'Me considero inocente': alcalde de Tlapa tras detención de su jefe de gabinete por asesinato de Arnulfo Cerón
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'Me considero inocente': alcalde de Tlapa tras detención de su jefe de gabinete por asesinato de Arnulfo Cerón

Pichardo Gracias fue señalado por los compañeros del activista asesinado Arnulfo Cerón, dado el enfrentamiento que mantiene con su colectivo, pero él siempre ha defendido su inocencia.
24 de diciembre, 2019
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“Estoy en manos de lo que determine la Fiscalía, me considero inocente, no tengo nada que ver con los hechos. Estoy dispuesto a separarme del cargo para que haya una investigación, no tengo temor porque no le debo a nadie”.

Dionisio Merced Pichardo Gracias es el presidente municipal de Tlapa, Guerrero, desde el pasado año, cuando ganó las elecciones al concurrir por las listas de Morena. Tras la desaparición del líder del Frente Popular de la Montaña, Arnulfo Cerón, el pasado 11 de octubre, Pichardo Gracias fue señalado por los compañeros del activista por el enfrentamiento que mantiene con el colectivo. 

Él siempre ha reivindicado su inocencia. 

El 19 de octubre fue detenido Marco Antonio García Morales, jefe de gabinete del presidente municipal. Tres días después, el juez de control decidió mantenerle en prisión preventiva hasta la audiencia que tenga lugar el martes, 24 de diciembre. 

Arnulfo Cerón, de 47 años, desapareció el 11 de octubre. Tenía una reunión de alcohólicos anónimos pero nunca llegó a la cita. Posteriormente, el 20 de noviembre, su cuerpo apareció enterrado en un punto conocido como Los Tres Postes, en la carretera entre Tlapa e Igualita. Al parecer, la razón de la muerte fue la asfixia, según dijo Abel Barrera, presidente de la asociación de Derechos Humanos Tlachinollan, que ha acompañado a la familia y compañeros de Cerón desde el momento en el que se dio la alarma por no regresar a casa. 

Pichardo Gracias, sin embargo, dice no tener nada que ver. 

“Lamento lo que le está pasando a Tony. Las autoridades y el poder judicial deben ofrecer legalidad y justicia”, dijo, en conversación telefónica con Animal Político. “Es muy lamentable el homicidio. Debe haber una investigación y que se castigue al culpable”, dijo. 

Reconoció el alcalde que no mantenía buena relación con Arnulfo Cerón ni con sus compañeros del Frente Popular de la Montaña. Uno de los temas en disputa era la ubicación de los vendedores informales, algunos de los cuales estaban siendo representados por los activistas.

“Había mensajes de que el Frente era negativo para Tlapa y que perjudicaba a su desarrollo, lo que hizo crecer la animadversión”, dice Abel Barrera, presiente de Tlachinollan. El activista, sin embargo, no quiere señalar a nadie. Espera que las investigaciones determinen quiénes son los responsables del asesinato, tanto materiales como intelectuales.

El alcalde no niega las disputas. De hecho, se queja de que los integrantes del Frente Popular de la Montaña, “no solicitan, exigen y quieren imponer obras”. Sin embargo, dice que su enfrentamiento era “político”. 

Desde la detención de Tony, su jefe de gabinete, se ha especulado mucho con el papel que jugaba en el ayuntamiento. El ahora arrestado era el principal candidato y no pudo presentarse porque el Partido del Trabajo, socio de Morena, presentó una impugnación ya que no había residido en Tlapa los cinco años reglamentarios. Previamente fue alcalde de Alpoyeca por el PRD, partido que abandonó en 2017. Ante la decisión del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero de suspender su candidatura, Pichardo Gracias lo sustituyó. 

El alcalde asegura que conoce al ahora detenido desde que le dio clases. “Si hubiera sabido algo de él así no me hubiera metido en esto”, dice. 

La detención ha generado tensión en Tlapa.

Por un lado, están los allegados y compañeros de la víctima, Arnulfo Cerón, que mantienen un plantón en el Ayuntamiento exigiendo justicia desde hace dos meses.

Por otro, un grupo de partidarios de García Morales viene manifestándose desde que fue arrestado. El lunes 23 tomaron la autopista del sol durante una hora y cuarto, hasta que fueron replegados por elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, según fuentes del gobierno de Guerrero. 

El martes 24 está previsto que se celebre una audiencia en la que el juez de control decidirá si mantiene en prisión a García Morales, a quien se acusa de ser el autor intelectual del asesinato. Por el momento hay otras seis personas detenidas por el homicidio. Los hechos están radicados en la jurisdicción del distrito judicial de Morelos, La Montaña y Zaragoza, integrados en la carpeta judicial C-107/2019.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan tiene documentados 125 homicidios desde julio de 2018, cuando fue asesinado Joaquín Morales, abogado y exconsejero del Instituto de Transparencia en Guerrero. Desde septiembre del pasado año, la organización de Derechos Humanos registró 35 desapariciones.

El alcalde, sin embargo, niega que Tlapa sea un “punto rojo”. “Son falsas alarmas. Desde que llegó la Guardia Nacional hay armonía y tranquilidad. Soy el primero en ir sin escolta”, afirmó. 

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'Arriesgo mi vida para tratar a pacientes de covid-19 pero mañana puedo ser deportado a México'

Como enfermero en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Carolina del Norte, Jonathan Vargas Andrés trata a pacientes con covid-19 todos los días. Pero pronto puede encontrarse con una orden de deportación.
13 de mayo, 2020
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Guillermo y Jonathan Vargas Andrés

Jonathan Vargas
Guillermo y Jonathan Vargas Andrés llevan 18 años en Estados Unidos.

La Corte Suprema de Estados Unidos está revisando un caso que podría poner en riesgo de deportación a miles de personas que llegaron de forma ilegal al país cuando eran niños.

La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, aprobada en 2012) les dio a estos jóvenes la oportunidad de trabajar y estudiar legalmente en EE.UU., pero el presidente Donald Trump quiere revocarla.

Y muchos de los que están en riesgo son trabajadores de la salud que se enfrentan a la pandemia de coronavirus.

A principios de abril, una larga fila de autos de policía rodeó un hospital en Winston-Salem, en Carolina del Norte, con sus luces azules parpadeando.

Era un tributo, dijeron, a los trabajadores sanitarios que arriesgan sus vidas para tratar a los pacientes de covid-19.

Pero al mexicano Jonathan Vargas Andrés, un enfermero de la unidad de cuidados intensivos que trata a pacientes de coronavirus en ese hospital, le parecen, de alguna manera, gestos vacíos.

Lleva cuatro años trabajando en la misma unidad que su esposa y su hermano, también enfermeros, y la semana pasada ha visto un aumento en el número de casos.

Jonathan también es indocumentado y en las próximas semanas sabrá si el país por el que está arriesgando su vida decidirá deportarlo.

“Trato de no pensar en eso, porque si lo pienso mucho me canso”, dice Jonathan en su suave acento sureño. “Básicamente, tuve que desconectar por mi propia salud”.

“Es el miedo más que nada”.

El programa DACA

Jóvenes protestando frente a la Corte Suprema en apoyo al programa DACA.

Getty Images
La mayoría de los beneficiados por el programa DACA son de América Latina, pero también hay de otras partes del mundo.

Jonathan se benefició del programa DACA, una norma de la era Obama que protegía de la deportación a los jóvenes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños y que les proporcionó permisos de trabajo y estudio.

Jonathan llegó de México cuando tenía 12 años.

En 2017, Donald Trump detuvo el programa y actualmente está siendo revisado por la Corte Suprema estadounidense.

En cualquier momento, a Jonathan se le podría decir que ya no tiene derecho a trabajar o vivir en Estados Unidos.

Hay aproximadamente 800.000 beneficiarios de DACA en Estados Unidos. El Centro para el Progreso Americano, un think tank de izquierda, estima que 29.000 de ellos son trabajadores de atención médica en primera línea (médicos, enfermeros, paramédicos) y otros 12.900 se desempeñan en otros sectores de la industria de la salud y el cuidado.

Jonathan describe su trabajo como una vocación.

Le encanta ser enfermero a pesar de enfrentar una pandemia a los cuatro años de haber iniciado su carrera.

“Obviamente, da miedo cuando estás allí”, dice. “Te vuelves muy, muy, muy paranoico con lo que tocas”.

“Pero tienes que dejar ese pensamiento de lado, porque estás allí para ayudar a estas personas. No se trata de ti”.

Su hospital tiene suficientes equipos de protección personal. Los están usando con moderación, lo que lo pone nervioso, pero lo que es más difícil, cuenta, es tener que ver a la gente morir sola.

“Es muy triste, muy deprimente ver a las familias tener que despedirse a través de un iPad”, dice.

“No solo es estresante, sino emocionalmente agotador“.

Al menos en la unidad hay solidaridad, pero a veces siente que está viviendo una doble vida.

“Cuando voy a trabajar y hablo con mis compañeros de trabajo, ellos no saben sobre mi estatus”, dice.

“Pero luego regreso a casa y me doy cuenta de que, ya sabes, estoy viviendo fuera del radar”.

“Ni siquiera sabes si algo de lo que estás haciendo para ayudar a tu país será apreciado. Y en un par de meses, podría ser deportado“.

Cambio de vida

Protesta de "Dreamers" afuera de la Corte Suprema en noviembre.

Getty Images
El programa DACA está actualmente bajo revisión por la Corte Suprema de EE.UU.

Jonathan nació en México, en un pequeño pueblo cerca de Puebla, en 1990.

Su padre manejaba un autobús para ganarse la vida, pero apenas podía mantener a la familia.

Él recuerda la casa en la que vivían: no tenía ventanas, el piso era de tierra, y no había agua corriente.

Su padre se fue primero a Estados Unidos, en el año 2000, y trajo a su familia dos años después.

Junto con su hermano y su madre, Jonathan cruzó el río que separa a México de Estados Unidos y el desierto, entrando a territorio estadounidense ilegalmente.

Hasta 2012, toda la familia vivía fuera del radar. Como niños indocumentados, podían asistir a la escuela pública, pero no a las universidades públicas ni a las universidades privadas, que eran demasiado caras.

Cuando terminó la escuela secundaria, consiguió trabajos ocasionales. Trabajaba reparando neumáticos cuando se anunció el programa DACA.

“Fue un cambio de vida”, dice. “No sé cómo describirlo. Saber que iba a tener la oportunidad de trabajar legalmente y tener la posibilidad de ir a la universidad”.

Llevaba en Estados Unidos 10 años en ese momento y aunque dice que se sentía estadounidense, no tenía la documentación para demostrarlo.

Cuando se aprobó el programa DACA, él y su hermano inmediatamente intentaron inscribirse en el ejército, pero fueron rechazados por su estatus de ciudadanía.

Su deseo de servir los llevó a la enfermería.

“Vuelve a cruzar el río”

Aunque le encanta su trabajo, los últimos cuatro años han sido un período de mucha ansiedad.

Jonathan ha comenzado a apretar la mandíbula mientras duerme. A veces lo hace tanto que la articulación se hincha y le duele cuando come o habla. Es una condición que generalmente está vinculada al estrés.

“He estado lidiando con este estrés desde 2015, cuando Donald Trump anunció que se postulaba para presidente y lo primero que hizo fue atacar a los mexicanos“.

“Se volvió muy, muy real cuando asumió el cargo”.

Desde entonces, dice que ha sentido más animosidad hacia él y ha experimentado un racismo manifiesto. Cree que algunas personas ahora se sienten con el derecho a mostrar intolerancia.

Describe un incidente fuera de su gimnasio, antes de la cuarentena, en el que un hombre le gritó improperios racistas y le dijo que “volviera a cruzar el río” porque había estacionado incorrectamente.

Una joven con la solicitud para el programa DACA en 2012.

Getty Images
El derecho a trabajar de Jonathan depende del programa DACA.

Camuflaje

Jonathan se casó hace dos años y su esposa es ciudadana estadounidense. Ha solicitado una green card -residencia temporal-, pero no es un hecho que se la vayan a dar.

Su entrada ilegal al país siendo niño podría jugar en su contra.

Si un niño indocumentado no abandona Estados Unidos en el año antes de cumplir su mayoría de edad, asume la responsabilidad legal de su ingreso.

Y si la decisión de la Corte Suprema detiene el programa DACA, podría perder su derecho a trabajar.

Jonathan está tratando de no pensar en lo que sucederá si la decisión va en su contra. Dice que no volverá a México, ya que no cree que la profesión de enfermería sea valorada allí, pero él y su hermano han estado investigando para mudarse a Canadá.

Tendría que dejar a sus padres y su vida de los últimos 18 años atrás. Actualmente está estudiando a tiempo parcial para obtener una calificación adicional en enfermería, y es posible que también tenga que dejarlo.

Aunque el miedo a la covid-19 y la decisión de la Corte Suprema se ciernen sobre él todos los días, tiene una sensación de seguridad dentro de su uniforme de color azul oscuro.

“A veces siento que mi uniforme de trabajo es un tipo de camuflaje”, dice.

“La gente me ve con la bata y asumen que soy de los ‘buenos’ o que estoy aquí legalmente”.

“Pero tan pronto como me cambio, no hay forma de que sepan que soy enfermero, así que me vuelvo un ‘espalda mojada’ como suponen sobre todos los demás que parecen hispanos”.

Enlaces a más artículos sobre el coronavirus

BBC

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https://www.youtube.com/watch?v=3FlrsNfKguk&t=35s

https://www.youtube.com/watch?v=85PHSOeDz2Y

https://www.youtube.com/watch?v=QZ9JbrioTiw

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