Autoridades de Yucatán presumen que es un estado seguro pero usan tortura y detenciones arbitrarias: activistas
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Autoridades de Yucatán presumen que es un estado seguro pero usan tortura y detenciones arbitrarias: activistas

Activistas e investigadores acusan que en Yucatán está normalizado que la tortura sea un castigo adicional para quienes cometen delitos, además de que hay detenciones arbitrarias.
Cuartoscuro Archivo
22 de noviembre, 2019
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Con el afán de demostrar que en Yucatán no hay una crisis de seguridad como en otras entidades, las autoridades locales recurren a prácticas como la tortura para castigar delitos comunes, e invisibilizan las violaciones a derechos humanos, así lo han documentado a la largo de varios años organizaciones como Elementa DDHH, el Equipo Indignación y Amnistía Internacional.

La premisa en este estado es: “somos la entidad más segura del país y lo vamos a seguir siendo, aunque se paguen ciertos precios”, dicen las investigadoras y activistas Renata Demichelis Ávila y Adriana Muro Polo, de la organización Elementa DDHH, con sedes en Colombia y México, quienes este 21 de noviembre presentaron el informe Derechos Humanos en Contexto, centrado en esta primera entrega en Yucatán, pero que analizará después otras entidades del país.

En Yucatán, afirmó Muro, “la idea es: si robas, parte de tu castigo va a ser la tortura y hay una aceptación social de eso, con tal de mantener la seguridad”.

Elementa DDHH logró documentar, a través de transparencia, que tan solo del 1 de abril al 31 de diciembre de 2018, en ocho meses, se generaron un total de 222 actas de investigación en la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el delito de Tortura de la Fiscalía General del estado, eso daría un promedio de casi un caso por día. De estos, 141 siguen en etapa de investigación y 81 ya fueron determinadas, aunque no se especificó en la respuesta en qué sentido.

Ya antes del informe de Elementa DDHH, otras organizaciones y activistas habían denunciado lo mismo. La organización civil Equipo Indignación ha advertido que el aparato de seguridad en Yucatán se utiliza para torturar y mantener bajos índices de criminalidad, así como el aparente contexto de paz y tranquilidad que vive la ciudadanía.

En su informe Tortura, encubrimiento e impunidad, el otro “escudo” del gobierno de Yucatán, Indignación señala que el publicitado y costoso programa “Escudo Yucatán”, implementado en el gobierno estatal anterior, olvidó establecer los mecanismos para proteger a la ciudadanía de los abusos policíacos y de su extremo criminal: la tortura.

No solamente permanecieron impunes casos como el de Roberth Tzab Ek, quien murió en 2010 en condiciones que obligan a sospechar tortura, dice el informe, “sino que se continuó cometiendo de manera sistemática mientras que el gobierno encubrió a los responsables y la fiscalía omitió investigar”.

Cuatro años después, en 2014, un joven de 18 años fue detenido, acusado de robar un bulto de cemento. La policía estatal llegó a su casa de madrugada, despertó a patadas a la familia y se llevaron detenidas a tres personas, entre ellas un menor de edad. Al joven acusado de robo lo torturaron y le simularon una violación. La Codhey cerró el caso cuando cambiaron a los policías de zona.

En 2016, dos casos más saltaron al ámbito público, el de José Adrían, adolescente torturado por policías municipales de Chemax, y la tortura cometida en contra de otro adolescente en Conkal por elementos de la Gendarmería de la Policía Federal.

Para Martha Capetillo, abogada de Indignación, la tortura y las detenciones arbitrarias en Yucatán son sistemáticas, “pero también lo es el encubrimiento hacia quienes los perpetran, los mismos policías amenazan a las víctimas con no denunciar, la Codhey no hace su trabajo, nadie investiga, esto está tolerado y normalizado”.

El único caso de tortura que ha sido llevado a juicio en Yucatán ha sido el que se filmó y divulgó en mayo de 2016 en Tekax. Sin embargo, el policía que exhibió el caso al grabarlo y difundirlo fue a su vez torturado y ese crimen, como todos los demás, continúa impune, recordó la abogada.

Son los otros

Para mantener la idea de que Yucatán es una entidad “segura” hay un perfil en las detenciones, de acuerdo con las activistas de Elementa DDHH, quienes señalan que se detiene principalmente a jóvenes morenos con cierta vestimenta y a indígenas, y también a personas de otros estados, como de Quintana Roo.

Esto es también una forma de justificar que si se comenten delitos menores los comenten los “otros”, los de fuera y no la sociedad yucateca.

“Es la idea de que el peligro viene de otro lado y eso es tanto para el tema de lo maya como para los foráneos. En Yucatán, en Mérida, sobre todo, la sociedad todavía es muy racista y el origen, el lenguaje, el color de piel te determinan”, subraya Adriana Muro.

El caso más emblemático de esto es el de José Adrián, un adolescente maya con discapacidad auditiva, quien hoy tiene 17 años, pero quien sufrió detención arbitraria y tortura a los 14. Amnistía Internacional retomó el caso para su informe sobre detenciones arbitrarias en México, llamado Falsas Sospechas. En este la organización reporta que la práctica de la tortura es generalizada en México y Yucatán no es la excepción.

Entérate: Basta con estar en el lugar equivocado para ser detenido en México, acusa Amnistía Internacional

La Codhey emitió la recomendación 35/2018 sobre el caso de José Adrían, pero a pesar de las pruebas presentadas, omitió señalar que el adolescente había sido víctima de tortura. Solo describió los hechos como “fuerza excesiva, desprotección de la parte superior del cuerpo y que permaneció esposado durante el tiempo de su detención”.

La Codhey, a diferencia de otras comisiones estatales, dice la activista Adriana Muro, está neutralizada y no cumple con su obligación de velar por la protección y la garantía de los derechos humanos. “Es una comisión completamente ausente y para nada aliada de las organizaciones de la sociedad civil que sí defienden derechos”.

Pese a todo ese intento de ocultamiento y falta de acción, en 2018 la Codhey tuvo que registrar 215 quejas por detenciones arbitrarias y/o ilegales y 187 por lesiones, cometidas por agentes de seguridad pública, lo que derivó en la emisión de 18 recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, aunque ninguna de ellas está clasificada como tortura.

La misma situación continúa hoy, aunque ya hubo cambio de gobierno y de partido en el poder, con el panista Mauricio Vila Dosal (2018-2024). “Lo que encontramos – dice Alejandra Muro– sobre todo en las entrevistas que hicimos a las autoridades es que el gobierno actual mantiene la misma política de invisibilizar que existen violaciones a derechos humanos, su prioridad es el desarrollo inmobiliario y el turismo, y para eso se necesita mantener la idea del estado seguro”.

“Nosotros no tenemos conocimiento de la implementación de acciones para erradicar la práctica de la tortura y las detenciones arbitrarias en Yucatán. De hecho, sigue al frente de la Secretaría de Seguridad Pública la misma persona que lleva años en el cargo, vendiendo la idea de que ha logrado mantener en calma a la entidad, pero a qué costo”, dijo Capetillo.

Sobre los señalamientos de las organizaciones, la Codhey dijo que respeta sus puntos de vista y “reitera la invitación a trabajar de manera coordinada para realizar acciones conjuntas encaminadas a fortalecer la cultura de los derechos humanos en Yucatán”.

Añadió que un 30% del total de quejas que recibe son contra autoridades policiacas estatales pero que un tercio se han resuelto por la vía de la conciliación.

Y que en los casos en los que se emite una recomendación, se pide la reparación integral del daño a las víctimas, se realiza una investigación de los hechos y se capacita a los servidores para la no repetición de los hechos.

Animal Político solicitó entrevista tanto al gobierno del estado pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta institucional.

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Petro presidente: 3 hitos que hacen que su llegada al poder en Colombia sea histórica (y que las expectativas sean tan altas)

Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda; y la primera vicepresidente afro, Francia Márquez, asumieron el poder en Colombia este domingo.
7 de agosto, 2022
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El primer presidente de izquierda. La primera vicepresidente afro. La primera vez que el progresismo tiene mayorías en el Congreso. Nadie tan ajeno a las élites políticas había llegado al poder, mucho menos un exguerrillero y una activista ambiental.

La lista de hitos históricos que produce el ascenso de Gustavo Petro y Francia Márquez es larga. Reflejo de un camino inexplorado que empieza a recorrerse este 7 de agosto, cuando el Pacto Histórico, la coalición petrista, asumió las riendas del Estado colombiano.

Desde la victoria electoral, el 19 de junio, los símbolos y celebraciones reivindicativas de una parte de la población que hasta ahora se sintió no solo subrepresentada en la política, sino abandonada por el Estado, han dominado el debate público. Se habla de un acuerdo nacional por la vida y por la paz. Las expectativas son enormes.

Es probable que con el paso de los días el carácter histórico de la presidencia pase a un segundo plano. La manera como el gobierno busque cumplir las complejas demandas sociales, económicas y políticas concentrará la atención de los colombianos.

La vara que el mismo Petro se puso es, como él admite, tan alta que parece difícil de cumplir en cuatro años de mandato. Enfrenta, además, una sensible situación económica, un contexto internacional incierto y un persistente conflicto armado en algunas regiones del país.

Con 11,2 millones de votos, Petro es el candidato más votado de la historia. Pero por el otro candidato, Rodolfo Hernández, votaron 10,5 millones que estarán alerta a cualquier movimiento que consideren perjudicial. La oposición, si bien dividida tras las elecciones, promete una veeduría rigurosa a través del Congreso, la prensa y otras entidades estatales y no gubernamentales.

Solo el desempeño del gobierno permitirá saber si Petro y Márquez estuvieron a la altura de su propia condición histórica.

Una mirada a los hitos que significó su presidencia explica por qué las expectativas son tan altas.

Gustavo Petro

Getty Images

1. El primer presidente de izquierda

En dos siglos de historia republicana son pocos los ejemplos de gobiernos alternativos que buscaron un cambio de fondo del modelo político y económico que rigió al país desde un principio.

Hubo presidentes reformistas como Alfonso López Pumarejo en los años 30 o líderes populares que marcaron la política como Jorge Eliécer Gaitán en los 40, pero los cambios del primero fueron frustrados por una derecha reaccionaria, y al segundo lo mataron en plena campaña electoral.

Petro, como ellos, tiene una lectura crítica del modelo colombiano. Quiere reformar elementos sensibles como la propiedad de la tierra, la explotación de recursos naturales y los sistemas de pensiones, salud y educación.

Exguerrillero del M19, vehemente congresista que denunció la corrupción de la clase política y polémico exalcalde de Bogotá que peleó con todos los poderes existentes, Petro ha intentado moderar su figura durante la campaña y tras la victoria.

La pregunta que se empieza a responder este domingo es si el Petro de izquierda obsesionado con la ruptura será remplazado por un ecuánime constructor de acuerdos que busca un cambio gradual y moderado.

El alcance de su agenda de izquierda, que por primera vez llega al poder en Colombia, dependerá de cuál de esas dos versiones termina siendo el que gobierna.

Gustavo Petro y Francia Marquez

Getty Images
Gustavo Petro y Francia Márquez.

2. El primer exguerrillero en el poder

La ausencia de dirigentes de izquierda en la Casa de Nariño se explica, en parte, por la guerra de guerrillas que inició en los años 60. La fobia por una agenda que sonara subversiva, la derechización de las Fuerzas Armadas y la alianza con Estados Unidos en plena Guerra Fría marcaron la política colombiana durante al menos 40 años.

Pero el país ha ido cambiando. Se firmó una Constitución avanzada en 1991, las diversas regiones se conectaron entre sí gracias a una revolución de infraestructura y las nuevas generaciones empezaron a pasar la página del conflicto armado, sobre todo después de la firma de la paz con las FARC en 2016.

Son cambios de fondo que generaron el espacio político para que un exmilitante de una guerrilla fuera presidente.

En 1977, a sus 17 años, Petro entró al Movimiento 19 de abril (M-19), una organización insurgente de corte urbano y socialdemócrata que se creó tras un fraude electoral en 1970.

Estuvo en esa guerrilla durante una década. Fue dos veces detenido y torturado, denuncia. Viajó por todo el país impulsando la revolución. Al final, cuando el M-19 se desmovilizó en 1990, se tuvo que exiliar en Europa por cuatro años.

Desde que volvió, en 1994, Petro se convirtió en una figura clave de la política, pero el economista hasta ahora no había podido quitarse el rótulo de exguerrillero.

“La paz es que alguien como yo pueda ser presidente y que alguien como Francia pueda ser vicepresidenta”, dijo en su discurso de victoria en junio.

Nadie se imaginaba que alguien como él, que representa todo lo que millones de colombianos rechazan de manera visceral, pudiera llegar al poder. Pero pudo. E hizo historia.

Poster de Vivir sabroso

Getty Images
“Vivir sabroso” es uno de los lemas de campaña de Márquez

3. El primer gobierno que representa la diversidad de Colombia

Colombia tiene una de las poblaciones afro más grandes de América Latina. Sus regiones, además, tienen la biodiversidad de un continente entero. Pocos países en el mundo tienen una multiplicidad tan amplia de comunidades indígenas.

Pero la inmensa diversidad étnica, racial y geográfica de Colombia no había tenido una representación en el gobierno nacional. Hasta ahora.

La vicepresidenta, Francia Márquez, viene de una de esas regiones aisladas y discriminadas: el Cauca, en el suroccidente. Se hizo política por su activismo en contra de mineras multinacionales que buscaban explotar su tierra ancestral. Es negra y feminista. Fue empleada del servicio y madre soltera.

El perfil de Márquez, tan similar al de millones de mujeres, puso a los colombianos a hablar de racismo, clasismo y género durante la campaña. Temas ausentes en campañas anteriores que ahora marcaron la pauta.

Tanto fue el impacto de Márquez en la candidatura de Petro que millones de personas en las zonas periféricas del país, donde primó la abstención durante décadas, participaron de los comicios. Fue la clave de la victoria en segunda vuelta.

Petro anunció que el embajador en Estados Unidos será un dirigente afro del Chocó experto en medio ambiente, Luis Gilberto Murillo, y que la embajadora ante la ONU será una líder indígena dedicada a defender los derechos ancestrales, Leonor Zalabata.

Son nombramientos inéditos, simbólicos, que se añaden a la lista de novedades que representa el gobierno que inicia este domingo.


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