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Iván Sanchez

'Tuvimos que armarnos': Pobladores del sur de Veracruz se suman a grupos de autodefensa contra el crimen

Habitantes de Santiago Sochiapan decidieron sumarse a los grupos que ya se habían organizado en otras regiones para defender sus tierras y sus vidas.
Iván Sanchez
Por Ana Alicia Osorio
18 de diciembre, 2019
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Las personas que viven en al menos siete comunidades de Santiago Sochiapan, Veracruz, no pueden salir al médico, a la escuela o a hacer sus compras por temor a ser víctimas de algún delito. Por eso han constituido policías comunitarias armadas para intentar protegerse.

Eduardo Santiago Romero, a sus más de 80 años, observa cómo la herida en su pie aumenta y no puede ir al médico. El miedo a convertirse en una víctima más de la inseguridad en la zona le impide a él, y a todos sus vecinos, salir al poblado más cercano para atenderse.

“Tenemos miedo porque nos amenazan… no podemos salir a ningún lado. Mire cómo anda mi pie, me salió una llaga por no atenderme de una herida”, contó.

Entérate: Tijuana, Juárez y Acapulco, los municipios con más homicidios en 2019, juntos suman más de 3 mil casos

Santiago Sochiapan es solo uno de los lugares de la región sur del estado de Veracruz, en los límites con Oaxaca, donde han surgido grupos de autodefensa ante la situación de inseguridad que se vive y que tiene a los pobladores encerrados en sus viviendas.

Pero aun cuando los grupos de autodefensas o policías comunitarias protegen los poblados, para las personas que allí viven sigue siendo imposible salir a cubrir sus necesidades básicas. Como ir al médico, visitar a familiares, acudir a sus trabajos o ir a la escuela.

Mónica, a quien se le cambió el nombre por seguridad, sacó a sus dos hijos de la escuela. Lo mismo hicieron muchos de sus vecinos en la comunidad de Benito Juárez.

En esa comunidad no tienen bachillerato y para cursarlo deben acudir a la localidad más cercana (María Lombardo del Caso, Oaxaca), lo que implica avanzar 30 minutos en una carretera que se ha vuelto imposible de transitar. Por eso quienes cursaban ese nivel de estudios dejaron de hacerlo.

En esa carretera los lugareños han tenido noticias de desapariciones. Anteriormente era transitada frecuentemente por personas que hoy viven amenazadas de muerte, o a quienes se les pide una cuota para dejarles seguir con sus vidas.

Mónica se fue a vivir a otra ciudad hace seis meses, pero cuando supo que se crearon las policías comunitarias decidió regresar a su casa y dejar de pagar renta; ahora solo espera que la situación cambie para las casi 2 mil 500, que de acuerdo con el INEGI, viven en las comunidades de Santiago Sochiapan.

“Hay jovencitas y jovencitos que ya no van a la escuela, perdieron sus clases, lo que pediría es que traigan un maestro que les venga a enseñar aquí (…) Aquí tengo familia y nos dijeron vamos a apoyar al pueblo porque no vamos a dejar que nos quiten más a nuestros hijos, a nuestros jóvenes”, narró.

Foto: Iván Sanchez

Foto: Iván Sanchez

Armarse para afrontar al crimen

El 30 de julio pasado, en Playa Vicente, dos jóvenes fueron a la tienda a comprar algunos alimentos pero ya no regresaron. “Ese día íbamos a ir al río todos y los muchachos fueron a la tienda pero ya no regresaron (…) cuando los secuestraron nos dijeron que no hiciéremos bulla, que no dijéramos que los habían levantado”, dijo Matilde González, madre y suegra de los dos jóvenes. Ella y su familia no presentaron denuncia por temor.

“A mi hijo lo metieron a una camioneta y yo no tuve tiempo de nada; si mi hijo hubiera hablado o gritado a lo mejor yo hubiera hecho algo, pero no tuve tiempo de nada”, contó Reyes Brito Sotelo, padre de un joven secuestrado por un grupo criminal. El señor Reyes acudió a la Fiscalía de Veracruz para presentar denuncia, pero “me dijeron que regresara después y ya no regrese”.  

Los dos son historias que se escuchan al por mayor en esta zona del sur de Veracruz y todas tienen algo en común: las víctimas no presentaron denuncias por la desconfianza hacia las autoridades.

El Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública informó sobre una baja actividad delictiva en Santiago Sochiapan. Habló de una investigación por homicidio, una por despojo y 9 por amenazas en  2019; mientras que en el municipio vecino, Playa Vicente, lo más relevante son 5 homicidios en este año. Pero la realidad que cuentan las personas de la zona es muy distinta.

El 18 de julio, Pedro y Alejandro Viveros, importantes ganaderos de la región, desaparecieron de Playa Vicente y tan solo unas horas después la casa de uno de sus familiares fue atacada a balazos.  Él se defendió y varios del pueblo llegaron a ayudarlo.

“Vi los gritos y vi que eran delincuentes, yo estaba con mi familia, tenía un bebé de tres meses y otra niña de tres años (…) había patrullas de Playa Vicente y de (Santiago) Sochiapan cuidándoles (…) el pueblo salió con sus armas y sus escopetas y me ayudaron”, dijo el familiar de los ganaderos, quien solicitó anonimato por temor a nuevas represalias.

Ese día fue decisivo para el pueblo de Santiago Sochiapan. Entonces decidieron sumarse a los grupos que ya se habían organizado en otras regiones para defender sus tierras y sus vidas al unirse a los Pueblos Unidos Contra la Delincuencia.

“Estamos levantados en armas más de 12 o 13 pueblos, estamos unidos con los municipios de Las Choapas, Jesús Carranza, San Juan Evangelista, somos más de mil gentes unidos contra la delincuencia”, aseguró el familiar.

Así se han unido los ganaderos, los obreros, campesinos, amas de casa y todo el pueblo. Hacen patrullajes, instalan retenes y cierran los poblados durante las noches.

“Mi negocio es la compra y venta de ganado, pero llevo seis meses sin poder trabajar porque la delincuencia organizada ya no me lo permite, me mandó a pedir una cuota que no puedo pagar, me mandó a pedir medio millón de pesos de entrada y 50  mil pesos al mes (…) estoy como secuestrado prácticamente, los que salen allá se quedan”, afirmó otra de las personas que se unió a la policía comunitaria mientras empuña un arma larga  (R15) que asegura le quitó a uno de los delincuentes en un enfrentamiento que tuvieron.

La delincuencia en la región

A unos cuantos kilómetros de Santiago Sochiapan, en el municipio vecino de San Juan Lalana en Oaxaca, hubo un importante enfrentamiento el 1 de diciembre entre militares y un grupo delincuencial que transportaba un convoy de 10 vehículos de ganado robado.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que cuatro personas murieron y cuatro más fueron detenidos.

Tras ese hecho se han presentado diversos enfrentamientos en la zona, que mantiene alertas a los grupos de autodefensas.

A otros cuantos kilómetros pero del lado de Veracruz, fue detenido el 9 de diciembre el Abraham N , apodado el “doble cero” y quien operaba en la zona de San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Acayucan y Oteapan.

El secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, declaró ante medios de comunicación que se encuentran preparados para un posible recrudecimiento de la violencia por “reacomodos” del grupo delincuencial.

“Nosotros prácticamente estamos secuestrados en estos municipios, tanto Santiago Sochiapan como Playa Vicente, yo funjo el cargo de subagente y desgraciadamente la delincuencia nos tiene rebasados, le pedimos ayuda a los gobiernos (…) tuvimos que armarnos, nosotros éramos gente pacífica, estamos sufriendo los atropellos de la delincuencia y nuestros hijos están perdiendo clases”, sentenció un subagente municipal de Santiago Sochiapan, quien no dio su nombre por temor.

En medio de los “reacomodos”, la población que ha padecido los delitos de este grupo delincuencial pide que un convoy del Ejército coloque un retén y sean ellos los que hagan los rondines en la zona, pues no confían en las policías municipales.

“No nos vamos a dejar, así nos vayamos a morir aquí, no nos vamos a dejar”, afirmó una mujer, mientras se aferra a su comunidad, el único lugar donde puede sentirse un poco segura.

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Reuters

5 claves que explican por qué Evo Morales fue forzado a dejar la presidencia de Bolivia

Pese a haberse proclamado vencedor de los comicios del pasado 20 de octubre, Evo Morales tuvo que renunciar a su cargo de presidente tras casi 14 años en el poder. El mandatario estuvo bajo fuerte presión de líderes de la oposición y sus seguidores que denunciaron que hubo fraude electoral.
Reuters
11 de noviembre, 2019
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Evo Morales pasó en menos de tres semanas de declararse ganador de las elecciones a denunciar un golpe de Estado y renunciar a la presidencia de Bolivia.

“Ha habido un golpe cívico, político y policial”, denunció el presidente en el mensaje televisivo en el que anunció su dimisión.

La decisión se produjo unas horas después de que el comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, general Williams Kaliman, sugiriera al mandatario que diera un paso al lado para desbloquear la crisis política.

Para los militares no parecía suficiente que el presidente llamara a nuevas elecciones tras las irregularidades detectadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) en su auditoría.

Y es que la profunda crisis política que vive Bolivia tuvo su detonante en el escrutinio de las elecciones, el 20 de octubre.

Esa noche, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendió por sorpresa el conteo rápido con el 83% escrutado y con una tendencia que apuntaba a que iba a haber segunda vuelta entre el mandatario boliviano y el candidato opositor, Carlos Mesa.

Al día siguiente, ese conteo rápido, denominado Transmisión Rápida de Resultados Preliminares (TREP), se reactivó con un 95% de avance y con Morales ganando en primera vuelta por un estrecho margen.

Morales

AFP
Morales anunció su renuncia en una declaración televisada junto a su vicepresidente.

Las sospechas que habían suscitado los extraños movimientos del TSE llevaron a la oposición a clamar un “fraude descarado”.

Incluso las misiones de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea pidieron que hubiera segunda vuelta.

Pero Morales insistió en que él había ganado las elecciones y, en respuesta a las manifestaciones de la oposición, llamó a sus seguidores a “defender la democracia” en las calles y frenar un “golpe de Estado”.

Eso sí, también aceptó que la OEA hiciera una auditoría del escrutinio.

1. La auditoría

En pleno escrutinio el mismo día de la votación y con la oposición ya hablando de fraude, la propia misión de observadores de la OEA apuntó a la interrupción del conteo como una de las “sustanciales deficiencias” que minaban la “necesaria credibilidad y transparencia”.

El gobierno le pidió a la OEA una auditoría para despejar cualquier duda. Y hay que recordar que el candidato opositor, Carlos Mesa, quien denunciaba “fraude descarado”, rechazó en todo momento las condiciones en las que el organismo iba a revisar el escrutinio.

Mesa quedó en segundo en los comicios del 20 de octubre y desde el primer momento aseguró que Morales no alcanzó la diferencia necesaria para derrotarlo en primera vuelta.

Una casilla de votación en Bolivia.

AFP
La OEA dijo que hubo “irregularidades” en el recuento de votos iniciado la noche de la elección, el 20 de octubre.

La auditoría resultó devastadora para el gobierno. La OEA determinó que era estadísticamente improbable que Morales hubiese ganado por el margen de 10% que necesitaba para evitar una segunda ronda electoral.

La OEA asegura también que encontró actas físicas con alteraciones y firmas falsificadas. En el informe de 13 páginas se señala que en muchos casos no se respetó la cadena de custodia de las actas y que hubo manipulación de datos.

Morales respondió este domingo con una declaración ante la prensa en la que, sin mencionar a la OEA y sin señalar la fecha, llamó a nuevas elecciones.

Pero unas horas después, y con la presión de las Fuerzas Armadas en su contra, decidió dimitir.

2. El ejército y la policía en contra

En esa renuncia también parece clave el pronunciamiento del general Williams Kaliman, en nombre del alto mando de las Fuerzas Armadas bolivianas.

Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”, decía Kaliman en un comunicado.

La solicitud a Morales, decía la nota, fue formulada tomando en cuenta “la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la condición política del Estado”.

William Kaliman

Reuters
El general William Kaliman (centro) es el jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia.

Al posicionamiento de los militares a favor de la renuncia del presidente hay que sumar que desde el viernes pasado, cuando estaban a punto de cumplirse tres semanas de violencia en las calles, comenzó a extenderse por el país un “motín policial”.

Los agentes de diversas unidades, primero en Cochabamba (centro) y luego en todas las capitales departamentales, comenzaron a declararse en rebeldía uniéndose así a las protestas contra el gobierno.

Y aunque a diferencia de otros gobiernos “en problemas” en la región, Morales sigue disfrutando de un enorme poder de movilización entre sus bases, sin policía en las calles y sin apoyo de los militares, el presidente quedó en una situación de evidente debilidad.

En distintos departamentos de Bolivia, los policías decidieron amotinarse en contra del gobierno.

Getty Images
En distintos departamentos de Bolivia, los policías decidieron amotinarse en contra del gobierno.
Policías amotinados en La Paz

Reuters
En la capital de Bolivia, La Paz, también hubo amotinamiento de policías durante el fin de semana.

3. Presión en la calle

La oposición a Morales apostó desde el primer momento a la movilización callejera para forzar la mano del presidente.

Con huelgas y paros por todo el país, Bolivia se convirtió en una gran batalla campal entre partidarios del presidente y sus detractores.

La paralización del conteo rápido de resultados la noche de las elecciones disparó las manifestaciones de calle.

Getty Images
La paralización del conteo rápido de resultados la noche de las elecciones disparó las manifestaciones de calle.

Pero a diferencia de las crisis políticas que vivió el país durante el mandato de Morales, las protestas se hicieron fuertes esta vez en la ciudad de La Paz, otrora uno de los bastiones de Evo.

Universitarios y clases medias salieron noche tras noche a enfrentarse a la policía y a los poderosos sindicatos y “movimientos sociales” (entre ellos mineros y cocaleros) llegados a la sede de gobierno para defender al presidente.

Los heridos han sido centenares. Aunque solo se han reportado tres muertos, algo que parece poco dada la intensidad de la violencia de los enfrentamientos y teniendo en cuenta que los mineros usan dinamita en la protesta.

Así, un presidente que llegó al poder hace casi 14 años tras una larga trayectoria de protestas como líder de los sindicatos de productores de hoja de coca, se vio cercado por quienes pasaron de reclamarle una segunda vuelta ante Carlos Mesa a exigir su renuncia.

4. Radicalización de la oposición

Y es que la oposición hacía tiempo que había dejado atrás la exigencia de una segunda vuelta entre Morales y Mesa y venía pidiendo la renuncia del mandatario.

El endurecimiento de las posturas de la oposición vino de la mano del creciente protagonismo del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Reuters
El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, exige la renuncia del gobierno y del Congreso.

Con Camacho llevando la voz cantante, los opositores ya no se conformaban ni siquiera con la renuncia de Morales.

Y más tras conocerse la auditoría. Camacho pasó a exigir entonces exigen que dimitieran el presidente y todo su gobierno, también los senadores y diputados, además de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional.

Todo, para dejar el país en manos de una junta de notables que designe un nuevo TSE que celebre nuevas elecciones en un plazo de 60 días.

“La OEA nos ha demostrado que el fraude era tan obvio que por la resistencia del pueblo boliviano, no podía ocultarlo. El presidente Evo Morales ha cometido delitos”, dijo Camacho este domingo.

5. La re-re-reelección

Y si se puede decir que las denuncias de fraude y las protestas se dispararon con el escrutinio electoral, la crisis política que vive Bolivia tiene un trasfondo mucho mayor y que pasa por el mero hecho de que el presidente fuera candidato a la reelección, otra vez.

Morales gobierna Bolivia desde el 22 de enero de 2006. La Constitución boliviana dispone que solo dos mandatos presidenciales continuos son permitidos, pero Morales ya iba por el tercero.

El 20 de octubre, el presidente buscaba asegurarse un cuarto mandato que le habría permitido gobernar hasta 2025.

Evo Morales.

Getty Images
Pese a perder el referéndum para buscar un cuarto mandato, Morales logró luz verde del Tribunal Constitucional para postularse de nuevo.

Para lograr estos fines, el presidente tuvo que cobijarse en fallos del Tribunal Constitucional para habilitarse como candidato.

Y es que el 21 de febrero de 2016, más de la mitad del país votó en contra de una posible nueva reelección del dirigente cocalero.

Gracias al Tribunal Constitucional y al reconocimiento del Tribunal Supremo Electoral, ambas entidades acusadas en Bolivia de ser funcionales al gobierno, Morales logró ser candidato una vez más.

Las protestas empezaron hace tres semanas, pero ya se veía venir que este nuevo intento de reelección iba a ser el más difícil que afrontaría desde su primera victoria presidencial hace 14 años.

Lo que no muchos vaticinaban era un desenlace como el que ahora Bolivia entera presencia con la caída de Morales.


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