'Temo por mi vida': testigos en caso de empresario asesinado acusan a policías de BCS de torturarlos
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'Temo por mi vida': testigos en caso de empresario asesinado acusan a policías de BCS de torturarlos

El antiguo gerente de un restaurante de San José Los Cabos, su hijo, ciudadano estadounidense, y un primo, dicen haber sido golpeados en dependencias de la PGJE para inculpar a un hombre del asesinato del empresario José Arredondo.
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11 de noviembre, 2019
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“Temo por mi vida y por la de mi familia. No me siento seguro. Si no me ayudan me voy a desaparecer”. Estas son las palabras de José, el exgerente del Gastro Bar by Martin Berasategui, un conocido restaurante de San José Los Cabos, Baja California Sur, propiedad de un famoso cocinero vasco.

El hombre, del que solo se ofrece el nombre de pila, asegura haber sido secuestrado el 1 de agosto por policías ministeriales. Con él se encontraban un primo y su hijo, residente en Estados Unidos. Afirmó que los agentes querían que se inculpase del asesinato del empresario José Arredondo, cuyo cuerpo apareció en su residencia el 16 de julio con signos de violencia. 

Con estas denuncias son ya seis las personas que aseguran haber sido secuestradas y torturadas por policías ministeriales de Baja California, en el contexto de la investigación por la muerte de Arredondo.

El empresario José Arredondo, de 58 años, originario de Michoacán pero residente en Estados Unidos desde los 12 años, apareció muerto el 16 de julio en Los Cabos. Es conocido por sus empresas de coches y también por ser padre de Samuel Kim, cantante de K-Pop, un popular estilo coreano. La PGJE cree que en el asesinato participaron dos o tres personas, y que torturaron a la víctima para obtener algún tipo de información, antes de matarlo.

El único acusado es Roberto Guadalupe González Martínez, de 51 años, en prisión desde el 27 de julio. La PGJE de Baja California Sur se apoya en el testimonio del guarda jurado del condominio, que luego denunció haber sido presionado, y en restos de sangre aparecidos en el coche y las zapatillas del acusado. González Martínez, amigo desde hace años de la víctima, siempre ha reivindicado su inocencia. Según su versión, el día del asesinato cenó con la víctima después de jugar al golf, pero asegura haberse marchado y ser informado del homicidio al día siguiente.

Recientemente, Animal Político tuvo acceso a las declaraciones de Roberto Guadalupe González Martínez, acusado del asesinato y en prisión desde el 27 de julio, de su primo Jesús Enrique Martínez y del guardia de seguridad del condominio Las Gardenias, donde fue asesinada la víctima. Los tres testificaron ante el juez de control de Los Cabos, Baja California Sur, en la audiencia de prueba anticipada que tuvo lugar el lunes 7 de octubre. 

Entérate: La Fiscalía de BCS usa tortura y desaparición para investigar homicidios, acusa víctima

Ahora, este medio accedió a tres nuevos testimonios que fueron obtenidos por Jaime Salomón Tacher Urbina, abogado defensor de González Martínez. Está previsto que, además de presentarlos como testigos en el caso del asesinato, los denunciantes formulen una demanda por torturas en las próximas dos semanas.

Los declarantes hablan de una furgoneta blanca sin placas, cuatro uniformados que se identifican como agentes ministeriales y sesiones de golpes y preguntas en instalaciones oficiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur.

Estos tres nuevos relatos llegan después de que Animal Político publicase las denuncias formuladas ante el juzgado por González Martínez, su primo y el guardia de seguridad, que es menor de edad. 

“Es muy difícil creer este testimonio”, dijo a Daniel de la Rosa Anaya, procurador general de Justicia de Baja California Sur.

En su opinión, las denuncias forman parte de la estrategia de la defensa, ya que en el momento de ser arrestado González Martínez no refirió haber sido maltratado. “Hay pruebas contra el imputado, no solo de declaraciones, sino también científicas”, dijo. No obstante, el procurador se mostró dispuesto a realizar una investigación en caso de que se detecten irregularidades en la actuación de los funcionarios. 

Jaime Salomón Tacher Urbina, abogado del principal acusado, explicó que presentará los tres nuevos testimonios como prueba a finales de enero. Su intención es realizar otra audiencia de prueba anticipada como la que tuvo lugar el 7 de octubre, ya que los nuevos testigos temen por su vida. 

El ministerio público tiene hasta el 27 de enero para armar su caso. En ese momento tendrá que decidir si vincula definitivamente a proceso a González Martínez. En caso de que así sea, se abren 15 días hábiles para que las partes preparen el juicio. 

Baja California Sur registró 128 asesinatos entre enero y septiembre de este año, de un total de 28 mil 326 homicidios en toda la república, según datos del Centro Nacional de Información. Además, se notificaron dos denuncias por secuestro.

Bolsa de plástico en la cabeza

“Me subieron a fuerza a la camioneta, no traían una orden ni nada”. José, uno de los testigos que Tacher Urbina quiere presentar próximamente, explicó a Animal Político cómo fue su arresto del 2 de agosto. “Me empezaron a pegar, me decían que iba a morir, que tenía que confesar. De ahí me llevaron a un cuarto donde está la policía judicial. Me taparon, me hincaron, me pusieron una bolsa en la cara, me repetían que me echara la culpa, que yo tuve que ver en el caso de José Arredondo y que atestiguara que el culpable era el de la cárcel”, dijo.

“Casi me muero, en dos ocasiones no reaccionaba. Después, cuando me pusieron la bolsa me pusieron un cuchillo en la pierna, no me penetraron, solo que me iban a enterrar. Veían que no me asustaba, me tiraban al suelo. Me pusieron un trapo en la boca y me empezaron a echar agua por la nariz. Mientras me pegaban en el estómago para que respirara agua y me ahogara”, dijo. 

El testigo aseguró haber sido golpeado durante varias horas en la sede de la Secretaría de Medicina Forense (Semefo) de San José Los Cabos, en Baja California Sur. 

“No existen registros de que estuviese ahí, ni mi primo, ni mi hijo”, dijo José, quien relató haber sido extorsionado por los policías. “Me quitaron dos mil dólares”, afirmó.

Según este testimonio, su primo Marco y su hijo Maicol, que se encontraba de visita en México, también fueron conducidos al mismo lugar. El primero estuvo en unas dependencias a parte, ya que sufre problemas de salud. El segundo es ciudadano americano y no sabe español. “Les decía que soy ciudadano americano”, explicó, en declaración ante Tacher Urbina que será presentada ante la autoridad judicial.

José, el testigo que denuncia torturas, conocía a la víctima por su trabajo en el restaurante. Además, según testificó, hubo un día en el que mantuvo relaciones íntimas con el empresario, quien a su vez también salió en alguna ocasión con su esposa. 

“Si hay algo, con mucho gusto lo revisaremos. Pero el hecho de decir a estas alturas, que no lo dijeron en aquel momento, genera sospechas. Se intuye una preparación de acuerdo a la defensa”, dijo Daniel de la Rosa Anaya, procurador de Justicia de Baja California Sur. 

En su opinión, la audiencia de prueba anticipada del 7 de octubre sirvió para ratificar las tesis de la fiscalía. “El testigo (un vigilante menor de edad) está diciendo exactamente lo mismo, ubica al procesado en el lugar del hecho, con el adicionante que refiere algún tipo de presión. ¿Para qué haría un tipo de presión si se está confirmando? No le veo ninguna razón”, aseguró.

De la Rosa Anaya no descartó iniciar una investigación sobre las denuncias de tortura y presiones a testigos a manos de agentes de ministeriales. Sin embargo, aseguró que la investigación ha permitido tener pruebas científicas que vinculan al acusado con el homicidio. En concreto, restos de sangre en el coche y en unas zapatillas. 

El caso del asesinato de José Arredondo sigue abierto. Por un lado, el juez tiene que determinar si el acusado, Roberto Guadalupe Martínez González, tiene algún tipo de responsabilidad en el homicidio. Por otro, se abre la investigación sobre supuestos agentes ministeriales que habrían utilizado las torturas para presionar al acusado y a testigos claves. 

A todo ello se suma la denuncia formulada por el abogado Tacher Urbina, quien aseguró haber sido objeto de un intento de estafa vinculado con la investigación. Según declaró, una persona le pidió que pagara 350 mil pesos para conseguir que agentes de la policía hicieran pesquisas que exculparían a su defendido. 

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¿Por qué AMLO enfrenta una rebelión de gobernadores en la etapa crítica de la pandemia de COVID-19?

El presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta una creciente rebeldía de varios gobernadores a sus decisiones. Un problema que se profundizó en la actual pandemia de coronavirus
Getty Images
3 de junio, 2020
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Como ningún otro presidente en la historia reciente, Andrés Manuel López Obrador enfrenta la oposición de varios gobernadores del país.

Es una crisis que se profundizó con la pandemia de coronavirus.

Desde el inicio de su gobierno, el 1 de diciembre de 2018, AMLO, como se conoce al presidente en México, enfrenta un creciente rechazo de mandatarios locales a sus decisiones.

Algunos incluso se oponen a participar en las reuniones de seguridad que legalmente se realizan cada día.

Otros no aceptaron formar parte del nuevo sistema nacional de salud, algunos pretenden cambiar las reglas para repartir los impuestos y varios pretenden revisar el Pacto Federal, que es el origen de la República Mexicana.

AMLO

Gobierno de México
López Obrador enfrenta la oposición de varios gobernadores

El viernes 29 de mayo, siete gobernadores acordaron aplicar su propia estrategia para salir de la emergencia sanitaria, al margen de las medidas ordenadas por el gobierno federal.

Los estados que aplicarán sus normas para reabrir actividades son Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Colima y Michoacán.

En lo que va de la pandemia 93. 435 personas se han contagiado de covid-19 y otras 10.167 han muerto,según datos de la Secretaría de Salud.

“No queremos dividir”

El argumento de los mandatarios es que las disposiciones de la Secretaría de Salud para reanudar las actividades en el país no corresponden con la realidad de los estados.

Las medidas, como un semáforo para determinar quiénes y cómo vuelven a la normalidad, se toman “de manera unilateral”, afirman los mandatarios.

“Parece ser que tuviera un propósito político para responsabilizar a los estados por los muertos”, afirma el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

Los gobernadores aseguran que no pretenden dividir al país. “No constituimos un frente opositor al gobierno de México ni al presidente”, insiste Aureoles.

Pero algunos especialistas ven una creciente confrontación que se agudizó en esta pandemia.”Es una rebelión”, afirma el politólogo y exconsejero electoral Eduardo Huchim a BBC Mundo.

gobernadores México

Twitter @mrikelme
Los gobernadores de 7 estados acordaron seguir su camino ante la pandemia

“Es algo que no ocurría antes, pero ahora hay un frente de siete gobernadores, entonces es una lectura válida decir que existe una rebelión”.

BBC Mundo solicitó entrevistas sobre el tema a los gobernadores de Jalisco, Chihuahua y Yucatán, pero no hubo respuesta.

Presidencia imperial

Durante casi todo el siglo pasado los gobernadores solían tener una actitud de sumisión ante el presidente en turno, recuerda Huchim.

Así ocurrió en los 70 años que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernó al país.

Los gobernadores acataban sin cuestionar las decisiones presidenciales. “Cuando alguien quería asomar la cabeza se la cortaban con el recurso de la desaparición de poderes” dice el analista.

“También estrangulaban a los estados con el reparto de las participaciones fiscales que entrega la Secretaría de Hacienda”, parte del gobierno federal.

Los presidentes eran las figuras con mayor poder político del país, inclusive por encima de los gobiernos locales. Uno de los ejemplos más claros fue el expresidente Carlos Salinas de Gortari.

En su gobierno (1988-1994) 19 de los 32 gobernadores abandonaron su cargo, algunos porque recibieron la orden de incorporarse al gabinete presidencial y otros porque fueron destituidos.

Carlos Salinas de Gortari

AFP
En el gobierno de Carlos Salinas renunciaron 19 gobernadores

En ese período ningún mandatario local se oponía al presidente. El único caso fue Roberto Madrazo, quien en 1995 se negó a renunciar como pretendía el entonces presidente Ernesto Zedillo.

La situación cambió a partir de 2000 cuando el PRI perdió el poder y el conservador Vicente Fox asumió la presidencia.

La mayoría de los mandatarios locales eran militantes del PRI, pero a pesar de ello no existió un escenario como el que ahora enfrenta López Obrador, coinciden especialistas.

Historia de desencuentros

La oposición de algunos gobernadores empezó en los primeros meses del gobierno de López Obrador.

Todos los días la primera actividad del presidente es reunirse con su Gabinete de Seguridad para analizar el comportamiento de la delincuencia en el país.

Una práctica que se repite en todos los estados. Oficialmente los gobernadores deberían encabezar estas reuniones, pero no todos han cumplido la disposición.

Gobernador de Guanajuato

Gobierno de Guanajuato
“No iré a las reuniones de seguridad” dice el gobernador de Guanajuato

En diciembre pasado, López Obrador informó en una de sus conferencias matutinas que los mandatarios de Guanajuato, Nayarit y Querétaro nunca habían participado en esos encuentros.

En respuesta, el gobernador de Guanajuato, Diego Rodríguez Vallejo, dijo que no planea asistir a las juntas del gabinete de seguridad. “No he estado ni iré a esas reuniones”, dijo.

El estado, por cierto, es el que registra el mayor número de homicidios en el país, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Otro desencuentro ocurrió con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que sustituyó al Seguro Popular con que se atendía a la población que no cuenta con servicios de seguridad social.

Los gobernadores de Tamaulipas, Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco no aceptaron participar en el nuevo sistema.

“Es un error desmantelar los sistemas de salud estatales”, dijo el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro.

“La idea de plantear políticas públicas desde la Federación y considerar que todos los estados están en las mismas circunstancias es un error”.

Viejos pactos

El siguiente episodio ocurrió cuando iniciaba la fase más crítica de la pandemia de coronavirus.

Los gobernadores de Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila demandaron a López Obrador que se revisara el pacto fiscal con la Federación.

Se trata de un acuerdo firmado en los años 70 para que todos los impuestos federales que se cobran en el país se destinen a una bolsa común.

Gobernador de Jalisco

Gobierno de Jalisco
Enrique Alfaro es uno de los gobernadores que más se oponen a AMLO

El dinero se reparte entre los estados según las necesidades de cada uno y no con base en su recaudación.

Por varias décadas algunas entidades, sobre todo las que generan más riqueza, han rechazado el pacto pues argumentan que reciben menos de lo aportado.

Es una vieja discusión que no tenía sentido revivir a mitad de la emergencia sanitaria, dice el analista Huchim. Hacerlo ahora, añade, es una muestra de la rebelión de algunos mandatarios.

López Obrador aceptó revisar el acuerdo, pero después de superar la contingencia sanitaria.

También durante la fase 3 de la epidemia otros gobernadores como el de Chihuahua, Javier Corral, promovieron revisar las reglas del Pacto Federal.

Es un documento firmado en 1824 donde las entidades aceptaron formar parte de la república. Por eso el nombre oficial del país: Estados Unidos Mexicanos.

Ahora la pandemia puso en evidencia que el modelo actual del federalismo en el país se agotó, asegura el gobernador de Chihuahua, Corral.

“Chihuahua se rasca con sus propias uñas porque, además, no hemos tenido recursos extraordinarios o adicionales” para atender la emergencia de salud, critica.

Política y elecciones

¿Por qué la rebeldía de los gobernadores ante López Obrador?

Una respuesta es la necesidad de algunos mandatarios de crear un contrapeso a la fuerza política del presidente, dice Alberto Aziz Nassif, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide).

El partido en el poder, Movimiento de Regeneración Nacional, tiene siete gubernaturas y la mayoría legislativa en el Congreso.

Gobernador de Chihuahua

Gobierno de Chihuahua
Javier Corral quiere revisar el Pacto Federal de México

Es la primera vez desde 1994 que un solo partido obtiene el control del Senado y la Cámara de Diputados.

Antes de la pandemia, explica el analista, los mandatarios no habían logrado encontrar un tema para formar un frente, hasta ahora que coinciden en la revisión del pacto fiscal.

“Aprovechan el momento muy difícil para el país y para el gobierno federal para plantearlo y lograr tener una agenda común”, dice Aziz a BBC Mundo.

No es todo: el próximo año hay elecciones intermedias en México para renovar la Cámara de Diputados y 15 de las 32 gubernaturas.

Así, los gobernadores que se han opuesto a las decisiones presidenciales buscan mejorar la posición electoral de los partidos políticos donde militan.

“Está clara la apuesta de algunos de ellos para decir: mientras más duro sea mi reclamo voy a quedar bien con mi gente, con el estado” explica el investigador del Cide.

“Todos buscan liderar a la oposición, que está muy desvalida, a ver quién puede ser quien encabece esa posibilidad. En ese contexto hay que ubicar las demandas” de los gobernadores.


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