La Estafa Maestra: Hubo desvíos en 11 dependencias, pero solo Rosario Robles enfrentaría juicio político
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La Estafa Maestra: Hubo desvíos en 11 dependencias, pero solo Rosario Robles enfrentaría juicio político

En caso de que se apruebe el juicio político, y de que fuera hallada culpable, Rosario Robles solo podría ser sancionada, como máximo, con otros 10 años de inhabilitación del servicio público.
Cuartoscuro
28 de noviembre, 2019
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Rosario Robles, exsecretaria de Sedesol y Sedatu, es la única involucrada en el caso de corrupción La Estafa Maestra que puede enfrentar un juicio político, a pesar de que en este sistema de desvío de recursos públicos estuvieron implicadas hasta 11 dependencias del gobierno federal de Peña Nieto. 

La propuesta de dictamen de juicio político contra Rosario Robles, a la que tuvo acceso Animal Político, plantea que, en efecto, en el caso de La Estafa Maestra los desvíos millonarios se produjeron en varias dependencias de gobierno. Sin embargo, el dictamen que se discutirá este jueves en la Cámara de Diputados solo contempla llevar a juicio político por este caso a Rosario Robles. 

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Rocío Barrera Badillo, presidenta de la Comisión de Gobernación e integrante de la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados, explicó que lo anterior es así porque la única denuncia que han recibido para que se haga un juicio político a implicados en La Estafa Maestra es contra Rosario Robles, la cual fue presentada el 30 de agosto pasado por la diputada Tatiana Clouthier, del partido Morena. 

-¿No recibieron más denuncias contra exfuncionarios de otras dependencias federales involucradas en La Estafa Maestra? -se le cuestionó. 

-No, solo hay esta denuncia contra ella (Rosario Robles) por este caso (La Estafa) -respondió la legisladora-. 

Tras darse a conocer que en la Cámara de Diputados avanzó el dictamen para solicitar el juicio político contra Robles, el equipo de abogados de la exfuncionaria federal dijo que es una decisión “arbitraria e ilegal que la condena anticipadamente”, y subrayó que ningún funcionario de las 11 dependencias involucradas han sido juzgados por delito alguno, y que a ninguno se les ha solicitado ‘juicio político’. 

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Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, calificó por su parte el juicio político como una “venganza política”. 

Sin embargo, la diputada Rocío Barrera rechazó que en este caso haya una persecución política en contra de Rosario Robles, o que sea un juicio de Estado. Y aseguró que si a la Subcomisión llegaran más denuncias contra otros posibles implicados en La Estafa Maestra también las revisarían e iniciarían los procedimientos que correspondan. 

“La hija de Rosario Robles (Mariana Moguel) hizo unas declaraciones asegurando que se trata de una venganza política, pero yo digo que se trata de un tema de transparencia, y de cero impunidad para funcionarios que hayan violado las facultades de los servidores públicos”, subrayó la diputada de Morena, quien insistió en que “no se va a proteger a nadie que haya cometido corrupción”. 

Como máximo, otros 10 años de inhabilitación

Ayer miércoles, la Subcomisión de Examen Previo aprobó con 12 votos y uno en contra (del PRI) el dictamen para iniciar juicio político contra la extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles. 

Y este jueves se reunirán las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia, a fin de conocer el dictamen, discutirlo, y en su caso, aprobarlo, para posteriormente presentarlo ante el Pleno, que puede aprobarlo o rechazarlo antes de que pase al Senado, que en este caso es la Cámara que debe dar la posible sentencia. 

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¿Qué puede pasar en caso de que Rosario Robles fuera hallada culpable en ese posible juicio político? 

De acuerdo con lo que establece el dictamen, un juicio político, que es un procedimiento que puede realizar la Cámara de legisladores cuando hay denuncias de que servidores públicos cometieron graves violaciones a la Constitución, las Leyes federales, o cuando hay un uso indebido de recursos públicos, solo contempla dos medidas: la destitución del cargo del funcionario, más una posible inhabilitación para ejercer cargos públicos, que va desde un año hasta 20 años. 

En el caso de Rosario Robles, al ser una exfuncionaria la destitución ya no le aplicaría. 

Mientras que, en el caso de inhabilitación, cabe recordar que el pasado mes de septiembre la Secretaría de la Función Pública ya la inhabilitó por 10 años por falsear información en su declaración patrimonial. 

Por lo que, como máximo, Rosario Robles solo podría sumar otros 10 años de inhabilitación, en caso de que fuera hallada culpable.  

Actualmente, Rosario Robles es la única exsecretaria de Estado que está vinculada a proceso por el caso de La Estafa Maestra. Desde agosto pasado, se encuentra en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, luego de que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna le dictara prisión preventiva oficiosa debido a que, según la Fiscalía General de la República, existía riesgo de fuga, algo que la exfuncionaria ha negado en reiteradas ocasiones. 

Está previsto que en diciembre tenga lugar la próxima audiencia de Rosario Robles frente al juez Delgadillo Padierna, en la que la Fiscalía y la defensa aportarán sus respectivas pruebas del caso. 

Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción documentaron en la investigación periodística La Estafa Maestra, entre 2012 y 2014 más de 7 mil 600 millones de pesos de dinero público fueron desviados a una red de empresas fantasma o irregulares, a través de ocho universidades públicas y una violación a la ley federal de adquisiciones.  

El dinero que se esfumó entre empresas fantasma salió de 11 dependencias federales, entre ellas Sedesol, cuya titular era Rosario Robles, y de otras como Pemex, cuyo extitular Emilio Lozoya está actualmente prófugo de la justicia por el caso Odebrecht; la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, dirigida en la pasada administración por Gerardo Ruíz Esparza, o Banobras, al frente del cual estuvo Alfredo del Mazo, actual gobernador del Estado de México. 

 

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El "chamán" de las teorías conspiratorias de QAnon, acusado por el asalto al Capitolio

Jacob Anthony Chansley se enfrenta a varios cargos después de ser identificado en las fotografías del interior del Congreso publicadas por los medios.
9 de enero, 2021
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Un destacado seguidor de las teorías conspiratorias no probadas de QAnon ha sido acusado por su participación en los disturbios del Capitolio de Washington.

Jacob Anthony Chansley, conocido como Jake Angeli, se encuentra bajo custodia y se enfrenta a varios cargos, entre ellos los de entrada violenta y desórdenes.

Chansley, quien se denomina a sí mismo como el chamán de QAnon, es supuestamente el hombre fotografiado con la cara pintada y ataviado con una piel de animal y cuernos en el interior del edificio del Congreso este miércoles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enfrenta a su segundo proceso de “impeachment”, o destitución, por su papel en los incidentes. En el primero, la mayoría republicana en el Senado votó en contra, lo que le permitió seguir en el cargo.

Los demócratas acusan a Trump de haber animado a los asaltantes a tomar por la fuerza la sede del poder legislativo estadounidense en un episodio que terminó con 5 muertos.

La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos ha pedido la colaboración ciudadana para llevar a los asaltantes ante la justicia.

Chansley no ha comentado públicamente las acusaciones a las que se enfrenta.

El fiscal federal en Washington DC informó en un comunicado que Chansley ha sido identificado como el hombre que apareció en las imágenes difundidas por los medios con cuernos en la cabeza, vestido con una piel de oso, y pintura roja, blanca y azul y con el pecho descubierto.

“Este individuo portaba una lanza, de aproximadamente 6 pies (1,83 metros) de largo, con una bandera de Estados Unidos atada bajo la hoja”.

El comunicado da cuenta también de la detención de un hombre, residente en Florida. Se cree que es quien fue fotografiado llevándose el atril de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.

Adam Johnson, de 36 años, está acusado de varios cargos, entre ellos el de robo de bienes del gobierno y entrada violenta.

Un hombre, llevándose el atril de la presidenta de la Cámara de Representantes.

Getty Images
Un hombre fue fotografiado llevándose el atril de la presidenta de la Cámara de Representantes.

También figura en la lista de acusados difundida el legislador de Virginia Occidental Derrick Evans, quien, presuntamente publicó un video de sí mismo junto a los simpatizantes de Trump en el exterior del edificio del Congreso y entrando luego en él.

Evans fue detenido el viernes y se le acusa también de entrada violenta y desórdenes en el Capitolio, informó el Departamento de Justicia.

Hasta el momento, más de una docena de personas han sido acusadas formalmente tras los disturbios, incluido un hombre de Alabama al que las autoridades encontraron con 11 cócteles Molotov.

Trump deberá dejar la presidencia el 20 de enero, cuando está previsto que su rival Joe Biden asuma como nuevo presidente. Los demócratas en la Cámara de Representantes planean presentar una acusación para su “impeachment” en el Congreso el próximo lunes por “incitación a la insurrección”.

Un portavoz de la Casa Blanca declaró que una medida así a estas alturas solo serviría para agudizar la división en Estados Unidos, pero los líderes demócratas aseguran que Trump ha dado pruebas de no ser apto para el cargo y han reclamado al vicepresidente, Mike Pence, que invoque la 25ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos para relevar inmediatamente a Trump.

Pese a haberse desmarcado de él en los últimos días y al goteo de dimisiones en la Administración Trump de los últimos días, Pence no ha dado muestras de tener intención de dar ese paso.


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