José Adrián, un niño maya de 14 años con discapacidad auditiva que regresaba de la escuela en Yucatán, fue detenido y acusado de dañar una patrulla a pedradas. Tras el arresto, los policías no se comunicaron con su familia, pero sí lo agredieron físicamente, uno de ellos le pisoteo el cuello. Esto pasó en 2016.
A tres años de los hechos, nadie ha sido sancionado por lo que ocurrió, de acuerdo con Amnistía Internacional.
Para poder liberar a José Adrián, los padres del menor fueron obligados a pagar 138 dólares por los daños causados a la patrulla. La familia interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán y ante la Fiscalía del Estado.
Durante su detención, reporta Amnistía Internacional, la policía siguió una práctica común en México: actuar contra personas pobres y discriminadas, en este caso un niño indígena.
Los agentes metieron por la fuerza a Adrián en su vehículo y lo llevaron a la comisaría de policía, donde lo colgaron por las esposas.
“Me dejaron casi como media hora allí. Me pegaron en mi pecho. Luego me (dieron) cachetadas”, relató Adrián.
Adrián dejó de ir a la escuela a causa de lo ocurrido. Después de años de buscar justicia, a principios de 2019 se entregó a Adrián un audífono.
Ahora, él busca dejar atrás lo que le pasó y pensar en el futuro, pero los policías que lo agredieron continúan impunes y la familia sigue esperando un resarcimiento del daño por parte del gobierno.
“Yo quiero que se haga justicia”, dice la madre de Adrián, por lo que solicita apoyo para reclamar justicia y firmar la petición en Amnistía Internacional.
Hasta este 13 de diciembre, Amnistía Internacional ha recabado 2 mil 388 firmas dirigidas al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, para exigir una reparación por las injusticias que ha sufrido Adrián, y para que las autoridades encuentren a los agentes responsables y llevarlos a juicio.
🍽️ ¡La cocina yucateca exige #JusticiaParaJoséAdrián!
José Adrián es un niño maya que quiere cocinar. ♥️ Pero tras ser detenido y golpeado por la policía no ha podido seguir adelante.🚫
¡Firma y súmate las y los chefs que ya piden justicia: https://t.co/7Af7HSZLQd! 👈 pic.twitter.com/9N6JN4p2AX
— Amnistía Int. México (@amnistiamexico) December 13, 2019
La organización Elementa DDHH logró documentar, a través de transparencia, que tan solo del 1 de abril al 31 de diciembre de 2018, en ocho meses, se generaron un total de 222 actas de investigación en la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el delito de Tortura de la Fiscalía General del estado, eso daría un promedio de casi un caso por día. De estos, 141 siguen en etapa de investigación y 81 ya fueron determinadas, aunque no se especificó en la respuesta en qué sentido.
La organización civil Equipo Indignación ha advertido que el aparato de seguridad en Yucatán se utiliza para torturar y mantener bajos índices de criminalidad, así como el aparente contexto de paz y tranquilidad que vive la ciudadanía.
En su informe Tortura, encubrimiento e impunidad, el otro “escudo” del gobierno de Yucatán, Indignación señala que el publicitado y costoso programa “Escudo Yucatán”, implementado en el gobierno estatal anterior, olvidó establecer los mecanismos para proteger a la ciudadanía de los abusos policíacos y de su extremo criminal: la tortura.
