Jorge Alexander Cerbano Melara, salvadoreño de 35 años, apareció muerto el pasado 20 de noviembre en Tijuana, Baja California. Sus restos, desmembrados, fueron abandonados en dos maletas en un punto del residencial del Bosque, una zona apartada en el este de la ciudad. Junto a su esposa y sus dos hijos, Cerbano Melara llegó a Tijuana seis meses atrás. Pidió asilo en Estados Unidos pero fue devuelto a México dentro del Programa de Atención a Migrantes (MPP o Remain in Mexico) por el que los solicitantes de protección son expulsados de Estados Unidos durante el tiempo en el que se alarga su proceso. Si el juez cree que son merecedores de asilo les permite quedarse en Estados Unidos. Si no, tras su espera en México, son devueltos a sus países.
El 20 de diciembre se cumplió un año desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase el programa. En aquel momento, Andrés Manuel López Obrador, recién llegado al gobierno en México, mantenía una retórica de “respeto a los derechos humanos” de los migrantes. Sin embargo, ese mismo 20 de diciembre aceptó de facto la devolución de solicitantes de asilo. Una carta fechada ese mismo día, dirigida a John Creamer, el encargado de negocios de la embajada estadounidense en México y firmada por Julián Escutia Rodríguez, de la subsecretaría para América del Norte de la Cancillería, revela que México reconoció que estaría dispuesto a recibir migrantes “por razones humanitarias”.
Seis meses después, el canciller Marcelo Ebrard firmaba un acuerdo que compromete a México en la persecución, detención y deportación de migrantes para impedir que lleguen a Estados Unidos.
Fue por esas fechas cuando Cerbano Melara y su familia llegaron a Tijuana. Pidieron asilo en Estados Unidos, pero fueron devueltos. Su próxima cita estaba prevista para el 11 de diciembre. El hombre nunca pudo acudir ya que fue asesinado tres semanas antes. Su esposa y sus hijos se encuentran actualmente en Estados Unidos, donde continuarán su proceso en libertad, según confirmó Richard Sterger, el abogado que lleva su caso ante el juez migratorio.
El fiscal regional de Tijuana, Jorge Alberto Álvarez Mendoza, aseguró en conferencia de prensa que se investigan los motivos del homicidio, pero que se especulaba con un carácter problemático de la víctima. De hecho, llegó a asegurar que tenía antecedentes por violencia machista, así como sugirió abuso de alcohol. Estas declaraciones provocaron el enfado de su viuda, según expresó a través de su abogado. La mujer se mostró muy molesta porque las autoridades mexicanas dieron una versión sobre su esposo que, según dijo el abogado, no tenía nada que ver con la realidad.
El caso es muy relevante ya que se trata del primer solicitante de asilo asesinado en México tras ser expulsado de Estados Unidos mientras dura su proceso judicial.
Soraya Vázquez, de la organización Families Belong Together México, denunció que el caso del salvadoreño asesinado “es un ejemplo del alto grado de vulnerabilidad en la que se encuentran las familias que son retornadas a México bajo el Protocolo de Protección al Migrante”. En su opinión, se trata de una política “cruel y deshumanizante que con la complicidad de ambos países impide que las personas migrantes accedan a su derecho humano al asilo”.
Organizaciones de Derechos Humanos han denunciado reiteradamente esta práctica, advirtiendo que los migrantes son abandonados a su suerte en lugares con una alta peligrosidad, como Tijuana, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua; Nuevo Laredo y Matamoros, Tamaulipas.
Se trata de estados con altos índices de violencia.
Entre enero y noviembre, en Baja California se registraron 3 mil 115 asesinatos, de los 31 mil 403 que se perpetraron en todo el país. En Chihuahua hubo 2 mil 379 y en Tamaulipas, 790.
El Instituto para las Mujeres en Migración, Imumi, documentó recientemente 418 reportes de secuestros de migrantes en Baja California, Chihuahua y Tamaulipas. La mayoría de ellos, 210, tuvieron lugar en Tamaulipas.
Animal Político recogió el testimonio de dos migrantes que relataron haber sido privados de su libertad en Tamaulipas. Ambos se negaron a dar su nombre y se encuentran actualmente en Monterrey, esperando para tener su cita con la corte estadounidense. El modus operandi es el de la conocida “contraseña”: integrantes del crimen organizado interceptan a los migrantes y les piden una contraseña, que significa que han pagado el derecho a transitar por el lugar. Si no lo hacen, son secuestrados hasta que sus familiares en Estados Unidos depositan una cantidad.
La mayor parte de víctimas de estas agresiones no ponen denuncia porque temen represalias.
Secretismo sobre el número de devueltos a México
El número real de personas expulsadas a México bajo el programa MPP se mantuvo en secreto hasta el pasado 9 de diciembre, cuando el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dio la cifra de 57 mil 579 migrantes obligados a seguir su proceso fuera de Estados Unidos.
Esto indica que 2019 cerrará con más de 60 mil solicitantes de asilo devueltos a México.
La mayoría de ellos eran hondureños (19 mil 218), guatemaltecos (15 mil 119) y salvadoreños (6 mil 801). Se trata, paradójicamente, de tres países cuyos presidentes, Juan Orlando Hernández, Jimmy Morales y Nayib Bukele, firmaron recientemente acuerdos de “tercer país seguro” con Estados Unidos. Es decir, que los países que más compatriotas expulsan se presentan como voluntarios para recibir a pobres y víctimas de otros países mientras siguen incapaces de proteger a su propia población.
Por detrás se ubica Cuba (5 mil 913), Ecuador (1,819), Venezuela (1,213) y Nicaragua (1,084).
Del resto, sorprende que en la documentación facilitada por el INM se haga mención a que existe una veintena de ciudadanos de Estados Unidos que están esperando en México… para pedir asilo en Estados Unidos.
El programa Remain In Mexico comenzó a aplicarse en Tijuana y, progresivamente, se amplió a otras ciudades. Llama la atención que la mayor parte de personas que fueron devueltas terminaron en el estado de Tamaulipas, donde existen índices más elevados de inseguridad por la presencia y control efectivo del territorio por parte de grupos del crimen organizado.
Según los datos facilitados por el INM, 9 mil 482 solicitantes de asilo fueron devueltos por Nuevo Laredo y otros 10 mil 369 por Matamoros. Además, 15 mil 362 pasaron por Juárez, en Chihuahua, 9 mil 577 por El Chaparral, en Tijuana, y 6 mil 683 por Mexicali.
Que Tamaulipas es más peligroso para los migrantes lo reconocen incluso fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) consultadas por Animal Político, cuando este medio reveló la existencia de autobuses pagados por el Gobierno mexicano que enviaban a la frontera con Guatemala a los solicitantes de asilo expulsados por Estados Unidos. Estas fuentes presentaron la medida como un acto humanitario. Hasta el día de hoy, el Ejecutivo no ha explicado de dónde saca los fondos para pagar este transporte ni cuántas personas han sido trasladadas a más de 3 mil kilómetros de su destino.
En los últimos tiempos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha felicitado en reiteradas ocasiones a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por su colaboración para impedir que los migrantes que huyen de la violencia y la pobreza lleguen hasta la frontera norte.
Gobierno presume buenos resultados
Este jueves, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el acuerdo migratorio con Estados Unidos, para mitigar la amenaza de aranceles, dio “muy buenos resultados”.
“Se contuvo el flujo migratorio de sur a norte. Se hizo dando opciones de trabajo a migrantes, protegiendo a niños, mujeres, sin violar derechos humanos. Esto permitió alejar el conflicto también con Estados Unidos”, dijo el mandatario federal.
Tras llegar al punto más alto de aprehensiones de migrantes por parte de las autoridades norteamericanas en su territorio, es decir en la frontera sur de Estados Unidos, que llegó a 144 mil 116 en el mes de mayo, la cifra se redujo en noviembre a 42 mil 710. En otras palabras, dijo el canciller Ebrard, significó la reducción más importante en estos flujos de las últimas décadas.
Entre enero y diciembre, agregó Ebrard, fueron presentadas en territorio mexicano ante el Instituto Nacional de Migración 78 mil 917 personas.
“Hay 66 mil 915 solicitudes de refugio ante la Comar, es el número más alto que hemos tenido en los últimos años, 84 mil 327 personas fueron trasladadas a su país se origen, 202 presuntos traficantes de personas han sido detenidos, 11 mil 930 niños, niñas y adolescentes no acompañados fueron atendidos por el Inami”, detalló el canciller.
En 22 albergues, agregó el funcionario, en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz con abastecimiento de alimentos y víveres, hay dos mil 219 beneficiarios.
Por el plan migratorio hay ninguna recomendación para la Guardia Nacional, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, destacó Ebrard.
