¿Por qué la Función Pública consideró que no hay irregularidades en el patrimonio de Bartlett?
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Cuartoscuro Archivo

¿Por qué la Función Pública consideró que no hay irregularidades en el patrimonio de Bartlett?

La SFP revisó la lista de bienes de Bartlett y de sus familiares, y no encontró conflicto de interés ni ocultamiento de información.
Cuartoscuro Archivo
20 de diciembre, 2019
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Tres meses de investigación, más de 50 diligencias, y la Secretaría de la Función Pública (SFP) no encontró ninguna irregularidad en las declaraciones de bienes del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, luego de que fueron presentadas 33 denuncias sobre su caso.

Aunque comprobó que sus hijos y pareja poseen las 25 propiedades y empresas señaladas en una investigación periodística y dos más, la SFP no encontró que Bartlett tenga injerencia o se beneficie de ellas en modo alguno, ni que tuviera obligación legal de reportarlas en su declaración patrimonial.

Entérate: Función Pública exonera a Bartlett, descarta conflicto de interés e irregularidades en su declaración de bienes 

La secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros advirtió en conferencia de prensa, no obstante, que el próximo año sí tendrá que reportarlos públicamente, gracias a la modificación a los formatos de declaración de bienes de los funcionarios aprobados apenas hace una semana.

Estos son los argumentos legales por los que la SFP libró a Bartlett de cualquier responsabilidad:

¿Cuántas propiedades tiene Bartlett?

El reportaje periodístico presentado por Carlos Loret de Mola en W Radio y en su página web aseguraba que el director de la CFE solo declaró una fortuna de 51 millones de pesos, pero que en realidad es 16 veces mayor, si se consideran un total de 25 propiedades de sus dos hijos, su pareja sentimental y otro familiar de su pareja, que sumarían 800 millones.

La Función Pública comprobó que solo existen cinco inmuebles a nombre de Bartlett con valor de ocho millones de pesos: un edificio en la calle Tenesee 14, colonia Nápoles Insurgentes; un inmueble en avenida Mazatlán 101, colonia Condesa; otro en avenida Revolución 344, colonia Tacubaya; en Avenida Revolución 342, colonia Tacubaya; y en calle Obrero Mundial 718, colonia Atenor Salas. Todos ellos fueron reportados tanto en su declaración patrimonial y de intereses inicial como funcionario, del 24 de diciembre, como en la modificación presentada el 24 de mayo.

La Secretaría fue más allá de las declaraciones recientes del funcionario y examinó las que presentó cuando fue senador, de 2012 a 2018, y concluyó que la evolución de su patrimonio era congruente.

¿Y sus familiares?

Todas las propiedades de familiares de Bartlett mencionadas en el reportaje son reales y efectivamente están a nombre de esas personas, e incluso la SFP encontró otras dos que no se habían mencionado.

Se trata de bienes a nombre de sus hijos León Manuel y Alejandra Bartlett Álvarez, de su pareja Julia Elena Abdalá Lemus, del hijo de ella, Julio Antonio del Regil Abdalá, de Alfredo Puente Córdoba, Óscar Manuel González Sánchez y un inmueble a nombre de la persona moral Cawaret SA de CV.

Pero la SFP descartó que todas estas personas sirvan como prestanombres del funcionario.

“Esta Secretaría no cuenta con ningún elemento que sugiera que estos sean prestanombres del servidor público, en virtud de que no se tiene constancia de la existencia de títulos, acciones o instrumentos jurídicos con los que se ejerzan actos de dominio sobre los respectivos inmuebles”, señala el informe técnico hecho público este jueves tras la conferencia de prensa.

¿Por qué no declaró todos esos bienes?

La Función Pública confirmó que legalmente Bartlett no tiene obligación de reportar todas estas propiedades. La Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que un funcionario debe indicar los inmuebles o bienes que estén a nombre de sus hijos cuando son menores de edad o sus dependientes económicos. La investigación, según señaló Sandoval Ballesteros, confirmó que León Manuel y Alejandra Bartlett Álvarez tienen ingresos propios y rinden cuentas al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Cuestionada sobre si se indagó en la capacidad económica de los hijos para poder tener los bienes y empresas a su nombre, el director general de Denuncias e Investigaciones de la SFP, Efraín Álvarez, reconoció que eso no fue parte de la investigación porque eso excedería las facultades de la Secretaría al ser bienes de particulares y no de funcionarios públicos, por lo que solo corroboraron que están a nombre de ellos y que no reportan beneficios a Bartlett.

¿Qué pasa con los bienes de su pareja?

La Ley también obliga a un funcionario a reportar las propiedades e ingresos a nombre de su esposa o concubina. Sandoval reconoció que Julia Elena Abdalá Lemus es pareja sentimental de Bartlett, algo reconocido públicamente, pero que no hay condiciones legales para que tenga que reportar lo que le pertenece a ella, ya que no se encontró acta de matrimonio que los una, ni hijos, ni que vivan juntos.

“Después de analizar los domicilios de ambos en los últimos cinco años, se advierte que no se encuentran en el supuesto de concubinato, pues no reúnen el requisito de vivir juntos en el mismo inmueble por más de dos años, ni se acreditó que tengan hijos en común. Esto significa que el servidor público no tenía la obligación legal de declarar los bienes propiedad de Julia Abdala Lemus. Con independencia de que conlleven una relación sentimental, no los vincula el concubinato ni el matrimonio”, señala el informe técnico de la Secretaría.

Sin embargo, en los nuevos formatos de declaración patrimonial y de intereses, esa relación afectiva será suficiente para que tenga que considerar sus bienes, a partir de 2020.

¿Qué empresas tienen?

La investigación periodística sobre Bartlett Bienes Raíces señaló que la empresa Cawaret SA de CV funciona como prestanombres del director de la CFE, ya que mediante ella se compró la casa en la que actualmente vive, y que también tiene participación en la empresa Comercial Lebasi SA de CV, sin que las haya reportado en su declaración.

La SFP confirmó que es socio de Lebasi, pero aseguró que sí fue reportado en su declaración patrimonial, como una inversión de capital por 25 millones de pesos, aunque no se mencionaba públicamente el nombre de la empresa.

De Cawaret, Bartlett fue apoderado legal hasta el 5 de noviembre de 2018, cuando le fue revocado el poder que tenía, previo a asumir el cargo de director de la CFE.

¿Ha dado contratos a las empresas de su pareja o hijos?

La respuesta de la SFP es que no.

León Manuel Bartlett Álvarez diruge Cyber Robotics, constituida en 2010 y que ya tiene contratos en el actual gobierno. La investigación encontró 35 contratos, más de los exhibidos por el reportaje periodístico, la mayoría de ellos con hospitales. Por ello, se determinó que no hay conflicto porque ninguno de los acuerdos comerciales tiene que ver con CFE ni con el sector energético.

El hijo de Bartlett también participa en Playa AAK SA de CV, Xibalba Resorts y la Agencia de Publicidad CBW y Asociados, sin que haya beneficio económico en esta administración.

Por su parte, Abdalá Lemus posee la empresa JAL Consultoría Especializada, que ofrece servicios de fibra oscura y ahorro de energía, que según el reportaje fue constituida cuando Bartlett era senador y en 2017 obtuvo contratos por 2.7 millones de pesos.

Sandoval Ballesteros explicó que actualmente aparece en el registro de proveedores de gobierno, pero desde la presente administración no se le ha dado ningún contrato, por lo que no hay conflicto de interés.

Abdalá también tiene participaciones en las empresas Digilogics, la joyería Tidure’s, Modafil y TZ’IKIN, pero no se encontró ninguna relación con el funcionario ni contrataciones que sugieran conflicto de interés.

La SFP informó que recibió en total 33 denuncias y alertas contra Bartlett, la mayoría anónimas, aunque también de políticos como Xóchitl Gálvez y Fernando Belaunzarán, entre el 6 de septiembre y el 1 de octubre. Pero todas ellas, detalló Sandoval, contenían la misma información publicada por Loret de Mola y ninguna traía datos adicionales.

La investigación inició el 9 de septiembre. Fueron realizadas más de 50 diligencias y consultas de información tanto a instancias públicas como a privados, incluyendo los familiares del director de la CFE, además de que el propio Bartlett compareció ante la SFP el pasado 2 de diciembre.

Había tres posibles faltas a investigar: enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, que fueron descartados por la veracidad en las declaraciones patrimoniales del funcionario; posible actuación bajo conflicto de interés, rechazada porque no tiene control sobre las empresas involucradas ni la dependencia que dirige les ha otorgado contratos; y tráfico de influencias, que tampoco se observó.

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El Halconazo: la masacre que dejó cientos de estudiantes muertos en México y fue investigada como genocidio

Luego de la matanza de estudiantes de 1968, los universitarios de México volvieron a salir a las calles el 10 de junio de 1971. La fecha es recordada como el "halconazo", pues enfrentaron otro tipo de represión encubierta.
10 de junio, 2021
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La masacre del 2 de octubre de 1968 fue un suceso traumático para los estudiantes universitarios en Ciudad de México.

Militares usaron sus armas para terminar con una protesta estudiantil en la plaza de Tlatelolco, la cual dejó cientos de muertos, heridos, desaparecidos y detenidos.

Los universitarios no dejaron morir su movimiento, pero pasaron más de dos años sin organizar una nueva marcha masiva contra el gobierno.

Hasta el 10 de junio de 1971.

En esa fecha, un jueves de Corpus en el calendario católico – que luego daría nombre a lo ocurrido – , vieron la oportunidad de nuevamente salir a las calles y manifestarse a favor de la educación pública y el movimiento estudiantil de la época.

“Testimonios de manifestantes ese día dicen que la emoción era mucha. Era volver a tomar las calles que les habían intentado arrebatar en 1968. Entonces el 10 de junio era volver a tomar las calles y tenía un simbolismo muy importante”, le explica a BBC Mundo el historiador Camilo Vicente Ovalle.

Pero todo terminó en una nueva matanza.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Los universitarios se reunieron en Ciudad de México el 10 de junio de 1971.

Un grupo paramilitar, llamado los “halcones” y organizado por el gobierno mexicano, paró la protesta en seco.

A las agresiones con palos les siguió el uso de armas de fuego. Incluso los heridos fueron “rematados” en las salas de emergencias de los hospitales.

Desde entonces se conoció a lo ocurrido como el “halconazo” o la “masacre del “jueves de Corpus”, un hecho que incluso una fiscalía especial calificó décadas después como “genocidio”, pero por el que nadie fue condenado.

El motivo de la protesta

La protesta del “jueves de Corpus” se dio en respaldo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del norte del país, que se habían ido a huelga por conflictos con el gobierno estatal.

Le sumaron sus propias demandas, como la liberación de presos políticos y la democratización de la educación pública.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

INEHRM
La marcha exigía la liberación de presos políticos de 1968, entre otras demandas.

“Hay un golpe brutal a las movilizaciones sociales y populares en 1968, pero los estudiantes se continuaron organizando”, señala Ovalle, autor de Tiempo suspendido, un libro que documenta – incluso con archivos clasificados – lo ocurrido entorno a episodios como el de 1971.

Los universitarios en la ciudad de Monterrey pidieron la solidaridad del resto del país, así que los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), las dos instituciones superiores más importantes del país, respondieron al llamado.

En ese contexto, alumnos de la UNAM y del IPN convocaron la marcha del 10 de junio.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

INEHRM
La manifestación estudiantil no estaba autorizada por el gobierno. Pero los jóvenes dijeron que había garantías de que sería pacífica.

Pese a que la huelga de la UANL ya se había suspendido antes de esa fecha, y las demandas se habían atendido, los estudiantes de Ciudad de México decidieron mantener la cita para protestar.

El inicio del ataque

A las 4 de la tarde, la protesta dio inicio con unos 10 mil estudiantes concentrados en el Casco de Santo Tomás, uno de los campus del IPN.

Planeaban caminar hacia el Zócalo, la plaza más importante de Ciudad de México.

“Era una marcha no autorizada. Entonces los estudiantes se encuentran calles bloqueadas por granaderos y policías que impiden que avance la marcha o que tomen otras calles”, explica Ovalle.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
La policía y el ejército no buscaba disuadir activamente la protesta, pero sí bloquearon calles.

Resueltos a avanzar pacíficamente, habían caminado un kilómetro cuando se encontraron con el grupo de los “halcones” – reportes dicen que eran al menos 400 o 500 – en el cruce de dos avenidas.

Esta vez no eran uniformados de la policía del Departamento del Distrito Federal (DDF), ni del ejército, los que intentaban “romper” la protesta, como en 1968. El ataque vino de jóvenes vestidos de civil que cargaron contra el contingente estudiantil.

“Los halcones estaban esperando en el punto definido para el ataque. Sí había algunos infiltrados en la marcha, pero el grueso del grupo paramilitar entra por esa parte de la avenida y se lanza en contra de la manifestación”, explica Ovalle.

Miembros del grupo los "Halcones"

INEHRM
Los miembros de los “halcones” fueron armados con apoyo de la policía y el ejército, según se supo después.

Víctor Guerra, uno de los líderes estudiantiles de la época, relata que él estaba integrándose a la marcha cuando empezó todo.

“Vi que la policía se bajaba para apoyar a los halcones. Vi cómo les proporcionaban varas de bambú. Minutos después de eso empezaron los disparos“, explicó Guerra a la agencia estatal mexicana Notimex.

“Fue una ratonera”

Como luego reconocería el coronel Manuel Díaz Escobar, entonces funcionario del DDF, los “halcones” fueron financiados y capacitados por el gobierno. El militar también había estado al frente del batallón “Olimpia” que atacó a los estudiantes de la masacre de 1968.

Estudiantes protestando en México el 10 de junio de 1971

CUEC-UNAM

El grupo portaba varas de bambú porque fueron entrenados en artes marciales y usaban los palos como arma kendo. La película “Roma”, de Alfonso Cuarón, así lo retrata.

Pero su actuación fue combatida por los estudiantes aquel 10 de junio.

“Son repelidos por los manifestantes. Y al ver la resistencia, se repliegan. Entran en su lugar halcones que ya llevan fusiles M-1 y otras armas de fuego que comienzan a disparar contra la manifestación”, explica Ovalle en base en la documentación que obtuvo.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Los “halcones” utilizaron armas de fuego incluso en hospitales.

Por su parte, Guerra cuenta algo similar: “Vi a un sujeto, en una foto muy famosa, que está disparando afuera de la Escuela Nacional de Maestros, hincado, disparando hacia adentro”, relata.

También asegura que desde lo alto de un edificio contiguo pudo ver disparos “hacia la multitud”.

Fue un ataque indiscriminado, que tuvo toda la intención de dispersar a los manifestantes y, nuevamente, mostrar el poder del Estado, pues la policía y el ejército respaldaron las acciones.

“Fue una ratonera (…) Como la táctica de yunque y martillo: hay una fuerza que empuja al enemigo contra una fuerza superior que los aplasta“, explica el historiador.

El “remate” en hospitales

La manifestación se dispersó al transcurrir los siguientes minutos.

Muchos estudiantes intentaron esconderse en las escuelas, negocios y viviendas de la zona. Pero ni los heridos, que habían llegado a clínicas como el Hospital Rubén Leñero estuvieron a salvo.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Algunos recuentos indican que ese día murieron hasta un centenar de jóvenes, pero la documentación muestra que fue una treintena.

“Hay periodistas, pacientes, médicos y enfermeras que fueron testigos de cómo grupos de halcones entraron al hospital y agredieron a estudiantes con armas de fuego”, explica Ovalle.

La acción se calificó como el “remate” de los heridos, documentado en numerosas notas y crónicas en los medios que, pese al control informativo del gobierno en aquella época, salieron a la luz ya que los periodistas fueron también atacados.

“La prensa estaba muy enojada con el gobierno federal. Estaban tan molestos que Luis Echeverría tuvo que reunirse con ellos a los dos días del ataque para ofrecer disculpas”, señala Ovalle.

Estudiantes protestando en México el 10 de junio de 1971

CUEC-UNAM
Las autoridades de ese entonces culparon de lo ocurrido a los propios universitarios. Luego se sabría que no fue así.

Nunca se ha podido determinar cuántas víctimas hubo. Pero se calculan unos 30 muertos, cientos de heridos de distinta gravedad y decenas de detenidos.

Un “genocidio” descalificado

El líder estudiantil Félix Hernández dice que si bien la “represión” de 1968 “no se justifica y no se entiende”, la del 10 de junio “se entiende menos”.

“El gobierno decidió no utilizar a la tropa uniformada. Entonces utilizó a los halcones, un grupo paramilitar que, sin embargo, estaba formado por exmilitares o militares en activo”, señaló Hernández a Notimex.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Los periodistas también fueron atacados por los “halcones”, lo que dio pie a la publicación de notas y crónicas muy negativas para el gobierno.

En una primera reacción, la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que, en base en una investigación, había determinado que un grupo de estudiantes estaba armado.

“Muchos de los integrantes portaban palos, varillas y otras armas”, dijo la PGR al diario El Universal. Otro grupo cargó “contra los manifestantes y fue cuando se provocó una riña colectiva en la que se dispararon armas de diverso calibre”.

Las autoridades constataron la “existencia de francotiradores que hacían sus disparos en contra de los manifestantes y de la policía”.

Pero con el paso de los días, reconocieron que los “halcones” era un grupo que había sido entrenado por el gobierno.

Luis Echeverría

Getty Images
Luis Echeverría gobernó México entre 1970 y 1976.

El alcalde Alfonso Martínez y su jefe de policía, Rogelio Flores, renunciaron a sus cargos. El presidente Luis Echeverría ordenó una investigación.

Cincuenta años después, nadie ha sido juzgado ni encarcelado por lo ocurrido.

En la década de 2000, el gobierno de México creó una fiscalía especial para investigar sucesos como el de 1971. Se intentó que el expresidente Echeverría fuera procesado por “genocidio”.

La Suprema Corte determinó que ese delito no había prescrito para Echeverría y su secretario de Gobernación (Interior), Mario Moya Palencia, por lo que podían ser juzgados.

Pero la magistrada del caso, Herlinda Velasco, consideró que no se acreditaba el delito de “genocidio”, sino de “homicidio simple”, que sí había prescrito luego de transcurridos más de 30 años de lo ocurrido.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Nadie fue encarcelado ni juzgado por la matanza de 1971.

Para Ovalle, la matanza del “Halconazo” se explica dando un paso atrás y mirando qué ocurría en aquellos momentos en México.

“El 71 no fue una repetición del 68”, sostiene. “Fue parte de la estrategia contrainsurgente” para combatir a grupos sociales, en momentos en que el comunismo se consideraba un peligro geopolítico en el occidente liderado por Estados Unidos.

“No fueron eventos excepcionales, medidas exageradas de fuerza. Era parte de la estrategia contrainsurgente que el gobierno tenía desplegadas”, señala el historiador.

“Hoy a simple vista parece un error, volver a cometer una masacre, pero no. En esos años había una estrategia en la que los sucesos de 1968 y 1971 cobran sentido”.


Fotografías del acervo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) y de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México.

El INEHRM y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación editaron una antología con documentos de agencias de inteligencia, cables diplomáticos y notas de prensa de México y Estados Unidos sobre el “halconazo. El libro estará en línea para su consulta y descarga gratuita en su web.


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