Aumentan los estados del país con niveles de impunidad superior al 91%
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Aumentan los estados del país con niveles de impunidad superior al 91%

En 2015 solo tres entidades registraban un nivel superior al 91% de impunidad en casos de homicidio doloso y en 2018 la cifra se disparó a 11, de acuerdo con un nuevo estudio de la organización civil Impunidad Cero.
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3 de diciembre, 2019
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En México, los estados donde los asesinatos quedan impunes por arriba del 90% de los casos aumentó de manera considerable en apenas tres años: mientras en 2015 solo tres entidades registraban un 91% de impunidad, en 2018 la cifra se disparó a 11, de las cuales hasta en siete la impunidad rebasó el 95% de los casos. 

Es decir, que en al menos 7 entidades prácticamente ningún asesinato se resuelve. 

Consulta aquí el especial Matar en México: impunidad garantizada

Además, aunque también en tres años el número de víctimas por asesinato se disparó en el país un 87.4%, las sentencias condenatorias han ido a la baja, lo cual muestra un deterioro de la capacidad de investigación criminal de las fiscalías en México, cuya capacidad de disuasión del homicidio es prácticamente nula en estados donde el nivel de impunidad es de hasta el 99%.

Estos son algunos de los principales hallazgos de un nuevo estudio de la organización civil Impunidad Cero, que presenta este martes públicamente y que fue elaborado por los investigadores Guillermo Zepeda Leucona y Paola Jiménez Rodríguez a partir de cifras oficiales y de solicitudes de información que abarcan hasta 2018, el último año del presidente Enrique Peña Nieto.

Morelos, el más impune; CDMX, donde más creció

El estudio subraya que desde 2006 hay una clara tendencia al alza en los niveles de impunidad en homicidio doloso. 

Al inicio del sexenio de Felipe Calderón, la impunidad era del 59.4%. Y un año más tarde, en 2007, llegó a reducirse hasta el 54.7%. Es decir, poco más de 5 de cada 10 asesinatos quedaban sin resolverse en ese entonces.

Sin embargo, esa estadística ha ido evolucionando al alza: en 2011, el nivel de impunidad rebasó el 80%. En 2016, ya con Peña Nieto, la cifra llegó al 86.6%.

Y, en 2018, en el último año de Peña, la media nacional de impunidad en asesinatos alcanzó el 89%; una cifra cercana a la registrada por Belice, el país con más impunidad del mundo, con 96.4%, y a la de Honduras, el segundo en la lista con el 92.2%.

La evolución de la impunidad al alza en México queda también reflejada en un dato clave del informe: en 2015, solo tres estados presentaban más del 91% de impunidad para asesinatos, siendo Oaxaca la entidad con mayor impunidad, con 97% de los casos. 

Solo tres años después, en 2018, hasta 11 estados ya exceden el 91% de impunidad.

Y de esos 11, en 7 el nivel de impunidad está por arriba del 95%. 

De acuerdo el estudio, la entidad donde existe una mayor impunidad (a cifras de 2018) en homicidio doloso es Morelos, con 99.6%, seguido de Chiapas (99%), Oaxaca (97.8%) y Quintana Roo (96.6%). 

Por el contrario, las entidades con menor impunidad son Yucatán (27%), Aguascalientes (45.5%) y Nuevo León (61%). 

Para dimensionar el tamaño del problema: una de las tres entidades en el top 3 con menos impunidad en México es Nuevo León, con el 61% de los casos, mientras que un “indicador aceptable”, según el estudio, debería de estar por debajo del 30%. 

En cuanto a cómo creció la impunidad en un año, los datos señalan que la Ciudad de México es la entidad donde más se disparó: en 2017, 65.8% de los asesinatos quedaban impunes, mientras que en 2018 aumentó hasta el 86.7% de los casos, una variación del 31.8% al alza. 

Le sigue Durango: pasó del 52.4% de impunidad al 64.8%, un aumento de la tasa del 23.6%. Y Quintana Roo, con un aumento del 22.2%.

Hidalgo (14.6%) y Puebla (11.2%), son otros de los dos estados donde aumentaron los niveles de impunidad en casos de asesinato. 

Aguascalientes, por el contrario, es la entidad donde más se redujo la impunidad en homicidios: en 2018, registró una impunidad del 45.5%, 36% menos que en 2017. 

Sistema de justicia estancado

El informe de la organización Impunidad Cero expone que este aumento progresivo de los índices de impunidad en asesinatos se ha agravado por el crecimiento de la violencia frente a un sistema de justicia que se encuentra “estancado”, y que muy difícilmente castiga a los culpables. 

Según datos oficiales, en 2018 el número de víctimas de homicidio doloso en el país fue de 33 mil 521, un aumento de hasta el 87% en comparación con 2015. 

Sin embargo, el número de sentencias condenatorias no aumentó a la par. Al contrario, la proporción de sentencias por víctima se redujo. 

De acuerdo con el informe, en 2018 se registraron 3 mil 600 sentencias condenatorias, frente al registro de las 33 mil 521 víctimas de asesinato. Esto supone una media de una sentencia por cada 9 víctimas. En 2015, la media fue de una sentencia por cada 6 víctimas. 

“A la par del aumento de la violencia, se empezó a observar un estancamiento en la capacidad del sistema de justicia para castigar a los responsables, ya que -independientemente del aumento o disminución de los homicidios y la violencia- las sentencias condenatorias por homicidio doloso nunca han rebasado las 4 mil 803 logradas en 2005, e incluso se ha observado una tendencia decreciente en los últimos años”, subrayó el informe de Impunidad Cero

Todo lo anterior, añadió el documento, “ha derivado en el colapso de la gestión de carpetas de investigación y en la reducción en la efectividad de su resolución por parte de las Fiscalías y Ministerios Públicos, que entre 2017 y 2018 pasó de 21.7% de los casos a 19.4%”. 

Sobre los factores que explicarían el retroceso en efectividad en materia de investigación, el estudio planteó que, si bien la inversión pública se incrementó de manera significativa en la contratación de personal policiaco y en la incorporación de contingentes militares en materia de seguridad, así como en su equipamiento, el incremento en materia de procuración de justicia “es mucho menor”. 

Lo anterior, “se refleja en el aumento en los tiempos de espera de los denunciantes en las oficinas del Ministerio Público, en los rezagos y las crisis forenses que experimentan varios estados, en el mínimo incremento en el número de policías investigadores y en los modelos de gestión de investigaciones obsoletos”. 

En cuanto a este último punto relativo al aumento mínimo de policías investigadores, el estudio refiere que, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) del INEGI, en 2016 había 10 mil 599 policías ministeriales, investigadores o judiciales. En 2017, pasó a 11 mil 972, un aumento de apenas el 13%; mientras que, para 2018, la cifra cayó a 10 mil 237 policías investigadores, un 14.4% menos que en 2017. 

A esta reducción, hay que sumar a que “en muchos lugares del país” hay falta de capacitación de la policía de investigación –“es común que contaminen escenas del crimen y se pierdan evidencias por un mal manejo de la cadena de custodia y un mal procesamiento de las pruebas”, y falta de insumos para realizar las labores de investigación criminal.

Blindar las unidades de investigación

Ante este panorama, la investigación de Impunidad Cero plantea varias propuestas para mejorar la capacidad de investigación criminal en México. 

Una de las iniciativas es que el estado mexicano brinde mayor seguridad y apoyo a los ministerios públicos, policías, y peritos forenses, puesto que enfrentan a diario la presión y los ataques de los grupos criminales. 

“Blindar las unidades de investigación implica garantizar la seguridad personal de los funcionarios y también de sus familiares. De hecho, sus espacios de trabajo deben estar en instalaciones distintas del resto de las áreas de las fiscalías y policías”, apunta el informe, que también destaca la necesidad de que a los agentes de investigación se les dote de mayor capacitación y de más insumos. 

Otras recomendaciones señalan que las fiscalías deben mejorar los procesos y las metodologías de recolección de datos y de evidencias, la planeación de la investigación, el trabajo de campo, el análisis del entorno y de la información, y generar labores de inteligencia “para lograr dirigir operativos y enfocar la investigación criminal en el esclarecimiento, la captura, la imputación y la defensa de las investigaciones en las salas de audiencia, así como en sancionar a los responsables de los delitos graves”. 

Lee aquí el informe completo de Impunidad Cero. 

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Birmania: decenas de miles se manifiestan contra el golpe de Estado en las mayores protestas en décadas

Este sábado la ciudad más grande del país asiático vivió las protestas más multitudinarias hasta la fecha contra el nuevo régimen militar, que se impuso en el poder con un golpe el pasado 1 de febrero.
Por BBC News Mundo
7 de febrero, 2021
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Birmania vive días convulsos.

Los gobernantes militares, que tomaron el poder el lunes con un golpe de Estado que atajó abruptamente la frágil democracia birmana, han bloqueado la internet en el país mientras miles de personas salen a la calle a protestar.

A la multitudinaria manifestación del sábado en Yangón, la antigua capital, le siguió otra este domingo que no solo es la más grande hasta la fecha contra el nuevo régimen militar, sino la mayor en décadas.

“No queremos una dictadura militar. Queremos democracia “, coreó la multitud, ataviada con camisas rojas y sostenía globos del mismo color, que es el del partido de la depuesta Aung Suu Kyi.

Los automóviles y autobuses reducían la velocidad para hacer sonar sus bocinas en apoyo, con muchos haciendo el saludo de tres dedos, un símbolo de desafío contra el autoritarismo en la región.

También se re realizaron manifestaciones en más de una docena de otras ciudades.

“Tenemos que acabar con esto ahora”

Los manifestantes son trabajadores de fábricas y estudiantes, pidieron la liberación de los detenidos por el ejército, incluida la líder electa Aung San Suu Kyi.

“Estamos aquí para luchar por nuestra próxima generación, para liberarlos de una dictadura militar“, dijo una manifestante a la agencia AFP. “Tenemos que acabar con esto ahora”.

Hasta ahora Birmania, se había mantenido mayoritariamente en calma después del golpe, aunque se produjeron algunas manifestaciones en diferentes partes del país.

Las autoridades militares están atrincheradas en la capital, Naypyidaw, y hasta ahora han evitado entablar contacto directo con los manifestantes.

Policía bloqueando las calles en Yangón.

EPA
La policía bloqueó las calles en Yangón, la ciudad más grande del país.

Nyein Chan, corresponsal de la BBC en Yangon, dice que los birmanos conocen muy bien la violencia de las que son capaces los militares, pero ahora que la gente tuvo tiempo de digerir lo que está sucediendo están encontrando diferentes formas de hacer oír su voz.

El país fue gobernado por un gobierno militar opresivo desde 1962 hasta 2011.

Pero según Chan, aunque la atmósfera estaba cargada, los manifestantes se mostraron desafiantes.

“Están enojados pero también silenciosamente asustados. Saben que los militares son capaces de utilizar la violencia para reprimir la disidencia, pero sienten que no tienen otra opción”, explicó.

“Cuando un grupo de manifestantes se encontró con una fila de soldados, les gritaron: ‘Están entrenados para ser soldados profesionales, no maten a civiles‘”, relató.

Regresó internet

Por lo demás, el servicio de internet, que había sido interrumpido, ya fue restablecido.

El apagón de internet hizo que la conectividad cayera a un 16% de los niveles normales, dijo NetBlocks Internet Observatory, un organismo que monitorea las redes.

Pero el tráfico ya había aumentado a un 50% a las 14:00 hora local (07:30 GMT) de este domingo, aunque el acceso a las redes sociales, incluídas Facebook y Twitter, permanecía bloqueado.

Muchos usuarios evadieron las restricciones en las redes sociales mediante el uso de redes privadas virtuales (VPN), pero el apagón más general interrumpió gravemente su actividad.

mujer protestando en Yangón

AFP
El miércoles hubo protestas, pero no fueron tan multitudianrias como las de este sábado.

El grupo de derechos humanos Amnistía Internacional calificó el cierre como “atroz e irresponsable.

Organizaciones de la sociedad civil instaron a los proveedores de internet y redes móviles a desafiar la orden del apagón.

Mientras tanto, Suu Kyi está bajo arresto domiciliario, según su abogado. Documentos policiales muestran que está acusada de importar y utilizar ilegalmente equipos de comunicaciones (walkie-talkies) en su casa de la capital.

Además, Sean Turnell, un académico australiano exasesor económico de Suu Kyi, fue detenido en Yangón.

Turnell le dijo a la BBC que lo han confinado en su hotel y que no sabe de qué pueden acusarlo.

El golpe tuvo lugar cuando se inauguró una nueva sesión del parlamento, tras la aplastante victoria electoral de noviembre del partido Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Suu Kyi.

Aung San Suu Kyi en 2020.

Getty Images
Aung San Suu Kyi en 2020.

Muchos birmanos vieron cómo se desarrollaban los eventos a través de Facebook, la principal fuente de información y noticias en el país.

Tres días después, se ordenó el bloqueo de plataforma por “razones de estabilidad”.

Una vocera de Twitter dijo que la prohibición socava “la conversación pública y los derechos de las personas a hacer oír su voz”. Facebook, propietaria de Instagram, pidió a las autoridades que “restablezcan la conectividad”.

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