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Foto: Radar BC

Proyecto para llevar agua de México a San Diego fue avalado por Jaime Bonilla e impulsado por Kiko Vega

Tanto el actual gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, como el exgobernador Francisco Vega de Lamadrid conocían el proyecto y sabían que el propósito de la desaladora en Playas de Rosarito era vender agua a los Estados Unidos.
Foto: Radar BC
Por Especial Radar BC
21 de noviembre, 2019
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Documentos de la Semarnat en México, minutas del Distrito de Agua de Otay en California, Estados Unidos, y reportes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Norteamérica, confirman lo que durante años negó el gobierno del exgobernador panista Francisco Kiko Vega: la intención de exportar diariamente entre 20 y 40 millones de galones de agua producida en una planta desaladora instalada en Playas de Rosarito.

Según la minuta 20060313, el Distrito de Agua de Otay (OWD por sus siglas en inglés) gestionó con autoridades mexicanas desde el 2006, la posibilidad de instalar una planta desaladora que cubriera el 40 por ciento de la demanda en esa zona.

Simultáneamente, Frederick W. McTaggart, Presidente y CEO de Consolidated Water, inició sus planes de expansión en México, pero fue hasta el 2009 cuando anunció oficialmente la intención de ampliar sus operaciones en el “Pacífico”, en donde podían ganar dinero con la venta de agua desalada, según lo señala un reporte de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos.

Para lograrlo la empresa Consolidated Water se asoció con la empresa bajacaliforniana NSC AGUA. Fue en ese momento que Frederick W. McTaggart inició con el proceso legal para vender el agua y sostuvieron reuniones con autoridades bajacalifornianas, quienes expresaron su deseo de comprar el agua producida para venderla o intercambiarla con Estados Unidos mediante un mecanismo comercial.

En sus declaraciones del 13 de mayo del 2015, McTaggart va más allá, señala que fueron las mismas autoridades estatales quienes entablaron comunicación con sus similares en Estados Unidos, a fin de buscar el acuerdo comercial.

El acueducto secreto

Para concretar la compra-venta de agua a los Estados Unidos, los desarrolladores y el gobierno estatal necesitaban infraestructura, lo cual quedó plasmado en el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) presentado ante la Semarnat, en junio de 2014, el cual contemplaba la construcción de un acueducto que cruzaría la frontera entre México y Estados Unidos.

En la sección II.2.6 denominada “Descripción de obras asociadas al proyecto1” del MIA se confirmó la intención de vender los excedentes de agua a la frontera norte desde la CESPT al Distrito de Agua de Otay, en San Diego.

El mismo apartado señala que el acueducto correrá desde la planta a través de las montañas entre Rosarito y Tijuana, paralelo al gasoducto de la empresa Sempra, entregando el agua en los tanques de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana en El Florido, al este de Tijuana.

Entre las documentales presentadas por la empresa para su aprobación, dan a conocer fotografías incluso de la misma línea internacional Estados Unidos – México para dar a conocer en dónde concluye el proyecto.

La mano de Jaime Bonilla y Kiko Vega

Tanto el actual gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, como el exgobernador Francisco Vega de Lamadrid conocían el proyecto y sabían que el propósito de la desaladora en Playas de Rosarito era vender agua a los Estados Unidos.

Minutas del Distrito de Aguas de Otay señalan que cuando Bonilla Valdez ocupó el cargo de Director de dicho organismo, en 2008, inició las gestiones para instalar una planta desaladora en Playas de Rosarito, al grado que en 2011 se reunió con el entonces Alcalde de ese municipio, Javier Robles, para discutir el proyecto.

Ya como diputado federal, en mayo del 2013, Jaime Bonilla Valdez participó en una reunión con los accionistas de NSC AGUA y una comisión del Distrito de Agua de Otay, quienes expresaron su interés por adquirir el agua producida en las costas mexicanas.

“El Estado está considerando vender al distrito la cantidad solicitada de agua desalinizada y también está interesado en las transferencias indirectas de agua del agua del Río Colorado”, relata la minuta 20151019 del OWD.

Tanto el exgobernador Francisco Vega de Lamadrid como el exsecretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante Olache, negaron durante toda la administración que el agua de la desaladora se vendería a Estados Unidos, aun cuando el 15 de junio de 2016 el gobierno de BC le otorgó el contrato de la desaladora a NSC AGUA, empresa que a su vez se transformó en la compañía Aguas de Rosarito.

“Me lo han preguntado no sé cuántas veces y les he dicho que no es cierto, no se puede vender agua”, dijo Vega de Lamadrid a un reportero de El Imparcial el 27 de mayo del 2019.

Sin embargo, la minuta antes mencionada señala a Bonfante Olache como el contacto con el Gobierno Estatal, a quien incluso le plantearon la intención de enviar agua a los Estados Unidos de forma directa o indirecta a través del Río Colorado, así como el precio y la calidad del vital líquido.

Leyes ambiguas

Milton Adán Rubio Díaz, director de la empresa Aguas de Rosarito, responsable de la construcción y operación de la planta desaladora, reconoció que la intención original de la planta era vender agua a Estados Unidos, pero aclaró que legalmente ellos no pueden hacerlo, toda vez que el Congreso se los impidió, aunque el gobierno mexicano sí lo podría hacer.

Una cláusula del Acta 323 del Comité Internacional de Límites y Aguas (CILA) permite el intercambio o entrega directa de agua en caso de contingencia entre ambas naciones, sin embargo, la legislación mexicana no lo permite de manera expresa.

Francisco Bernal Rodríguez, representante en Mexicali de la CILA, detalló que dicho esquema sólo podría darse con la autorización de ambos países. Explicó que el ACTA 323 contempla la exploración de proyectos de desalación en el Mar de Cortés para dotar de agua al estado de Arizona, y en el Océano Pacífico para abastecer a California.

Por su parte, el Director del Organismo de Cuenca de Conagua en Baja California, Rafael Sanz Ramos, aseguró que la Ley de Aguas Nacionales no contempla este esquema, por lo cual se necesitaría un trámite especial y un acuerdo entre ambos gobiernos, lo cual no existe en la actualidad, aunque no se descarta.

El hombre detrás del proyecto

El plan maestro para vender agua a Estados Unidos inicia en 2005, cuando Gough W. Thompson, un veterano de guerra originario de Maryland, conoce un estudio financiado por las autoridades mexicanas y estadounidenses, en el cual se establece que Playas de Rosarito es el sitio ideal para instalar una planta desaladora y comercializar el vital líquido.

Entrevistado en la ciudad de San Diego, California, donde reside desde hace años, Thompson recuerda que a través de su empresa East West Group (EWG) ideó el proyecto de la desaladora, pues debido al poco abasto de agua en ambos lados de la frontera, se visualizaba como un negocio muy atractivo.

Asociado con Alejandro de la Vega Valladolid, cuya principal tarea fue la de invertir recursos y hacer las gestiones con el gobierno de Baja California, Thompson manifestó la intención de producir hasta 100 millones de galones al día, lo que convertirá a esta planta en la más grande de América y la sexta a nivel mundial.

Ya con el apoyo del gobierno bajacaliforniano, buscaron un nuevo aliado en San Diego, en este caso el Distrito de Agua de Otay (OWD por sus siglas en inglés), al considerarlo un cliente potencial. En dicho organismo se encontraba el ahora gobernador, Jaime Bonilla Valdez.

Tanto OWD como la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) manifestaron su interés por adquirir parte de los 100 millones de galones que diariamente produciría la desaladora.

Al paso de los meses, el proyecto avanzó más lento y comenzó a dificultarse, por lo que Thompson consideró que era momento de retirarse.  Es así que buscó un comprador, dando así con “The Carlyle Group”, una empresa con sede en Washington, D.C. que mostró su interés en la construcción de la desaladora.

Sin embargo, esta empresa buscaba quedarse con el control de todo el proyecto e incluso comprar a CWC, lo cual no fue bien visto por McTaggart, quien además de impedir la negociación convocó a una reunión de socios en la que, sin previo aviso, incrementó el capital de la empresa y pulverizó las acciones de Thomson, quien pasó de tener el 25 por ciento, a menos del 1 por ciento de la compañía.

Con este movimiento, CWC se apoderaría del proyecto que representaría ganancias anuales de al menos 125 millones de dólares, lo que Thompson consideró motivo suficiente para dejarlo fuera.

A partir de ahí que comenzó un litigio entre los socios de NSC Agua, toda vez que Thompson presentó denuncias en México y Estados Unidos con el propósito de aclarar lo sucedido en la asamblea en la que disminuyeron su participación, ocasionando que se aplicara un embargo al predio donde construirán la desaladora.

El plan era que el Gobierno de Baja California comprara el 100 por ciento del agua producida para vender una parte a Estados Unidos:

Dijo que desde hace años existe una conexión entre Tijuana y San Diego, por lo tanto pueden cruzar agua sin ningún problema, especialmente en caso de una emergencia.

Con más de tres millones de dólares invertidos, Gough W. Thompson mantiene un litigio con el resto de sus socios, lo que ha impedido la construcción de la planta, sin embargo, negó que el proyecto esté muerto y aunque desconoce por qué se han caído los financiamientos, considera que los proyectos serán retomados por Jaime Bonilla Valdez, toda vez que fue uno de los principales interesados.

Se les acaba el tiempo

Actualmente, ambos proyectos se encuentran detenidos debido a problemas financieros, toda vez que el contrato firmado obliga al Gobierno del Estado a conseguir una línea de crédito que le permita obtener recursos en caso de no poder cubrir el pago de la contraprestación a los particulares. El gobierno tiene hasta el próximo 31 de diciembre para conseguir el financiamiento.

En caso de que el gobierno estatal no cumpla con esa parte, podrían presentarse demandas por incumplimiento de parte de los desarrolladores.

“Es trabajo del Estado, no trabajo de nosotros”, señaló Milton Adán Rubio Díaz, Director de la empresa Aguas de Rosarito, al referirse al estatus en que se encuentra la construcción de la planta.

Tras asumir el cargo como Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez se pronunció respecto a la desaladora de Playas de Rosarito, proyecto al que consideró necesario, pero lo calificó de inviable.

“No podemos comprometer al Estado con un pago de 158 millones de pesos mensuales, no los tiene la comisión de agua, entonces tenemos que cambiar el esquema para que sea menos doloroso el impacto al Estado”, indicó.

Bonilla Valdez comentó que el proyecto permanecerá, pero ya notificó a la empresa Aguas de Rosarito que tendrán que cambiar una serie de cuestiones para que sea autosuficiente. Por ello, trabajan actualmente en un nuevo esquema que facilite el proyecto, y que esté dentro de las posibilidades financieras de la actual administración.

A unos días de dejar el cargo de Gobernador, Francisco Vega de Lamadrid insistió en la necesidad de construir las plantas desaladoras debido a la necesidad de fuentes alternas de agua para Baja California.

“Se nos está acabando el agua en la zona costa (…), se ha complicado por política, pero tarde o temprano me tendrán que dar la razón”, dijo Vega de Lamadrid.

Es importante señalar que durante semanas se buscó la postura de la Comisión Estatal del Agua (CEA), cuya dirección estuvo acéfala durante meses, pero que fue asumida por Alfredo Babún Villarreal el pasado mes de septiembre, sin embargo, el funcionario nunca respondió a la solicitud de entrevista de este medio.

Este reportaje fue publicado originalmente en el portal Radar BC.

Esta investigación es parte del Hub de Periodismo de Investigación, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers

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Por qué sobrevive el cártel de Sinaloa a pesar del encarcelamiento del Chapo

Es una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del mundo, según autoridades de Estados Unidos, y está detrás de la violencia que se apoderó este jueves de Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, por enfrentamientos entre algunos de sus miembros y las fueras de seguridad mexicanas.
18 de octubre, 2019
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Su sistema de abastecimiento es eficiente ya que produce o importa directamente la mercancía que envía, sin problemas, a todos sus centros de distribución en México y algunas decenas de países.

No tiene cartera vencida pues las cuentas se saldan casi de inmediato. Y cuando la tendencia del mercado empieza a cambiar, la empresa suele innovar para adaptarse a los nuevos escenarios.

¿Es una corporación financiera? ¿Un banco multinacional? No.

Se trata del cartel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del mundo, según autoridades de Estados Unidos, y que está detrás de la violencia que se apoderó este jueves de Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, por enfrentamientos entre algunos de sus miembros y las fueras de seguridad mexicanas.

Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", fue capturado en México y enjuiciado en Estados Unidos.

Getty Images
Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, fue capturado en México y enjuiciado en Estados Unidos.

El grupo tiene presencia en al menos 12 de los 32 estados de México, y de acuerdo al gobierno estadounidense se han detectado representantes de la organización en 50 países.

La agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, dice que el grupo es el mayor proveedor de heroína, marihuana, cocaína, fentanilo y otras drogas sintéticas al mercado de ese país.

Muestras de heroína y fentanilo

Getty Images
Según la DEA, actualmente el cartel de Sinaloa es responsable de la mayor parte de los envíos de productos elaborados con fentanilo.

El funcionamiento de la organización delictiva es muy parecido al de cualquier empresa, le dice a BBC Mundo José Reveles, autor de varios libros sobre narcotráfico como “El Chapo: entrega y traición”.

“Si le quitas el nombre de la organización y te fijas sólo en su estructura y estrategia pensarías que es una corporación internacional”, asegura.

Visión de negocios

Tal estrategia es una de las claves que explican el crecimiento del cartel, a pesar de la captura de algunos de sus fundadores como es el caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Hace unos meses el capo fue encontrado culpable de diez cargos de narcotráfico en la corte de Nueva York, EE.UU., y condenado a cadena perpetua.

Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán

AFP
La esposa del Chapo Guzmán, Emma Coronel (en el centro) asistió al juicio contra su marido en Nueva York.

La organización superó casi sin problemas la captura de Guzmán Loera e incluso, según autoridades estadounidenses, mantiene sin cambios sus operaciones de narcotráfico.

Una de las razones, explican especialistas, es que en materia comercial, el cartel opera más con un sentido de empresa y de negocios que como un grupo dedicado a actividades criminales.

“Tienen responsables para cada una de las fases de la operación”, le explica a BBC Mundo Alberto Islas, director de la consultora en seguridad Risk-Evaluation.

Así, en la estructura de la organización hay quienes se encargan de las cosechas propias de marihuana y goma de amapola.

A diferencia de otros carteles, el grupo de Sinaloa “controla la tierra, no compra cosechas. Los campesinos dependen de ellos”, dice Islas.

Cultivos de amapola y marihuana en México

AFP
El cartel de Sinaloa controla miles de hectáreas con cultivos de amapola y marihuana.

Esto le ha permitido al cartel garantizar el abasto de estas drogas sin depender de factores externos, como una disputa con otras organizaciones.

Ser autosuficientes ofrece la ventaja de contar siempre con recursos para mantener la operación del grupo, incluso en períodos difíciles.

Apoyo estadounidense

Otra parte de la estructura de la organización es la responsable de almacenar la mercancía en territorio mexicano para después enviar los cargamentos a la frontera con Estados Unidos.

Aquí intervienen otras personas quienes se encargan de cruzar las drogas y entregarlas a los grupos aliados que las envían a los distintos mercados, como las ciudades de Los Ángeles, Chicago o Atlanta, por ejemplo.

Muchos de quienes participan en este proceso son ciudadanos estadounidenses, incluso madres de familia o jóvenes universitarios, afirman los especialistas.

Policía mexicano en Sinaloa

AFP
Las fuerzas de seguridad mexicanas no bajaron la guardia pese a la captura de narcos como El Chapo Guzmán.

De forma paralela también operan los responsables de cada ciudad o región, quienes mantienen comunicación con los jefes del cartel y son además responsables de enviar las ganancias por venta de drogas.

En este nivel existen dos tipos más de personajes, explica Islas: uno son expertos en finanzas, que se encargan de administrar las ganancias del grupo.

“Es una parte chiquita, aislada, son gente muy profesional que hace estrategia de cómo recopilar el dinero, entregarlo físicamente, lavar las ganancias y reinvertir el capital en la producción y la estructura del cartel”, señala Islas.

El otro tipo es un grupo dedicado a las operaciones logísticas como buscar nuevas rutas y métodos de tráfico, así como mantener el abastecimiento de materias primas para drogas sintéticas o cargamentos de cocaína.

Estas personas son quienes, generalmente, mantienen el contacto con carteles de países como Bolivia, Perú o Colombia.

Gerentes

Este modelo de negocios del cartel de Sinaloa funciona para sus operaciones en México y en otros países.

José Reveles cuenta una operación encubierta realizada hace algunos años por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés).

Las montañas de Badiraguato, en el estado de Sinaloa, México

AFP
Las montañas de Badiraguato, en el estado mexicano de Sinaloa, vieron nacer y crecer al narco mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Dos agentes se hicieron pasar por compradores de cocaína para España y lograron entrevistarse con Guzmán Loera en las montañas de Sinaloa.

Se encontraron con un ‘Chapo’ muy diferente al que se creía, era un tipo rodeado de gerentes”, cuenta el especialista.

“Estaba el de rutas, el de producción, el de comercialización internacional y el de lavado. Le preguntó a los supuestos compradores dónde querían la droga y de qué parte necesitaban que se la enviara”.

Parte de ese estilo de negociar se narró en el reciente juicio contra Guzmán Loera en Nueva York.

En una de las audiencias se presentó una grabación de audio donde supuestamente “El Chapo” negocia la compra de seis toneladas de cocaína a un grupo vinculado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“Le voy a comprar dos (toneladas) y vamos a dejar propiedades ahí al frente por todo lo demás”, se escucha en la grabación.

Submarinos

El modelo de negocios es una de las claves que ha permitido al cartel mantenerse, durante décadas, como una de las más poderosas organizaciones de narcotráfico del mundo.

Submarino empleado para el traslado de drogas

AFP
Para transportar droga el cartel de Sinaloa utiliza submarinos improvisados.

Otra clave es su capacidad de innovar y adaptarse a las nuevas condiciones del mercado, dicen especialistas como David Pérez Esparza.

Cuando a mediados de la década de 2000 la producción de marihuana en territorio estadounidense se incrementó, el cartel de Sinaloa estableció decenas de laboratorios de drogas sintéticas en estados mexicanos como Jalisco, Sinaloa o Baja California.

En poco tiempo se convirtió en el mayor proveedor de metanfetaminas en el mercado estadounidense.

Después, cuando los consumidores de ese país demandaron otros productos, como heroína o drogas químicas más fuertes, la organización mexicana abasteció el mercado.

Según la DEA, actualmente el cartel es responsable de la mayor parte de los envíos de productos elaborados con fentanilo, un opioide utilizado originalmente para mitigar el dolor en pacientes con cáncer.

La organización suele modificar con frecuencia su sistema de distribución. En los años 90, por ejemplo, utilizaba camiones de carga o cientos de automóviles particulares para enviar la droga a Estados Unidos.

Luego construyó decenas de túneles en ciudades fronterizas, y después recurrió a empresas aparentemente legales para enviar los cargamentos en vagones de ferrocarril, según testigos en el juicio de Nueva York.

También modificó la estrategia para abastecerse de cocaína desde Sudamérica.

En los años 90 utilizaba avionetas, después lanchas rápidas y luego, cuando en los años 2000 el servicio de Guardacostas de Estados Unidos desplegó una operación especial en aguas internacionales, la organización fabricó botes semi-sumergibles para transportar la mercancía.

“Es como una gran corporación”, recuerda Islas. Es decir, el cartel de Sinaloa conoce su mercado… y suele consentir a sus clientes.


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