Tortura persiste como práctica común pese a creación de fiscalía y mecanismo de prevención: Artículo 19
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Cuartoscuro Archivo

Tortura persiste como práctica común pese a creación de fiscalía y mecanismo de prevención: Artículo 19

Un informe de Artículo 19 señala tres factores por los que la tortura continúa siendo una práctica generalizada en México.
Cuartoscuro Archivo
27 de noviembre, 2019
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A pesar de la creación de leyes especiales, como la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, aprobada en 2017, y la creación de una fiscalía especializada y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el uso de la tortura en México por parte de autoridades policíacas y de investigación continúa siendo una práctica común para cerrar casos mediante la fabricación de “falsas verdades”.

Esta es una de las principales conclusiones expuestas por la organización civil Artículo 19 en su más reciente informe Fabricación de falsas verdades en el sistema de justicia penal, en el que advierte que una de las formas de tortura más graves que persisten es la tortura sexual contra las mujeres, a pesar de que, en años pasados, el Estado mexicano ya ha sido condenado internacionalmente por este tipo de violaciones. 

En consonancia con lo expuesto por organismos internacionales como la ONU, el informe subraya que la tortura no es cuestión de unos cuantos elementos que actuaron mal, sino que se trata de una práctica generalizada en México que ha contado desde décadas con el beneplácito de altas esferas gubernamentales. 

En particular, el estudio destaca tres factores por los que la tortura continúa repitiéndose en el país, independientemente del gobierno en turno, y a pesar de la aprobación de leyes y mecanismos para combatirla. 

“Así funcionan las cosas desde siempre”

El primer factor es que la tortura es una práctica común, normalizada, e institucionalizada, “que se percibe como eficiente en las corporaciones policiales”. 

Sobre este punto, Artículo 19 expuso que solicitó entrevistar a 20 elementos policiacos para conocer su opinión sobre el uso de la tortura, de los cuales solo 5 dieron respuesta. En las entrevistas, los agentes consideraron que el uso de la fuerza física excesiva es una práctica recurrente que les da resultados. 

“Así es como funcionan las cosas desde siempre, así nos enseñaron”; “se trata de una práctica ancestral”; “se nos adiestra así desde las academias, sabemos que es parte de ser policía”; “así se hace desde hace muchos años y así ha funcionado”; “es una práctica fea, no debería ser así, pero funciona”, fueron algunas de las respuestas de los elementos policiacos.  

Además, los propios agentes policiacos señalaron que el uso de la violencia física es común, incluso, al interior de las academias de instrucción, como parte del proceso de “volverse policía”; motivo que contribuye a que la tortura sea vista como algo ‘normal’ entre los elementos, y a que se genere un ambiente de propensión a la discreción y a los abusos.

Comer parado una bandeja completa de comida en solo seis minutos; correr bajo el sol durante horas; recibir duchas de agua fría amarrado a la regadera; recibir ‘palazos’ (golpes en el coxis); recibir ‘cocodrilazos’ (mordeduras hasta que se formen moretones o lesiones); o rapar a las mujeres cuando se les desata el cabello durante un entrenamiento, son algunas de las prácticas de abusos que los agentes policiacos soportan durante sus entrenamientos. 

Dar resultados a como dé lugar

El segundo factor hace referencia a que aún es insuficiente la capacitación y profesionalización en las fuerzas de seguridad en temas relacionados con derechos humanos, y a que un elevado número de policías entran a la corporación por motivos que no tienen que ver con la vocación de servir y proteger a la ciudadanía. 

Y como muestra de lo anterior sirva un dato: casi 4 de cada 10 policías a nivel nacional dijeron que ingresaron a su corporación porque perdieron su empleo original, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial del INEGI. 

El tercer factor que señala Artículo 19 es que aún existe una exigencia de cuota a los policías para detener personas y dar resultados rápidos. 

“A mí me piden resultados y yo doy resultados. Me piden que encuentre a quién hizo esto o lo otro, y yo voy a ver cómo le hago, pero lo voy a encontrar. Se nos exige que demos resultados, sea como sea”, expuso uno de los policías entrevistados para el informe. 

Gabriela Ortiz Quintero, investigadora y experta en el nuevo sistema de justicia oral, sostuvo que “existe una práctica de cuotas de consignación” que está encaminado a “obtener solo una posible vinculación a proceso y despreocuparnos por lo que ocurra con el resto de la investigación, en términos de su éxito o fracaso”. 

Esto, subrayó la investigadora, implica “un claro incentivo hacia la tortura”. 

Entre las prácticas de tortura más recurrentes, señala el informe, están las denominadas ‘paseaditas’, que consisten en que, tras la detención de una persona por elementos policiacos, éstos llevan a la persona en vehículos oficiales o paraoficiales a un destino desconocido. 

Y en ese intervalo de tiempo, antes de la puesta a disposición en el Ministerio Público de turno, la persona detenida es sometida a interrogatorios y a agresiones físicas para obtener una supuesta confesión, o una versión de los hechos que lo implique directamente en un caso. 

En casos documentados de tortura, como el del estudiante de la UNAM Enrique Guerrero Aviña, quien fue ‘levantado’ por elementos policiacos que, durante el traslado al Ministerio Público, lo golpearon, lo asfixiaron con una bolsa de plástico, y lo amenazaron con violarlo si no confesaba un supuesto delito, se utilizó este modus operandi de la ‘paseadita’. 

Según la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad (ENPOL) 2016, 7 de cada 10 personas arrestadas en el fuero federal dijeron haber sufrido algún tipo de tortura. La forma de tortura más utilizada es la amenaza de levantamiento de cargos falsos: 5 de cada 10 detenidos dijeron que fueron amenazados de esta forma. 

El desnudamiento (46%), y recibir patadas o puñetazos durante el arresto (45%), fueron las otras formas más comunes de tortura. 

El Mecanismo de Prevención no es agente de cambio

El informe de Artículo 19 también subraya que, a la fecha, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura no ha sido un agente de cambio para erradicar el uso de la tortura por parte de elementos policiacos y de investigación. 

Básicamente, el Mecanismo se ha dedicado a hacer rutinas de trabajo centradas en la “inspección” de las condiciones materiales en los lugares de detención. 

“Las visitas a tales lugares efectuadas por el Mecanismo se limitan a procedimientos de observación de aplicación de un check-list de las condiciones de detención, sin cuestionar aspectos de fondo, como, por ejemplo, el hecho mismo de que las personas detenidas estén a ‘disposición’ de la misma autoridad que investiga la conducta que se les atribuye”, plantea el informe. 

“Tampoco se estudian las salvaguardas y protecciones procesales que debieran existir para evitar la tortura durante la detención, como es el caso de la obligación de informar en tiempo real el lugar de detención; la comunicación con la defensa y la intervención de representantes de organismos de la sociedad civil que funjan como observadores, especialmente en los sitios de retención del MP”, añade Artículo 19 en su investigación. 

En conclusión, para Artículo 19 el Mecanismo está subutilizando sus capacidades funcionales e, incluso, está “subestimando” el propio mandato para el que fue creado, limitándose a cuestiones meramente de inspeccionar las condiciones materiales en los lugares de detención. 

“En la actuación del Mecanismo no se aprecian acciones constantes ni contundentes encaminadas a la generación de cambios en el campo de la cultura cívica. Igualmente, se ha omitido acudir a las tecnologías de la información y los recursos de comunicación para que la negación de la presunción de inocencia y la práctica de tortura sean entendidas como legal, ética y políticamente inadmisibles”, concluyó Artículo 19.

 Lee aquí el informe completo.

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5 cambios que propone hacer el gobierno de Chile al proyecto de Constitución

Tras intensas negociaciones, los partidos que forman parte de la coalición gobernante llegaron a un acuerdo en el que se comprometen a hacer modificaciones a la propuesta de nueva Carta Magna, si los chilenos votan a favor de un nuevo texto constitucional.
11 de agosto, 2022
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Cuando faltan pocas semanas para el plebiscito del 4 de septiembre en el que los chilenos decidirán si reemplazan o mantienen la Constitución del país, los partidos políticos oficialistas firmaron este jueves un acuerdo en el que se comprometen a introducir cambios a la nueva Carta Magna si gana la opción “apruebo”.

El acuerdo entre los partidos que forman parte de la coalición política que respalda al presidente Gabriel Boric se produce en medio de las divisiones que han generado algunos puntos del texto elaborado por una Convención Constitucional que fue elegida por voto popular tras el estallido social de fines de 2019.

Si los chilenos aprueban la nueva Constitución, ésta reemplazaría inmediatamente a la Carta Magna creada durante el gobierno de Augusto Pinochet.

El oficialismo se comprometió este jueves a modificar el texto en aquellos aspectos más controvertidos si se impone la opción de aprobar la nueva Carta Magna, que sustituiría a la que ha regido el país por más de cuatro décadas.

Según los firmantes, el objetivo del compromiso firmado es “mejorar” el texto que será sometido a votación.

Las modificaciones buscan “contribuir a que las chilenas y chilenos (…) tengan certezas acerca de las mejoras y aclaraciones del texto propuesto y del proceso de implementación del mismo”, dijeron los representantes del oficialismo.

Estos son los principales cambios propuestos por los partidos de gobierno:

1- Plurinacionalidad

El oficialismo propone que el mecanismo de consulta indígena se aplique “sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas” y que el consentimiento previo de las comunidades, establecido en la propuesta de Constitución, “no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales”.

Sobre las autonomías territoriales, el acuerdo contempla que seguirán “los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas”, para lo cual se establecerá “expresamente” que sus atribuciones deben ser “coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile“.

EL presidente de Chile sostiene el borrador de nueva Constitución

Getty Images
El presidente Gabriel Boric ha promovido que los chilenos aprueben la propuesta de nueva Constitución.

Finalmente, en cuanto a los sistemas de justicia indígena, el oficialismo reafirmó la “igualdad ante la ley como principio rector”

Además, propusieron que “la justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales”.

2- Derechos sociales

Sobre pensiones, el oficialismo se comprometió a que la implementación “del derecho a una pensión digna será en base a un un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad”.

También el documento especificó que la propiedad de las viviendas está “absolutamente asegurada”.

“Se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia”.

Una mujer sostiene un ejemplar del proyecto de nueva Constitución

Reuters

Por otro lado, el oficialismo abordó el Sistema Nacional de Salud, señalando que “permitirá a distintos gobiernos, de diversas tendencias políticas, innovar en nuevas soluciones y no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores” de los servicios.

“La ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales y centros médicos privados”.

El acuerdo también contempla la educación como un derecho, planteando que “se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación”.

3- Seguridad

Los partidos que respaldan el gobierno de Gabriel Boric abordaron los cuestionamientos referentes a los “Estados de Excepción”.

Proponen “establecer en la Constitución el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho”.

4- Sistema Político

En este tema, el oficialismo se comprometió a analizar el nuevo sistema político que propone el texto de la Convención “para lograr el mejor equilibrio entre el poder legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales”.

Puntualmente acordaron que “la reelección presidencial no proceda consecutivamente”.

En cuanto al gasto fiscal, los partidos anunciaron que consideran necesario “eliminar la atribución de presentar mociones parlamentarias” que causen perjuicios directamente a los gastos del Estado.

Además, plantearon que “la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales fijadas por ley deberán ajustarse al máximo anual que a este efecto fije la Ley de Presupuestos, con expresa regla de responsabilidad fiscal”.

5- Poder Judicial

Finalmente, los partidos del gobierno abordaron la independencia del poder judicial, para lo cual proponen “reemplazar, en la Constitución, la denominación ‘Sistemas de Justicia’ por la de ‘Poder Judicial”.

Y argumentaron la necesidad de revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces.

Adicionalmente señalaron que “conviene hacer explícito que la calificación de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos”.

¿Cuál es el origen del cambio constitucional?

Casi tres años después del estallido social de 2019, Chile realizará este 4 de septiembre la última de las tres votaciones de su proceso de cambio constitucional.

Tras aprobar redactar una nueva Constitución (en 2020) y elegir la Convención que la escribió (en 2021), el país decidirá finalmente si aprobar o rechazar el texto.

La Convención comenzó su trabajo el 4 de julio de 2021, bajo el gobierno de Sebastián Piñera.

Si gana la opción “apruebo”, la nueva Carta Magna empezará a regir a medida que se creen los nuevos órganos que contempla, como por ejemplo una Agencia Nacional de Aguas o la Cámara de las Regiones, que reemplazará al Senado.

Si gana el “rechazo”, la Constitución de 1980 seguirá vigente, en contraste con la abrumadora mayoría (casi 80%) que votó por su reemplazo.


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