proyecto para llevar agua de México a San Diego fue avalado por Jaime Bonilla e impulsado por Kiko Vega

Tanto el actual gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, como el exgobernador Francisco Vega de Lamadrid conocían el proyecto y sabían que el propósito de la desaladora en Playas de Rosarito era vender agua a los Estados Unidos.
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Por Especial Radar BC
21 de noviembre, 2019
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Documentos de la Semarnat en México, minutas del Distrito de Agua de Otay en California, Estados Unidos, y reportes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Norteamérica, confirman lo que durante años negó el gobierno del exgobernador panista Francisco Kiko Vega: la intención de exportar diariamente entre 20 y 40 millones de galones de agua producida en una planta desaladora instalada en Playas de Rosarito.

Según la minuta 20060313, el Distrito de Agua de Otay (OWD por sus siglas en inglés) gestionó con autoridades mexicanas desde el 2006, la posibilidad de instalar una planta desaladora que cubriera el 40 por ciento de la demanda en esa zona.

Simultáneamente, Frederick W. McTaggart, Presidente y CEO de Consolidated Water, inició sus planes de expansión en México, pero fue hasta el 2009 cuando anunció oficialmente la intención de ampliar sus operaciones en el “Pacífico”, en donde podían ganar dinero con la venta de agua desalada, según lo señala un reporte de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos.

Para lograrlo la empresa Consolidated Water se asoció con la empresa bajacaliforniana NSC AGUA. Fue en ese momento que Frederick W. McTaggart inició con el proceso legal para vender el agua y sostuvieron reuniones con autoridades bajacalifornianas, quienes expresaron su deseo de comprar el agua producida para venderla o intercambiarla con Estados Unidos mediante un mecanismo comercial.

En sus declaraciones del 13 de mayo del 2015, McTaggart va más allá, señala que fueron las mismas autoridades estatales quienes entablaron comunicación con sus similares en Estados Unidos, a fin de buscar el acuerdo comercial.

El acueducto secreto

Para concretar la compra-venta de agua a los Estados Unidos, los desarrolladores y el gobierno estatal necesitaban infraestructura, lo cual quedó plasmado en el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) presentado ante la Semarnat, en junio de 2014, el cual contemplaba la construcción de un acueducto que cruzaría la frontera entre México y Estados Unidos.

En la sección II.2.6 denominada “Descripción de obras asociadas al proyecto1” del MIA se confirmó la intención de vender los excedentes de agua a la frontera norte desde la CESPT al Distrito de Agua de Otay, en San Diego.

El mismo apartado señala que el acueducto correrá desde la planta a través de las montañas entre Rosarito y Tijuana, paralelo al gasoducto de la empresa Sempra, entregando el agua en los tanques de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana en El Florido, al este de Tijuana.

Entre las documentales presentadas por la empresa para su aprobación, dan a conocer fotografías incluso de la misma línea internacional Estados Unidos – México para dar a conocer en dónde concluye el proyecto.

La mano de Jaime Bonilla y Kiko Vega

Tanto el actual gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, como el exgobernador Francisco Vega de Lamadrid conocían el proyecto y sabían que el propósito de la desaladora en Playas de Rosarito era vender agua a los Estados Unidos.

Minutas del Distrito de Aguas de Otay señalan que cuando Bonilla Valdez ocupó el cargo de Director de dicho organismo, en 2008, inició las gestiones para instalar una planta desaladora en Playas de Rosarito, al grado que en 2011 se reunió con el entonces Alcalde de ese municipio, Javier Robles, para discutir el proyecto.

Ya como diputado federal, en mayo del 2013, Jaime Bonilla Valdez participó en una reunión con los accionistas de NSC AGUA y una comisión del Distrito de Agua de Otay, quienes expresaron su interés por adquirir el agua producida en las costas mexicanas.

“El Estado está considerando vender al distrito la cantidad solicitada de agua desalinizada y también está interesado en las transferencias indirectas de agua del agua del Río Colorado”, relata la minuta 20151019 del OWD.

Tanto el exgobernador Francisco Vega de Lamadrid como el exsecretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante Olache, negaron durante toda la administración que el agua de la desaladora se vendería a Estados Unidos, aun cuando el 15 de junio de 2016 el gobierno de BC le otorgó el contrato de la desaladora a NSC AGUA, empresa que a su vez se transformó en la compañía Aguas de Rosarito.

“Me lo han preguntado no sé cuántas veces y les he dicho que no es cierto, no se puede vender agua”, dijo Vega de Lamadrid a un reportero de El Imparcial el 27 de mayo del 2019.

Sin embargo, la minuta antes mencionada señala a Bonfante Olache como el contacto con el Gobierno Estatal, a quien incluso le plantearon la intención de enviar agua a los Estados Unidos de forma directa o indirecta a través del Río Colorado, así como el precio y la calidad del vital líquido.

Leyes ambiguas

Milton Adán Rubio Díaz, director de la empresa Aguas de Rosarito, responsable de la construcción y operación de la planta desaladora, reconoció que la intención original de la planta era vender agua a Estados Unidos, pero aclaró que legalmente ellos no pueden hacerlo, toda vez que el Congreso se los impidió, aunque el gobierno mexicano sí lo podría hacer.

Una cláusula del Acta 323 del Comité Internacional de Límites y Aguas (CILA) permite el intercambio o entrega directa de agua en caso de contingencia entre ambas naciones, sin embargo, la legislación mexicana no lo permite de manera expresa.

Francisco Bernal Rodríguez, representante en Mexicali de la CILA, detalló que dicho esquema sólo podría darse con la autorización de ambos países. Explicó que el ACTA 323 contempla la exploración de proyectos de desalación en el Mar de Cortés para dotar de agua al estado de Arizona, y en el Océano Pacífico para abastecer a California.

Por su parte, el Director del Organismo de Cuenca de Conagua en Baja California, Rafael Sanz Ramos, aseguró que la Ley de Aguas Nacionales no contempla este esquema, por lo cual se necesitaría un trámite especial y un acuerdo entre ambos gobiernos, lo cual no existe en la actualidad, aunque no se descarta.

El hombre detrás del proyecto

El plan maestro para vender agua a Estados Unidos inicia en 2005, cuando Gough W. Thompson, un veterano de guerra originario de Maryland, conoce un estudio financiado por las autoridades mexicanas y estadounidenses, en el cual se establece que Playas de Rosarito es el sitio ideal para instalar una planta desaladora y comercializar el vital líquido.

Entrevistado en la ciudad de San Diego, California, donde reside desde hace años, Thompson recuerda que a través de su empresa East West Group (EWG) ideó el proyecto de la desaladora, pues debido al poco abasto de agua en ambos lados de la frontera, se visualizaba como un negocio muy atractivo.

Asociado con Alejandro de la Vega Valladolid, cuya principal tarea fue la de invertir recursos y hacer las gestiones con el gobierno de Baja California, Thompson manifestó la intención de producir hasta 100 millones de galones al día, lo que convertirá a esta planta en la más grande de América y la sexta a nivel mundial.

Ya con el apoyo del gobierno bajacaliforniano, buscaron un nuevo aliado en San Diego, en este caso el Distrito de Agua de Otay (OWD por sus siglas en inglés), al considerarlo un cliente potencial. En dicho organismo se encontraba el ahora gobernador, Jaime Bonilla Valdez.

Tanto OWD como la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) manifestaron su interés por adquirir parte de los 100 millones de galones que diariamente produciría la desaladora.

Al paso de los meses, el proyecto avanzó más lento y comenzó a dificultarse, por lo que Thompson consideró que era momento de retirarse.  Es así que buscó un comprador, dando así con “The Carlyle Group”, una empresa con sede en Washington, D.C. que mostró su interés en la construcción de la desaladora.

Sin embargo, esta empresa buscaba quedarse con el control de todo el proyecto e incluso comprar a CWC, lo cual no fue bien visto por McTaggart, quien además de impedir la negociación convocó a una reunión de socios en la que, sin previo aviso, incrementó el capital de la empresa y pulverizó las acciones de Thomson, quien pasó de tener el 25 por ciento, a menos del 1 por ciento de la compañía.

Con este movimiento, CWC se apoderaría del proyecto que representaría ganancias anuales de al menos 125 millones de dólares, lo que Thompson consideró motivo suficiente para dejarlo fuera.

A partir de ahí que comenzó un litigio entre los socios de NSC Agua, toda vez que Thompson presentó denuncias en México y Estados Unidos con el propósito de aclarar lo sucedido en la asamblea en la que disminuyeron su participación, ocasionando que se aplicara un embargo al predio donde construirán la desaladora.

El plan era que el Gobierno de Baja California comprara el 100 por ciento del agua producida para vender una parte a Estados Unidos:

Dijo que desde hace años existe una conexión entre Tijuana y San Diego, por lo tanto pueden cruzar agua sin ningún problema, especialmente en caso de una emergencia.

Con más de tres millones de dólares invertidos, Gough W. Thompson mantiene un litigio con el resto de sus socios, lo que ha impedido la construcción de la planta, sin embargo, negó que el proyecto esté muerto y aunque desconoce por qué se han caído los financiamientos, considera que los proyectos serán retomados por Jaime Bonilla Valdez, toda vez que fue uno de los principales interesados.

Se les acaba el tiempo

Actualmente, ambos proyectos se encuentran detenidos debido a problemas financieros, toda vez que el contrato firmado obliga al Gobierno del Estado a conseguir una línea de crédito que le permita obtener recursos en caso de no poder cubrir el pago de la contraprestación a los particulares. El gobierno tiene hasta el próximo 31 de diciembre para conseguir el financiamiento.

En caso de que el gobierno estatal no cumpla con esa parte, podrían presentarse demandas por incumplimiento de parte de los desarrolladores.

“Es trabajo del Estado, no trabajo de nosotros”, señaló Milton Adán Rubio Díaz, Director de la empresa Aguas de Rosarito, al referirse al estatus en que se encuentra la construcción de la planta.

Tras asumir el cargo como Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez se pronunció respecto a la desaladora de Playas de Rosarito, proyecto al que consideró necesario, pero lo calificó de inviable.

“No podemos comprometer al Estado con un pago de 158 millones de pesos mensuales, no los tiene la comisión de agua, entonces tenemos que cambiar el esquema para que sea menos doloroso el impacto al Estado”, indicó.

Bonilla Valdez comentó que el proyecto permanecerá, pero ya notificó a la empresa Aguas de Rosarito que tendrán que cambiar una serie de cuestiones para que sea autosuficiente. Por ello, trabajan actualmente en un nuevo esquema que facilite el proyecto, y que esté dentro de las posibilidades financieras de la actual administración.

A unos días de dejar el cargo de Gobernador, Francisco Vega de Lamadrid insistió en la necesidad de construir las plantas desaladoras debido a la necesidad de fuentes alternas de agua para Baja California.

“Se nos está acabando el agua en la zona costa (…), se ha complicado por política, pero tarde o temprano me tendrán que dar la razón”, dijo Vega de Lamadrid.

Es importante señalar que durante semanas se buscó la postura de la Comisión Estatal del Agua (CEA), cuya dirección estuvo acéfala durante meses, pero que fue asumida por Alfredo Babún Villarreal el pasado mes de septiembre, sin embargo, el funcionario nunca respondió a la solicitud de entrevista de este medio.

Este reportaje fue publicado originalmente en el portal Radar BC.

Esta investigación es parte del Hub de Periodismo de Investigación, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers

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Reuters

Conficto en Chihuahua: El tratado por el que México le debe millones de metros cúbicos de agua a EU

Un acuerdo firmado entre ambos países en 1944 está en el centro de la polémica en el norte de México, cuyo presidente dijo temer que pueda utilizarse como arma electoral durante la actual campaña en EU.
Reuters
18 de septiembre, 2020
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Un tratado firmado en 1944 entre México y Estados Unidos está detrás de que miles de personas lleven meses en pie de guerra en el lado mexicano de la frontera.

El acuerdo regula cómo los dos países deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte del límite territorial entre ambos.

El gobierno de México tiene poco más de un mes para entregar a su vecino del norte la parte que le corresponde. Para ello, asegura que debe utilizar la almacenada en la presa la Boquilla, en el estado de Chihuahua, en el norte del país.

Y aunque afirma que el suministro está garantizado para la población, los agricultores de la zona se niegan a la extracción porque aseguran que los dejaría sin el recurso suficiente para poder cultivar tras haber sufrido una pronunciada sequía.

La tensión aumentó a ritmo vertiginoso en la última semana con graves enfrentamientos entre miembros de la Guardia Nacional y campesinos, que tienen desde entonces tomada la presa para evitar el desfogue.

Una mujer agricultora fue asesinada el 8 de septiembre tras participar en las protestas. Según testigos, fue alcanzada por disparos de guardias nacionales. La Fiscalía estatal investiga lo sucedido.

El propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, responsabilizó a “grupos políticos” de las protestas y mostró su preocupación por el hecho de que este conflicto impida cumplir con el tratado firmado con EU y por cuál podría ser su reacción.

De hecho, el mandatario aseguró este jueves que el gobernador de Texas -estado fronterizo con Chihuahua- envió una carta al secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, “reclamando que México no está cumpliendo con el pago del agua y haciendo algunas propuestas”.

Protesta en La Boquilla

Reuters
La Fiscalía de Chihuahua investiga la muerte de una mujer agricultora tras participar en una de las protestas. Según testigos, fue abatida por disparos de la Guardia Nacional.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acusó por su parte a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de ocultar a quienes “se aprovechan de manera irregular” desde dentro del organismo robando agua de la zona, una práctica que ya ha sido bautizada como “huachicoleo de agua” o “aguachicoleo”.

Mientras, varios diputados de Chihuahua consideran precisamente que el tratado en cuestión es la base del problema y anunciaron que acudirán a tribunales internacionales para pedir que el acuerdo sea revisado y pueda así garantizar el abastecimiento de agua a los productores del estado.

¿Qué dice el tratado?

De alguna manera, se podría decir que el llamado Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y EU en 1944 tiene su origen de algún modo en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes.

El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EU más de la mitad de su territorio en aquel entonces.

Pero además, también fijó la frontera entre ambos países en el río Bravo -conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas son hoy centro del conflicto en Chihuahua.

La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EU firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.

Mapa

BBC

Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.

Como contraparte, EU cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.

“Es un tratado que no fue nada fácil de negociar y en el que se tuvieron que hacer muchísimas proyecciones de ingeniería porque define los límites entre los dos países y esta distribución de las aguas”, le dice a BBC Mundo Roberto Velasco, director general para América del Norte del gobierno mexicano.

También establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.

Firma del tratado en Washington en 1944

IBWC
Representantes de México y EU firmaron el tratado en Washington en 1944.

El pacto estipula que EU cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.

“Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EU”, afirmó López Obrador la semana pasada.

Pero el quinquenio actual concluye el próximo 24 de octubre y, según el gobierno de México, aún le faltan 378 Mm3 de agua para poder cumplir su parte del acuerdo.

¿Cuál es la situación actual?

El centro del conflicto está en la presa La Boquilla del río Conchos, el afluente del Bravo más voluminoso de los seis tributarios que tienen que aportar agua para el cumplimiento del tratado.

Según los agricultores, desfogar líquido de este punto supondría comprometer su capacidad de riego y poner en grave peligro el futuro de unas 20.000 familias que viven del campo en la región.

“En agosto tuvimos el mes más seco de los últimos 90 años, no hay agua. No podemos ser el único estado semidesértico que exporta agua con una precipitación media anual de 250 mm”, le dice a BBC Mundo Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua.

Presa La Boquilla

Reuters
La extracción del agua de la presa la Boquilla está en el centro del conflicto en Chihuahua.

Conagua aseguró que el riego para el ciclo agrícola 2019-2020 ya fue garantizado y que solo resta por entregar a los campesinos unos 100 Mm3 de la presa la Boquilla, lo que critica no puede completarse debido a la toma de las instalaciones.

Según datos oficiales, esta presa contaba el 16 de septiembre con 920Mm3 de agua almacenada. Es poco más del 32% de su capacidad máxima.

Para los campesinos, la situación actual pone en evidencia que será extremadamente difícil garantizar que pueda haber agua suficiente para el ciclo agrícola del año próximo y creen que Chihuahua “ha hecho más de lo que le corresponde” para que México pueda cumplir con su compromiso internacional.

“Prescindimos de uno de los dos cultivos que antes teníamos por ciclo y también se vendieron derechos de más de 7.000 hectáreas. Lo hicimos para que las presas funcionen como una alcancía, para cuidar la poquita agua que hay ahora, o no sembraremos un solo metro el año que entra”, dice Alcantar.

Protesta en La Boquilla

Reuters
Agricultores de Chihuahua aseguran que contribuyeron al ahorro de agua para su almacenamiento en la Boquilla de cara al próximo período de cultivo.

Velasco reconoce que 2020 ha sido un año seco, pero el gobierno confía en que siga lloviendo y asegura que unos 780 Mm3 almacenados “es la disponibilidad adecuada” para garantizar el próximo ciclo de riego.

“Nos podrían decir que hay que garantizar los siguientes 40 ciclos, pero la realidad es que eso no funciona así sino con concesiones anuales”, responde.

¿Qué alternativas hay para cumplir el tratado?

Los agricultores no entienden por qué hay que “pagar por adelantado” y proponen como alternativa aguardar a final de octubre para esperar a posibles escurrimientos de agua y evaluar entonces la cantidad debida a EU.

En caso de que haya déficit por parte de México, proponen que el agua se extraiga de alguna de las presas internacionales construidas y gestionadas por ambos países.

“¿Por qué nomás el Conchos? Hay otros tributarios que deben aportar agua para cumplir con las asignaciones del tratado, y nomás voltean a ver a Chihuahua”, critica Alcantar.

Mapa presas Río Bravo

Conagua
El río Conchos es el afluente del Bravo más voluminoso de los seis tributarios que tienen que aportar agua en México para el cumplimiento del tratado.

Pero después de que México cerrara el quinquenio pasado debiendo agua que tuvo que devolver después, Velasco asegura que las reglas acordadas entre las dos secciones internacionales de la CILA no permiten que el país vuelva a terminar un período con deuda.

Sobre la propuesta de que sean las presas internacionales las que aporten el agua faltante, Velasco la califica de “irresponsable”, ya que se utilizan sobre todo para el consumo humano en ciudades del norte de México y la cantidad almacenada actualmente hace “muy difícil” destinarla a otros fines.

Presa internacional La Amistad

CILA México
Agricultores creen que presas internacionales como la Amistad, gestionada por México y EU, podrían contribuir con el agua faltante.

Según cifras del gobierno, el río Conchos debería aportar el 54% del agua contemplada en el tratado, aunque en lo que va de ciclo solo ha contribuido con el 44%.

“En Chihuahua se está cargando lo que se tiene que cargar. En este momento, toda la atención está sobre ellos porque el resto de tributarios ya hicieron su parte”, asegura Velasco.

¿Cómo podría reaccionar EU?

El enfrentamiento ha escalado a lo más alto de la esfera política en México.

Tanto el gobernador de Chihuahua como alcaldes de la zona mostraron su apoyo a los agricultores, mientras que el presidente López Obrador no ha ocultado su preocupación por las posibles consecuencias de que el país no cumpla con el acuerdo.

“Es muy delicado que en estos 45 día de campaña (electoral en EU) se vaya a utilizar que no estamos cumpliendo con el tratado y se tomen medidas unilaterales que afecten a México”, alertó días atrás.

AMLO

Gobierno de México
AMLO pidió a los agricultores de Chihuahua confiar en que el agua para regadío estará garantizada.

El mandatario insistió en pedir la confianza de los agricultores de Chihuahua. “No se van a quedar sin agua. Si no, (…) le hablaría al presidente Trump para decirle: ‘¿Sabe qué?, dennos una prórroga, ayúdennos en esto porque no vamos a poder cumplir con el compromiso'”.

Aunque reconoce que no se ha recibido ninguna advertencia formal de EU en caso de que México no entregue su parte, Velasco también coincide en que la campaña electoral provoca en el país vecino un clima más crispado ante el que se deben extremar precauciones.

Dice que lo que pretenden evitar es que el país vecino pudiera imponer sanciones como respuesta, “que empiecen a apretar los flujos comerciales o a establecer aranceles a mercancías provenientes de Chihuahua”.

Protesta en La Boquilla

Reuters
El gobierno mexicano expresó su preocupación por la reacción de EU ante Chihuahua en caso de que México no cumpla con su parte del tratado.

“Sí nos han expresado su preocupación de que el gobierno de Chihuahua, que además es vecino de Texas y su principal socio, no esté cooperando para buscar una solución en algo que es en interés de los dos países”, revela el funcionario de la Cancillería mexicana.

Alencar rechaza que el gobierno federal utilice esta posible reacción como medida de presión para que permitan la extracción de agua de la Boquilla.

“Que no nos traten de asustar diciendo que si no se cumple, se suspenderán las relaciones comerciales entre ambos países. Para que haya que pagar, debe haber una exigencia de EU, y yo no he visto ninguna nota diplomática donde les estén pidiendo el agua”, responde.

¿Debería reformarse el tratado?

Reformar o actualizar las condiciones de un tratado que fue firmado hace 76 años podría ser una de las opciones para tratar de solucionar este conflicto.

Tratado de 1944

IBWC
AMLO definió el tratado de aguas como uno de los mejores en la relación de México y EU.

Pero Alencar cree que hay alternativas suficientes para evitar llegar a ese punto. Y el gobierno mexicano tampoco apoya la idea, al considerar que tanto los litros de agua acordados como la posibilidad de entregar su parte cada cinco años en lugar de anualmente son ventajas que el país no debería perder.

Otra de las pocas cosas en las que coinciden ambas partes es cuando aseguran estar abiertas al diálogo para llegar a un acuerdo, aunque los campesinos critican que el gobierno federal no está atendiendo sus demandas.

“Estamos abiertos, pero no a un diálogo donde se busque poner el interés de unos grupos sobre otros, sino que tenga su centro en el interés nacional (…). El agua no es de Chihuahua ni de un grupo de personas, es de un río transfronterizo“, recuerda Velasco.

El vocero de los agricultores alerta por su parte de cuál es su mayor temor si, como prevén, el año que viene no tienen agua suficiente para el riego.

“En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y hubo una migración masiva desde nuestros municipios. Los hombres en edad productiva se marcharon para dar sustento a la familia, fue una desintegración familiar fuerte que aún estamos sufriendo”, recuerda.

“Y ese es el problema social que podemos volver a ver si no sembramos el año próximo”.


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