Autoridades de Yucatán presumen que es un estado seguro pero usan tortura y detenciones arbitrarias: activistas
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Autoridades de Yucatán presumen que es un estado seguro pero usan tortura y detenciones arbitrarias: activistas

Activistas e investigadores acusan que en Yucatán está normalizado que la tortura sea un castigo adicional para quienes cometen delitos, además de que hay detenciones arbitrarias.
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22 de noviembre, 2019
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Con el afán de demostrar que en Yucatán no hay una crisis de seguridad como en otras entidades, las autoridades locales recurren a prácticas como la tortura para castigar delitos comunes, e invisibilizan las violaciones a derechos humanos, así lo han documentado a la largo de varios años organizaciones como Elementa DDHH, el Equipo Indignación y Amnistía Internacional.

La premisa en este estado es: “somos la entidad más segura del país y lo vamos a seguir siendo, aunque se paguen ciertos precios”, dicen las investigadoras y activistas Renata Demichelis Ávila y Adriana Muro Polo, de la organización Elementa DDHH, con sedes en Colombia y México, quienes este 21 de noviembre presentaron el informe Derechos Humanos en Contexto, centrado en esta primera entrega en Yucatán, pero que analizará después otras entidades del país.

En Yucatán, afirmó Muro, “la idea es: si robas, parte de tu castigo va a ser la tortura y hay una aceptación social de eso, con tal de mantener la seguridad”.

Elementa DDHH logró documentar, a través de transparencia, que tan solo del 1 de abril al 31 de diciembre de 2018, en ocho meses, se generaron un total de 222 actas de investigación en la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el delito de Tortura de la Fiscalía General del estado, eso daría un promedio de casi un caso por día. De estos, 141 siguen en etapa de investigación y 81 ya fueron determinadas, aunque no se especificó en la respuesta en qué sentido.

Ya antes del informe de Elementa DDHH, otras organizaciones y activistas habían denunciado lo mismo. La organización civil Equipo Indignación ha advertido que el aparato de seguridad en Yucatán se utiliza para torturar y mantener bajos índices de criminalidad, así como el aparente contexto de paz y tranquilidad que vive la ciudadanía.

En su informe Tortura, encubrimiento e impunidad, el otro “escudo” del gobierno de Yucatán, Indignación señala que el publicitado y costoso programa “Escudo Yucatán”, implementado en el gobierno estatal anterior, olvidó establecer los mecanismos para proteger a la ciudadanía de los abusos policíacos y de su extremo criminal: la tortura.

No solamente permanecieron impunes casos como el de Roberth Tzab Ek, quien murió en 2010 en condiciones que obligan a sospechar tortura, dice el informe, “sino que se continuó cometiendo de manera sistemática mientras que el gobierno encubrió a los responsables y la fiscalía omitió investigar”.

Cuatro años después, en 2014, un joven de 18 años fue detenido, acusado de robar un bulto de cemento. La policía estatal llegó a su casa de madrugada, despertó a patadas a la familia y se llevaron detenidas a tres personas, entre ellas un menor de edad. Al joven acusado de robo lo torturaron y le simularon una violación. La Codhey cerró el caso cuando cambiaron a los policías de zona.

En 2016, dos casos más saltaron al ámbito público, el de José Adrían, adolescente torturado por policías municipales de Chemax, y la tortura cometida en contra de otro adolescente en Conkal por elementos de la Gendarmería de la Policía Federal.

Para Martha Capetillo, abogada de Indignación, la tortura y las detenciones arbitrarias en Yucatán son sistemáticas, “pero también lo es el encubrimiento hacia quienes los perpetran, los mismos policías amenazan a las víctimas con no denunciar, la Codhey no hace su trabajo, nadie investiga, esto está tolerado y normalizado”.

El único caso de tortura que ha sido llevado a juicio en Yucatán ha sido el que se filmó y divulgó en mayo de 2016 en Tekax. Sin embargo, el policía que exhibió el caso al grabarlo y difundirlo fue a su vez torturado y ese crimen, como todos los demás, continúa impune, recordó la abogada.

Son los otros

Para mantener la idea de que Yucatán es una entidad “segura” hay un perfil en las detenciones, de acuerdo con las activistas de Elementa DDHH, quienes señalan que se detiene principalmente a jóvenes morenos con cierta vestimenta y a indígenas, y también a personas de otros estados, como de Quintana Roo.

Esto es también una forma de justificar que si se comenten delitos menores los comenten los “otros”, los de fuera y no la sociedad yucateca.

“Es la idea de que el peligro viene de otro lado y eso es tanto para el tema de lo maya como para los foráneos. En Yucatán, en Mérida, sobre todo, la sociedad todavía es muy racista y el origen, el lenguaje, el color de piel te determinan”, subraya Adriana Muro.

El caso más emblemático de esto es el de José Adrián, un adolescente maya con discapacidad auditiva, quien hoy tiene 17 años, pero quien sufrió detención arbitraria y tortura a los 14. Amnistía Internacional retomó el caso para su informe sobre detenciones arbitrarias en México, llamado Falsas Sospechas. En este la organización reporta que la práctica de la tortura es generalizada en México y Yucatán no es la excepción.

Entérate: Basta con estar en el lugar equivocado para ser detenido en México, acusa Amnistía Internacional

La Codhey emitió la recomendación 35/2018 sobre el caso de José Adrían, pero a pesar de las pruebas presentadas, omitió señalar que el adolescente había sido víctima de tortura. Solo describió los hechos como “fuerza excesiva, desprotección de la parte superior del cuerpo y que permaneció esposado durante el tiempo de su detención”.

La Codhey, a diferencia de otras comisiones estatales, dice la activista Adriana Muro, está neutralizada y no cumple con su obligación de velar por la protección y la garantía de los derechos humanos. “Es una comisión completamente ausente y para nada aliada de las organizaciones de la sociedad civil que sí defienden derechos”.

Pese a todo ese intento de ocultamiento y falta de acción, en 2018 la Codhey tuvo que registrar 215 quejas por detenciones arbitrarias y/o ilegales y 187 por lesiones, cometidas por agentes de seguridad pública, lo que derivó en la emisión de 18 recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, aunque ninguna de ellas está clasificada como tortura.

La misma situación continúa hoy, aunque ya hubo cambio de gobierno y de partido en el poder, con el panista Mauricio Vila Dosal (2018-2024). “Lo que encontramos – dice Alejandra Muro– sobre todo en las entrevistas que hicimos a las autoridades es que el gobierno actual mantiene la misma política de invisibilizar que existen violaciones a derechos humanos, su prioridad es el desarrollo inmobiliario y el turismo, y para eso se necesita mantener la idea del estado seguro”.

“Nosotros no tenemos conocimiento de la implementación de acciones para erradicar la práctica de la tortura y las detenciones arbitrarias en Yucatán. De hecho, sigue al frente de la Secretaría de Seguridad Pública la misma persona que lleva años en el cargo, vendiendo la idea de que ha logrado mantener en calma a la entidad, pero a qué costo”, dijo Capetillo.

Sobre los señalamientos de las organizaciones, la Codhey dijo que respeta sus puntos de vista y “reitera la invitación a trabajar de manera coordinada para realizar acciones conjuntas encaminadas a fortalecer la cultura de los derechos humanos en Yucatán”.

Añadió que un 30% del total de quejas que recibe son contra autoridades policiacas estatales pero que un tercio se han resuelto por la vía de la conciliación.

Y que en los casos en los que se emite una recomendación, se pide la reparación integral del daño a las víctimas, se realiza una investigación de los hechos y se capacita a los servidores para la no repetición de los hechos.

Animal Político solicitó entrevista tanto al gobierno del estado pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta institucional.

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'Arriesgo mi vida para tratar a pacientes de covid-19 pero mañana puedo ser deportado a México'

Como enfermero en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Carolina del Norte, Jonathan Vargas Andrés trata a pacientes con covid-19 todos los días. Pero pronto puede encontrarse con una orden de deportación.
13 de mayo, 2020
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Guillermo y Jonathan Vargas Andrés

Jonathan Vargas
Guillermo y Jonathan Vargas Andrés llevan 18 años en Estados Unidos.

La Corte Suprema de Estados Unidos está revisando un caso que podría poner en riesgo de deportación a miles de personas que llegaron de forma ilegal al país cuando eran niños.

La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, aprobada en 2012) les dio a estos jóvenes la oportunidad de trabajar y estudiar legalmente en EE.UU., pero el presidente Donald Trump quiere revocarla.

Y muchos de los que están en riesgo son trabajadores de la salud que se enfrentan a la pandemia de coronavirus.

A principios de abril, una larga fila de autos de policía rodeó un hospital en Winston-Salem, en Carolina del Norte, con sus luces azules parpadeando.

Era un tributo, dijeron, a los trabajadores sanitarios que arriesgan sus vidas para tratar a los pacientes de covid-19.

Pero al mexicano Jonathan Vargas Andrés, un enfermero de la unidad de cuidados intensivos que trata a pacientes de coronavirus en ese hospital, le parecen, de alguna manera, gestos vacíos.

Lleva cuatro años trabajando en la misma unidad que su esposa y su hermano, también enfermeros, y la semana pasada ha visto un aumento en el número de casos.

Jonathan también es indocumentado y en las próximas semanas sabrá si el país por el que está arriesgando su vida decidirá deportarlo.

“Trato de no pensar en eso, porque si lo pienso mucho me canso”, dice Jonathan en su suave acento sureño. “Básicamente, tuve que desconectar por mi propia salud”.

“Es el miedo más que nada”.

El programa DACA

Jóvenes protestando frente a la Corte Suprema en apoyo al programa DACA.

Getty Images
La mayoría de los beneficiados por el programa DACA son de América Latina, pero también hay de otras partes del mundo.

Jonathan se benefició del programa DACA, una norma de la era Obama que protegía de la deportación a los jóvenes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños y que les proporcionó permisos de trabajo y estudio.

Jonathan llegó de México cuando tenía 12 años.

En 2017, Donald Trump detuvo el programa y actualmente está siendo revisado por la Corte Suprema estadounidense.

En cualquier momento, a Jonathan se le podría decir que ya no tiene derecho a trabajar o vivir en Estados Unidos.

Hay aproximadamente 800.000 beneficiarios de DACA en Estados Unidos. El Centro para el Progreso Americano, un think tank de izquierda, estima que 29.000 de ellos son trabajadores de atención médica en primera línea (médicos, enfermeros, paramédicos) y otros 12.900 se desempeñan en otros sectores de la industria de la salud y el cuidado.

Jonathan describe su trabajo como una vocación.

Le encanta ser enfermero a pesar de enfrentar una pandemia a los cuatro años de haber iniciado su carrera.

“Obviamente, da miedo cuando estás allí”, dice. “Te vuelves muy, muy, muy paranoico con lo que tocas”.

“Pero tienes que dejar ese pensamiento de lado, porque estás allí para ayudar a estas personas. No se trata de ti”.

Su hospital tiene suficientes equipos de protección personal. Los están usando con moderación, lo que lo pone nervioso, pero lo que es más difícil, cuenta, es tener que ver a la gente morir sola.

“Es muy triste, muy deprimente ver a las familias tener que despedirse a través de un iPad”, dice.

“No solo es estresante, sino emocionalmente agotador“.

Al menos en la unidad hay solidaridad, pero a veces siente que está viviendo una doble vida.

“Cuando voy a trabajar y hablo con mis compañeros de trabajo, ellos no saben sobre mi estatus”, dice.

“Pero luego regreso a casa y me doy cuenta de que, ya sabes, estoy viviendo fuera del radar”.

“Ni siquiera sabes si algo de lo que estás haciendo para ayudar a tu país será apreciado. Y en un par de meses, podría ser deportado“.

Cambio de vida

Protesta de "Dreamers" afuera de la Corte Suprema en noviembre.

Getty Images
El programa DACA está actualmente bajo revisión por la Corte Suprema de EE.UU.

Jonathan nació en México, en un pequeño pueblo cerca de Puebla, en 1990.

Su padre manejaba un autobús para ganarse la vida, pero apenas podía mantener a la familia.

Él recuerda la casa en la que vivían: no tenía ventanas, el piso era de tierra, y no había agua corriente.

Su padre se fue primero a Estados Unidos, en el año 2000, y trajo a su familia dos años después.

Junto con su hermano y su madre, Jonathan cruzó el río que separa a México de Estados Unidos y el desierto, entrando a territorio estadounidense ilegalmente.

Hasta 2012, toda la familia vivía fuera del radar. Como niños indocumentados, podían asistir a la escuela pública, pero no a las universidades públicas ni a las universidades privadas, que eran demasiado caras.

Cuando terminó la escuela secundaria, consiguió trabajos ocasionales. Trabajaba reparando neumáticos cuando se anunció el programa DACA.

“Fue un cambio de vida”, dice. “No sé cómo describirlo. Saber que iba a tener la oportunidad de trabajar legalmente y tener la posibilidad de ir a la universidad”.

Llevaba en Estados Unidos 10 años en ese momento y aunque dice que se sentía estadounidense, no tenía la documentación para demostrarlo.

Cuando se aprobó el programa DACA, él y su hermano inmediatamente intentaron inscribirse en el ejército, pero fueron rechazados por su estatus de ciudadanía.

Su deseo de servir los llevó a la enfermería.

“Vuelve a cruzar el río”

Aunque le encanta su trabajo, los últimos cuatro años han sido un período de mucha ansiedad.

Jonathan ha comenzado a apretar la mandíbula mientras duerme. A veces lo hace tanto que la articulación se hincha y le duele cuando come o habla. Es una condición que generalmente está vinculada al estrés.

“He estado lidiando con este estrés desde 2015, cuando Donald Trump anunció que se postulaba para presidente y lo primero que hizo fue atacar a los mexicanos“.

“Se volvió muy, muy real cuando asumió el cargo”.

Desde entonces, dice que ha sentido más animosidad hacia él y ha experimentado un racismo manifiesto. Cree que algunas personas ahora se sienten con el derecho a mostrar intolerancia.

Describe un incidente fuera de su gimnasio, antes de la cuarentena, en el que un hombre le gritó improperios racistas y le dijo que “volviera a cruzar el río” porque había estacionado incorrectamente.

Una joven con la solicitud para el programa DACA en 2012.

Getty Images
El derecho a trabajar de Jonathan depende del programa DACA.

Camuflaje

Jonathan se casó hace dos años y su esposa es ciudadana estadounidense. Ha solicitado una green card -residencia temporal-, pero no es un hecho que se la vayan a dar.

Su entrada ilegal al país siendo niño podría jugar en su contra.

Si un niño indocumentado no abandona Estados Unidos en el año antes de cumplir su mayoría de edad, asume la responsabilidad legal de su ingreso.

Y si la decisión de la Corte Suprema detiene el programa DACA, podría perder su derecho a trabajar.

Jonathan está tratando de no pensar en lo que sucederá si la decisión va en su contra. Dice que no volverá a México, ya que no cree que la profesión de enfermería sea valorada allí, pero él y su hermano han estado investigando para mudarse a Canadá.

Tendría que dejar a sus padres y su vida de los últimos 18 años atrás. Actualmente está estudiando a tiempo parcial para obtener una calificación adicional en enfermería, y es posible que también tenga que dejarlo.

Aunque el miedo a la covid-19 y la decisión de la Corte Suprema se ciernen sobre él todos los días, tiene una sensación de seguridad dentro de su uniforme de color azul oscuro.

“A veces siento que mi uniforme de trabajo es un tipo de camuflaje”, dice.

“La gente me ve con la bata y asumen que soy de los ‘buenos’ o que estoy aquí legalmente”.

“Pero tan pronto como me cambio, no hay forma de que sepan que soy enfermero, así que me vuelvo un ‘espalda mojada’ como suponen sobre todos los demás que parecen hispanos”.

Enlaces a más artículos sobre el coronavirus

BBC

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https://www.youtube.com/watch?v=3FlrsNfKguk&t=35s

https://www.youtube.com/watch?v=85PHSOeDz2Y

https://www.youtube.com/watch?v=QZ9JbrioTiw

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