Florence Cassez, montajes de televisión, sobornos: los escándalos de Genaro García Luna
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Florence Cassez, montajes de televisión, sobornos: los escándalos de Genaro García Luna

Como funcionario público, García Luna enfrentó varias acusaciones, polémicas, escándalos y peticiones de ciudadanos y legisladores para que renunciara al gabinete durante la administración de Felipe Calderón.
Cuartoscuro
10 de diciembre, 2019
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Durante el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna fue señalado en varias ocasiones de haber recibido sobornos millonarios del narcotráfico, principalmente del Cártel de Sinaloa y de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Este martes el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el exsecretario de Seguridad Pública fue detenido en Grapevine, Texas, por tráfico de drogas, falsos testimonios y corrupción.

Si es hallado culpable, podría enfrentar una pena mínima de 10 años de cárcel y un máximo de cadena perpetua.

Lee: Genaro García Luna es detenido en Texas por tráfico de drogas y corrupción

De 2001 a 2005, García Luna dirigió la extinta Agencia Federal de Investigación de México, encargada de luchar contra la corrupción y el crimen organizado, y de 2006 a 2012 fue secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, controlando la policía federal del país. Se mantuvo durante todo el sexenio en su puesto.

Fue uno de los funcionarios clave en la “guerra contra las drogas” que emprendió el presidente Calderón en 2007, una estrategia que ha sido calificada como “fallida” debido a los altos índices de homicidios que se dispararon.

Como funcionario público, García Luna enfrentó varias acusaciones, polémicas, escándalos y peticiones de ciudadanos y legisladores para que renunciara al gabinete durante la administración de Felipe Calderón. Te dejamos un recuento de sus polémicas.

Lee más: Los cargos detrás de la detención de Genaro García Luna en Estados Unidos

Caso Florence Cassez

Uno de los casos más emblemáticos que marcó la carrera de García Luna fue el de la ciudadana francesa, Florance Cassez.

En diciembre del 2005, elementos de la Agencia Federal de Investigación, dirigida por Genaro García, ingresaron al rancho Las Chinitas en donde capturaron a los integrantes de la banda de secuestradores denominados ‘Los Zodiacos’, la cual era encabezada por Israel Vallarta y su entonces pareja, la francesa Florence Cassez.

Durante el operativo, que fue televisado, los uniformados liberaron a una familia secuestrada. Dos mese después de su detención, la francesa acusó a García Luna de montar la operación.

En 2009, Florence Cassez fue condenada en México a 60 años de cárcel por secuestro en 2005 y fue liberada en enero de 2014 después de que la Suprema Corte le otorgara un amparo por “las irregularidades ocurridas durante su proceso”.

La Corte consideró que era inocente porque el montaje televisivo sobre su captura tuvo un “efecto corruptor” que vició todo el proceso penal en su contra.

Los funcionarios que participaron en la aprehensión de Cassez incurrieron en por lo menos tres delitos: contra la administración de justicia, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público, de acuerdo con un reporte emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La francesa dijo haber sido víctima no solo de la “enorme violencia” existente en los centros penitenciarios, sino también de García Luna, que sus abogados consideran responsable de haber falseado la detención.

Lee: Calderón dice desconocer los cargos contra García Luna, el encargado de su “guerra contra el narco”

Mostrar detenidos 

En el 2005, el director técnico del Cruz Azul, Rubén Omar Romano, fue secuestrado. Después de dos meses del secuestro, la Agencia Federal de Investigaciones, encabezada por Genaro García Luna, montó un operativo para liberarlo y aunque los delincuentes ya habían sido asegurados, los uniformados esperaron la llegada de los medios de comunicación para televisar la liberación del entrenador.

La polémica no faltó durante los seis años que permaneció en la SSP. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por ejemplo, criticó la costumbre de mostrar ante los medios a muchos detenidos que frecuentemente eran presentados como líderes de bandas y carteles.

Muchas de estas personas, sin embargo, fueron absueltas o no se les comprobaron las acusaciones de la SSP, lo que derivó en abusos de sus derechos humanos, según la Comisión.

Organizaciones civiles criticaron también el uso de testigos protegidos en procesos judiciales, o bien para pretender vincular a activistas y medios de comunicación con bandas de narcotráfico, como ocurrió con el semanario Proceso, uno de los más críticos del país.

Zambada le entregó dinero 

Durante el juicio del exjefe del cartel de Sinaloa, Joaquín el “Chapo” Guzmán, en Nueva York, un exmiembro del grupo narcotraficante, Jesús el “Rey” Zambada, contó que entregó a García Luna en un restaurante dos maletas con entre seis y ocho millones de dólares en sobornos en 2005 y 2006.

El exsecretario de Seguridad Pública negó entonces esas acusaciones y dijo que constituían “mentira, difamación y perjurio”.

Durante el primer pago a García Luna, según el “Rey” Zambada, éste era director de la Agencia Federal de Investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), un cargo que ocupó de 2001 a 2006.

En el segundo pago, de tres a cinco millones de dólares y entregado en 2006, según el testigo, era secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, y controlaba a la Policía Federal.

Entérate: Rey Zambada asegura que pagó millones en sobornos a García Luna; el exsecretario dice que es mentira

Compras millonarias

En 2013, ya con los señalamientos de supuestos vínculos con el narco, se dio a conocer que García Luna realizaba operaciones que no coincidían con su salario, tras comprar en 2009 un terreno valuado en 7.5 mdp y la construcción de una casa de unos 20 mdp en un exclusivo fraccionamiento en el sur de la Ciudad de México.

El Equipo, financiada con recursos públicos 

A principios de 2011 se transmitió la telenovela El Equipo, que narraba la historia de un grupo de policías de élite, que fue grabada en instalaciones de la Policía Federal.

La serie fue criticada porque mostró en televisión áreas consideradas como de seguridad nacional, además que se financió con fondos públicos.

A García Luna se le acusó de pagar 118 millones de pesos por la realización de la serie de televisión El Equipo producida por Televisa.

La filmación de El Equipo serviría “para promover la imagen” de García Luna, según denunció en su momento la diputada Leticia Quezada.

“La Barbie” lo vinculó con cárteles”

Su última aparición fue el 29 de noviembre de 2012, dos días antes de concluir su tarea en la SSP, cuando compareció ante el Senado.

Ese día se publicó una carta del narcotraficante Egar Valdez Villarreal, conocido como “La Barbie”, donde lo vinculaba con carteles de narcotráfico. La denuncia no fue comprobada, e incluso la Comisión de Seguridad del Senado lo respaldó.

“No se puede dar más crédito a las declaraciones de un delincuente que a un servidor público dedicado al combate de los criminales”, dijo el senador Omar Fayad.

Pero este apoyo no hizo olvidar la polémica gestión del funcionario, que la senadora Layda Sansores pareció definir en la última audiencia a la que asistió García Luna.

“Señor secretario, tal parece que usted se dedicó a coleccionar denuncias”, dijo.

Con información de AFP y BBC

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El caso que puede cambiar cómo se juzgan las violaciones en EU

Por primera vez en Estados Unidos, un jurado convocado por ciudadanos decidirá si un encuentro sexual violento justifica presentar cargos de violación.
4 de octubre, 2021
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Los delitos sexuales son notoriamente difíciles de procesar en un juicio, pero una mujer en Kansas está usando una ley del siglo XIX para pedir a sus conciudadanos que la ayuden a presentar cargos contra el hombre que dice que la violó.

En 2018, Madison Smith alegó que un compañero de clase la atacó cuando era estudiante universitaria en Bethany College en Kansas. La joven denunció el caso como violación.

Sin embargo, el fiscal del condado se negó a presentar cargos de violación, diciendo que Smith simplemente había experimentado un encuentro sexual “inmaduro”. Su atacante fue condenado por agresión.

La decisión del fiscal del condado llevó a Smith, ahora de 23 años, a utilizar una ley estatal que data de 1887 para convocar a un “gran jurado ciudadano”.

Este jurado se reunió por primera vez el miércoles, en lo que se cree que es el primer caso de este tipo en Estados Unidos.

Qué hace este gran jurado

Por lo general, las autoridades que investigan los casos forman un gran jurado para determinar si hay pruebas suficientes para iniciar un proceso judicial.

Este jurado, que se reune en secreto, no decidirá si el imputado es culpable o inocente, solo si se deben presentar cargos.

En entrevista con la BBC, Smith dijo que espera que el resultado anime a otras personas que creen que han sido víctimas de delitos sexuales y quieren presentar cargos. “Las víctimas tienen derechos”, dijo.

La mayoría de las mujeres no denuncian este tipo de delitos y, cuando se denuncian, el proceso no suele seguir adelante.

Madison Smith y su madre, Mandy.

Getty Images
Madison Smith y su madre, Mandy.

Según una investigación realizada en la Universidad de Massachusetts en Lowell, menos del 20% de las violaciones que se denuncian conducen a un arresto.

“Tenemos que cambiar la cultura ”, agregó Mandy, la madre de Madison.

Defensa del acusado

Sin embargo, el excompañero de clase acusado, Jared Stolzenburg, ahora también de 23 años, negó que la hubiera violado.

El joven fue acusado de agresión, de lo que se declaró culpable.

Le dijo a la BBC que lamentaba aquel encuentro, admitió que había sido duro y que erróneamente creyó que estaba todo bien. Pero, insistió, fue consensuado.

Lo que decida el gran jurado en ese condado del estado de Kansas tendrá consecuencias de gran alcance para ambos, tanto para el acusado como para la supuesta víctima, y quizás para el resto del país.

Los expertos dicen que el proceso iniciado por Smith podría sentar un precedente y que otras personas podrían querer convocar un gran jurado en casos relacionados con delitos sexuales.

Pero aquellos que no enfrentaron cargos pueden encontrarse, como Stolzenburg, en un purgatorio legal, esperando a ver si todavía podrían ser acusados.

Un encuentro que se convirtió en ataque

Smith estaba en su primer año en Bethany College, una pequeña escuela luterana a un par de cuadras de su casa, y solía pasar el rato con Stolzenburg y jugar juegos de mesa.

Una noche, en febrero de 2018, acabaron en el dormitorio de Stolzenburg. Se besaron y comenzaron a tener relaciones sexuales, le dijo Smith a la BBC. De repente, él la abofeteó, dice ella, luego la agarró por el cuello y, según ella, comenzó a violarla.

“Estaba tratando de quitar sus manos de mi cuello, y lo miré a los ojos, y tenía una mirada que nunca había visto antes”, dice. “No era la persona que yo pensaba que era mi amigo. Era una persona peligrosa”.

Smith cree que Stolzenburg intentó asesinarla.

Tenía tanto miedo, dijo, que pensó que lo mejor era dejar de luchar.

“Te quedas ahí y simplemente dejas que pase”, dice.

“Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir”.

Al describir lo sucedido esa noche, su voz era firme, como si estuviera contando cosas que le habían pasado a otra persona. Miraba a lo lejos mientras hablaba.

Protesta de mujeres en M'exico

Getty Images
Un estudio encontró que pelear o suplicar durante un episodio de agresión sexual puede, en algunas circunstancias, aumentar el riego de sufrir heridas físicas durante el abuso.

Smith acudió a la policía poco después, y luego de varias semanas la llamaron para ver a un fiscal del condado, Greg Benefiel.

Dejó en claro que quería presentar cargos, dice, pero Benefiel veía las cosas de forma diferente.

Benefiel dijo que no presentaría una acusación sexual contra Stolzenburg, y en su lugar pesentó cargos de agresión agravada. Benefiel no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

En 2020, Stolzenburg fue sentenciado a dos años de libertad condicional y tuvo que pagar US$790 en concepto de restitución, una suma que fue destinada a una junta de compensación de víctimas.

Un nuevo camino legal

Después de que el fiscal se negase a presentar cargos por violación, Smith decidió utilizar la antigua ley que le permitía convocar a un gran jurado. Su madre se había enterado de esta fórmula mientras escuchaba un podcast.

En la mayor parte de EE.UU., solo un juez o un fiscal tiene el poder de convocar a un jurado, pero Kansas, junto con Oklahoma, Nebraska y otros tres estados, permiten que los propios ciudadanos convoquen a uno.

Para hacerlo en Kansas, un residente del estado debe hacer circular una petición y recolectar cierta cantidad de firmas. El número varía de un condado a otro, pero se calcula en función del número de personas que votaron en las últimas elecciones a gobernador.

Quien encabeza la petición debe recolectar firmas que equivalgan al menos al 2% del número de votos, y 100 adicionales.

La petición de Smith fue publicada en bares y cafés de la ciudad y, después de varios meses, consiguió el número suficiente de ciudadanos que apoyaban su petición.

Grandes jurados anteriores

Los miembros de los grandes jurados se eligen entre personas que tienen licencia de conducir o están registradas para votar.

Los miembros actúan como agentes de policía, examinando pruebas. A veces, citan documentos del acusado. Otras veces, solo miran las pruebas que han reunido los agentes de policía.

Pancarta en protesta por los abusos sexuales

Getty Images
Hacer la denuncia inmediatamente y someterse a un examen médico no significa necesariamente que el agresor sea identificado y menos condenado.

Por eso, no llaman ni al acusador, ni al acusado ante ellos.

La ley de Kansas se remonta a 1887 y fue diseñada para garantizar que las personas que no tienen dinero o poder tengan la oportunidad de responsabilizar a alguien por sus acciones.

“Es una forma de asegurarse de que todos los ciudadanos tienen acceso al sistema legal”, dice John Mullen, profesor asociado de filosofía en Bethany College.

Los grandes jurados de ciudadanos en Kansas se han convocado anteriormente por el descontento con obras de arte expuestas en público, porque alguien consideraba que una escultura era indecente, o para exigir investigaciones sobre los médicos que realizan abortos.

Pero no parece que ningún gran jurado haya sido llamado alguna vez para decidir si presentar cargos por un delito sexual.

El jurado tiene 60 días para llevar a cabo su investigación en procedimientos cerrados y confidenciales.

Si se presentan cargos, el caso se manejaría como un asunto penal estándar.

El acusado se declara culpable o no culpable en un juicio con jurado tradicional.

Un debate sobre el consentimiento

Smith está ahora casada y trabaja como asistente médica en un centro de atención familiar. Se ha convertido en una figura reconocible en Lindsborg, su ciudad natal, un lugar apartado y rodeado de campos de trigo.

Sentada en un bar de Main Street unas noches antes de que se reuniera el gran jurado, reflexionó sobre los acontecimientos de los últimos tres años.

“Intentó hacerme mucho daño, y de alguna manera lo hizo”, dice sobre Stolzenburg. “Pero también volví para pelear, y no creo que él lo viera venir”.

Mujer atemorizada

Getty

Algunos han aplaudido los esfuerzos de Smith para presionar por la convocatoria de un gran jurado ciudadano y creen que ayudará a fortalecer la determinación de otras mujeres que acudieron a la policía, tras sentirse violadas o agredidas sexualmente.

Caroline De Filippis, activista de Lindsborg, dice que las mujeres necesitan más protección. “Muchos casos de falta de consentimiento aún son desestimados, o ni siquiera llevados ante la justicia, porque no tienen ‘suficientes’ ”.

“La definición de consentimiento es todavía muy amplia”, agregó, “y no muestra una comprensión de lo que significa ser agredido sexualmente”.

Otros, sin embargo, advierten que se podría abusar fácilmente de este procedimiento. Laura Kipnis, autora de Unwanted Advances: Sexual Paranoia Comes to Campus (Avances no deseados: la paranoia sexual llega al campus), dijo que las investigaciones sobre delitos sexuales en el campus plantean una serie de problemas.

Los incidentes tienen lugar en privado y puede ser extremadamente difícil para los miembros de un gran jurado llegar a una conclusión. “Es casi imposible”, dice. “Están adivinando”.

Las investigaciones también pueden ser devastadoras para los hombres acusados, dice, incluso cuando son exonerados: “Sus vidas quedan destrozadas”.

La vida de Stolzenburg ciertamente ha cambiado.

Su voz en el teléfono es tensa y se nota que luchaba por contener las lágrimas.

Fue suspendido de Bethany después del ataque por violar el código estudiantil de la universidad y perdió su trabajo en una compañía discográfica.

“En ese entonces, tenía 19 años y era nuevo en el sexo y las relaciones sexuales”, dice. Sostiene que su agresión contra Smith fue un intento de representar una “escena sexual” que había visto en internet.

“Pensé que sería algo que podía intentar, y fui estúpido al hacerlo”, dice.


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