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Cuartoscuro Archivo

'Temo por mi vida': testigos en caso de empresario asesinado acusan a policías de BCS de torturarlos

El antiguo gerente de un restaurante de San José Los Cabos, su hijo, ciudadano estadounidense, y un primo, dicen haber sido golpeados en dependencias de la PGJE para inculpar a un hombre del asesinato del empresario José Arredondo.
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11 de noviembre, 2019
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“Temo por mi vida y por la de mi familia. No me siento seguro. Si no me ayudan me voy a desaparecer”. Estas son las palabras de José, el exgerente del Gastro Bar by Martin Berasategui, un conocido restaurante de San José Los Cabos, Baja California Sur, propiedad de un famoso cocinero vasco.

El hombre, del que solo se ofrece el nombre de pila, asegura haber sido secuestrado el 1 de agosto por policías ministeriales. Con él se encontraban un primo y su hijo, residente en Estados Unidos. Afirmó que los agentes querían que se inculpase del asesinato del empresario José Arredondo, cuyo cuerpo apareció en su residencia el 16 de julio con signos de violencia. 

Con estas denuncias son ya seis las personas que aseguran haber sido secuestradas y torturadas por policías ministeriales de Baja California, en el contexto de la investigación por la muerte de Arredondo.

El empresario José Arredondo, de 58 años, originario de Michoacán pero residente en Estados Unidos desde los 12 años, apareció muerto el 16 de julio en Los Cabos. Es conocido por sus empresas de coches y también por ser padre de Samuel Kim, cantante de K-Pop, un popular estilo coreano. La PGJE cree que en el asesinato participaron dos o tres personas, y que torturaron a la víctima para obtener algún tipo de información, antes de matarlo.

El único acusado es Roberto Guadalupe González Martínez, de 51 años, en prisión desde el 27 de julio. La PGJE de Baja California Sur se apoya en el testimonio del guarda jurado del condominio, que luego denunció haber sido presionado, y en restos de sangre aparecidos en el coche y las zapatillas del acusado. González Martínez, amigo desde hace años de la víctima, siempre ha reivindicado su inocencia. Según su versión, el día del asesinato cenó con la víctima después de jugar al golf, pero asegura haberse marchado y ser informado del homicidio al día siguiente.

Recientemente, Animal Político tuvo acceso a las declaraciones de Roberto Guadalupe González Martínez, acusado del asesinato y en prisión desde el 27 de julio, de su primo Jesús Enrique Martínez y del guardia de seguridad del condominio Las Gardenias, donde fue asesinada la víctima. Los tres testificaron ante el juez de control de Los Cabos, Baja California Sur, en la audiencia de prueba anticipada que tuvo lugar el lunes 7 de octubre. 

Entérate: La Fiscalía de BCS usa tortura y desaparición para investigar homicidios, acusa víctima

Ahora, este medio accedió a tres nuevos testimonios que fueron obtenidos por Jaime Salomón Tacher Urbina, abogado defensor de González Martínez. Está previsto que, además de presentarlos como testigos en el caso del asesinato, los denunciantes formulen una demanda por torturas en las próximas dos semanas.

Los declarantes hablan de una furgoneta blanca sin placas, cuatro uniformados que se identifican como agentes ministeriales y sesiones de golpes y preguntas en instalaciones oficiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur.

Estos tres nuevos relatos llegan después de que Animal Político publicase las denuncias formuladas ante el juzgado por González Martínez, su primo y el guardia de seguridad, que es menor de edad. 

“Es muy difícil creer este testimonio”, dijo a Daniel de la Rosa Anaya, procurador general de Justicia de Baja California Sur.

En su opinión, las denuncias forman parte de la estrategia de la defensa, ya que en el momento de ser arrestado González Martínez no refirió haber sido maltratado. “Hay pruebas contra el imputado, no solo de declaraciones, sino también científicas”, dijo. No obstante, el procurador se mostró dispuesto a realizar una investigación en caso de que se detecten irregularidades en la actuación de los funcionarios. 

Jaime Salomón Tacher Urbina, abogado del principal acusado, explicó que presentará los tres nuevos testimonios como prueba a finales de enero. Su intención es realizar otra audiencia de prueba anticipada como la que tuvo lugar el 7 de octubre, ya que los nuevos testigos temen por su vida. 

El ministerio público tiene hasta el 27 de enero para armar su caso. En ese momento tendrá que decidir si vincula definitivamente a proceso a González Martínez. En caso de que así sea, se abren 15 días hábiles para que las partes preparen el juicio. 

Baja California Sur registró 128 asesinatos entre enero y septiembre de este año, de un total de 28 mil 326 homicidios en toda la república, según datos del Centro Nacional de Información. Además, se notificaron dos denuncias por secuestro.

Bolsa de plástico en la cabeza

“Me subieron a fuerza a la camioneta, no traían una orden ni nada”. José, uno de los testigos que Tacher Urbina quiere presentar próximamente, explicó a Animal Político cómo fue su arresto del 2 de agosto. “Me empezaron a pegar, me decían que iba a morir, que tenía que confesar. De ahí me llevaron a un cuarto donde está la policía judicial. Me taparon, me hincaron, me pusieron una bolsa en la cara, me repetían que me echara la culpa, que yo tuve que ver en el caso de José Arredondo y que atestiguara que el culpable era el de la cárcel”, dijo.

“Casi me muero, en dos ocasiones no reaccionaba. Después, cuando me pusieron la bolsa me pusieron un cuchillo en la pierna, no me penetraron, solo que me iban a enterrar. Veían que no me asustaba, me tiraban al suelo. Me pusieron un trapo en la boca y me empezaron a echar agua por la nariz. Mientras me pegaban en el estómago para que respirara agua y me ahogara”, dijo. 

El testigo aseguró haber sido golpeado durante varias horas en la sede de la Secretaría de Medicina Forense (Semefo) de San José Los Cabos, en Baja California Sur. 

“No existen registros de que estuviese ahí, ni mi primo, ni mi hijo”, dijo José, quien relató haber sido extorsionado por los policías. “Me quitaron dos mil dólares”, afirmó.

Según este testimonio, su primo Marco y su hijo Maicol, que se encontraba de visita en México, también fueron conducidos al mismo lugar. El primero estuvo en unas dependencias a parte, ya que sufre problemas de salud. El segundo es ciudadano americano y no sabe español. “Les decía que soy ciudadano americano”, explicó, en declaración ante Tacher Urbina que será presentada ante la autoridad judicial.

José, el testigo que denuncia torturas, conocía a la víctima por su trabajo en el restaurante. Además, según testificó, hubo un día en el que mantuvo relaciones íntimas con el empresario, quien a su vez también salió en alguna ocasión con su esposa. 

“Si hay algo, con mucho gusto lo revisaremos. Pero el hecho de decir a estas alturas, que no lo dijeron en aquel momento, genera sospechas. Se intuye una preparación de acuerdo a la defensa”, dijo Daniel de la Rosa Anaya, procurador de Justicia de Baja California Sur. 

En su opinión, la audiencia de prueba anticipada del 7 de octubre sirvió para ratificar las tesis de la fiscalía. “El testigo (un vigilante menor de edad) está diciendo exactamente lo mismo, ubica al procesado en el lugar del hecho, con el adicionante que refiere algún tipo de presión. ¿Para qué haría un tipo de presión si se está confirmando? No le veo ninguna razón”, aseguró.

De la Rosa Anaya no descartó iniciar una investigación sobre las denuncias de tortura y presiones a testigos a manos de agentes de ministeriales. Sin embargo, aseguró que la investigación ha permitido tener pruebas científicas que vinculan al acusado con el homicidio. En concreto, restos de sangre en el coche y en unas zapatillas. 

El caso del asesinato de José Arredondo sigue abierto. Por un lado, el juez tiene que determinar si el acusado, Roberto Guadalupe Martínez González, tiene algún tipo de responsabilidad en el homicidio. Por otro, se abre la investigación sobre supuestos agentes ministeriales que habrían utilizado las torturas para presionar al acusado y a testigos claves. 

A todo ello se suma la denuncia formulada por el abogado Tacher Urbina, quien aseguró haber sido objeto de un intento de estafa vinculado con la investigación. Según declaró, una persona le pidió que pagara 350 mil pesos para conseguir que agentes de la policía hicieran pesquisas que exculparían a su defendido. 

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Protestas en Chile y Ecuador: ¿en qué se parecen y diferencian las últimas revueltas sociales en estos dos países?

Con menos de dos semanas de diferencia, ecuatorianos y chilenos salieron a las calles para reivindicar el cumplimiento de sus derechos. ¿Qué tan distintas son estas protestas?
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22 de octubre, 2019
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Con menos de dos semanas de diferencia, América Latina ha sido escenario de importantes protestas en dos países separados por unos 3,000 km de distancia: Ecuador y Chile.

Ambos estallidos sociales nacieron tras decisiones puntuales del gobierno —liderado por Lenín Moreno en Ecuador y Sebastián Piñera en Chile— que provocaron una inmediata reacción de la sociedad civil.

Destrucción de locales y servicios públicos, saqueos de supermercados, pérdidas millonarias y enfrentamientos entre las policías y manifestantes han sido parte de estas manifestaciones que dejaron sumidas en el caos a ciudades enteras donde también, sin embargo, se registraron masivas marchas pacíficas y sin incidentes.

Pero ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre ambas crisis?

La génesis de todo: el transporte público

La rebelión social ecuatoriana comenzó luego de que el gobierno de ese país llegara a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener créditos por más de US$4,200 millones.

A cambio, el presidente Moreno debía lograr reducir el déficit fiscal. Para ello, anunció un “plan de austeridad” que, entre otras medidas, incluyó la eliminación de los subsidios a los combustibles vigentes en Ecuador desde hace cuatro décadas.

Al implementarse, el galón de gasolina extra pasó de costar US$1.85 a US$2.30, lo que significó un incremento de más del 120% en las bombas de gasolina y, a su vez, un alza en la tarifa del transporte público.

La reacción de los ecuatorianos no tardó en llegar y, en solo un par de horas, las manifestaciones se apoderaron de las calles de varias ciudades del país.

Solo dos semanas después, algo similar sucedería en Chile: luego de que el presidente Piñera anunciara un alza de 30 pesos en el precio del metro, centenares de chilenos iniciaron las famosas “evasiones masivas”.

protestas chile

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Diversas estaciones del metro en Chile fueron destrozadas tras las protestas que partieron con “evasiones masivas”.

Esto se tradujo en el levantamiento de torniquetes para ingresar a los andenes sin pagar, a lo que se sumaron ataques incendiarios a los vagones y a otras disposiciones del transporte público chileno.

Sin embargo, a pesar de que el origen de ambas protestas es similar (transporte público), para el académico de la Universidad de Cambridge y experto en movimientos sociales, Jorge Saavedra, hay una diferencia importante.

“En el caso ecuatoriano, el alza del transporte fue parte de un paquete de medidas que el FMI le pidió al gobierno de Lenín Moreno para avanzar hacia la neo liberación del país. En el caso chileno, el país ya está sumido en ese estado neoliberal”, le dice a BBC Mundo.

“Los ecuatorianos reaccionaron por el cambio de esquema de vida provocada por la decisión del FMI, mientras que en Chile ese cambio ya se provocó hace muchos años y genera tal imposibilidad de vivir que se produce una adhesión masiva en todo Chile”, agrega.

Gobiernos ceden a la presión, pero las reacciones son distintas

Esa es la razón, quizás, de por qué en el caso ecuatoriano las protestas se detuvieron casi inmediatamente después de que se estableciera una mesa de diálogo entre gobierno y líderes indígenas.

Ese día, el 13 de octubre, se acordó la derogación del decreto y con ello se acabaron las manifestaciones. La calma volvió a reinar en las ciudades de ese país.

Muy diferente es lo que está sucediendo en Chile. A pesar de que Piñera anunció el sábado la suspensión del incremento en el precio del transporte público, no se logró apaciguar en lo más mínimo a los manifestantes.

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Manifestantes salieron a las calles de distintas ciudades de Chile.

En este país, de hecho, se hizo popular un lema que resume el sentimiento popular: “No es por 30 pesos, es por 30 años”.

“Las diversas causas que hay detrás del caso chileno van mucho más allá de los 30 pesos de aumento”, le dice a BBC Mundo Nicolás Somma, profesor de sociología de la Universidad Católica de Chile y experto en movimientos sociales, participación política y protesta.

“Hay un descontento que es acumulativo y que no tiene que ver necesariamente con el precio del transporte, sino con las interacciones de la gente en su vida cotidiana, que se siente discriminada y abusada”, agrega.

Una opinión parecida tiene Jorge Saavedra. “En el caso ecuatoriano, al echar pie atrás con la medida, se entiende que no se va a seguir avanzando”.

“Pero en Chile es distinto: el listado de cosas donde hay abuso de la gente es enorme, entonces que se elimine el alza no cambia nada”, opina.

Los líderes detrás de las protestas masivas

Luego de la decisión de Lenín Moreno de terminar con los subsidios a los combustibles, diversos grupos indígenas comenzaron a marchar desde regiones a Quito, la capital de Ecuador.

Y a pesar de que las protestas las iniciaron los transportistas, fueron los indígenas quienes finalmente protagonizaron las manifestaciones masivas del país.

Esto no es nuevo: en las últimas décadas, estos grupos han sido actores políticos clave en la historia ecuatoriana gracias a su capacidad de movilización y de resistencia.

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Las protestas en Ecuador fueron lideradas por movimientos indígenas.

El caso de Chile es completamente distinto.

Las protestas chilenas no tienen un líder o un grupo específico que los representen. Al contrario, partió como un movimiento de estudiantes pero luego, con el pasar de los días, comenzaron a sumarse miles de personas de distintas edades y diferentes posiciones sociales.

Y así, hoy se ven involucrados en los cacerolazos jóvenes, ancianos, y gente de estratos altos y bajos.

“El mundo indígena ecuatoriano tiene una cultura de participación, una cultura organizativa muchísimo más fuerte que la ciudadanía común en Chile”, explica el académico Jorge Carrasco.

“Eso es clave porque a la hora de resolver y dialogar, los ecuatorianos lo pudieron hacer. En Chile, en cambio, eso no está resuelto, no se sabe cómo se puede organizar la gente o generar petitorios. Y eso es un problema”, añade.

En Ecuador el movimiento indígena ha logrado consolidar a líderes sociales capaces de aglutinar los petitorios de la sociedad, subraya Nicolás Somma.

“En Chile, en cambio, no existe un equivalente a Ecuador, ni indígena ni no indígena, que tenga esa capacidad de canalizar el descontento”, dice.

“Lo que se generó en Chile es un efecto de contagio que hizo que muchas otras personas se sumaran. Pero las demandas pueden ser muy distintas y eso se extiende como un efecto dominó que nadie puede controlar y que no tiene un director de orquesta”, añade.

Esto, dice el académico, es un gran problema para el gobierno de Piñera.

“En ausencia de las formas tradicionales para canalizar el conflicto, el gobierno tiene que resolver el problema mediáticamente y difundir un mensaje ciegamente porque no tiene a nadie al frente para negociar”.

La “mano dura” de los gobiernos

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En Ecuador, el presidente Lenín Moreno decretó estado de excepción el jueves 3 de octubre.

Si hay una similitud entre los casos de Ecuador y Chile es la “mano dura” impuesta por los respectivos gobiernos frente a las movilizaciones.

Lenín Moreno decretó estado de excepción por 60 días poco después de iniciarse el movimiento, el jueves 3 de octubre. Con esto, se desplegaron las Fuerzas Armadas por las ciudades ecuatorianas, se establecieron zonas de seguridad y se incrementó la presencia policial.

Lo mismo sucedió en Chile: a las pocas horas de recrudecerse el conflicto el pasado viernes, Piñera decretó estado de emergencia, lo que también significó el despliegue de los militares en diferentes zonas del país.

En ambos casos, los militares y policías respondieron con dureza para reprimir las manifestaciones, generándose un duro enfrentamiento con los protestantes.

Esta situación, explica Jorge Saavedra, suele ser una tónica habitual en varios lugares de América Latina.

protestas chile

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En Chile, el Ejército tomó el control de la seguridad del país.

“Si uno ve el caso de Perú, por ejemplo, en las protestas por venta y uso de empresas americanas del suelo amazónico, la movilización fue reprimida terriblemente y terminó con la masacre de Tagua en 2009. Y esto se replica en todo el continente”, afirma.

“La práctica de los gobiernos ha sido dialogar con las comunidades a través de policías y represión. Y eso no ha cambiado porque no se ha avanzado en procesos de confianza y democratización ciudadanas”, agrega.

Nicolás Somma, en tanto, asegura que “está súper estudiado que la relación entre protestas y represión no es lineal. Es decir, para que la represión pueda disminuir la protesta, es necesario llevarla a un grado extremo que es simplemente inaceptable en democracia”.

Territorio: del centro a regiones y de regiones al centro

El lugar donde se iniciaron las protestas en Ecuador y Chile es distinto.

En el caso del primero, cuando los indígenas tomaron la batuta de las protestas, repitieron la misma estrategia de movilizaciones anteriores: caminar desde sus comunidades hacia la capital, bloqueando a su vez las principales vías del país.

Con la llegada a Quito, el presidente Lenín Moreno se vio obligado a cambiar la sede del gobierno central a la ciudad de Guayaquil.

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Las protestas en Ecuador comenzaron en las comunidades indígenas y luego marcharon hacia la capital, Quito.

En cuanto a Chile, las manifestaciones comenzaron en el corazón de la capital, Santiago. Específicamente, en el interior de las estaciones de metro más emblemáticas de la ciudad.

Y a pesar de que el reclamo tenía que ver con el alza en el precio del metro (y, por lo tanto, era una problemática que solo le afectaba a los santiaguinos), con el pasar de las horas la rebelión se extendió a otras regiones.

Así, ciudades como Valparaíso, Concepción y La Serena abarrotaron sus calles de manifestaciones.

“Esta diferencia entre Ecuador y Chile deja al descubierto que finalmente en el caso chileno casi todo sucede en Santiago, es muy preponderante el rol de la capital”, explica Jorge Saavedra.

En resumen, a pesar de que hay algunas similitudes entre ambos países, también hay grandes diferencias que hacen que las manifestaciones tengan un carácter distinto.

Pero lo que sí está claro es que, con solo dos semanas de diferencia, las sociedades de Chile y de Ecuador despertaron con manifestaciones masivas que tuvieron al gobierno de Moreno en jaque y que aún tienen a Piñera sumido en una crisis que parece no tener salida.


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