“Amor, ellos van a matarnos”, le dijo un migrante hondureño a su esposa cuando los tenían secuestrados en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Después ella y su hijo de tres años fueron liberados, pero su esposo quedó cautivo, y ella quedó en la incertidumbre, sin saber qué había sido de él.
Este es uno de los casos que documentó la organización Human Rights First, de migrantes en su mayoría centroamericanos (aunque también de países como Venezuela e incluso mexicanos) que han sufrido secuestros, extorsiones, tortura, violaciones y otros ataques en México, luego de que pidieron asilo a Estados Unidos y las autoridades de ese país los enviaron a territorio mexicano, a esperar una resolución de su juicio migratorio.
Lo anterior, como parte del programa que comenzó en enero, de Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), también conocido como “Quédate en México”.
Human Rights First indicó que de enero a octubre han documentado al menos 340 casos de migrantes que sufrieron violencia en México, luego de solicitar asilo y que se les aplicara dicho programa, MPP. Sin embargo, la organización menciona que la cifra aún se queda corta, ya que en muchos casos los migrantes no han denunciado sus casos, ni a la prensa, autoridades o a instancias de derechos humanos.
En su reporte, Human Rights First acusa a las autoridades estadounidenses de enviar a individuos vulnerables, como mujeres embarazadas, personas con enfermedades o a integrantes de la comunidad LGBT, a sitios peligrosos o con altos niveles de violencia en México como Nuevo Laredo, para esperar la resolución de su juicio migratorio.
“Los refugiados y los migrantes están varados en México con frecuencia en condiciones inhumanas y horribles. Más de mil niños, familias y adultos duermen en las calles frente al punto de entrada de Matamoros sin acceso adecuado a agua o medidas sanitarias, llenos de miedo de adentrarse a la ciudad debido a la extrema violencia que hay allí. Una enfermera estadounidense, de visita como voluntaria, le dijo a los investigadores de Human Rights First que muchos de los niños sufren diarrea y deshidratación”, refirió la organización.
En su reporte de octubre, los investigadores de Human Rights First identificaron casos de violencia contra migrantes retornados en ciudades como Nuevo Laredo, Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa, Matamoros y Mexicali.
A mujeres embarazadas, señaló la organización, Estados Unidos les ha aplicado el “Quédate en México”, incluso a un niño que tiene Síndrome de Down y a al menos 50 ciudadanos mexicanos, pese a que en las reglas del programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP) se establece la prohibición de ejecutarlo a personas vulnerables, y a personas mexicanas, que deberían estar exentas según lo acordado.
En una comunicado fechado el 20 de noviembre, más de cien organizaciones y colectivos nacionales e internacionales de derechos humanos informaron sobre el envío de una carta al gobierno mexicano, “para solicitar información sobre las medidas que ha implementado frente a las violaciones de derechos humanos que enfrentan las personas solicitantes de asilo en la frontera norte”, casi un año después un año después de que se anunciara la implementación de los “Protocolos de Protección a Migrantes” o el “Quédate en México”.
En la carta, dirigida a Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario de Relaciones Exteriores, y a Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, “las organizaciones de derechos humanos expresan que, hasta la fecha, más de 55,000 personas solicitantes de asilo en los Estados Unidos han sido devueltas a México para esperar sus audiencias. Asimismo, reconocen que la ‘irresponsable expansión’ de este programa ‘ha agravado la situación en las ciudades fronterizas mexicanas y expuesto a graves riesgos a miles de personas'”.
Más de 1,000 personas se encuentran durmiendo en la calle o en tiendas de campaña en Matamoros, Tamaulipas, agregaron, “donde están expuestos a la intemperie, a enfermedades producto de una falta de saneamiento básico y a la persecución por parte de grupos criminales y, en ocasiones, por las propias autoridades”.
Esta situación de riesgo, continuaron, se replica en todas las ciudades fronterizas y se agrava para personas en mayor situación de vulnerabilidad como mujeres embarazadas, miembros de la comunidad LGBTTTIQ, y personas con discapacidad.
“Estas personas están siendo devueltas a México aunque se había acordado que personas en circunstancias especiales, incluyendo a aquellas con problemas identificados de salud física y/o psicológica, así como personas que sufrirían persecución o tortura en México, no serían devueltas bajo el Protocolo ‘Quédate en México'”, apuntaron en su mensaje.
“Ante este grave contexto, las organizaciones de derechos humanos requieren que el Estado mexicano dé información, entre otros, sobre las medidas que está adoptando para atender los riesgos y vacíos de protección a los que se enfrenta la población en la frontera norte, así como las acciones adoptadas para garantizar el acceso efectivo de derechos a personas sujetas a MPP, en particular con respecto a su acceso a servicios de salud, asistencia jurídica, trabajo, vivienda y saneamiento básico”.
