Tribunal rechaza transparentar audiencias del caso Abril; predomina opacidad judicial
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Tribunal rechaza transparentar audiencias del caso Abril; predomina opacidad judicial

Es un ejemplo más de la opacidad generalizada que prevalece en los poderes judiciales pese a que las audiencias y las sentencias son públicas por principio constitucional, según expertas.
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23 de diciembre, 2019
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El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ) se negó a entregar una copia de las audiencias públicas del proceso penal abierto en contra del exesposo de Abril Pérez y exdirector de Amazon, Juan Carlos García, en las que jueces capitalinos decidieron retirarle el delito de intento de feminicidio y dejarlo en libertad.

En respuesta a una solicitud de transparencia presentada por Animal Político en la que se pidió acceso al audio y video de dichas audiencias, el Tribunal dijo que no se podía entregar la información porque era “reservada”. Esto pese a que el día en que se llevaron a cabo las audiencias fueron públicas y cualquier persona podía presenciarlas.

“Se trata de un asunto que aun no se encuentra totalmente concluido y a la fecha constituye información reservada” señala el Tribunal, y añade que los “expedientes judiciales” pueden clasificarse. 

El Tribunal capitalino agregó que el periodo de clasificación de dichas audiencias será de tres años de acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. No obstante, dicho artículo establece que si un caso es de interés público podría desclasificare.

De acuerdo con expertas en temas penales y de transparencia, el negar la entrega de copias de audiencias y de resoluciones que por definición son públicas con este tipo de criterios es una práctica común no solo del poder judicial capitalino, sino de la mayoría de los estados. 

Sin embargo, advierten que con ello se incumple con los principios y obligaciones de publicidad y de transparencia que, según la Constitución y diversas normas, deben regir los procedimientos del nuevo sistema penal acusatorio.

“El caso de Abril muestra las injusticias se cometen a lo largo del proceso. ¿Cuántos casos más como el de Abril hay? Con el criterio del TSJ (que está respaldado por la ley), no sabremos hasta que ya sea muy tarde, hasta que las vulneraciones estén consumadas, prácticamente. Esto es un revés para la justicia que no veo cómo sustentar constitucionalmente”, dice Estefanía Vela, directora de la organización Intersecta.

“Es ridículo. Se sigue pensando que una audiencia es un expediente. Es penoso para el Estado mexicano que, siendo un país de gran avanzada con la existencia de audiencias públicas y videograbación, se obstaculice la transparencia. No se analiza realmente el principio de información pública que además es útil para que haya garantías del debido proceso”, añade Estefanía Medina, cofundadora de TOJIL, organización que ha promovido demandas de amparo contra la negativa de acceso a los videos de las audiencias.

Un informe de la organización Equis Justicia concluye que ni uno solo de los poderes judiciales de las 32 entidades federativas cumple con las obligaciones de transparencia a la que está sujeto, ni siquiera en un 50% de lo deseado. Hay 18 entidades que no solo transparentan los contenidos de las sentencias, sino que ni siquiera informan cuantas se emiten en un año.

En el caso específico de Abril Pérez, asesinada unos días después de que su esposo quedara en libertad, solo se han conocido fragmentos de la audiencia a través de filtraciones. Ninguna de ellas se ha revelado íntegramente, pese al interés y conmoción pública que el caso ha despertado.

Lo que sí informó el Consejo de la Judicatura local fue la decisión de suspender a los jueces que encabezaron las audiencias que hoy no se quieren transparentar, para determinar si habrían incurrido en algún tipo de responsabilidad.

¿Qué dice la ley?

La Constitución Política señala que los procesos penales deben ser, por regla general, transparentes. El artículo 20 indica que uno de los principios del sistema penal acusatorio es justamente la publicidad, mientras que el artículo 17 indica que las resoluciones deben darse a conocer y ser explicadas en audiencias públicas.

En tanto, el artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales reitera lo mismo que la Constitución, y el artículo 5 señala: “Las audiencias serán públicas, con el fin de que a ellas accedan no sólo las partes que intervienen en el procedimiento sino también el público en general, con las excepciones previstas en este Código”.

¿Cuáles son esas excepciones? De acuerdo con el artículo 64 son situaciones muy específicas como, por ejemplo, que pueda ponerse en riesgo la seguridad nacional, peligre un secreto oficial, se afecte el interés de las niñas y los niños, entre otros.

En tanto, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece en su artículo 73 que los poderes judiciales de los estados están obligados a publicar las sentencias que sean de interés público.

Lo mismo y con mayor alcance se replica en leyes locales como la Ley de Transparencia de la Ciudad de México, reformada en noviembre de 2018 (gracias al impulso de varias organizaciones como Equis Justicia), que señala en su artículo 126 que deben publicarse versiones públicas de todas las sentencias.

La realidad: transparencia de un rato, o ni eso

En los hechos, la mayor parte de las audiencias penales que se realizan actualmente son públicas, pero solo por un rato. No existe obstáculo para ingresar y presenciarlas en su totalidad, sin embargo, una vez concluidas ya no pueden ser revisadas por el público, pese a que queda un registro en audio y video de ellas.

Así lo documentó la organización TOJIL: Estrategia contra la Impunidad, luego de que a través de un escrito presentado directamente ante la Oficialía de Partes del Tribunal capitalino pidió copia del video de todas las audiencias públicas realizadas entre abril de 2017 y abril de 2018, relacionadas con casos de feminicidio, incumplimiento en el pago de pensiones, violencia familiar, entre otros.

La respuesta de Tribunal fue negar dicha información, bajo el argumento de que las audiencias eran información “confidencial” y que no podían hacerse versiones públicas. TOJIL interpuso una demanda de amparo con el argumento, entre otros, de que la transparencia no podía limitarse a solo el momento en que se realiza la audiencia.

Pero los dos jueces federales que revisaron dichos amparos confirmaron, con criterios copiados casi al pie de la letra, que no había ninguna irregularidad en negar los videos de las audiencias. Sus argumentos van desde que la publicidad del proceso ya había quedado garantizada con el rato en que se permitió el acceso a la audiencia, hasta la falta de equipos tecnológicos para elaborar versiones públicas.

“Es preocupante que los jueces, pese a contar con disposiciones en la Constitución que les obligan a darle publicidad a los procedimientos penales, están buscando en los hechos hacer todo lo posible por no hacerlo y por seguir en la opacidad. La justicia y la verdad es responsabilidad de todos, pero es muy duro ir contra corriente en la opacidad judicial y eso debe cambiar”, dice Estefanía Medina.

Así como no se transparentan las audiencias, menos las sentencias. El informe “Injusticia Abierta” de la organización Equis Justicia, construido a partir de solicitudes de información a 32 estados, reprobó a todos los poderes judiciales en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.

Entre los datos destaca, por ejemplo, que los tribunales de 18 estados no informan siquiera del número de sentencias que emiten sus jueces; en 22 entidades consideran que ni una sola sentencia es de interés público; mientras que en 16 estados los poderes judiciales no publican ni una de las resoluciones.

Hay casos como el del Tribunal de la Ciudad de México, en el que pese a la reforma a la ley de transparencia local que le obliga a publicar versiones públicas de todas sus sentencias, en realidad no transparentan ni una sola en su página de internet.

“Hay una falla institucional grave debido a que, en general, los poderes judiciales locales en México no conocen sus obligaciones en transparencia y acceso a la información, y quienes conocen sus obligaciones no tienen voluntad de cumplirlas”, indica el informe de Equis Justicia.

El impacto: nula fiscalización

Estefanía Vela explica que la exigencia de transparentar los procesos judiciales no es gratuita. Se trata de la vía que tienen los ciudadanos para revisar la actuación tanto de los fiscales como de los jueces, y de verificar, por ejemplo, si se actúa con perspectiva de genero en un proceso, si de dictan medidas de protección adecuadas, o si se justifica una medida de prisión preventiva.

Añade que el señalar como impedimento para abrir un proceso el que este no haya concluido, como señala el Tribunal capitalino, significa que no se pueden fiscalizar los casos del 40% de las personas que hoy están en prisión sin sentencia.

“Las excepciones para no informar tendrían que ser eso, excepciones, y estar bien definidas desde la Constitución. Porque las consecuencias de excluir todas las resoluciones para la fiscalización de la justicia son terribles”, dice Vela.

Cabe señalar que este año la Cámara de Diputados aprobó una reforma para eliminar de la ley de transparencia el requisito de “interés público”, que se ponía como parámetro para publicar una sentencia, y evitar así la discrecionalidad. No obstante, Vela señaló que es necesario ir mas allá y que no solo se transparenten las sentencias, sino cualquier resolución judicial aun cuando no ponga fin al juicio.

La abogada especializada en temas de derechos humanos, Karla Salas, también calificó la opacidad de las audiencias y de las resoluciones como un error. Dijo que, si bien los datos personales y la presunción de inocencia deben protegerse, así como los datos que se consideren delicados, eso no debería significar la opacidad de todo el proceso.

“Una cosa es que información sensible no sea pública, pero el razonamiento jurídico, argumentos de las partes y en general el desarrollo de la audiencia, no tienen justificación para reservarlo”, dijo Salas.

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6 preguntas para entender cómo Trump y los republicanos rebeldes quieren revertir en el Congreso la victoria de Biden

Te presentamos algunas claves sobre esta decisiva jornada y por qué es casi imposible que las objeciones de algunos republicanos salgan adelante.
6 de enero, 2021
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Dos meses después de las elecciones, el proceso para confirmar la victoria de Joe Biden en las presidenciales de Estados Unidos llega a su momento culminante.

O al menos eso dicen la tradición y la historia, pero si algo nos ha demostrado este ciclo electoral es que nada está escrito sobre piedra.

El evento, que suele ser una mera ceremonia, ha generado gran expectación este año, no solo por la negativa del presidente Donald Trump a aceptar su derrota, sino por la determinación de algunos legisladores republicanos a bloquear el proceso.

Sin embargo, sus posibilidades son prácticamente nulas, ya que los demócratas controlan la Cámara de Representantes.

Donald Trump en un mitin en Georgia el 4 de enero de 2021

EPA
“No se van a llevar esta Casa Blanca. Vamos a luchar hasta el final”, dijo un desafiante Trump durante un acto de campaña en Georgia el pasado lunes.

En BBC Mundo te presentamos algunas claves sobre esta decisiva jornada y por qué es casi imposible que las objeciones de algunos republicanos salgan adelante.

1. ¿Qué pasa este miércoles 6 de enero?

De acuerdo con la ley electoral de Estados Unidos, los estados tienen que enviar los resultados del voto del Colegio Electoral al Congreso para que sean contados y certificados.

El proceso suele ser una formalidad: la ley dictamina que el Congreso tiene que tratar los resultados ya certificados por los estados como “concluyentes”.

Mapa electoral de Estados Unidos

Getty Images
El Colegio Electoral se reúne cada cuatro años, unas semanas después del día de las elecciones, para emitir su voto.

Todos los estados certificaron los resultados antes de la fecha límite, el 8 de diciembre, y el Colegio Electoral confirmó la victoria de Joe Biden el 14 de ese mes.

Hay que recordar que el Colegio Electoral está formado por 538 electores cuya función es elegir al presidente y vicepresidente según el voto popular en sus respectivos estados.

Un candidato necesita ganar una mayoría de los votos electorales -270 o más- para llegar a la presidencia.

Biden derrotó a Trump por 306-232. Al Congreso le corrresponde ahora certificar el resultado del Colegio Electoral.

Mujer de espaldas votando

Getty Images
El proceso electoral de Estados Unidos tiene una serie de etapas que se desarrollan entre principios de noviembre y finales de enero.

El vicepresidente Mike Pence presidirá la sesión y será quien declare el ganador.

¿Eso es todo? Este año, no.

2. ¿Se puede detener la certificación en este punto?

La ley de Recuento Electoral les permite a los legisladores objetar los resultados electorales de uno o varios estados.

Para que una objeción sea escuchada, debatida y votada tiene que contar al menos con el respaldo de un miembro de la Cámara y un miembro del Senado.

En ese caso, las dos cámaras se separan y tienen dos horas para debatir el tema antes de votar si aceptan o no la objeción. Y así sucesivamente con cada una de las objeciones.

Para que los votos electorales de un estado sean rechazados, la objeción tiene que ser aprobada por una mayoría en ambas cámaras, algo prácticamente imposible teniendo en cuenta que los demócratas controlan la de Representantes.

Al Gore y George Bush

Reuters
En enero de 2001, el entonces vicepresidente Al Gore (izqda.) fue el encargado de certificar la victoria de George Bush, que le derrotó en las elecciones.

Hay que destacar que los desafíos a los resultados, sobre todo en la Cámara, son algo común y hay numerosos precedentes: el más reciente ocurrió en las elecciones de 2016, cuando varios congresistas demócratas presentaron sus objeciones a la victoria de Trump.

Curiosamente, en esa ocasión fue el entonces vicepresidente Joe Biden quien les dijo a sus compañeros de filas que no obstaculizaran la certificación.

3. ¿Cuáles son los desafíos concretos?

Se sabe que más de 100 republicanos de la Cámara de Representantes van a presentar objeciones.

Son en su mayoría miembros del llamado caucus de la Libertad liderados por Mo Brooks, un congresista por Alabama que es uno de los mayores aliados de Trump en la Cámara.

La gran pregunta era si conseguirían el apoyo de algún senador para al menos forzar el debate.

El primero que apareció fue Josh Hawley, senador republicano por Misuri que objetará la certificación de los votos “por dudas sobre la integridad de la elección”, a pesar de que no hay evidencia de fraude.

Josh Hawley

Reuters
Josh Hawley fue el primer senador republicano en decir que objetará los resultados electorales.

Y 13 senadores liderados por Ted Cruz han pedido que la certificación se retrase 10 días para dar tiempo a hacer una auditoría sobre las acusaciones de fraude.

En concreto, los objetores cuestionan los resultados de estos seis estados péndulo: Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania, Wisconsin y Nevada, aunque finalmente puede que solo impugnen los de Arizona, Georgia y Pensilvania.

Alegan que hubo deficiencias en la aplicación de las leyes electorales en esos estados, pero todas las demandas presentadas ante tribunales estatales y federales han sido desestimadas.

Además, investigaciones del Departamento de Justicia y el FBI no han hallado rastros de fraude y los diversos recuentos de votos realizados en algunos estados han confirmado los resultados iniciales.

Ted Cruz

Reuters
El senador por Texas Ted Cruz se ha convertido en uno de los principales aliados de Trump en su intento de disputar el resultado electoral.

Varios republicanos han expresado su oposición al bloqueo, entre ellos el líder del Senado, Mitch McConnell, y su número 2, John Thune, así como otros destacados senadores, lo que hace pensar que las objeciones no saldrán adelante.

Es por esto que analistas e incluso algunos legisladores republicanos, como el senador Ben Sasse, leen estas iniciativas como una estrategia de sus impulsores para ganarse el respaldo del electorado fiel a Trump.

Hawley y Cruz se ven como potenciales candidatos para las elecciones de 2024 y sus respectivas tácticas se pueden interpretar como una carrera por demostrar quién es más leal al presidente saliente.

4. ¿Qué papel juega Mike Pence?

Esta pelea ha suscitado también preguntas sobre el papel que jugará el vicepresidente Mike Pence, a quien le corresponde oficiar la sesión conjunta del Congreso.

Mike Pence

Getty Images/Pool
El vicepresidente Mike Pence presidió la ceremonia de juramentación de los nuevos senadores en la antigua cámara del Senado en Capitol Hill el domingo 3 de enero.

El foco sobre Pence lo ha puesto sobre todo el propio Trump, que este martes tuiteó: “El vicepresidente tiene el poder de rechazar electores elegidos de forma fraudulenta”.

Con sus palabras, el presidente daba credibilidad a una teoría errónea que sugiere que Pence puede dar la vuelta a los resultados de las elecciones durante el recuento de los votos.

Sin embargo, el papel de Pence este miércoles es meramente administrativo.

Los creadores de este proceso eran muy conscientes de que el vicepresidente tendría un gran interés personal en designar un ganador, por eso su función es más simbólica que activa.

Pence debe abrir los sobres de cada estado y decir en voz alta cuántos electores recibe cada candidato.

Nancy Pelosi

Reuters
Con la Cámara de Representantes en manos de los demócratas es muy improbable que alguna objeción salga adelante.

Los intentos para que Pence tenga una función más decisiva no vienen solo de Trump.

El congresista republicano por Texas Louis Gohmert presentó una demanda en un tribunal federal para ignorar la ley de Recuento Electoral y hacer que Pence tuviera la capacidad legal de elegir el conjunto de electores que quisiera.

Un juez federal de Texas, designado por Trump, desestimó la demanda de inmediato.

En cualquier caso, Pence queda en una incómoda posición después de haberse distinguido durante los últimos cuatro años por su inexorable fidelidad a Trump.

Mike Pence y Donald Trump

Reuters
Trump dijo el lunes ante sus incondicionales seguidores que si Pence “no cumple” ya no le caerá tan bien.

Su modo de actuar este miércoles puede determinar su relación futura con el hombre al que ha servido lealmente, incluso en momentos que le podían perjudicar políticamente.

5. ¿Qué dicen los demócratas?

El Partido Demócrata se ha mantenido alejado de la polémica y se ha dedicado a insistir en que Joe Biden y Kamala Harris asumirán el poder el 20 de enero.

La senadora demócrata por Minesota Amy Klobuchar será la encargada de liderar la respuesta a las objeciones republicanas este miércoles, una labor para la que dijo sentirse respaldada por un grupo bipartidario al que calificó de “combatientes contra el golpe”.

Joe Biden en un mitin en Georgia el 4 de enero de 2021

EPA
Joe Biden también ganó el voto popular por más de siete millones de papeletas de diferencia.

“El Congreso certificará los resultados de la elección como hace cada cuatro años”, señaló por su parte la portavoz de Biden, Jen Psaki.

6. Qué pasa después, ¿hay alguna posibilidad de revertir la victoria de Biden?

En principio, la certificación del Congreso es el último paso en el camino hacia la Casa Blanca, donde Biden se instalará el 20 de enero.

No se puede anticipar cuál será la reacción y estrategia de Trump y sus aliados pasados los sucesos de este 6 de enero.

Como señala el periodista de la BBC Anthony Zurcher, especializado en política estadounidense, es posible que Trump nunca deje de cuestionar la validez de las elecciones presidenciales de 2020, pero el recuento de los votos en el Congreso es el último obstáculo entre Biden y su investidura.

“Es un obstáculo que, con la ayuda de los demócratas y de algunos republicanos, Biden sorteará sin problema”, sostiene Zurcher.

“Es también la última ocasión para que los partidarios del presidente en el Congreso demuestren lealtad a su hombre mientras sigue en el cargo. En ese sentido, los eventos del día (y la noche y quizá la mañana siguiente) pueden arrojar luz sobre la extensión del apoyo que todavía tiene el presidente”, añade.

Vista nocturna del Capitolio, sede del Congreso de Estados Unidos

EPA
Queda por ver el impacto que este largo y litigado proceso electoral tendrá en la democracia estadounidense.

En cuanto a las secuelas que este largo proceso de litigios y acusaciones de fraude puede tener en el sistema democrático del país, la profesora de Derecho en la Escuela de Leyes Loyola (Los Ángeles) Jessica Levinson ve varias señales de alarma.

“Me faltan las palabras para describir lo subversivo que es esto para nuestro sistema de gobierno“, le dice Levinson a BBC Mundo.

“Me horroriza la idea de que la gente que supuestamente nos tiene que representar esté cayendo en falsedades, teorías de la conspiración, etc, aparentemente porque creen que es políticamente popular.

“No me preocupa tanto que Biden no vaya a ser confirmado, sino lo que nos pase a largo plazo. Al menos 40 millones de votantes se creen mentiras, falsedades, teorías de la conspiración. Tenemos que confrontar el problema de que las personas vivimos en universos informativos paralelos“, opina.

“Tenemos que dar un paso atrás y recuperar la democracia”.

raya separatoria

BBC

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