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Cuartoscuro Archivo

Aumentan los estados del país con niveles de impunidad superior al 91%

En 2015 solo tres entidades registraban un nivel superior al 91% de impunidad en casos de homicidio doloso y en 2018 la cifra se disparó a 11, de acuerdo con un nuevo estudio de la organización civil Impunidad Cero.
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3 de diciembre, 2019
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En México, los estados donde los asesinatos quedan impunes por arriba del 90% de los casos aumentó de manera considerable en apenas tres años: mientras en 2015 solo tres entidades registraban un 91% de impunidad, en 2018 la cifra se disparó a 11, de las cuales hasta en siete la impunidad rebasó el 95% de los casos. 

Es decir, que en al menos 7 entidades prácticamente ningún asesinato se resuelve. 

Consulta aquí el especial Matar en México: impunidad garantizada

Además, aunque también en tres años el número de víctimas por asesinato se disparó en el país un 87.4%, las sentencias condenatorias han ido a la baja, lo cual muestra un deterioro de la capacidad de investigación criminal de las fiscalías en México, cuya capacidad de disuasión del homicidio es prácticamente nula en estados donde el nivel de impunidad es de hasta el 99%.

Estos son algunos de los principales hallazgos de un nuevo estudio de la organización civil Impunidad Cero, que presenta este martes públicamente y que fue elaborado por los investigadores Guillermo Zepeda Leucona y Paola Jiménez Rodríguez a partir de cifras oficiales y de solicitudes de información que abarcan hasta 2018, el último año del presidente Enrique Peña Nieto.

Morelos, el más impune; CDMX, donde más creció

El estudio subraya que desde 2006 hay una clara tendencia al alza en los niveles de impunidad en homicidio doloso. 

Al inicio del sexenio de Felipe Calderón, la impunidad era del 59.4%. Y un año más tarde, en 2007, llegó a reducirse hasta el 54.7%. Es decir, poco más de 5 de cada 10 asesinatos quedaban sin resolverse en ese entonces.

Sin embargo, esa estadística ha ido evolucionando al alza: en 2011, el nivel de impunidad rebasó el 80%. En 2016, ya con Peña Nieto, la cifra llegó al 86.6%.

Y, en 2018, en el último año de Peña, la media nacional de impunidad en asesinatos alcanzó el 89%; una cifra cercana a la registrada por Belice, el país con más impunidad del mundo, con 96.4%, y a la de Honduras, el segundo en la lista con el 92.2%.

La evolución de la impunidad al alza en México queda también reflejada en un dato clave del informe: en 2015, solo tres estados presentaban más del 91% de impunidad para asesinatos, siendo Oaxaca la entidad con mayor impunidad, con 97% de los casos. 

Solo tres años después, en 2018, hasta 11 estados ya exceden el 91% de impunidad.

Y de esos 11, en 7 el nivel de impunidad está por arriba del 95%. 

De acuerdo el estudio, la entidad donde existe una mayor impunidad (a cifras de 2018) en homicidio doloso es Morelos, con 99.6%, seguido de Chiapas (99%), Oaxaca (97.8%) y Quintana Roo (96.6%). 

Por el contrario, las entidades con menor impunidad son Yucatán (27%), Aguascalientes (45.5%) y Nuevo León (61%). 

Para dimensionar el tamaño del problema: una de las tres entidades en el top 3 con menos impunidad en México es Nuevo León, con el 61% de los casos, mientras que un “indicador aceptable”, según el estudio, debería de estar por debajo del 30%. 

En cuanto a cómo creció la impunidad en un año, los datos señalan que la Ciudad de México es la entidad donde más se disparó: en 2017, 65.8% de los asesinatos quedaban impunes, mientras que en 2018 aumentó hasta el 86.7% de los casos, una variación del 31.8% al alza. 

Le sigue Durango: pasó del 52.4% de impunidad al 64.8%, un aumento de la tasa del 23.6%. Y Quintana Roo, con un aumento del 22.2%.

Hidalgo (14.6%) y Puebla (11.2%), son otros de los dos estados donde aumentaron los niveles de impunidad en casos de asesinato. 

Aguascalientes, por el contrario, es la entidad donde más se redujo la impunidad en homicidios: en 2018, registró una impunidad del 45.5%, 36% menos que en 2017. 

Sistema de justicia estancado

El informe de la organización Impunidad Cero expone que este aumento progresivo de los índices de impunidad en asesinatos se ha agravado por el crecimiento de la violencia frente a un sistema de justicia que se encuentra “estancado”, y que muy difícilmente castiga a los culpables. 

Según datos oficiales, en 2018 el número de víctimas de homicidio doloso en el país fue de 33 mil 521, un aumento de hasta el 87% en comparación con 2015. 

Sin embargo, el número de sentencias condenatorias no aumentó a la par. Al contrario, la proporción de sentencias por víctima se redujo. 

De acuerdo con el informe, en 2018 se registraron 3 mil 600 sentencias condenatorias, frente al registro de las 33 mil 521 víctimas de asesinato. Esto supone una media de una sentencia por cada 9 víctimas. En 2015, la media fue de una sentencia por cada 6 víctimas. 

“A la par del aumento de la violencia, se empezó a observar un estancamiento en la capacidad del sistema de justicia para castigar a los responsables, ya que -independientemente del aumento o disminución de los homicidios y la violencia- las sentencias condenatorias por homicidio doloso nunca han rebasado las 4 mil 803 logradas en 2005, e incluso se ha observado una tendencia decreciente en los últimos años”, subrayó el informe de Impunidad Cero

Todo lo anterior, añadió el documento, “ha derivado en el colapso de la gestión de carpetas de investigación y en la reducción en la efectividad de su resolución por parte de las Fiscalías y Ministerios Públicos, que entre 2017 y 2018 pasó de 21.7% de los casos a 19.4%”. 

Sobre los factores que explicarían el retroceso en efectividad en materia de investigación, el estudio planteó que, si bien la inversión pública se incrementó de manera significativa en la contratación de personal policiaco y en la incorporación de contingentes militares en materia de seguridad, así como en su equipamiento, el incremento en materia de procuración de justicia “es mucho menor”. 

Lo anterior, “se refleja en el aumento en los tiempos de espera de los denunciantes en las oficinas del Ministerio Público, en los rezagos y las crisis forenses que experimentan varios estados, en el mínimo incremento en el número de policías investigadores y en los modelos de gestión de investigaciones obsoletos”. 

En cuanto a este último punto relativo al aumento mínimo de policías investigadores, el estudio refiere que, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) del INEGI, en 2016 había 10 mil 599 policías ministeriales, investigadores o judiciales. En 2017, pasó a 11 mil 972, un aumento de apenas el 13%; mientras que, para 2018, la cifra cayó a 10 mil 237 policías investigadores, un 14.4% menos que en 2017. 

A esta reducción, hay que sumar a que “en muchos lugares del país” hay falta de capacitación de la policía de investigación –“es común que contaminen escenas del crimen y se pierdan evidencias por un mal manejo de la cadena de custodia y un mal procesamiento de las pruebas”, y falta de insumos para realizar las labores de investigación criminal.

Blindar las unidades de investigación

Ante este panorama, la investigación de Impunidad Cero plantea varias propuestas para mejorar la capacidad de investigación criminal en México. 

Una de las iniciativas es que el estado mexicano brinde mayor seguridad y apoyo a los ministerios públicos, policías, y peritos forenses, puesto que enfrentan a diario la presión y los ataques de los grupos criminales. 

“Blindar las unidades de investigación implica garantizar la seguridad personal de los funcionarios y también de sus familiares. De hecho, sus espacios de trabajo deben estar en instalaciones distintas del resto de las áreas de las fiscalías y policías”, apunta el informe, que también destaca la necesidad de que a los agentes de investigación se les dote de mayor capacitación y de más insumos. 

Otras recomendaciones señalan que las fiscalías deben mejorar los procesos y las metodologías de recolección de datos y de evidencias, la planeación de la investigación, el trabajo de campo, el análisis del entorno y de la información, y generar labores de inteligencia “para lograr dirigir operativos y enfocar la investigación criminal en el esclarecimiento, la captura, la imputación y la defensa de las investigaciones en las salas de audiencia, así como en sancionar a los responsables de los delitos graves”. 

Lee aquí el informe completo de Impunidad Cero. 

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The Hattori family

Yoshihiro Hattori: cómo tocar la puerta equivocada acabó con la vida de un adolescente japonés en EU

Un estudiante japonés de intercambio se perdió en Louisiana en Halloween de 1992 y murió tras recibir un balazo. El accidente desató toda una campaña para cambiar las leyes de control de armas en Estados Unidos.
The Hattori family
21 de octubre, 2019
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En octubre de 1992, Yoshihiro Hattori tocó la puerta equivocada.

Yoshi, como se le conocía, era un estudiante japonés de intercambio de 16 años que iba a una fiesta de Halloween en Baton Rouge, Louisiana, en el sur de Estados Unidos.

Estaba con su amigo Webb, y estaban perdidos.

Los dos muchachos cometieron un error inocente que le costó la vida a Yoshi.

Al accidente le siguió un frenesí mediático y luego una campaña masiva para cambiar las leyes de armas de EE.UU.

Los padres de Yoshi, su familia anfitriona en EE.UU. y un abogado de Louisiana hablaron con la BBC sobre aquel día de hace 27 en el que cambió sus vidas.

“Lo amaban”

En el verano de 1992, Yoshi viajó a EE.UU., donde iba a pasar un año de intercambio, a través de American Field Service (AFS), una organización mundial de intercambio para jóvenes.

Fue recibido en Dallas, Texas, por sus anfitriones, los Haymaker, que lo llevaron a su casa en Baton Rouge.

Yoshihiro Hattori pescando en 1989.

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Yoshihiro Hattori (en una imagen de 1989, posando con dos pescados) llegó a EE.UU. en 1992 para pasar allí un año como estudiante de intercambio.

Holley Haymaker, médica, y su esposo, Dick Haymaker, físico teórico, habían recibido estudiantes de intercambio antes. Pero Hattori les causó una impresión inmediata, dijeron.

“Yoshi era un extrovertido total”, recordó Holley. “Los alumnos de McKinley High School lo amaban porque era un espíritu muy libre”.

El hijo de los Haymakers, Webb, que tenía 16 años en ese momento, le dice a la BBC que Yoshi tenía un “enorme apetito por la vida y la experiencia” y que trataba de hacer amigos donde quiera que fuera.

“Estamos aquí para la fiesta”

La noche del sábado 17 de octubre, Yoshi y Webb iban a una fiesta de Halloween al noreste de Baton Rouge, en la ciudad de Central.

Yoshi estaba disfrazado del personaje de John Travolta en “Fiebre de sábado por la noche”, y Webb, de víctima de un accidente.

“Llegamos a una calle y vimos una casa que tenía decoraciones de Halloween, tres autos en la entrada y la dirección era 10311, aunque nosotros que queríamos ir al 10131. Pero vi la dirección y dije ‘¡aquí es!'”, cuenta Webb.

Webb Haymaker (centro) hablando con reporteros japoneses en un viaje a Japón en 1994.

AFP/Getty
Webb Haymaker (centro) hablando con reporteros japoneses en un viaje a Japón en 1994.

Webb y Yoshi tocaron la puerta, pero no obtuvieron respuesta. Luego vieron a una mujer abrir la puerta lateral del garaje y mirar hacia afuera antes de cerrarla abruptamente.

“Nos estábamos yendo algo confundidos, y yo preguntándome si era otra casa”, señala Webb. “Pero alguien abrió la puerta, Rodney Peairs”.

Peairs, un carnicero de supermercado de 30 años, sostenía un revólver Magnum .44, y Yoshi se volvió hacia él.

“Supongo que no entendió que tenía un arma. Tal vez pensó que era algo de Halloween”, recuerda Webb.

“Simplemente dijo, a todo volumen y feliz, ‘¡Estamos aquí para la fiesta! ¡Estamos aquí para la fiesta!'”.

Peairs gritó “¡Quieto!”, pero Yoshi parecía no entender y siguió avanzando. Peairs disparó una vez, le dio a Yoshi en el pecho y cerró la puerta.

“Un vecino cualquiera”

Al otro lado de la ciudad, los Haymakers salían del cine después de ver “El último mohicano”.

La policía ubicó a Holley en su buscapersonas y cuando los contactó, le dijeron que Webb estaba bien, pero que Yoshi no.

Los padres de Yoshi, Masa y Mieko Hattori, se enteraron de la noticia a través de un trabajador de AFS.

Dos días después del asesinato, los Hattori volaron a Nueva Orleans. “Estaba aterrorizada”, recordó Holley. “Yo debía que cuidar a su hijo y lo mataron”.

Pero según Holley, “las primeras palabras que dijo la madre de Yoshi fueron: ‘¿Cómo está Webb?'”.

Cajas llenas con peticiones enviadas a EE.UU. en una campaña para acabar con el acceso fácil a armas organizada por los Hattoris.

The Hattori family
Los Hattori lanzaron una campaña para acabar con el acceso fácil a las armas en EE.UU.

La muerte de Yoshi conmocionó a la gente en Japón, donde las armas de fuego están prohibidas.

Masa y Mieko lanzaron inmediatamente una campaña en Japón pidiendo el fin del acceso fácil a las armas de fuego en EE.UU.

De vuelta en Baton Rouge, la policía inicialmente liberó a Peairs sin cargos, asumiendo que tenía derecho a dispararle a un intruso. Pero después de las quejas del gobernador de Louisiana y el cónsul de Japón en Nueva Orleans, fue acusado de homicidio involuntario.

Sus abogados argumentaron que actuó en defensa propia. Dijeron que Peairs “no era un asesino”, simplemente “un vecino cualquiera” que había reaccionado a la “forma extremadamente inusual de moverse” de Yoshi.

Bonnie Peairs, la esposa de Rodney, le dijo a la corte que Yoshi la había asustado y le había pedido a su esposo que “cogiera el arma”.

En mayo de 1993, Rodney Peairs fue absuelto después de una deliberación del jurado de solo tres horas.

Rodney Peairs saliendo de una prisión de Baton Rouge, en noviembre de 1992.

Getty Images
Los abogados de Rodney Peairs aseguraban que el muchacho podía ser “cualquiera de tus vecinos”.

Sin embargo, Masa y Mieko Hattori no desistieron de su activismo por el control de armas.

“Un viejo compañero de cuarto de Bill Clinton”

Unos 1,7 millones de japoneses firmaron la petición de los Hattori.

Dick Haymaker también decidió reunir firmas en EE.UU. y consiguió alrededor de 150.000.

Ambas familias estaban en Washington en noviembre de 1993 como parte de su campaña cuando lograron que Mieko le enviara una nota a un amigo de la familia que se encontraba en la Casa Blanca. “Un viejo compañero de cuarto de Bill Clinton”, recordó Dick.

El presidente Clinton habló con los Haymaker y los Hattori en el Despacho Oval. “Sentimos que fuimos bienvenidos”, dijeron Mieko y Masa. “Creemos que entendió nuestra posición. Deseaba fuertes leyes de control de armas”.

Mieko (centro) y Masa (derecha) poniéndole un adhesivo relacionado con el control de armas al entonces presidente Bill Clinton.

White House/Courtesy of Richard Haymaker
Mieko (centro) y Masa (derecha) poniéndole un adhesivo relacionado con el control de armas al entonces presidente Bill Clinton.

Los Hattori y los Haymaker reconocen que pese a su apoyo en privado, había poco que el presidente pudiera hacer en la práctica.

Pero la campaña de ambas familias y también el 30 aniversario del asesinato del presidente John F. Kennedy ese mes ayudaron a crear conciencia sobre el tema.

El Congreso aprobó la Ley Brady, para la prevención de la violencia con armas de fuego, que ordena la revisión de los antecedentes de los compradores de armas y un período de espera de cinco días para todas las compras.

Clinton promulgó la norma unas semanas después de reunirse con los Hattori y los Haymaker.

El embajador de EE.UU. en Japón, Walter Mondale, se reunió con los Hattori en diciembre de 1993 y les dio una copia de la ley, diciendo que habían tenido un “impacto muy claro en la aprobación del proyecto”.

La norma se había propuesto por primera vez en 1991, pero no se sometió a votación hasta unos meses después de la muerte de Yoshi.

El verano siguiente, en septiembre de 1994, el Congreso aprobó una moratoria de 10 años sobre la fabricación de ciertas armas semiautomáticas para uso civil.

Dick Haymaker dijo que era un momento en que el control de armas parecía posible.

“Las cosas podían cambiar, y sí cambiaron. La Ley Brady fue un primer paso importante en la verificación de antecedentes”, señaló.

James Brady (izquierda) observa a Bill Clinton firmando la Ley Brady.

AFP/Getty
Bill Clinton firmando la Ley Brady en noviembre de 1993, al lado de James Brady, que recibió un disparo en 1981 durante el intento de asesinato de Ronald Reagan.

Pero la lucha de los Hattori no acabó con esa ley. Iniciaron una demanda civil contra Rodney Peairs, su esposa Bonnie y su compañía de seguro de vivienda.

Se pusieron en contacto con Charles Moore, un abogado con experiencia en estos casos y que había renunciado a sus honorarios.

“Pensé que el seguro se negaría a pagar porque había sido un acto intencional y no hay cobertura para los actos intencionales”, dijo Moore en una entrevista telefónica.

Para su sorpresa, la aseguradora pagó US$100.000. El juez William Brown le dijo al tribunal que la autodefensa “no era aceptable”.

“No había justificación para que un asesinato fuera necesario para que Rodney Peairs se salvara”, dijo el juez Brown.

Los Hattori donaron el dinero para financiar medidas de control de armas en EE.UU.

Mieko y Masa siguen siendo activistas. Recientemente, hablaron con estudiantes que sobrevivieron al tiroteo de Parkland en febrero de 2018 y participaron en la “Marcha por nuestras vidas” en marzo de 2018.

Masa y Mieko (centro) en la "Marcha por nuestras vidas" en Nagoya, en marzo de 2018.

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Masa y Mieko (centro) en la “Marcha por nuestras vidas” en Nagoya, en marzo de 2018.

Los Haymaker donaron cientos de miles de dólares a grupos de control de armas y crearon el Fondo Conmemorativo Yoshihiro Hattori, que busca ayudar a cubrir los costos de los jóvenes japoneses que estudian en la universidad de Dick, Carleton College, en Minnesota.


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