Proyecto para llevar agua de México a San Diego fue avalado por Jaime Bonilla e impulsado por Kiko Vega
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Proyecto para llevar agua de México a San Diego fue avalado por Jaime Bonilla e impulsado por Kiko Vega

Tanto el actual gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, como el exgobernador Francisco Vega de Lamadrid conocían el proyecto y sabían que el propósito de la desaladora en Playas de Rosarito era vender agua a los Estados Unidos.
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Por Especial Radar BC
21 de noviembre, 2019
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Documentos de la Semarnat en México, minutas del Distrito de Agua de Otay en California, Estados Unidos, y reportes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Norteamérica, confirman lo que durante años negó el gobierno del exgobernador panista Francisco Kiko Vega: la intención de exportar diariamente entre 20 y 40 millones de galones de agua producida en una planta desaladora instalada en Playas de Rosarito.

Según la minuta 20060313, el Distrito de Agua de Otay (OWD por sus siglas en inglés) gestionó con autoridades mexicanas desde el 2006, la posibilidad de instalar una planta desaladora que cubriera el 40 por ciento de la demanda en esa zona.

Simultáneamente, Frederick W. McTaggart, Presidente y CEO de Consolidated Water, inició sus planes de expansión en México, pero fue hasta el 2009 cuando anunció oficialmente la intención de ampliar sus operaciones en el “Pacífico”, en donde podían ganar dinero con la venta de agua desalada, según lo señala un reporte de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos.

Para lograrlo la empresa Consolidated Water se asoció con la empresa bajacaliforniana NSC AGUA. Fue en ese momento que Frederick W. McTaggart inició con el proceso legal para vender el agua y sostuvieron reuniones con autoridades bajacalifornianas, quienes expresaron su deseo de comprar el agua producida para venderla o intercambiarla con Estados Unidos mediante un mecanismo comercial.

En sus declaraciones del 13 de mayo del 2015, McTaggart va más allá, señala que fueron las mismas autoridades estatales quienes entablaron comunicación con sus similares en Estados Unidos, a fin de buscar el acuerdo comercial.

El acueducto secreto

Para concretar la compra-venta de agua a los Estados Unidos, los desarrolladores y el gobierno estatal necesitaban infraestructura, lo cual quedó plasmado en el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) presentado ante la Semarnat, en junio de 2014, el cual contemplaba la construcción de un acueducto que cruzaría la frontera entre México y Estados Unidos.

En la sección II.2.6 denominada “Descripción de obras asociadas al proyecto1” del MIA se confirmó la intención de vender los excedentes de agua a la frontera norte desde la CESPT al Distrito de Agua de Otay, en San Diego.

El mismo apartado señala que el acueducto correrá desde la planta a través de las montañas entre Rosarito y Tijuana, paralelo al gasoducto de la empresa Sempra, entregando el agua en los tanques de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana en El Florido, al este de Tijuana.

Entre las documentales presentadas por la empresa para su aprobación, dan a conocer fotografías incluso de la misma línea internacional Estados Unidos – México para dar a conocer en dónde concluye el proyecto.

La mano de Jaime Bonilla y Kiko Vega

Tanto el actual gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, como el exgobernador Francisco Vega de Lamadrid conocían el proyecto y sabían que el propósito de la desaladora en Playas de Rosarito era vender agua a los Estados Unidos.

Minutas del Distrito de Aguas de Otay señalan que cuando Bonilla Valdez ocupó el cargo de Director de dicho organismo, en 2008, inició las gestiones para instalar una planta desaladora en Playas de Rosarito, al grado que en 2011 se reunió con el entonces Alcalde de ese municipio, Javier Robles, para discutir el proyecto.

Ya como diputado federal, en mayo del 2013, Jaime Bonilla Valdez participó en una reunión con los accionistas de NSC AGUA y una comisión del Distrito de Agua de Otay, quienes expresaron su interés por adquirir el agua producida en las costas mexicanas.

“El Estado está considerando vender al distrito la cantidad solicitada de agua desalinizada y también está interesado en las transferencias indirectas de agua del agua del Río Colorado”, relata la minuta 20151019 del OWD.

Tanto el exgobernador Francisco Vega de Lamadrid como el exsecretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante Olache, negaron durante toda la administración que el agua de la desaladora se vendería a Estados Unidos, aun cuando el 15 de junio de 2016 el gobierno de BC le otorgó el contrato de la desaladora a NSC AGUA, empresa que a su vez se transformó en la compañía Aguas de Rosarito.

“Me lo han preguntado no sé cuántas veces y les he dicho que no es cierto, no se puede vender agua”, dijo Vega de Lamadrid a un reportero de El Imparcial el 27 de mayo del 2019.

Sin embargo, la minuta antes mencionada señala a Bonfante Olache como el contacto con el Gobierno Estatal, a quien incluso le plantearon la intención de enviar agua a los Estados Unidos de forma directa o indirecta a través del Río Colorado, así como el precio y la calidad del vital líquido.

Leyes ambiguas

Milton Adán Rubio Díaz, director de la empresa Aguas de Rosarito, responsable de la construcción y operación de la planta desaladora, reconoció que la intención original de la planta era vender agua a Estados Unidos, pero aclaró que legalmente ellos no pueden hacerlo, toda vez que el Congreso se los impidió, aunque el gobierno mexicano sí lo podría hacer.

Una cláusula del Acta 323 del Comité Internacional de Límites y Aguas (CILA) permite el intercambio o entrega directa de agua en caso de contingencia entre ambas naciones, sin embargo, la legislación mexicana no lo permite de manera expresa.

Francisco Bernal Rodríguez, representante en Mexicali de la CILA, detalló que dicho esquema sólo podría darse con la autorización de ambos países. Explicó que el ACTA 323 contempla la exploración de proyectos de desalación en el Mar de Cortés para dotar de agua al estado de Arizona, y en el Océano Pacífico para abastecer a California.

Por su parte, el Director del Organismo de Cuenca de Conagua en Baja California, Rafael Sanz Ramos, aseguró que la Ley de Aguas Nacionales no contempla este esquema, por lo cual se necesitaría un trámite especial y un acuerdo entre ambos gobiernos, lo cual no existe en la actualidad, aunque no se descarta.

El hombre detrás del proyecto

El plan maestro para vender agua a Estados Unidos inicia en 2005, cuando Gough W. Thompson, un veterano de guerra originario de Maryland, conoce un estudio financiado por las autoridades mexicanas y estadounidenses, en el cual se establece que Playas de Rosarito es el sitio ideal para instalar una planta desaladora y comercializar el vital líquido.

Entrevistado en la ciudad de San Diego, California, donde reside desde hace años, Thompson recuerda que a través de su empresa East West Group (EWG) ideó el proyecto de la desaladora, pues debido al poco abasto de agua en ambos lados de la frontera, se visualizaba como un negocio muy atractivo.

Asociado con Alejandro de la Vega Valladolid, cuya principal tarea fue la de invertir recursos y hacer las gestiones con el gobierno de Baja California, Thompson manifestó la intención de producir hasta 100 millones de galones al día, lo que convertirá a esta planta en la más grande de América y la sexta a nivel mundial.

Ya con el apoyo del gobierno bajacaliforniano, buscaron un nuevo aliado en San Diego, en este caso el Distrito de Agua de Otay (OWD por sus siglas en inglés), al considerarlo un cliente potencial. En dicho organismo se encontraba el ahora gobernador, Jaime Bonilla Valdez.

Tanto OWD como la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) manifestaron su interés por adquirir parte de los 100 millones de galones que diariamente produciría la desaladora.

Al paso de los meses, el proyecto avanzó más lento y comenzó a dificultarse, por lo que Thompson consideró que era momento de retirarse.  Es así que buscó un comprador, dando así con “The Carlyle Group”, una empresa con sede en Washington, D.C. que mostró su interés en la construcción de la desaladora.

Sin embargo, esta empresa buscaba quedarse con el control de todo el proyecto e incluso comprar a CWC, lo cual no fue bien visto por McTaggart, quien además de impedir la negociación convocó a una reunión de socios en la que, sin previo aviso, incrementó el capital de la empresa y pulverizó las acciones de Thomson, quien pasó de tener el 25 por ciento, a menos del 1 por ciento de la compañía.

Con este movimiento, CWC se apoderaría del proyecto que representaría ganancias anuales de al menos 125 millones de dólares, lo que Thompson consideró motivo suficiente para dejarlo fuera.

A partir de ahí que comenzó un litigio entre los socios de NSC Agua, toda vez que Thompson presentó denuncias en México y Estados Unidos con el propósito de aclarar lo sucedido en la asamblea en la que disminuyeron su participación, ocasionando que se aplicara un embargo al predio donde construirán la desaladora.

El plan era que el Gobierno de Baja California comprara el 100 por ciento del agua producida para vender una parte a Estados Unidos:

Dijo que desde hace años existe una conexión entre Tijuana y San Diego, por lo tanto pueden cruzar agua sin ningún problema, especialmente en caso de una emergencia.

Con más de tres millones de dólares invertidos, Gough W. Thompson mantiene un litigio con el resto de sus socios, lo que ha impedido la construcción de la planta, sin embargo, negó que el proyecto esté muerto y aunque desconoce por qué se han caído los financiamientos, considera que los proyectos serán retomados por Jaime Bonilla Valdez, toda vez que fue uno de los principales interesados.

Se les acaba el tiempo

Actualmente, ambos proyectos se encuentran detenidos debido a problemas financieros, toda vez que el contrato firmado obliga al Gobierno del Estado a conseguir una línea de crédito que le permita obtener recursos en caso de no poder cubrir el pago de la contraprestación a los particulares. El gobierno tiene hasta el próximo 31 de diciembre para conseguir el financiamiento.

En caso de que el gobierno estatal no cumpla con esa parte, podrían presentarse demandas por incumplimiento de parte de los desarrolladores.

“Es trabajo del Estado, no trabajo de nosotros”, señaló Milton Adán Rubio Díaz, Director de la empresa Aguas de Rosarito, al referirse al estatus en que se encuentra la construcción de la planta.

Tras asumir el cargo como Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez se pronunció respecto a la desaladora de Playas de Rosarito, proyecto al que consideró necesario, pero lo calificó de inviable.

“No podemos comprometer al Estado con un pago de 158 millones de pesos mensuales, no los tiene la comisión de agua, entonces tenemos que cambiar el esquema para que sea menos doloroso el impacto al Estado”, indicó.

Bonilla Valdez comentó que el proyecto permanecerá, pero ya notificó a la empresa Aguas de Rosarito que tendrán que cambiar una serie de cuestiones para que sea autosuficiente. Por ello, trabajan actualmente en un nuevo esquema que facilite el proyecto, y que esté dentro de las posibilidades financieras de la actual administración.

A unos días de dejar el cargo de Gobernador, Francisco Vega de Lamadrid insistió en la necesidad de construir las plantas desaladoras debido a la necesidad de fuentes alternas de agua para Baja California.

“Se nos está acabando el agua en la zona costa (…), se ha complicado por política, pero tarde o temprano me tendrán que dar la razón”, dijo Vega de Lamadrid.

Es importante señalar que durante semanas se buscó la postura de la Comisión Estatal del Agua (CEA), cuya dirección estuvo acéfala durante meses, pero que fue asumida por Alfredo Babún Villarreal el pasado mes de septiembre, sin embargo, el funcionario nunca respondió a la solicitud de entrevista de este medio.

Este reportaje fue publicado originalmente en el portal Radar BC.

Esta investigación es parte del Hub de Periodismo de Investigación, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers

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¿A qué se han comprometido los países de América Latina en la cumbre sobre cambio climático?

Acabar con la deforestación y depender menos del metano y del carbón fueron algunas de las propuestas de la COP26 en Escocia, pero ¿qué países de la región firmaron los acuerdos al respecto?
10 de noviembre, 2021
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El cambio climático se está intensificando y ahora amenaza todos los aspectos de la vida humana.

De no controlarse, la humanidad se enfrenta a sequías cada vez más graves y un mayor aumento del nivel del mar, lo que conllevaría a la extinción masiva de especies: sería una catástrofe.

También aumentaría la frecuencia de inundaciones, olas de calor, huracanes e incendios forestales.

Para controlarlo, líderes de todo el mundo se encuentran reunidos desde el 1 de noviembre en la ciudad de Glasgow, en Reino Unido, donde se lleva a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP 26.

La cumbre ya ha rendido frutos y generado varios acuerdos, pero no todos los países asistentes los respaldan.

Aquí te ofrecemos un resumen de los compromisos más importantes que se han logrado y de los países que se adhirieron, con un foco en América Latina.

Acabar con la deforestación para 2030

Más de 130 líderes mundiales prometieron la semana pasada ponerle fin y revertir la deforestación para 2030. Fue el primer gran acuerdo logrado en la cumbre climática COP26.

Brasil, donde grandes partes de la selva amazónica ya han sido taladas, fue uno de los signatarios. Canadá, China, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia también respaldaron la iniciativa.

Los árboles a veces son talados para crear tierras de pastoreo y alimentar al ganado.

Getty Images
Los árboles a veces son talados para crear tierras de pastoreo y alimentar al ganado.

Dentro de los países latinoamericanos que firmaron este acuerdo se encuentran Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú República Dominicana y Uruguay.

Para lograr la meta se utilizarán alrededor de US$19.200 millones de fondos públicos y privados.

Simon Lewis, experto en clima y bosques de la University College London, le dijo a la BBC que es una buena noticia que tantos países se comprometan a ponerle fin a la deforestación y que se cuente con una “financiación significativa para seguir adelante en ese viaje”.

Pero recordó que el mundo “ha estado aquí antes”, haciendo alusión a una declaración voluntaria similar que fue firmada por 40 países en 2014 en Nueva York y que “no logró frenar la deforestación en absoluto”.

Boris Johnson, el primer ministro de Reino Unido y anfitrión de cumbre mundial en Glasgow, calificó de “histórico” este nuevo compromiso firmado por más de 130 países.

La tala de árboles contribuye al cambio climático porque agota los bosques que absorben grandes cantidades de CO2.

Menos metano

El metano es uno de los gases de efecto invernadero que más contribuye al cambio climático y es responsable de un tercio del calentamiento actual de la Tierra.

Metano.

Getty Images
Argentina, Chile y México son tres de los más de diez países latinoamericanos que se comprometieron a reducir las emisiones de metano en un 30% para 2030.

Decenas de países se han sumado a una iniciativa liderada por EE.UU. y la Unión Europea (UE) que busca reducir las emisiones de este gas en al menos un 30% para 2030, en comparación con los niveles de 2020.

En el marco de la COP26 casi 100 países suplementarios se sumaron al compromiso.

La lista ahora incluye a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.

China, Rusia e India, tres de los principales emisores de metano en el mundo, se abstuvieron de adherirse al plan.

Alrededor del 40% de las emisiones de metano provienen de fuentes naturales como los humedales, pero la mayor parte ahora proviene de una variedad de actividades humanas, que van desde la agricultura, como la producción de ganado y arroz, hasta el uso de gas natural y los vertederos de basura.

Desde 2008 ha habido un gran aumento en las emisiones de metano, que algunos investigadores vinculan al auge de la fracturación hidráulica en algunas partes de EE.UU.

Carbón

Más de 40 países se comprometieron a acelerar la transición energética y reducir el uso del carbón, el mayor contribuyente al cambio climático.

El compromiso incluye poner fin a todas las inversiones que consideren abrir nuevas centrales eléctricas que utilicen carbón, además de impulsar el desarrollo de “energías limpias“.

Planta de carbón en China.

Getty Images
Alrededor del 37% de la electricidad mundial se produjo con carbón en 2019.

Los firmantes estipulan eliminar gradualmente el uso de este contaminante hacia la década de 2030 para las principales economías y la década de 2040 para las naciones más pobres.

“El fin del carbón está a la vista”, aseguró el ministro británico de Energía y Negocios, Kwasi Kwarteng.

“El mundo se está moviendo en la dirección correcta, está listo para sellar el destino del carbón y abrazar los beneficios ambientales y económicos de construir un futuro impulsado por la energía limpia”, añadió.

Grandes consumidores de carbón como Alemania, Canadá, Chile, Corea del Sur, Polonia, Ucrania y Vietnam respaldaron el acuerdo.

Docenas de organizaciones también lo hicieron y varios de los bancos más importantes del mundo acordaron dejar de financiar la industria del carbón.

No obstante, Australia, India, China y EE.UU., cuatro de los más dependientes del carbón en el mundo, no lo firmaron.

Además de Chile, Ecuador ha sido el único país de América Latina que se ha adherido.

Para Juan Pablo Osornio, jefe de la delegación de Greenpeace en la COP26, esta declaración “aún está muy por debajo” de lo que el mundo necesita.

“A pesar del titular brillante, da a los países un enorme margen de maniobra para elegir su propia fecha de eliminación”, precisó.

Zona ecológica libre de pesca

Colombia, Ecuador, Panamá y Costa Rica acordaron el segundo día de la cumbre un convenio para crear una zona ecológica libre de pesca en sus aguas en el océano Pacífico.

El llamado Corredor Marino del Pacífico Tropical Oriental (CMAR) tendrá una extensión de 500.000 kilómetros cuadrados y conectará a las islas Galápagos en Ecuador, la isla Malpelo en Colombia y las de Cocos y Coiba, situadas en aguas territoriales de Costa Rica y Panamá.

Corredor Marino

CMAR
El Corredor Marino del Pacífico Tropical Oriental es una de las áreas de conservación de vida marina más grande del planeta.

“Vamos a proteger ecosistemas como Galápagos y las islas Cocos, que se encuentran entre los más valiosos del mundo”, dijo el presidente de Costa Rica, Álvaro Quesada, durante la firma del acuerdo.

La iniciativa tiene como principal objetivo resguardar las especies migratorias que transitan anualmente por la zona y que no se vean afectadas por la pesca comercial.

Con 500.000 kilómetros cuadrados, el corredor será “la reserva marina más grande en Occidente”, de acuerdo con el gobierno colombiano.

Al darse a conocer el pacto, el primer ministro británico, Boris Johnson, describió el esfuerzo como una “iniciativa audaz, ambiciosa y crucial para los esfuerzos de conservación en esta hermosa región”.


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