Hidalgo dijo no a la despenalización del aborto. Con 16 votos en contra, 13 a favor y cinco abstenciones, el Congreso del estado rechazó un dictamen que pretendía legalizar la interrupción del embarazo.
#SesiónOrdinaria Tras contar con 13 votos a favor, 16 en contra y 0 abstenciones, se desecha el dictamen en materia de Interrupción Legal del Embarazo #ILE
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El grupo parlamentario de Morena votó dividido, lo que no permitió que se aprobara la iniciativa.
De este partido votaron 8 diputados en contra y 7 a favor, mientras que dos se abstuvieron.
Los votos en contra de los partidos restantes fueron: PAN (3), PRI (2) y PT (1). Mientras que a favor también votaron: PRD (1) y PRI (2). Dos legisladores del Partido Encuentro Social (PES), y uno del PRI se abstuvieron.
Previo a la votación, el morenista Ricardo Baptista González dijo que no existía acuerdo dentro de la bancada de Morena para subir al pleno la iniciativa, pues solo una fracción de los legisladores de su partido habían decidido presentar y registrar la propuesta para que fuera discutida hoy.
El también presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local dijo que los legisladores habían firmado un acuerdo con la dirigente del partido, Yeidckol Polevsky sobre los temas que tratarían en la legislatura, uno de ellos era la despenalización del aborto, reportó Criterio Hidalgo.
Baptista González había pedido a sus compañeros legisladores no discutir la iniciativa, pues este mes la prioridad del Congreso era el presupuesto.
El dictamen buscaba la reforma de los artículos 154, 155, 165, 157 y 158 del Código Penal, así como de diversas disposiciones de la Ley General de Salud del estado, para tipificar el aborto como un delito solo si este se realiza después de las 12 primeras semanas de gestación.
Además, contemplaba sanciones de entre seis meses a un año de prisión, y de 10 a 40 días de multa a la mujer que cometa el delito de aborto, así como a quien practique la interrupción del embarazo con consentimiento de esta.
A quien forzara a alguna mujer a abortar se le impondría una pena de entre seis y siete años de cárcel, y de 40 a 150 días de multa.
