Pese a que el sistema de justicia penal y de justicia cotidiana está rebasado en el país y a que la inseguridad ha alcanzado niveles récord, el Congreso de la Unión transitó un periodo más sin cumplir con la expedición de normas y reformas clave relacionadas con estos temas, en los plazos que se habían establecido para ello.
Se trata de leyes secundarias y nombramientos que en algunos casos llevan ya mas de un año y medio de retraso, y que en 2020 se acumularán a nuevas iniciativas que también son clave y están por presentarse, entre ellas modificaciones a Ley Federal de Armas de fuego y Explosivos, y a la ley de la Fiscalía General de la República.
Lo que se busca con varias de estas modificaciones es fortalecer el sistema penal pero también otros como el civil, familiar y cívico, con la finalidad de disminuir los niveles de impunidad que prevalecen en México.
A continuación, Animal Político presenta algunas de estas reformas y propuestas que los diputados y los senadores tendrán en sus agendas para 2020:
Entre lo retrasado y lo incumplido
Hay casos donde las cámaras del Congreso han violado los plazos que ellos mismos aprobaron para reformas constitucionales.
Uno de ellos es la expedición de un código de procedimientos único en materia de justicia civil y familiar, que busca homologar en una sola norma la forma en que deben llevarse a cabo estos procesos judiciales, ya que actualmente cada una de las 32 entidades federativas tiene sus códigos propios.
De acuerdo con la reforma constitucional publicada el 15 de septiembre de 2017, que facultó al Congreso para expedir esta legislación unificada, la misma tendría que haberse expedido en un periodo máximo de seis meses después de publicada, plazo que venció en marzo de 2018. Un año y medio después ello sigue sin ocurrir.
Es el mismo caso de la expedición de la Ley General de Justicia Cívica, que tiene como finalidad fijar un marco de referencia para la expedición de todas las leyes o códigos cívicos de los más de 2 mil 400 municipios del país. La reforma publicada el 5 de febrero de 2017 facultó al Congreso para expedir dicha ley en un plazo de seis meses. Hasta ahora tampoco ha ocurrido.
Animal Político publicó en noviembre pasado un reportaje sobre la crisis de justicia cotidiana en el país, en el que se documenta que las fallas en los aparatos cívico, familiar y civil repercuten de forma significativa en la percepción de impunidad en México y son detonantes de situaciones mas graves que derivan en delitos.
Otra legislación incumplida por el Congreso – esta más reciente- son las adecuaciones que se requieren hacer a diversas leyes, luego de que en abril pasado se determinó ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva automática, contemplados en el artículo 19 constitucional.
De acuerdo con dicha reforma se dio un plazo de 90 días para hacer las modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales y otras normas, y que exista así coherencia con el artículo constitucional reformado. Ese plazo venció desde julio pasado sin que estas modificaciones se hayan llevado a cabo.
La diputada Martha Tagle advirtió que la falta de estas adecuaciones puede generar vacíos, dificultades o excesos en la aplicación de la reforma aprobada. “Se aprueban reformas constitucionales que sin las modificaciones secundarias que se requieren quedan más como un mensaje simbólico. Como si solo importara mandar un mensaje de un cambio que en la práctica no ayuda a cumplir con el objetivo”, dijo en entrevista.
En el Congreso también se han retrasado algunos nombramientos. Entre ellos destaca el de los integrantes del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República, que es una figura clave para la supervisión y contrapeso al trabajo del fiscal general.
La responsabilidad en este caso recae en el Senado, quien desde enero pasado debió iniciar con la convocatoria para dicho procedimiento. Sin embargo, ello no ocurrió hasta abril pasado y el año cerró sin que el proceso pudiera concluirse. Estos retrasos incluso generaron que organizaciones civiles promovieran una demanda de amparo ante el incumplimiento de la cámara alta con este procedimiento.
… y lo que viene
El 2020 será un año clave en cuestión de reformas relacionadas con los sistemas de seguridad y justicia en el país. A los pendientes de años anteriores se suman nuevas iniciativas que ya comenzaron a trabajarse, u otras que están por presentarse.
Entre lo que ya llegó al Congreso de la Unión se encuentra la propuesta de reforma que da a la Secretaría de Marina el control de la marina mercante en el país. De esta ya hay un dictamen listo para ser aprobado en comisiones por los diputados, pero el tema enfrenta fuertes críticas de organizaciones que rechazan la militarización de otro sector más en México.
En el gabinete de seguridad del Gobierno Federal también se analizan nuevas iniciativas en un intento por fortalecer la acción del Estado en contra de la delincuencia común y organizada. Entre las propuestas que vienen está una iniciativa para actualizar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y cambios a la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Desde la Fiscalía General de la República, que ya es una institución autónoma del Ejecutivo, también se preparan algunas propuestas. Entre ellas destaca una nueva modificación a la Ley Orgánica de esta institución, lo que significaría introducir cambios en la misma a poco más de un año de que se expidió.
El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, también trabaja en colaboración con algunas autoridades en la propuesta de un Código Penal Único que homologue – al menos – los ilícitos de alto impacto, así como sus sanciones en todas las entidades del país. Con ello se buscaría eliminar las disparidades que existen entre los códigos de diversos congresos estatales.
Como parte de esta reforma también se buscaría, en paralelo, despenalizar algunos ilícitos que se consideran de baja gravedad (como temas patrimoniales) para despresurizar el sistema de justicia penal y que los mismos sean atendidos por otras instancias como las civiles, cívicas o mercantiles.
Todo ello se suma a otros temas en la agenda legislativa, como la Ley General de Seguridad Vial cuya iniciativa deberá presentarse en el próximo periodo de sesiones, tan pronto sea ratificada la reforma constitucional que faculta al Congreso a legislar en esta materia.
