Exfuncionario de Pemex libra investigación a su patrimonio pero no por La Estafa Maestra
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Cuartoscuro

Exfuncionario de Pemex libra investigación a su patrimonio pero no por La Estafa Maestra

La Fiscalía determinó que Miguel Ángel Lozada pudo comprobar el origen de su patrimonio. Pero la investigación de los convenios con universidades sigue abierta.
Cuartoscuro
13 de diciembre, 2019
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La Secretaría de la Función Pública (SFP) interpuso dos denuncias penales en contra de Miguel Ángel Lozada Aguilar, exdirector de Pemex Producción y Exploración (Pemex-PEP) por su presunta participación en La Estafa Maestra, pero la Fiscalía General de la República sólo mantiene abierta una investigación.

En abril pasado, la Función Pública denunció a Lozada y otros dos funcionarios, Héctor Salvador Salgado Castro y Luis Galván Arcos, ante la FGR por presunto enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos a través de convenios hechos con universidades públicas para realizar supuestos servicios que, en algunos casos, no se cumplieron porque utilizaron a empresas fantasma o irregulares.

Sin embargo, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía, Miguel Ángel Lozada pudo acreditar a través de tres peritajes de evolución patrimonial el origen de todo su capital, por lo que la FGR determinó un “no ejercicio de la acción penal”, es decir, el exfuncionario libró la acusación por el delito de enriquecimiento ilícito.

Lee: Despiden e inhabilitan a exdirector de Pemex-PEP por La Estafa Maestra

La investigación que permanece abierta ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR es la relacionada a un convenio firmado por Lozada en 2012, cuando era Administrador del activo de Producción Cantarell de Pemex.

Aunque la Fiscalía también había determinado desechar esta última acusación bajo el argumento de que el probable delito había prescrito, la Función Pública se inconformó y logró que un juez ordenara a la Fiscalía reponer el procedimiento, y, por tanto, la investigación continua hasta el momento.

Antes de éste ordenamiento del juez, parecía que Lozada había superado las acusaciones, es por ello que el 26 de junio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la FGR no había encontrado elementos en contra del funcionario de Pemex.

“La Fiscalía General de la República hizo la investigación y no encontró responsabilidad a este funcionario de Pemex. Pero hoy solicité que me presenten por escrito esa resolución”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

En enero pasado, Animal Político publicó que esos tres funcionarios de Pemex que firmaron seis convenios con universidades públicas del sureste del país, por 348 millones de pesos que terminaron en 17 empresas irregulares durante el sexenio pasado, habían obtenido cargos más altos en Pemex ya en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entérate: Sobornos en Pemex eran de hasta 5 mdd; reunirse con Lozoya costaba 100 mil dólares, revela espionaje

Se trataba de Miguel Ángel Lozada Aguilar, quien fue nombrado director de Pemex Producción y Exploración (Pemex-PEP); Héctor Salvador Salgado Castro, subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex-PEP; y Luis Galván Arcos, gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística.

Cuando el presidente se enteró que los funcionarios permanecían en Pemex, ordenó a la Función Pública, encabezada por Irma Eréndira Sandoval, que realizara una investigación para deslindar responsabilidades y en tanto, serían separados del cargo porque “si están involucrados en La Estafa Maestra no tienen por qué trabajar en este gobierno”, dijo el mandatario.

La Estafa Maestra es una investigación periodística de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción que documentó un esquema de desvío de recursos públicos ocurrido en el sexenio de Enrique Peña Nieto en el que dependencias del gobierno Federal y, en este caso Pemex, hicieron convenios con universidades públicas para que éstas realizaran supuestos servicios, pero a su vez subcontrataban a empresas que resultaron ser fantasma o irregulares.

En abril, durante el proceso de investigación de la Función Pública, encontró elementos suficientes para denunciar penalmente a los tres funcionarios por presunto enriquecimiento ilícito y desvío de recursos a través de la firma de convenios.

Lozada, según las fuentes, logró acreditar que su patrimonio era acorde a sus puestos, por lo que ese procedimiento penal quedó cerrado. Mientras que Salgado y Galván, sí continúan con esa acusación. La investigación de los convenios con universidades sigue abierto para los tres exfuncionarios.

Adicional al proceso judicial, después de 10 meses de investigación administrativa, la Función Pública determinó este 11 de diciembre, destituir de su cargo a Lozada e inhabilitarlo por 10 años para ocupar cargos públicos.

Leer más: Administración de AMLO contrata en Pemex a 3 funcionarios involucrados en el desvío de 348 mdp de la Estafa Maestra

La sanción se derivó de “omisiones detectadas” en su declaración patrimonial durante cuatro años consecutivos, de 2014 a 2017, “las cuales violan la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos”, según informó la dependencia a través de un comunicado.

Función Pública aseguró que respetó el derecho de audiencia del exdirector de Pemex Pep, y que este “no ha podido justificar por qué no reportó dos cuentas bancarias y los beneficios económicos de un bien inmueble”.

La dirección de Pemex Producción y Exploración (Pemex-PEP) es uno de los puestos más importantes al ser una de las seis Empresas Productivas Subsidiarias (EPS), es decir, la parte medular de la empresa.

El nombramiento de Lozada en ese puesto fue propuesto por el director de Pemex, en este caso Octavio Romero Oropeza, quien ha sido un colaborador cercano al presidente López Obrador desde 2000 cuando fue Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal, y luego como candidato de Morena a la alcaldía de Centro, Tabasco en 2016. Al perder la elección, el Presidente le designó la dirección de Pemex.

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Derrumbe en Miami: la carta en la que se advertía a propietarios de graves daños que sufría el edificio

Los expertos alertan que es muy pronto para sacar conclusiones apresuradas sobre las causas y recuerdan que aunque las inspecciones determinaron "daños estructurales mayores", no alertaron sobre la posibilidad de un colapso inminente.
30 de junio, 2021
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A medida que pasan los días y los trabajos de rescate continúan en el edificio que colapsó parcialmente en Miami, las preguntas sobre cómo pudo derrumbarse un edificio de 12 plantas en cuestión de 11 segundos se multiplican.

Y también, comienzan a aparecer nuevas evidencias y detalles que ayudarán a los expertos a determinar con el tiempo las causas.

Desde el pasado fin de semana, medios de Estados Unidos han publicado documentos que dan cuenta de un deterioro notable en las instalaciones del Champlain Tower South.

Es el caso de una carta enviada en abril pasado a los propietarios de los apartamentos en la que se alertaba de que el “deterioro del concreto” se estaba “acelerando” y que el daño “comenzaría a multiplicarse exponencialmente”.

La carta, enviada por la presidenta de la asociación de propietarios de Champlain Towers South, Jean Wodnicki, tenía como objetivo explicar a los inquilinos por qué una renovación que en 2018 se había estimado en unos US$9 millones había aumentado a casi US$16 millones tres años después.

La recertificación

El Chaplain Towers South es un condominio de 12 plantas y más de 100 apartamentos ubicado frente al mar en el norte de Miami Beach.

El edificio fue terminado en 1981, según datos de la ciudad.

Dado que las normativas vigentes establecen que las construcciones de este tipo deben pasar una inspección a los 40 años para garantizar su habitabilidad, el edificio estaba siendo sometido a reparaciones para poder ser inspeccionado por peritos y obtener su recertificación, de acuerdo con autoridades locales.

Un consultor de ingeniería, Frank Morabito, había sido contratado en 2018 para hacer la evaluación inicial para el proceso y en su informe entonces indicó que había “abundantes grietas” y desprendimientos en el estacionamiento subterráneo del edificio.

La inspección detectó daños graves en la losa de concreto debajo de la plataforma de la piscina -al punto de señalar que había “agotado su vida útil”- y problemas en la entrada que estaban “causando un daño estructural importante a la losa estructural de concreto debajo de estas áreas”.

Para 2021, según mencionó Wodnicki en la carta del 9 de abril, el edificio estaba en peor estado.

“El daño observable, como en el garaje, ha empeorado significativamente desde la inspección inicial“, escribió en la carta, a la que tuvo acceso primero el diario USA Today.

“Cuando se puede ver visualmente el concreto desconchado (agrietado), eso significa que la barra de refuerzo que lo mantiene unida se está oxidando y deteriorándose debajo de la superficie”, alertó Wodnicki.

Otras advertencias

Wodnicki señaló también que “el deterioro del hormigón” se estaba “acelerando” y que “la situación del techo empeoró mucho”.

“Se han identificado nuevos problemas. Además, los costos aumentan cada año. Así es como hemos pasado de los US$ 9.128.433.60 estimados en el informe de 2018 de Frank Morabito, a la cifra mucho mayor que tenemos hoy”, explicó.

Wodnicki alertó además que era “imposible saber la extensión del daño en la barra de refuerzo subyacente” hasta que se abriera el concreto.

“A menudo, el daño es más extenso de lo que se puede determinar mediante la inspección de la superficie”, agregó.

La carta a los residentes presentaba una imagen más sombría sobre el estado del edificio que la que se les dio, según aseguran, después de la inspección de 2018.

Muchos de los que sobrevivieron al derrumbe aseguran que en aquel entonces se les dijo que el edificio estaba “en muy buenas condiciones”.

No está claro si los elementos señalados en la carta de Wodnicki están vinculados con el derrumbe.

rescate

AFP
Las tareas de rescate continúan.

Los expertos alertan que es muy pronto para sacar conclusiones apresuradas sobre las causas y recuerdan que aunque las inspecciones determinaron “daños estructurales mayores”, no alertaron sobre la posibilidad de un colapso inminente.

Este tipo de daños es frecuente en edificios viejos y sobre todo en los que se encuentran en la zona frente al mar y esto no implica necesariamente que se encuentren en riesgo de colapso.


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